@sergiocarlo Tal vez ese no sea tu caso, Sergio, porque probablemente tienes los medios para asumir 100% la responsabilidad que ese riesgo conlleva en el peor escenario. Pero en el país no puede legislarse por la excepción, sino por la realidad más afín a la generalidad de nuestra sociedad
@sergiocarlo Estimado, pudiéramos hasta obviar al que muere por gusto; pero si queda inválido, la tragedia arrastra a su familia, al Estado y hasta al tercero envuelto en el accidente. Hay decisiones personales que terminan afectando al colectivo, y si la ley intenta evitarlo, es justa y útil
@abuenohenriquez@marcosbarinas Esa tendencia no la para nadie. Los profesionales estamos siendo afectados en el volumen de solicitudes de servicio, unos más que otros. Algunas personas todavía no saben que así les sale más cara la sal que el chivo.
@Starlin1947698@Radhames50@DarioAlexander1 Es difícil en todos los contextos, debido a que la pena mínima es muy baja. Entonces, los jueces suelen evitar la prisión preventiva para no convertirla en un castigo anticipado.
@alexis2816@DarioAlexander1 Cierto, pero dudo mucho que esa práctica se pueda erradicar en vehículos del sector público, por razones operativas. En cambio, a un amigo lo fiscalizaron por llevar unos muebles en la cama de su camioneta y no los cubrió con una lona. Lo que no hacen con las volquetas de arena.
@AronyFernandez@RDSomosPueblo@digesettrd_ Claro, eso lo hemos observado también. Ellos no impiden que el motorista entre, porque la primera intención es fiscalizarlo (no ordenar). Sin embargo, cuando alguien hace malabares en lugares restringidos, pedimos consecuencias… he ahí las consecuencias. No son ideales, pero son
@albertpaulino4 No estoy de acuerdo con esos niveles de violencia, pero deberían decir que vehículo tiene la persona que graba o que modificación le hizo… (el dato no es para mi, sino para contárselo a alguien).
@hectorherrerac Pudiera ser cierto, pero deben decírselo al tribunal. Pese a lo avanzada que está la tecnología, todavía las cámaras y los micrófonos no han sustituido el papel legítimo de los jueces, a la hora de dictar decisiones sobre la conducta humana