Como Rector de la @UTMManabi, debo señalar que nuestros protocolos de ingreso y seguridad se aplican de manera igualitaria, en concordancia con las políticas del Gobierno Nacional para garantizar el orden y la seguridad de toda la comunidad universitaria.
@andres_car2815 usted acudió como ciudadano, sin registro de invitación ni coordinación institucional, y fue orientado conforme a los procedimientos establecidos, incluyendo horarios y puntos de atención.
El ejercicio de una función pública no exime del cumplimiento de normas ni justifica desinformar o deslegitimar el trabajo institucional.
Reiteramos nuestro compromiso con la seguridad, el respeto y la atención responsable. Las puertas de la UTM están abiertas para todos, dentro del marco de sus normas.
RESULTADOS DE LA ECONOMÍA ECUATORIANA EN 2025
El análisis parte del principio de que no existen buenos resultados económicos si la mayoría de la población empeora sus condiciones de vida. La distribución del ingreso muestra una elevada concentración. El quintil más rico capta la mayor parte del ingreso nacional, del acceso a empleo adecuado y de los beneficios del rebote económico luego de un año previo recesivo. Los cuatro quintiles inferiores no registran mejoras significativas en su poder adquisitivo.
El crecimiento económico es insuficiente para absorber el aumento de la población y mejorar el ingreso per cápita. La economía permanece atrapada en una dinámica de baja productividad, débil demanda interna y ausencia de una estrategia sostenida de transformación productiva con valor agregado. El crecimiento observado corresponde principalmente a un rebote estadístico, con beneficios concentrados en el quintil más rico, mientras más del 60 por ciento de la población no logra cubrir el costo total de la Canasta Básica Familiar.
La combinación de subejecución presupuestaria, crecimiento acelerado de la deuda pública, colapso del multiplicador del gasto público, contracción monetaria funcional, violencia generalizada y deterioro de servicios públicos confirma que el Presupuesto General del Estado ni el pago de la deuda son sostenibles sin destrucción social, desigualdad y violencia.
La violencia y la inseguridad se han convertido en uno de los principales determinantes del deterioro económico cotidiano. La extorsión, los homicidios y el cierre de actividades productivas afectan de forma regresiva a hogares pobres y pequeños negocios, destruyendo ingresos y empleo.
Los servicios públicos de salud, educación, seguridad y energía presentan un deterioro estructural. La reducción de la inversión pública real y la debilidad institucional incrementan el costo de vida y la vulnerabilidad social.
Los ganadores netos del año 2025 son los hogares del quintil más alto y sectores con rentas concentradas. Los perdedores son la mayoría de los trabajadores informales, los jóvenes, los hogares rurales y urbanos pobres, y los usuarios de servicios públicos deteriorados. Lo evidente no necesita demostración.
1. La economía muestra su ruta de estancamiento
Entre 2006 y 2017 el PIB nominal de Ecuador creció 128,6 por ciento, pasando de USD 45.690,8 millones a USD 104.467,5 millones, según la serie oficial de Cuentas Nacionales del Banco Central del Ecuador. Entre 2017 y 2025 el incremento nominal estimado es 28,0 por ciento, alcanzando un PIB previsional de USD 133.728,8 millones. La desaceleración confirma ausencia de una trayectoria de crecimiento sostenido capaz de traducirse en empleo, ingresos y bienestar para la mayoría de la población. Literalmente el necesario crecimiento económico ha sido destruido.
El Banco Central del Ecuador proyecta para 2025 un crecimiento real del PIB de 3,8 por ciento y para 2026 de 1,8 por ciento. En términos nominales, el PIB pasaría de USD 133.728,8 millones en 2025 a USD 139.046,6 millones en 2026. Esta trayectoria confirma un rebote transitorio y no un proceso sostenido de expansión, consistente con la marcada debilidad de la inversión y con restricciones estructurales que limitan el crecimiento de mediano plazo.
2. Deuda pública
Según el Boletín Oficial de Deuda Pública con corte a septiembre de 2025, la deuda pública agregada del Sector Público Total más otras obligaciones asciende a USD 85.105,4 millones. Al incorporar otros pasivos, el total llega a USD 89.542,9 millones. La composición principal corresponde a deuda externa por USD 49.476,1 millones y deuda interna por USD 35.629,3 millones. Medido contra el PIB previsional 2025, el total equivale a aproximadamente 67,0 por ciento. El Presupuesto General del Estado concentra USD 82.276,3 millones, es decir 91,9 por ciento del total. Estas cifras no incorporan en el Boletín Oficial reclamos adicionales del IESS.
