isnotsaenz

buy-side

[Fede Rodríguez @federodr]

—¿Esa rubia cuántos años tiene?
—25.
—Uh, justito. ¿Cómo se llama?
—Erling Haaland.

[pablo @pablogguz_]

Hoy se publica un informe en el que estimamos cuánto paga en impuestos y cuánto recibe del Estado cada grupo de edad en España. Los microdatos de encuestas a hogares nos dicen cómo se reparte por edades cada impuesto y cada prestación, y ajustamos esas cifras para que, sumadas sobre toda la población, coincidan con la recaudación y el gasto público observados en 2024. Cotejamos este reparto por edades con el que se obtiene a partir de una gran base de microdatos de declaraciones de IRPF (que sale muy parecido).

El ciclo vital fiscal tiene la forma que cabe esperar: un individuo representativo es receptor neto del sector público durante la infancia y la vejez, y contribuyente neto durante la vida laboral. En promedio, el saldo fiscal asignable por edad alcanza su máximo en torno a los 50 años, con una aportación neta positiva de unos 11.000€ anuales, y cae a un déficit de unos 16.000€ al llegar a los 70.

En un año dado, solo en torno al 41% de la población es contribuyente neto, es decir, aporta en impuestos más de lo que recibe en transferencias. Entre quienes tienen entre 25 y 64 años, la cifra sube al 68%, lo que genera un excedente que financia las transferencias hacia los grupos dependientes: niños y, sobre todo, mayores.

Por este motivo, el equilibrio del sistema de transferencias español depende de la realidad demográfica, y esa realidad está cambiando. Hoy hay en torno a 1,9 personas en edad de trabajar por cada dependiente, pero las proyecciones del INE la reducen a 1,33 en 2050 (1,38 en la actualización publicada el mes pasado). A medida que gane peso la población mayor crecerá también la factura de las transferencias que hay que financiar. Estimamos que en 2024 el saldo fiscal asignable por edad ya es negativo, en torno a -30.000 millones de euros, un -1,9% del PIB.

Para ver hacia dónde vamos, elaboramos un motor demográfico propio que proyecta la población española hasta 2050 bajo distintos supuestos de inmigración y de fecundidad. La idea es no limitarnos a envejecer la pirámide actual, sino dejar que cambien a la vez varias dimensiones que afectan al saldo fiscal: la estructura de edades, el nivel educativo de la población y el peso de la población de origen extranjero. Para recoger estas tendencias, desagregamos los perfiles fiscales por nivel educativo y los aplicamos a la población proyectada teniendo en cuenta cómo evoluciona su composición, diferenciando entre la población nativa y los nacidos en el extranjero. Esto nos permite estimar cuánto contribuye cada factor al cambio del saldo fiscal: el envejecimiento, la mejora del nivel educativo, un mayor saldo migratorio o una fecundidad más alta.

El objetivo de este análisis no es ofrecer una predicción de cuál será el saldo fiscal de España en 2050, sino responder a una pregunta concreta: ¿qué saldo fiscal tendría el sistema actual de impuestos y prestaciones si se aplicara sobre la estructura de población proyectada para 2050? En nuestro escenario central, esa estructura demográfica arroja un saldo fiscal negativo, en torno al -6,8% del PIB.

La inmigración suele mencionarse como una de las principales soluciones al envejecimiento y a sus consecuencias fiscales. Nuestros resultados sugieren que, si bien la entrada de inmigrantes mejora el saldo fiscal de forma apreciable frente a un escenario de saldo migratorio nulo (del -8,5% al -6,8% del PIB en 2050), pasar de un saldo migratorio moderado a uno alto apenas lo mejora más (del -6,8% al -6,1%). La razón es que la ventaja que ofrece la inmigración está limitada por tres factores. Primero, cada nueva entrada suma adultos en edad de trabajar que contribuyen, pero que llegan acompañados de hijos dependientes. Segundo, la población nacida en el extranjero tiene de media un nivel educativo más bajo que la nativa, lo que se traduce en un saldo fiscal por persona menor. Por último, la ventaja es transitoria: los inmigrantes que hoy están en edad de trabajar también se jubilarán y pasarán a cobrar pensiones.

