¿Qué le hizo Bogotá o los bogotanos a la secretaria de @SectorMovilidad para que cada día busque una forma más de imposibilitar la movilidad?
En serio, ¿qué le hicieron que parece odiar a los bogotanos?
Vergonzosos resultados de Colombia en las pruebas PISA
Colombia necesita evaluación docente por resultados, más colegios en concesión, voucher educativo y en general una modificación al modelo tradicional de educación.
FECODE y el modelo actual fracasaron.
Buenos días señores @RedPaPaz, algún comentario sobre los resultados de las evaluaciones Pisa o ustedes sólo aparecen para ponerle impuesto a la comida?
Quedo atenta.
La alcaldía de @CarlosFGalan no puede seguir culpando a otros por su falta de gestión en seguridad y movilidad, cuando moviliza millones en recursos para hacer de Bogotá un parqueadero intransitable.
Sin duda es de los peores alcaldes que hemos tenido, una administración tétrica
ESTE ES EL PROGRAMA DE AfD:
- plazo máximo para políticos profesionales. No podrán estar más de ocho años viviendo del Estado
- Europa de estados soberanos, o una salida si eso no es posible
- fin del euro como moneda común
- control total de fronteras
- el asilo se tramita fuera de la UE
- remigracion a criminales de personas sin derechos de residencia
- bajadas de impuestos
- energía : energía nuclear, carbón, reparaciones en Nord Stream, no más impuesto al CO₂, no más prohibición de motores de combustión
- política pro-natalista
- promoción de la cultura alemana, protección del idioma alemán
- expulsión de musulmanes que rechazan el ordenamiento jurídico alemán. No a los tribunales de la sharia
- refuerzo de la policía
- tolerancia cero con criminales extranjeros y con mafias.
- fin de los delitos de odio. Máxima libertad de expresión.
¡Otro Petrista llega al Gobierno de @ABDELAESPRIELLA ! Y a trabajar con Lina María Garrido .
Juan Camilo Cabezas González fue Director de Asuntos Étnicos de la @AgenciaTierras durante el Gobierno @petrogustavo y ahora vuelve a ocupar el mismo cargo, esta vez bajo la dirección de Lina María Garrido.
Doctora @linamariagarri1 , usted fue opositora de Petro. ¿Por qué entonces gobierna con funcionarios del petrismo?
¿Dónde quedó el cambio que se prometieron?
No puede ser que funcionarios vinculados al Gobierno Petro continúen ocupando cargos directivos en el nuevo Gobierno.
Señores ministros: los colombianos esperan caras nuevas y meritocracia, no más continuidad del petrismo.
¡Coherencia, por favor!
Presidente @ABDELAESPRIELLA , que no le metan más petristas.
🔄 Compartan para que esta denuncia llegue al Presidente.
Está señora cuando abogó por las miles de bajas que tuvieron la @FuerzasMilCol y de @PoliciaColombia en el gobierno de @petrogustavo?
Esas muertes y asesinatos si cumplían con los Derechos Humanos?
Susana Muhamad, escondida detrás de un colectivo de niños, apareció en la escena del vandalismo contra el ICBF. La misma exministra proponía ‘zonas de paz con la naturaleza’ en las fallidas negociaciones con el ELN via @EIExpedienteCol https://t.co/68vleH52lK
Preocupa el tono de las recientes intervenciones de la Defensora del Pueblo @MarnIris@DefensoriaCol frente a la política de seguridad de @ABDELAESPRIELLA@jrestrp. Por momentos parece más una crítica política, atravesada por una determinada visión ideológica, que la posición técnica e institucional que exige su investidura.
Su mandato constitucional es: proteger los derechos humanos, supervisar su garantía y exigir el cumplimiento del DIH, también y especialmente frente al Estado. Pero precisamente por la importancia de esa función, sus pronunciamientos deben estar sustentados en rigor jurídico, objetividad y neutralidad institucional.
Se puede estar de acuerdo o no con la decisión de realizar una rueda de prensa en la que se mostraron los cuerpos de personas dadas de baja en una operación legítima. Puede cuestionarse su conveniencia, su oportunidad o la forma de comunicarla. Pero una discrepancia de esa naturaleza no constituye, por sí sola, una violación de derechos humanos o del DIH ni una conducta jurídicamente reprochable al mandatario. La Defensoría debe distinguir entre lo que no comparte y lo que jurídicamente vulnera derechos.
