Fiscalía Colombia

Cuenta oficial de la Fiscalía General de la Nación.

Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón.

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De acuerdo con la investigación, la acción violenta estaría relacionada con el liderazgo ambiental ejercido por Diana Carolina Rodríguez Madrigal y con las denuncias que promovía sobre posibles irregularidades en la operación de hornos de coquización y su impacto en los ecosistemas. Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Toro Charriz los delitos de homicidio agravado y hurto calificado, y le fue impuesta medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

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Las actividades investigativas adelantadas por el homicidio de la lideresa ambiental Diana Carolina Rodríguez Madrigal, ocurrido el 11 de abril de 2023 en la vereda La Florida, en San Cayetano (Norte de Santander), permitieron identificar y judicializar al presunto responsable del hecho.

Se trata de Víctor Eligio del Toro Charriz, quien, al parecer, habría actuado por encargo y a cambio de una retribución económica.

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La decisión fue adoptada por el Tribunal Superior de Popayán (Cauca), tras valorar las pruebas y los argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación. La pena deberá cumplirse en centro carcelario.

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La exfiscal de El Tambo (Cauca), María del Socorro Fernández Chávez, fue condenada a 7 años y 3 meses de prisión por los delitos de prevaricato por acción y fraude procesal.

La exfuncionaria participó en un entramado ilegal que impidió la extradición de un ciudadano colombiano a Estados Unidos, requerido por cargos relacionados con el tráfico transnacional de estupefacientes.

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Las intimidaciones serían una retaliación por decisiones administrativas adoptadas, relacionadas con el cierre de folios de matrículas inmobiliarias. Por estos hechos, fue imputado por el delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, y se le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

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Como Juan Andrés Romero Calderón fue identificado el presunto responsable de amenazar de muerte a funcionarios de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Soacha (Cundinamarca). Este hombre habría irrumpido en dos ocasiones en las instalaciones, en agosto de 2022 y en octubre de 2025, portando un arma de fuego con la que presuntamente intimidó a varios servidores. Además, sería quien envió una corona fúnebre al exregistrador.

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Un fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente le imputó los delitos de explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales, daño en los recursos naturales y ecocidio, contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero e hidrocarburos, e invasión de áreas de especial importancia ecológica.

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La Fiscalía presentó ante un juez de control de garantías a Juan Diego Acosta Yandi, señalado como uno de los principales articuladores de la explotación ilícita de oro en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali.

Según la investigación, Acosta Yandi habría promovido el uso de explosivos y sustancias tóxicas, como el mercurio, para desarrollar esta actividad ilegal, afectando cuerpos de agua, suelos y la flora del área protegida.

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La investigación estableció que habrían cometido, al menos, nueve hurtos de mercancía avaluada en más de 1.000 millones de pesos. Para materializar la acción delictiva, al parecer estacionaban automóviles sobre la vía y esperaban el paso de los camiones previamente identificados; retenían a los conductores y se llevaban los vehículos. Por estos hechos fueron imputados, de acuerdo con su participación individual, por los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado, receptación y secuestro simple.

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Siete presuntos integrantes de un grupo delincuencial denominado ‘Polisombras’, que estaría involucrado en el hurto de vehículos cisterna que transportaban aceite de palma en los sectores de La Lizama (Santander), Río de Oro y San Alberto (Cesar), y Ocaña (Norte de Santander), fueron judicializados. Esta estructura ilegal es señalada de interceptar los automotores, apoderarse de la carga y comercializarla en la región del Catatumbo.

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Durante el recorrido, el conductor era intimidado para que entregara las claves de sus aplicaciones bancarias. Con esta información, los señalados realizaban transacciones, compras y transferencias de dinero. Además, se apoderaban del vehículo.

Una fiscal del Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciiones Criminales les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro simple y hurto calificado y agravado. Los procesados no aceptaron los cargos.

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La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Ronald Camilo Vera Pulido, Pedro Alexis Téllez Ariza y Carlos Anderson Méndez Pulido, presuntos integrantes de un grupo delincuencial dedicado al secuestro de conductores de plataformas digitales de transporte y al hurto de sus pertenencias y vehículos en Bogotá.

Según la investigación, los procesados creaban perfiles falsos para solicitar servicios de transporte hacia determinados sectores de la ciudad. Una vez abordaban el vehículo, presuntamente sometían a la víctima mediante el uso de armas de fuego y cortopunzantes, obligándola a ubicarse en la parte trasera para inmovilizarla.

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Naranjo Lemus presuntamente detuvo un articulado para facilitar la huida de los demás involucrados en el asalto y posterior crimen. Por estos hechos, fue imputado por los delitos de homicidio y hurto calificado en grado de tentativa, ambas conductas agravadas.

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Kevin Leonardo Naranjo Lemus, señalado de participar en el crimen de un estudiante universitario el pasado 15 de abril, durante un hurto ocurrido en la estación Minuto de Dios de TransMilenio, en el occidente de Bogotá, fue judicializado y recibió medida de aseguramiento en centro carcelario. La víctima esperaba un articulado para dirigirse a su lugar de residencia cuando fue abordada por, al menos, tres personas que intentaron despojarla de su teléfono celular y la hirieron con arma cortopunzante causándole la muerte.

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#Las5DeLaSemana| Estas son las noticias más destacadas en la Fiscalía General de la Nación.

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Un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales los presentó ante un juez de control de garantías y, de acuerdo con su posible participación en los hechos investigados, les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, concusión, prevaricato por acción y cohecho propio. Ninguno aceptó los cargos.

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La Fiscalía judicializó a cuatro funcionarios de la DIAN en La Guajira, que estarían involucrados a actos contrarios a su deber legal. Tres de ellos habrían exigido dinero a una empresaria para evitar la imposición de sanciones derivadas de procesos de fiscalización tributaria. El cuarto procesado es señalado de entregar información reservada sobre operativos y controles aduaneros a redes dedicadas al contrabando.

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Hernán Romero Muñoz y David Gómez Argote fueron judicializados como presuntos responsables del homicidio de la patrullera de la Policía Nacional Karen Estefany Pajoy Candela, ocurrido el 9 de diciembre de 2025, en zona rural de La Plata (Huila). Los dos hombres, que harían parte de un componente armado de la estructura Hernando González Acosta de las disidencias de las Farc, habrían interceptado a la uniformada cuando llevaba a su hijo al colegio y disparado en repetidas ocasiones. La Fiscalía les imputó los delitos de homicidio en persona protegida, terrorismo y concierto para delinquir agravado.

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Como Alejandro Castañeda Marulanda fue identificado el presunto responsable del ataque sicarial que le causó la muerte a la concejal de Obando (Valle del Cauca), Mileidy Yurani Villada González, el pasado 7 de mayo. Este hombre, que haría parte del grupo delincuencial ‘Los Flacos’, fue imputado por los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y concierto para delinquir. Por solicitud de un fiscal de la Unidad Especial de Investigación, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

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La investigación estableció que la mujer habría incumplido su deber de protección al no gestionar la atención que requería la niña. En ese sentido, fue imputada por el delito de homicidio agravado en la modalidad de comisión por omisión en dolo eventual.

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Con medida de aseguramiento en centro carcelario fue afectada una mujer de 22 años, que estaría involucrada en la muerte de su hija de seis meses, ocurrida el pasado 27 de mayo en Ibagué (Tolima). La niña presentó durante varios días congestión nasal, tos, fiebre alta y episodios de convulsión. Pese al deterioro progresivo de su estado de salud, no recibió atención médica oportuna, situación que derivó en una neumonía que comprometió la vida de la menor de edad.

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