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Un buen tema para investigar: cuándo, cómo, dónde, por quién y por qué se impuso en América Latina la idea de que las grandes reformas sociales y la ansiada justicia social podían venir de la acción de los tribunales constitucionales y las cortes supremas.
Es increíble que cualquier teoría realmente crítica del Derecho, y más si tuviera antecedentes marxistas, pariera semejante engendro ideológico. No se entiende qué milagro puede convertir en agente de las grandes transformaciones sociales a los integrantes de un grupo social selecto, dependientes de ejecutivos y legislativos no precisamente muy democráticos, miembros de los cenáculos más privilegiados que vienen dominando esos países o aspirantes a formar parte de tales minorías para ganar poder, dinero e influencia de todo tipo, etc.
Por supuesto que hay de todo en todas partes, pero convertir tales poderes judiciales en agentes revolucionarios es una de las operaciones ideológicas más retorcidas, inverosímiles y cínicas que se han visto en los últimos años cien años de historia de las doctrinas jurídicas. Don Carlos Marx se echaría las manos a la cabeza.
La única vía conocida y efectiva para las reformas sociales que acaben con los mecanismos cuasimedievales de poder y dominación proviene de que el pueblo se haga con mayorías políticas sin manipulación ni engaño, sin tiranos de pacotilla que hablen en su nombre para humillarlo, y de que ese pueblo en mayoría haga leyes que aseguren derechos dentro del orden constitucional y realizando ese orden.
Pero esos ideólogos neoconstitucionalistas, verdaderos caballos de Troya de las viejas oligarquías, repiten y repiten que ya no vivimos en el Estado de la legalidad y que ahora todo depende directamente de la Constitución y sus ordeñadores y ponderadores. Lo cual es el desapoderamiento más cruel del pueblo y la falsa conciencia más estúpida extendida desde las universidades más costosas por blanquitos con doctorados gringos.
Sería graciosísimo si no fuera tan rematadamente triste.
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