Y fue la senadora Alejandra Omaña la que se atrevió a hablar, en el @SenadoGovCo , del asesinato del periodista Cristian Herrera, a manos presuntamente del representante Ariel Rodriguez.
La senadora recordó que los primos del congresista son los autores materiales del crimen y le pidió a la Fiscalía celeridad en la investigación @aleomanao
🚨🇨🇴Impresentable e indignante que el representante liberal ariel rodriguez, principal sospechoso del asesinato del periodista Cristian Herrera, se haya posesionado sin aclarar su participación en ese magnicidio. Gracias senadora, por esa valiente denuncia. 💪
@UltimaHoraCR@ranoguera@deluque Tranquilos que ya vienen los bodegueros de Abelardo a explicarnos por qué estuvo bien que el tigre de Temu escogiera al hijo de este bandido como presidente del Senado. ¡TRANQUILOS!
O sea que Abelardo y Restrepo se arrastraron, se humillaron y se le arrodillaron a Donald Trump para que de todas maneras nos metieran aranceles del 12.5% ¡JAJAJA! Y todo ese show que hicieron yendo hasta Washington a decir que eran amigos del país americano ¡Bobos hijueputas!
¡LOS CÓMPLICES!
No hay motivo para felicitar a un Congreso que decide inaugurar su periodo avalando un derroche de más de 20 mil millones de pesos del erario, mientras millones de colombianos sobreviven entre la pobreza, el hambre y el abandono. La austeridad es un deber ético y una muestra mínima de respeto por los ciudadanos que sostienen el Estado con sus impuestos.
La Constitución dispone que el Presidente de la República presta juramento ante el Congreso, no que el Congreso deba acomodar sus actos solemnes a la voluntad del Presidente. Quienes respaldan ese cambio se convierten en cómplices del despilfarro y de un precedente que subordina la institucionalidad al capricho de un solo hombre. @DELAESPRIELLAE.
Vuelve el de la ignorancia artificial a embrutecer ingenios y débiles de conocimientos.
No ve que la gráfica muestra es un acumulado de la deuda de Duque y su ministros de hacienda Carrasquila y Restrepo de endeudar el país estúpidamente para dar subsidios a los más ricos y subsidios a la gasolina, y la decisión de Cárdenas, ministro de Santos, de convertir la bonanza petrolera en deuda más con el golpe de subir las tasas de interés del Banco de la República y no ve que es mi gobierno el que tuerce la curva de total de endeudamiento, como ningún gobierno, hacia abajo y con éxito, mostrando como se desendeuda un país y hace su deuda sostenible.
Por eso vimos crecer la económía real de a Colombia a un 4,1%, quizás la tasa más alta de crecimiento de algún país de la OCDE en Mayo
🚨¿Por qué esto no es un escándalo nacional? ¿Ya conocen a Saúl Cruz Bonilla? Un funcionario administrativo del Senado que le cuesta al Estado más que el propio presidente de la República. Lleva más de 20 años y gana 123 millones de pesos al mes. ¿Por qué todo el mundo está en silencio con esto? ¿Por qué ni los políticos de las diferentes bancadas no han la denuncia? Es un silencio muy ruidoso. VAMOS A LEVANTAR LA VOZ.
Germán Calderón tiene que hacer un curso intensivo de hermenéutica jurídica antes de posesionarse como Director de la Agencia Jurídica del Estado.
No confunda la potestad de dictar decretos reglamentarios (para desarrollar la ley) dada constitucionalmente al presidente de la República, con la de expedir decretos leyes. Para esta última, debe estar autorizado expresamente por el congreso de la República.
Le recuerdo que el presidente sólo puede hacerlo excepcionalmente, decretando el Estado de excepción y en los términos de la constitución.
Aprender es fácil, solo se requiere leer. Un presidente no puede gobernar con decretos leyes, ni auto atribuirse las facultades del congreso como cuerpo legislador. Por algo hay separación de poderes.
Presidente, creo que usted está mal informado.
El director de la @UNPColombia, Augusto Rodríguez, protegió a este señor. Retiró al abogado que representaba a la UNP dentro del proceso penal que promoví y llevé hasta juicio. Desde ese momento, la entidad dejó, de manera inexplicable, de asistir a las audiencias y de colaborar con el esclarecimiento de los hechos.
Además, le entregué personalmente al director las pruebas de que este funcionario público ejerció como abogado defensor dentro de un proceso, una actuación que debía ser investigada. ¿Qué pasó? Nada.
La pregunta es inevitable: ¿por qué la UNP decidió abandonar el proceso y no actuar frente a las pruebas que tenía en sus manos? ¿Augusto Rodríguez le tuvo miedo al poder?