Más grave aún es sugerir discursivamente que el Estado participa con organizaciones criminales en una competencia sobre “quién puede ser más cruel”. Esa comparación desdibuja una distinción básica del Estado de Derecho: no existe equivalencia entre la violencia criminal y el uso legítimo de la fuerza sometido a la Constitución, la ley, los derechos humanos y el DIH.
Así quedó la sede del @ICBFColombia en Bogotá después de una “protesta” que terminó en vandalismo.
Adultos que instrumentalizan supuestas luchas de la niñez para hacer desastres.
Le pregunto públicamente a @Susanamuhamad ¿está usted detrás de esto?
¿Víctimas de qué? Nadie es víctima de haber “invertido” plata a sabiendas, con plena autonomía de la voluntad y como adultos. Nadie los obligó y el que los engañó está en la cárcel, ¿por qué no le cobran a don David?
Imagínense uno demandando a un casino porque perdió en las apuestas…
Ojalá les caiga todo el peso de la ley. Los impresentables Corcho y Jaramillo merecen responder ante la justicia por todas las muertes que cargan sobre sus hombros.
Lo mismo que Petro. Pero eso, en este país, difícilmente va a pasar mientras exista la “Cámara de Absoluciones” en la Cámara.
Susana Muhamad, la pirómana de siempre
Las imágenes de la sede del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Bogotá vandalizada y sitiada no son un reflejo de una súbita inconformidad ciudadana, sino una estartegia política milimetricamente calculada.
Detrás de los hechos criminales y violentos de ayer estuvo, entre otras figuras visibles del petrismo, la exministra de Ambiente Susana Muhamad. Sí, lo leen bien, exministra y posible candidata a la alcaldía de Bogotá en 2027.
Que una exfuncionaria de primer nivel termine instigando movilizaciones que derivan en el ataque violento contra la entidad encargada de proteger a la niñez más vulnerable del país retrata con nitidez la catadura moral del proyecto que representa y lo despreciable de su persona.
La trayectoria de Muhamad ha estado atravesada por un desprecio sistemático hacia las instituciones. Su método no es nuevo: recurrir a la agitación callejera y validar la violencia a través de terceros para imponer una visión dogmática, radical y destructiva sobre cómo debe ordenarse la sociedad. Se trata de una de las caras más visibles de esa izquierda extrema que no cree en las reglas del juego democrático, sino en el caos como herramienta de chantaje institucional y en la degradación del espacio público como mecanismo de presión y de siembra de terror.
La historia nos enseña que este tipo de liderazgos no son una anomalía exclusiva de Colombia. Otras democracias han tenido que encarar a facciones idénticas dispuestas a dinamitar el sistema desde adentro. Basta recordar en el Reino Unido durante los años setenta y ochenta al movimiento radical Militant, una corriente extremista que se incrustó en el Partido Laborista para promover el sabotaje y la confrontación directa contra el orden institucional. O lo que ocurre hoy en los Estados Unidos con sectores de los Democratic Socialists of America (DSA), empeñados en justificar el vandalismo urbano, deslegitimar a la fuerza pública y polarizar las calles bajo el ropaje de un falso progresismo.
El libreto de todos estos movimientos es exactamente el mismo: incendiar los ánimos, desatar a las huestes en la calle y luego lavarse las manos en los medios corporativos presentándose como defensores de causas nobles. No hay ninguna nobleza en apedrear o bloquear las sedes donde se atiende a los niños desamparados. Hay cobardía y cálculo político mezquino. Sí, hay petrismo.
Las sociedades no pueden normalizar que quienes ostentaron las más altas dignidades del Estado promuevan la anarquía cada vez que pierden el control del poder o ven amenazados sus intereses partidistas. La violencia y la degradación institucional que impulsan personajes como Susana Muhamad no se apaciguan con reclamos. Exigen una respuesta contundente de la justicia, la acción firme y sin complejos de las autoridades del orden público, y el rechazo frontal y decidido de una sociedad civil que no puede resignarse a entregar el país a pirómanos como la Muhamad.
Quiero comunicarle al país que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes lleva más de 1 mes en completa parálisis por falta de recursos. Son 2.450 procesos contra expresidentes, magistrados de altas cortes y la Fiscal General de la Nación que no han podido ser repartidos entre los miembros de la Comisión.
Le pido a todas las autoridades, mayor celeridad, el mensaje que se le está dando al país es de completa impunidad.