Ese primer factor, los hijos, conecta con la otra palanca demográfica que suele proponerse: la natalidad. ¿No sería bueno para las cuentas públicas que naciesen más niños? Pues sí y no. España tiene una de las tasas de fecundidad más bajas del mundo (1,1 hijos por mujer en 2024, frente al 2,1 del nivel de reemplazo), y a largo plazo una fecundidad más alta estabilizaría la pirámide poblacional en una estructura demográfica más favorable. Pero de aquí a 2050 el efecto es el contrario: un aumento sostenido de la tasa de fecundidad hasta un nuevo nivel de equilibrio añadiría población dependiente infantil sobre una pirámide ya muy envejecida, y empeoraría el saldo fiscal. El retorno fiscal de un aumento de la fecundidad solo se materializaría en la segunda mitad del siglo, cuando esas nuevas cohortes más numerosas entren en el mercado de trabajo y engrosen la proporción de población contribuyente.

Si bien buena parte de este análisis gira en torno a la demografía, también dedicamos espacio a explicar que el grueso del desequilibrio viene en realidad del diseño de nuestro sistema de pensiones, y que su origen es más actuarial que estrictamente demográfico: la rentabilidad implícita que prometen sus reglas actuales supera la que la economía puede sostener con los ingresos que genera hoy y los que se esperan a futuro. Es, en el fondo, una generosidad que el sistema no puede financiar de forma indefinida. En el informe exploramos varias vías de reforma para reconducirlo, desde alargar las carreras laborales hasta vincular la edad de jubilación a la esperanza de vida o transitar hacia un sistema de cuentas nocionales.

El envejecimiento de la población intensificará las tensiones fiscales en las décadas venideras. Ese coste alguien tendrá que asumirlo, y cómo se reparte entre las generaciones actuales y las futuras es, ante todo, una cuestión de equidad intergeneracional. Los responsables de política económica harían bien en incorporar esa dimensión en el diseño de las próximas reformas del sistema de protección social, antes de que el grueso de la presión demográfica se materialice.

Todo esto y más se puede trastear en https://t.co/JEvBuG3TdP, incluyendo un pequeño panel interactivo donde podéis ver cómo cambia el saldo fiscal a futuro modificando los supuestos de fecundidad e inmigración con nuestro motor de proyecciones demográficas.

Enlace al informe completo: https://t.co/YsX69VoKV0

@miguel_almunia @JorgeGalindo

[Jesús Fernández-Villaverde @JesusFerna7026]

Replacement fertility in one chart: Even if 90% of women have children and average 2.2 each, we still fall short.

Why? The fertility rate of a population equals the product of the proportion of women who have children and the average number of children per mother.

That is, if 90% of women have children and the average number of children per mother is 2.2, the fertility rate of this population is 1.98.

This simple formula gives us the relationship between the proportion of mothers in a population and the average number of children per mother required to reach the replacement rate. As I explained two days ago (check my feed if you missed it), this replacement rate is 2.1 in Western countries, where sex selection and infant mortality are low.

The figure plots the result (if you are technical, this is called the iso-replacement curve). Obviously, if 100% of women become mothers, the average number of children per mother required to reach replacement is 2.1. If we move to 90%, this average rises to 2.33.

Notice that if we fall to 80%, the average increases substantially to 2.6. I selected 80% because it implies that one in five women never becomes a mother, close to what we now see in Japan and parts of Southern Europe. The current young cohorts in advanced economies seem to be on track to be well below 80%, but we will not know for sure for another 20 years or so.

Having an average of 2.6 children per mother requires many very large families. And modern societies are not organized for this to happen.