Ese sindicalista fue denunciado incluso por su propio hijo por presunta violación. ¿El resultado? Tampoco pasó nada. Parece que algunos personajes gozan de una inmunidad. La justicia no puede seguir funcionando con una vara para unos y otra para los protegidos del poder.
Están todas las pruebas judicializadas de como el exgerente de Coosalud y sus hijos con ayuda del señor Rafael Santos y Jaime Pastrana se robó el dinero público que se entregó a esa EPS.
Y cómo el abelardista Joaquín Gutierrez es otro protagonista del robo millonario a la salud a quien hoy quieren poner a dirigir la salud.
Ya se probó como se perdieron once billones del erario ayudado por el alterado de estado mental: Enrique Vargas Lleras quien dirigía a Cárdenas el presidente de la EPS, hoy preso.
Hoy están judicializadas las pruebas de los flujos al exterior de los dineros públicos que por billones giro el estado a las EPS de Keralty, en Sanitas.
Ya está probada judicialmente, sin acción de la fiscalía, la utilización en crímenes de muchos de los dueños de las EPS privadas de Colombia.
Está probado que el próximo presidente se enriqueció con los dineros públicos que se trasladaron a las EPS que ayudaron financieramente al narcoparamilitarismo
¿Les van a dar más dinero público a las EPS privadas? ¿Habrá más magistrados ayudando al robo del pueblo y a la muerte por no atención?
Más cartel de la toga que promocionó Germán Vargas Lleras, y que el abogado Gustavo Moreno, el zar corrupto de la anticorrupción puesto por Vargas Lleras y Néstor Humberto Martínez en la Fiscalía general, para que organizara el cartel de la toga con los dineros de los acusados, y corrompió magistrados dañando a profundidad el poder judicial de Colombia, hermanos de Germán Vargas Lleras, con ayuda de los grandes "cacaos" de tomaron los controles en la Camara de comercio de Bogotá para elegir árbitros en los tribunales privados de conciliación bien pagos con fallos en contra del estado es decir, contra el pueblo, siga silencioso sin decir la verdad o extorsionando para decirla, mientras lleva el.proveso d emos corruptos que se robaron la UNGRD, tratando de ver, son poder, algún complicidad mia?
Señor Abelardo de la Espriella va a usted, como presidente, a continuar con el mayor robo de la historia de Colombia al pueblo, ocultando con su acusación falsa de corrupción a mi gobierno, su propia corrupción real y personal en el robo a la salud en Colombia?
¿Un hombre sucio se viene a limpiar sus uñas con nuestra honradez?
Abelardo, no se le ocurra permitir que se roben ni un peso más de la salud del pueblo, ni se le ocurra enriquecerse usted más con la salud del pueblo colombiano.
Si usted, Abelardo, coge el dinero destinado a la salud pública de Colombia para entregárselo a los dueños privados de las EPS no será un presidente, sino un ladrón de cuello blanco.
Es obligación de todo colombiano mostrar a todo el mundo como nos hicieron FRAUDE en las elecciones presidenciales de Colombia!!
Este es el link con las pruebas ya judicializadas presentadas por el gobierno de nuestro presidente!!
https://t.co/QjTjtRXs40
Bogotá acudió a mi llamado, hicimos un plantón frente al @CNE_COLOMBIA para exigir que nos devuelvan nuestra segunda curul.
Ustedes no me eligieron para agachar la cabeza, sino para dar la pelea por mi pueblo ¡Aquí estoy, no están solos! ✊🏾🇨🇴
🚨 CRÍTICAS A LA CORTE SUPREMA POR DEMORA EN EL CASO DE ÁLVARO HERNÁN PRADA
La columnista Stella Ramírez Granobles abrió un intenso debate sobre la celeridad judicial en Colombia al cuestionar públicamente la excesiva prolongación del proceso penal que adelanta la Corte Suprema de Justicia contra el exrepresentante Álvaro Hernán Prada. En su análisis, Ramírez argumenta que la administración de justicia no solo debe limitarse a la recolección de pruebas y al cumplimiento formal de las etapas, sino que tiene la obligación constitucional de garantizar el debido proceso mediante la resolución de la situación jurídica del procesado en un tiempo razonable, evitando que las investigaciones se extiendan de manera indefinida sin un cierre claro.
La autora enfatiza que el alto tribunal cuenta con las facultades e instrumentos legales para emitir un fallo definitivo, ya sea absolviendo o condenando al implicado según la contundencia del material probatorio recopilado en el expediente. En ese sentido, advierte con firmeza que permitir que la incertidumbre y la dilación institucional se conviertan en la respuesta permanente del sistema judicial vulnera las garantías fundamentales de las partes involucradas y mina la confianza ciudadana en la efectividad de las altas cortes.