Madre y activista colombiana denuncia violencia institucional, separación forzada de sus hijas y temor por su vida
Barranquilla, Colombia – Jelitza Fernanda Restrepo Ávila, reconocida activista, autora y fundadora de la campaña @NiUnaPalmadita, enfrenta una situación devastadora que expone las profundas fallas del sistema en los casos de violencia de género. Desde diciembre de 2024, Fernanda ha sido separada de sus dos hijas, de 9 y 5 años, tras una medida provisional que, según denuncia, perpetúa la violencia vicaria ejercida por su exesposo y la revictimiza a través de la inacción institucional.
Además, Fernanda ha denunciado públicamente que está siendo presuntamente perseguida en la ciudad de Barranquilla y teme por su vida. De acuerdo con el violentómetro, la violencia vicaria, al igual que el acoso judicial y la separación forzada de los hijos, suele anteceder al feminicidio, lo que eleva la gravedad de su situación.
Un caso personal que refleja un problema sistémico
En 2021, Fernanda presentó una denuncia por violencia intrafamiliar contra su exesposo, Alex Gutiérrez Montero, en la ciudad de Barranquilla. A pesar del tiempo transcurrido, no ha habido avances en el proceso, lo que, según Fernanda, ha permitido que estas violencias se perpetúen. En diciembre de 2024, una medida provisional le quitó la custodia de sus hijas y se la otorgó a su exesposo bajo alegaciones que, según ella, son infundadas.
Más de dos semanas pasaron sin que Fernanda pudiera hablar con sus hijas. A la fecha de esta publicación, no se sabe si ha podido comunicarse con ellas, pues el padre le negó todo contacto. A pesar de activar solicitudes ante el ICBF, la Procuraduría y otros entes, no ha recibido respuesta ni se le ha informado cuándo podrá hablar con sus hijas o recuperarlas. "Es desgarrador saber que nadie me defiende", señala Fernanda. "Mis hijas tienen derecho a hablar con su madre y yo tengo derecho a saber cómo están. Pero las instituciones que deberían protegernos guardan silencio".
¿Qué pide Fernanda?
● Garantías procesales reales: exige que el sistema judicial actúe con imparcialidad, incluso en Barranquilla, donde su exesposo tiene, según ella, poder e influencia.
● Restablecimiento del contacto con sus hijas: pide que se garantice el derecho fundamental de las niñas a ver y hablar con su madre.
● Respuesta de las instituciones: reclama explicaciones del ICBF, la Procuraduría y otros entes sobre la inacción ante sus solicitudes y la vulneración de derechos.
● Reconocimiento de la violencia institucional: exige que las entidades no perpetúen las violencias ejercidas por su exesposo a través de decisiones y omisiones.
Violencia institucional: un patrón alarmante
El caso de Fernanda no es aislado. Desde que hizo pública su historia, ha recibido cientos de mensajes de mujeres enfrentando situaciones similares. Organizaciones como la Fundación TEKNOS y la Fundación Nacional Contra la Violencia Vicaria han documentado miles de casos donde las instituciones revictimizan a las mujeres y permiten que los agresores sigan ejerciendo control sobre ellas.
"Mi caso es el reflejo de un problema más grande: la violencia vicaria y la violencia institucional. No solo me arrebataron a mis hijas, sino que las instituciones que deberían protegernos están actuando como cómplices al ignorar esta situación", dice Fernanda.
En 2023, el exesposo de Fernanda interpuso una acción de tutela contra varios medios de comunicación y contra ella para intentar silenciar sus denuncias. El juez falló a favor de Fernanda, destacando su derecho a la libre expresión y a visibilizar las violencias que ha enfrentado. Sin embargo, los eventos recientes han escalado.
"Siguiendo el violentómetro, la violencia vicaria y el acoso judicial suelen ser los últimos pasos antes del feminicidio", advierte Fernanda. "Tengo miedo por mi vida y por el bienestar de mis hijas, pero no dejaré de luchar por ellas ni por las miles de mujeres que viven esta misma situación".
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