[pablo @pablogguz_]

my original claim was about the living standards of the working-age population. if one wants to add benefits to the picture, then the exercise one should do is to look at where those benefits accrue by age

and once you do that, what you see is that essentially all of the real per-capita increase in cash benefits since 2008 has gone to those aged 65+. for the population my post was about, adding benefits back into the picture doesn't really change anything (the extra euros are not going to them!)

the problem is that this pattern is hard to justify on any of the standard grounds for why we have transfers in the first place. the returns that the current pension system offers are well above what a sustainable contributory PAYG system could promise given spain's economy, and also well above what a beveridge-style system (which provides a basic floor against old-age poverty) would deliver. so the result is neither actuarially fair nor need-based. what is left, mechanically, is a redistribution from one age group to another for no reason other than the latter having been born earlier. and my point is that is not a serious principle of distributive justice in any reasonable sense of the term

[Ángel Talavera @atalaveraEcon]

Ante la consternación por los hechos acaecidos en esta nuestra querida red social, solo queda que los que ponemos grafiquitos (algunos desde hace más de 10 años) sigamos en ello para quien le interese.

Aquí el gráfico que creo ejemplifica mejor la desconexión macro y micro.

[Jesús Fernández-Villaverde @JesusFerna7026]

Este post de apoyo a @Jongonzlz está escrito y publicado conjuntamente con @lugaricano.

El sistema público de pensiones contributivas en España se encuentra en una situación muy complicada.

El sistema actual ofrece a los cotizantes una rentabilidad real implícita anual del 3,63 %. Dado el crecimiento de los cotizantes y de la productividad en España, esta tasa está al menos dos puntos porcentuales por encima de la que garantiza la sostenibilidad del sistema a largo plazo. De manera más sencilla: el valor presente descontado de las pensiones contributivas es aproximadamente un 60 % mayor que el valor presente descontado de las cotizaciones. Los jubilados contributivos en España están recibiendo mucho más de lo que pagaron.

Esta rentabilidad excesiva ha generado un problema fundamental: un déficit del sistema contributivo de unos 61.000 millones de euros (el de verdad, no el de las cuentas del Gran Capitán que incluyen las transferencias del Estado) y que no deja de crecer. Este déficit genera presiones sobre las cuentas públicas que limitan la capacidad de las administraciones públicas para implementar muchas políticas necesarias, desde la educación hasta la infraestructura. Y desde el punto de vista de la equidad intergeneracional, esta rentabilidad excesiva nos ha colocado en la paradójica situación de que las personas de 65 a 85 años tienen la renta disponible más alta de todos los grupos de edad en España.

El sistema necesita una reforma profunda. Por ejemplo, es clave reintroducir un factor de sostenibilidad en el valor de las pensiones que considere el crecimiento de los cotizantes, la productividad y la esperanza de vida. Muchas economías avanzadas han introducido estos factores e incluso España avanzó en esa dirección hasta la reforma Escrivá de 2021-2023.

Jon González, @Jongonzlz, de manera casi solitaria, ha acometido una labor impagable de documentar esta situación (y otros temas clave de nuestra economía), y ha conseguido poner a la sociedad frente al espejo de la insostenibilidad de la situación actual.

Desgraciadamente, el sistema político no tiene ninguna gana de enfrentarse a este problema. La edad mediana del votante español está en torno a los 51 años. Uno de cada tres electores tiene 60 años o más; uno de cada cuatro ha cumplido 65 años. Si se suman a los 15 millones de inactivos en edad de votar los casi 3 millones de empleados públicos, el resultado es que más de la mitad del censo electoral residente en España vive de una transferencia o de una nómina pagada con impuestos. La aritmética básica de cualquier elección en España descansa, por tanto, sobre un electorado en el que la minoría la constituyen los asalariados del sector privado en edad activa.

Pedir a un partido con vocación de gobierno que recorte la rentabilidad implícita de las pensiones contributivas es pedirle que confronte directamente a su votante mediano. Ningún sistema político hace eso voluntariamente y el español no es la excepción.

Por eso, en lugar de hablar de números, se busca descalificar al mensajero. Desafortunadamente, las narrativas maniqueas de buenos y malos—si eres bueno, prefieres pensiones altas; si no eres malo o estás a sueldo de los malos, tienen éxito en España porque nuestra conversación nacional se centra siempre en la “justicia” o la “moralidad” y nunca en los números.

