Lo que está pasando es grave. Ordenar “investigaciones” contra funcionarios que TRABAJAN es un asalto a la independencia de la Asamblea y es un ATAQUE a quienes se oponen a la ley de etanol que está hecha para beneficiar al Contralor.
¡Usan el poder para callar a la oposición.
La Contraloría fijó en $1.000 el nuevo tope para refrendos de funcionarios delegados en el Municipio de San Miguelito, como parte de medidas para fortalecer la fiscalización y el control del gasto público. 🏛 https://t.co/nJFn4jadG2