La deuda supera ampliamente la capacidad real de pago del Estado bajo las actuales condiciones económicas. La insostenibilidad no proviene únicamente del tamaño de la deuda, sino del desbalance entre los flujos de pago y la capacidad del Estado y de la economía para generar ingresos. Se destina casi la totalidad de los ingresos permanentes a cubrir las obligaciones del servicio de la deuda, desplazando recursos indispensables para salud, educación, infraestructura, seguridad y cohesión social.
El déficit acumulado del PGE y el crecimiento acelerado del servicio de la deuda han desplazado la inversión pública real. El Estado financia su funcionamiento básico mediante endeudamiento, lo que confirma la insostenibilidad fiscal y compromete la provisión de servicios públicos esenciales. Las consecuencias caen directamente y con mayor fuerza sobre la población pobre y vulnerable.
3. La reducción de la inversión pública es la variable de ajuste del modelo
La formación bruta de capital fijo constituye el vínculo entre el desempeño presente y el crecimiento futuro. La contracción de la inversión pública ha reducido el crecimiento del stock de capital y limitado avances necesarios en productividad, debilitando el crecimiento potencial.
La Formación Bruta de Capital Fijo confirma la ausencia de acumulación de capital. La inversión privada no ha compensado la contracción de la inversión pública, lo que explica la persistencia de una baja velocidad de circulación del dinero. El déficit que acumula el PGE y el crecimiento acelerado del servicio de la deuda han desplazado la inversión pública real.
Cuando la inversión privada es débil, insuficiente o se desacelera, la demanda agregada se contrae y la economía entra en una fase de estancamiento o recesión. En ese contexto, el Estado es el único agente con capacidad de actuar de manera contracíclica. Si no impulsa la inversión productiva, no existe un mecanismo endógeno que permita reactivar la economía.
La inversión pública cumple tres funciones centrales. Sostiene la demanda efectiva cuando el sector privado retrae decisiones de gasto. Genera efectos multiplicadores sobre el empleo, el ingreso y el consumo. Y crea las condiciones estructurales para que la inversión privada vuelva a expandirse mediante infraestructura, servicios públicos, capital humano y reducción de costos sistémicos.
La ausencia de inversión pública en escenarios de debilidad privada profundiza el estancamiento, deteriora la capacidad productiva, agrava el desempleo y termina debilitando incluso las cuentas fiscales, porque reduce la recaudación y obliga a financiar gasto corriente con deuda. Sin un Estado que impulse inversión productiva en fases de contracción privada, no hay gestión posible de la crisis ni salida sostenible del estancamiento económico, pero también es necesario invertir los recursos con transparencia y eficiencia.
La inversión pública constituye uno de los pilares centrales para una economía sana. No solo impulsa el crecimiento, sino que fortalece servicios esenciales, dinamiza economías locales, genera empleo y asegura presencia estatal efectiva en el territorio. Su reducción sostenida debilita el tejido social y amplifica las brechas territoriales, dejando amplios sectores de la población expuestos a economías ilegales. El empleo digno actúa como estabilizador social, mientras que el desempleo juvenil y la informalidad estructural incrementan la vulnerabilidad frente a organizaciones criminales y vuelven ineficaces las políticas de seguridad de corto plazo.
4. Déficit fiscal
Entre enero y octubre de 2025, el resultado global del PGE registra un déficit acumulado de USD 3.142 millones, equivalente al 2,3 % del PIB, frente a USD 913 millones (0,7 % del PIB) en el mismo período de 2024. El deterioro interanual asciende a USD 2.229 millones, es decir, un aumento del 244 %.
El deterioro fiscal no obedece a un shock transitorio, sino al crecimiento sostenido del gasto permanente y, en particular, de los intereses de la deuda pública, que registran un aumento interanual del 17 % y ya superan los USD 3.380 millones en el acumulado enero-octubre de 2025. Este comportamiento refleja una presión estructural sobre las finanzas públicas que no se corrige con ajustes contables de corto plazo. El Estado financia su funcionamiento básico mediante endeudamiento, lo que confirma la insostenibilidad fiscal y compromete la provisión de servicios públicos esenciales.
El análisis del resultado no petrolero es aún más grave. Entre enero y octubre de 2025, el déficit primario no petrolero alcanza USD 1.207 millones y, al incorporar intereses, el déficit global no petrolero se amplía a USD 4.588 millones, incluso al incluir los ingresos petroleros, el déficit global se mantiene en USD 3.323 millones. Claramente el Estado no logra ni siquiera financiar su funcionamiento básico sin acudir a endeudamiento permanente y no existe sostenibilidad fiscal posible si el equilibrio depende estructuralmente del crédito y no de una base productiva sólida.
Sin embargo el problema central no es el tamaño del déficit, sino el modelo económico que lo genera. Un esquema basado en ajuste contable permanente, priorización del pago de la deuda, subejecución del gasto productivo y deterioro de la circulación del dinero no solo es incapaz de reducir la pobreza y la desigualdad, sino que las profundiza y traslada sistemáticamente el costo del ajuste a la mayoría de la población.