Es normal: somos un país con poca tradición de análisis riguroso y, menos aún, de análisis basado en los números. “Mi abuela merece una pensión más alta” siempre es más fácil de explicar que “la rentabilidad real implícita del sistema está por encima de lo que nos podemos permitir”, y, además, le coloca a uno en el “lado bueno”: el de los que quieren dar más dinero, no menos, como los malvados economistas.

Pero lo realmente preocupante no es que se intente descalificar al mensajero en lugar de analizar sus argumentos. Lo que se busca es poner en riesgo su situación profesional. Ante las órdenes de la Moncloa, cualquier trabajo en España es precario. Nosotros mismos lo experimentamos en carne propia cuando, en 2012, se nos despidió de FEDEA, una fundación con la que colaborábamos, por orden directa y explícita de Moncloa.

Ya no es una cuestión de si uno está de acuerdo o no con Jon. Es algo mucho más importante. ¿Se puede analizar la realidad económica de España sin que las jaurías mediáticas busquen tu “cancelación” profesional?

Es este el momento de decir las cosas claras y mostrar nuestro apoyo absoluto y total a Jon. Por eso hemos tomado la decisión inusual de publicar este post simultáneamente.

Jon, te agradecemos profundamente lo que haces.

[Daniel Fernández Méndez @danfmsg]

De los creadores de "la inflación es culpa de la avaricia de los empresarios", ahora viene "el problema de la vivienda es culpa de la avaricia de los propietarios".

A ver cómo explicamos que en Austin (Texas) los propietarios se volvieron muy avariciosos y, justo después de que duplicaran los permisos de construcción, dejaron de ser avariciosos de repente.

A ver cómo le decimos a los españoles que en Austin, con un PIB per cápita (y salario) que más que duplica el de Madrid (y triplica el de España), alquilar un piso es mucho más barato (Austin: 1.100€; Madrid: 1700€ para piso de 80m2).

Todo es válido, menos reconocer lo obvio. Que construir funciona. Y que para construir se necesita liberar suelo. Y que liberar suelo no gusta porque entonces los propios políticos no pueden especular con el cambio de uso de suelo. Aquí, por alguna razón, se les olvida mencionar la avaricia.

El altruismo es algo que practicamos naturalmente con nuestros seres queridos. Con desconocidos, simplemente, no regalamos nuestro esfuerzo. La política pública debería ser realista y no imaginar unicornios.

[Jesús Fernández-Villaverde @JesusFerna7026]

Últimamente no he colgado nada en español porque la situación en España me deprime bastante.

Un ejemplo es este anuncio del PP sobre ocho medidas si llega al gobierno, que aquí incluyo.

Fijémonos en estas ocho medidas. Una, la ley sobre ELA, afecta a una minoría muy pequeña del país. Sí, tener esta enfermedad es una desgracia, pero estamos hablando de 900 casos al año en un país que se acerca ya a los 50 millones de habitantes. Es “buenismo” en su manifestación más mediocre. Otra, bajar el IVA de los productos básicos, es demagógica y en contra de la teoría económica básica. Modificar la Ley Presupuestaria para que haya un mayor control sobre el gasto en defensa y seguridad resulta irrelevante. Y las otras varían entre lo necesario pero no muy importante (la independencia del CIS) y lo esperpéntico (modificar la Ley de Costas).

España tiene cuatro problemas existenciales:

1) Fecundidad.

2) Inmigración.

3) Falta de crecimiento de los salarios reales.

4) Vivienda.

Ni una de estas medidas tiene nada que ver con 1)-4) (excepto, de pasada, la ley antiocupación). ¿Por qué? Porque cualquier cosa que de verdad contribuya a la solución de 1)-4) implicaría sacrificios para los votantes del PP: personas de más de 55 años que quieren dejar todo como está. De hecho, la ley antiocupación se menciona porque protege los derechos de propiedad de los mayores.

Feijóo y el PP, más en general, tienen la idea del futuro de España de una ameba porque a sus votantes el futuro de España les trae el fresco mientras su pensión se pague y el precio de su piso no caiga.

Y nada de lo que yo (o cualquier otro) pueda decir será capaz de mover ese macizo carpetovetónico.