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Columna en abierto
EL CONSEJO DE MINISTROS TAMBIÉN ESTABA ALLÍ
Si Zapatero influyó desde fuera, alguien tuvo que obedecer desde dentro.
La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra no puede servir para cerrar el círculo. Al contrario: debe abrirlo. Porque Zapatero es una pieza enorme, una pieza histórica, una pieza que cambia la escala de la corrupción política en España. Pero Zapatero no aprobó el rescate. Zapatero no se sentó en el Consejo de Ministros. Zapatero no firmó desde fuera un crédito de 53 millones de euros. Ese dinero público lo aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez en Consejo de Ministros el 9 de marzo de 2021. Y esa es la pregunta que ahora quema sobre la mesa: si hubo influencia, ¿quién fue el influido?
La corrupción nunca es solo el que llama. Es también el que descuelga. Nunca es solo el que presiona. Es también el que se deja presionar. Nunca es solo el intermediario que mueve contactos, cobra consultorías o abre pasillos. Es el poder que recibe esa influencia y la transforma en BOE, en acuerdo público, en préstamo participativo, en préstamo ordinario, en millones que salen de la caja común. Por eso la investigación sobre Zapatero no puede quedarse en el expresidente. Si la tesis judicial habla de tráfico de influencias, la política debe preguntar ante quién se ejerció ese tráfico de influencias.
Durante meses se intentó vender Plus Ultra como un expediente técnico. Una decisión administrativa. Un rescate más en mitad de la pandemia. Pero Plus Ultra nunca fue un rescate normal. Era una aerolínea menor, discutida, cuestionada, con vínculos incómodos y una condición estratégica que muchos españoles no fueron capaces de ver ni entonces ni ahora. Y pese a todo recibió 53 millones de euros mientras otras empresas caían, cerraban o eran abandonadas. La cuestión ya no es solo por qué se rescató a Plus Ultra. La cuestión es quién dentro del Gobierno decidió que aquella compañía merecía un trato que tantas otras no tuvieron.
Ahí empieza la verdadera zona de sombra. Porque un expresidente puede influir, puede llamar, puede mediar, puede sugerir, puede ejercer todo el peso de su nombre. Pero un expresidente no convierte una sugerencia en acuerdo del Consejo de Ministros si nadie al otro lado participa. No hay rescate sin expediente. No hay expediente sin informes. No hay informes sin responsables. No hay acuerdo sin ministros sentados alrededor de la mesa. La responsabilidad penal la determinará el juez, pero la responsabilidad política ya tiene dirección: Moncloa, Economía, Hacienda, Transportes, SEPI y todos los que tuvieron el deber de preguntar y prefirieron aprobar.
El Gobierno no puede esconderse detrás de Zapatero. Esa será la tentación: convertir al expresidente en cortafuegos, en anomalía, en personaje externo que actuaba por su cuenta. Pero si Zapatero estaba en el pasillo, alguien le abrió la puerta. Si hubo una influencia organizada, alguien dentro de la Administración tuvo que recibirla. Si hubo una operación política para empujar el rescate, alguien tuvo que vestirla de expediente técnico. Y si el Consejo de Ministros aprobó aquello, el Consejo de Ministros también estaba allí.
Esta es la segunda fase del caso Plus Ultra. La primera pregunta fue qué hacía Zapatero alrededor de una aerolínea rescatada con dinero público. La segunda es mucho más peligrosa: qué hacía el Gobierno de Sánchez aprobando ese rescate. Porque cuando 53 millones de euros salen de la caja pública, no basta con mirar al intermediario. Hay que mirar al firmante. Y cuando el firmante es el Consejo de Ministros, la caza mayor ya no apunta solo al pasado socialista. Apunta directamente al corazón político del sanchismo.
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