5. Subejecución presupuestaria
La ejecución presupuestaria enero–octubre 2025 revela una brecha crítica entre el presupuesto codificado, el devengado y el pagado. Con un presupuesto codificado de USD 41.317 millones, solo USD 26.365 millones fueron efectivamente pagados. La subejecución afecta de forma directa a educación, salud, bienestar social, vivienda e infraestructura, destruyendo el multiplicador del gasto público y trasladando el ajuste a la población.
Hasta octubre de 2025, el presupuesto de inversión codificado fue de USD 1.820 millones, equivalente a 1,29 por ciento del PIB. La ejecución acumulada llegó a USD 928 millones, equivalente a 0,66 por ciento del PIB y una subejecución del 49 por ciento. La subejecución del PGE 2025 muestra que persisten brechas significativas entre lo codificado, devengado y pagado, incluso en sectores esenciales como salud, educación, infraestructura, bienestar social y vivienda.
La subejecución también se traduce en incumplimientos con los GADs, afectando obra pública local, mantenimiento vial y servicios básicos imprescindibles. Se suman, retrasos a proveedores, que asfixian financieramente a empresas, rompen cadenas productivas y destruyen empleo. La ejecución presupuestaria sectorial confirma que el ajuste no se concentra en privilegios ni en rentas altas, sino en la contención del gasto público efectivo.
6. Ingresos reales y canasta básica
La narrativa oficial omite referirse al ingreso efectivo de las personas. El INEC muestra que en octubre de 2025, la mediana del ingreso laboral total se ubica en USD 391, con una brecha marcada de USD 440 para hombres y USD 303 para mujeres. Una mediana en torno a USD 391 implica que la mitad de las personas con empleo adecuado gana menos que ese valor.
Más del 60 por ciento de la población vive en hogares cuyos ingresos no cubren el costo total de la Canasta Básica Familiar. Los promedios oficiales ocultan una distribución altamente concentrada del ingreso, donde solo el quintil más rico supera holgadamente la canasta. El ingreso per cápita real de los ecuatorianos medido en dólares comparables es el más bajo de Sudamérica junto con Bolivia y Venezuela, pese a un salario básico nominal alto.
No existe estabilidad macroeconómica si la mayoría de la población no puede cubrir necesidades esenciales. La mayoría no accede a ingresos suficientes, lo que limita la movilidad social, incentiva la migración y aumenta la vulnerabilidad frente a economías ilegales.
7. Mercado laboral y juventud excluida
Los jóvenes enfrentan las peores condiciones del mercado laboral. En octubre de 2025, la tasa de empleo adecuado o pleno en jóvenes de 18 a 29 años fue 32,3 por ciento a nivel nacional. En consecuencia, 67,7 por ciento de los jóvenes no tiene empleo adecuado en Ecuador, según el INEC. Esto consolida un problema estructural de precariedad, vulnerabilidad y pérdida de capital humano, incentiva migración y aumenta riesgos sociales, incluyendo violencia e inestabilidad.
8. Multiplicador del dinero y contracción funcional
A pesar de contar con liquidez superior a USD 98.000 millones, la economía ecuatoriana no logra activar la demanda interna. La retención de liquidez en balances financieros y en el Banco Central eleva las reservas bancarias y reduce el multiplicador del dinero. En una economía dolarizada, este fenómeno equivale a una contracción monetaria funcional.
La combinación de un multiplicador del dinero bajo y una velocidad reducida implica que el dinero disponible no se transforma en crédito ni en gasto efectivo. Como resultado, la economía opera por debajo de su producto potencial. El producto potencial representa el nivel máximo de producción que una economía puede alcanzar utilizando plenamente sus factores productivos sin generar presiones inflacionarias.
Cuando la demanda efectiva es insuficiente, se genera una brecha negativa del producto, caracterizada por subempleo, informalidad y estancamiento del ingreso real.
La sostenibilidad macroeconómica del Ecuador requiere reactivar los multiplicadores fiscal y monetario mediante inversión, empleo y fortalecimiento institucional, no mediante contabilidad financiera sin economía real.
9. Reducción del riesgo país
Debería ser una buena noticia, pero no lo es por el costo social implícito y la forma en que se ha logrado reducirlo a menos de 500 puntos básicos. El país mejora su perfil financiero ante los acreedores a costa de deteriorar las condiciones de vida de la mayoría de la población. El riesgo de impago baja porque el Estado recorta inversión pública, reduce servicios, subejecuta el presupuesto en salud, educación y obra pública y aumenta impuestos, tarifas y combustibles para asegurar recursos destinados al pago de la deuda. Ese ajuste traslada el riesgo y el costo desde los tenedores de bonos hacia la población, que experimenta el grave debilitamiento del Estado social y carece de ingresos suficientes para cubrir necesidades básicas.
