Por favor, que alguien le avise a @CFKArgentina que el Gran Polo Patriótico ya presentó las actas del comicio ante la Sala Electoral del Tribunal Superior Constitucional. Las actas, aclaro, se entregan a cada partido y sus fiscales (que las reciben al terminar el escrutinio de cada mesa), y se envían al Consejo Nacional Electoral que las recibe por el sistema de transmisión -pero no los contenidos de los mensajes- que fue hackeado, lo que motivó la demora en conocerse los resultados irreversibles del proceso electoral. Quien no presentó las actas fue la Mesa de Unidad Democrática de González Urrutia. Si él y María Corina Machado están seguros de que fueron los ganadores, ¿por qué no presentaron las actas ante la Justicia? El problema es que, según la propia página de esa fuerza política, lo que tienen son unas 9.400 actas de las 30.024 que constituyen el censo electoral, muchas de las cuales no contienen los datos de los miembros de la mesa, los fiscales y la identificación de la máquina de votación, amén de otras irregularidades. Un dato curioso: en los 24 distritos electorales el porcentaje de González fue de 63 % y el de Maduro 30 %, milagro sociopolítico jamás visto en medio siglo de profesión. En los estados amazónicos tanto como en la sierra; en el campo como en la ciudad, la distribución de los votos es exactamente la misma. En suma: se trata de una burda fabricación de datos que de ninguna manera puede sustentar la supuesta victoria de González. Sería bueno que también los periodistas, académicos y políticos que se la pasan vociferando para que "muestren las actas" tomen nota de esta situación. Lo que hay es un "golpe blando en desarrollo" patrocinado por Washington y divulgado sincronizadamente por la inmensa mayoría de los medios de comunicación, controlados férreamente por la derecha. El objetivo de esta maniobra es provocar una crisis política y social en Venezuela, fomentar disturbios, violencia y generar un caos que propicie una eventual intervención de tropas mercenarias contratadas por el Pentágono para lograr el ansiado cambio de régimen que permita que la mayor reserva mundial de petróleo -que casualmente se encuentra en Venezuela- pase a manos de Estados Unidos. Ese es el plan, a no engañarse. El resto es utilería.
#EnFoto📷| Diputado de la AN @_CarlosMogollon expresó que la Ley Orgánica del Poder Popular viene con el fin de hacer leyes más sencillas, facilitar los trámites, impulsar el sistema económico.
#VenezuelaYSuGenteBella
El 19 de abril de 1975, la oscuridad de Valencia se tiñó de horror. La PTJ entró violentamente en una pensión, asesinando a 9 trabajadores.😢 Inicialmente señalados como delincuentes colombianos, resultaron ser humildes venezolanos.😠 Se sembraron pruebas falsas y se les robó su identidad.🤬 El caso, envuelto en injusticia, se movió de tribunal en tribunal durante cinco años. Finalmente, se vinculó al Caso Carmona.🔍 Este incidente es un sombrío recuerdo del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez y su escuadrón de la muerte, GATO, parte de la PTJ.👮♂️ Hoy, seguimos buscando justicia y recordándolos.🕯️🙏 #MasacreDeValencia #Justicia #MaduroEsElDeChávez
A las 2:00 am, del 19 de abril de 1975, se produjo el asalto a una pensión, ubicada en el Nº 96-35 de la calle Páez, cerca del barrio 5 de Julio de la ciudad de Valencia, edo. Carabobo.
Funcionarios del grupo GATO de la PTJ, entraron violentamente a la vivienda donde se hospedaban los trabajadores y dieron muerte a nueve de ellos, en lo que se convirtió, para la fecha, en el procedimiento policial con mayor número de asesinados de la historia del país.
El criminal allanamiento se tornó en escándalo cuando se supo que algunos de los fallecidos presentaban balazos en las plantas de los pies, lo que dio a entender que entraron disparando mientras los incautos pensionistas permanecían acostados.
En principio se señaló que las víctimas eran delincuentes indocumentados de nacionalidad colombiana. Durante el procedimiento, a los masacrados los despojaron de sus documentos de identidad, pertenencias personales y les sembraron un lote de armas. Sus identidades, por mucho tiempo, desaparecieron de los récords de las oficinas de dactiloscopia.
Posteriormente se descubrió que los supuestos “indocumentados de altísima peligrosidad” eran nueve humildes venezolanos que compartían habitación en un hospedaje de obreros. Identificadas, todas las víctimas y sus victimarios, el juicio estuvo rotando de tribunal en tribunal, hasta que finalmente, cinco años después, se radicó en Caracas.
Esto se debió a que el expediente criminal fue acumulado al del Caso Carmona, en virtud de estar implicados los mismos agentes policiales en el asesinato del conocido abogado penalista Ramón Carmona Vásquez.
El Grupo de Apoyo Táctico Operacional (GATO) fue un escuadrón de la muerte creado durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez (1974-1979), adscrito a la Policía Técnica Judicial (PTJ).
El mismo alcanzó notoriedad debido a las acusaciones que hizo el reconocido criminólogo, de origen trujillano, Ramón Carmona, en torno a la destrucción de los rastros de la aeronave en la que falleciera Renny Ottolina y su equipo de campaña electoral.
La destrucción de la avioneta siniestrada, sin previas averiguaciones para esclarecer el caso, fue una de las claves para determinar que Ottolina fue víctima de un atentado.
Casualmente, Diego Arria, lanzó su candidatura presidencial el mismo día que Renny había sido sacado del camino a Miraflores, su triunfo era inminente y amenazaba con quebrar la continuidad bipartidista.
En la aplicación de facto de la pena de muerte por parte los gobiernos de la Cuarta República fue una práctica heredada por los sucesores del gobierno de Rómulo Betancourt, y persistió hasta la derogación de la Constitución de 1961, tras la puesta en vigencia de la actual Constitución Bolivariana, aprobada por referéndum popular el 15 de diciembre de 1999, que puso punto final a esa viciosa práctica policial.