@arguellesluis Vivis en un tupper o es deliberadamebte malicioso el comentario? Si alguien no le vota todo al gobierno es @PabloJulianoLP . Infórmate antes de injuriar a alguien que pelea por los derechos de todos
La primera semana de junio dejó una nueva sucesión de femicidios en todo el país.
Hoy, mientras las mujeres siguen siendo asesinadas y las políticas públicas son desmanteladas, el oficialismo y sus aliados se negaron a tratar el proyecto que declara la Emergencia Nacional en materia de Violencia de Género contra las Mujeres y Diversidades, pese a contar con dictamen de comisión.
Para algunas cosas nunca hay tiempo. Para algunas vidas nunca hay urgencia.
Y esa también es una definición política.
La lucha y el compromiso de la comunidad universitaria y de la sociedad que la acompañó, obligó a la Corte Suprema de Justicia a rechazar el Recurso Extraordinario Federal interpuesto por el gobierno nacional para evitar que se aplicaran los artículos de la ley de financiamiento universitario referentes a la actualización de los salarios docentes y no docentes y de las becas estudiantiles.
El fallo implica que, de acá en más y sin ninguna clase de dilación, debe aplicarse la ley de financiamiento universitario. Si el gobierno no cumple, los funcionarios (especialmente el Jefe de Gabinete de Ministros) se enfrentan a consecuencias penales, políticas (remoción por mal desempeño mediante juicio político o moción de censura) y patrimoniales (a través de la aplicación de astreintes personales).
La sentencia también genera un fuerte respaldo al juez de primera instancia para resolver la cuestión de fondo y establecer que, bajo ninguna circunstancia constitucional y democrática, un Presidente puede suspender una ley mediante un decreto. Mucho más aún luego de las imprudentes declaraciones de Lorenzetti en TN sobre el tema.
La lucha continua: ¡Aguante la universidad pública argentina a la cual le debo todo lo que soy!
Adorni le mintió al Congreso. Dijo que no había contratos con Grandío y aparecieron seis. Dijo que tenía todo declarado y no era cierto. Ahora se contradice sobre su viaje a Punta del Este: ¿pagó él o pagó Grandío? El 23 de junio tiene que explicarlo en el Congreso.
El artículo 6 del Decreto 222/2023 establece: “Los ciudadanos en general, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos humanos, podrán en el plazo de QUINCE (15) días a contar desde la última publicación en el Boletín Oficial, presentar al MINISTERIO DE JUSTICIA SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS, por escrito y de modo fundado y documentado, las posturas, observaciones y circunstancias que consideren de interés expresar respecto de los incluidos en el proceso de preselección, con declaración jurada respecto de su propia objetividad respecto de los propuestos”.
Esto implica que si el gobierno de @JMilei lo deroga regresivamente afectando el derecho de petición, participación y deliberación democrática, entonces, los ciudadanos, las ONGs, los colegios y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos humanos tienen LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA INDIVIDUAL Y COLECTIVA para impugnar judicialmente la norma regresiva y existe objetivamente un CASO O CONTROVERSIA JUDICIAL.
Empecemos a redactar las acciones de amparo y esperemos que el Poder Judicial esté a la altura constitucional y convencional.