El país se vuelve más seguro para el capital financiero externo mientras se vuelve más inseguro para su propia población que vive con empleo precario, ingresos insuficientes y servicios públicos colapsados. La reducción del riesgo país financiero se ha logrado a costa de un fuerte aumento del riesgo social, político y de desarrollo del país, cuando lo necesario es lograrlo mediante una economía vibrante, productiva y competitiva, capaz de atraer inversión y generar empleo adecuado y suficiente.
10. Reservas internacionales
El incremento de las Reservas Internacionales del Ecuador por encima de USD 10.000 millones no responde a una mejora estructural de la economía, sino exclusivamente a factores contables y financieros. En particular, se identifican dos causas principales que se suman a la austeridad fiscal y al endeudamiento público creciente.
a. La importante incremento internacional del precio del oro revalorizó el oro físico en los balances del Banco Central del Ecuador subiendo el saldo de las reservas.
b. El aumento de los depósitos de las instituciones financieras privadas en el Banco Central, es decir, de las reservas bancarias. Este fenómeno refleja una retención sistemática de liquidez en el sistema financiero, motivada por la incertidumbre, el bajo dinamismo económico y la caída del crédito productivo. El resultado es una reducción del multiplicador del dinero y una contracción monetaria funcional.
Es evidente que el incremento de las Reservas Internacionales no se explica por superávits productivos, mayor inversión, creación de empleo ni mejoras en el ingreso real de la población. Tampoco refleja una consolidación fiscal sostenible. Interpretar estas cifras como señal de fortaleza macroeconómica constituye un error evidente.
11. Inseguridad y violencia
La violencia y la inseguridad actúan como un impuesto regresivo que destruye la vida, los ingresos, empleo y pequeños negocios. La extorsión y el cierre de actividades productivas sobre todo afectan a hogares pobres y sectores informales, profundizando la desigualdad y la pobreza.
La violencia no surge en el vacío tiende a concentrarse en territorios abandonados por el Estado. Una economía para la paz exige políticas territoriales activas que aseguren inversión pública, proyectos productivos locales y acceso efectivo a servicios básicos. Cuando la economía formal fracasa en generar ingresos suficientes y oportunidades reales de progreso, la economía ilegal se presenta como una alternativa racional. La represión sin una política económica coherente solo desplaza el problema sin resolver sus causas estructurales.
El costo de la violencia reduce el crecimiento económico potencial, incrementa el gasto improductivo, deteriora la inversión privada y debilita la sostenibilidad fiscal, afectando de manera directa el bienestar de la población. Según el Global Peace Index 2025 el rango razonable del costo económico anual de la violencia en Ecuador se sitúa entre 10.700 y 16.000 millones de dólares, con un valor central cercano a 13.500 – 14.000 millones de dólares.
12. Conclusiones
Ecuador enfrenta crecimiento contable sin bienestar. El modelo vigente concentra beneficios, destruye los multiplicadores fiscal y monetario, debilita el Estado y condena a la mayoría de la población a precariedad e inseguridad. No existe sostenibilidad fiscal ni macroeconómica sin sostenibilidad social.
En ausencia del empleo adecuado necesario, inversión pública sostenida, reducción de la violencia y corrección de la concentración del ingreso, el crecimiento económico no se traduce en bienestar. En 2025, Ecuador exhibe crecimiento sin bienestar y una profundización del deterioro social.
Un esquema basado en ajuste contable permanente, priorización del pago de la deuda, subejecución del gasto productivo y deterioro de la circulación del dinero no solo es incapaz de reducir la pobreza y la desigualdad, sino que las profundiza y traslada sistemáticamente el costo del ajuste a la mayoría de la población.
El objetivo de la economía no es tranquilizar mercados ni cumplir metas formales, sino mejorar la calidad de vida de la población, especialmente de las personas más necesitadas. Mientras la política económica siga protegiendo de facto al quintil más rico y trasladando el costo del ajuste a salarios, empleo y servicios públicos, la narrativa de que se han logrado importantes avances que benefician a la población puede resultar cómoda en el discurso público, pero es socialmente falsa.
Econ. Marco Flores T.
Diciembre 23 de 2025
Fuentes:
· Banco Central del Ecuador. Serie PIB real y nominal 2000-2024. Archivo Excel.
· Ministerio de Economía y Finanzas. Boletín de Deuda Pública. Septiembre 2025.
· Instituto Nacional de Estadística y Censos. Empleo por población. Octubre 2025.
· Global Peace Index 2025.
· CEPAL. Estadísticas y balances sociales.
· FMI. Informes y acuerdos con Ecuador.
· UNICEF. Indicadores sociales seleccionados.
· BCE IEM-441-e previsiones macroeconómicas 2025-2026.
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