• Hablar de fake news y a la vez decir que hubo llamadas.
• Acudir a Negreira cuando el hijo colaboró con el Atlético de Madrid, según cuenta él, y ganasteis una Liga por un gol legal anulado al Barça en dicha época.
• Decir "favor" político cuando el Barça tenía razón frente a LaLiga.
Os habéis convertido en lo que siempre odiasteis. Y todo porque tú mejor jugador quiere irse. El complejo es importante. Patético. De Madrid.
“Hacienda introduce ‘duda razonable’ en el caso Negreira: el relato de corrupción deportiva se desinfla, el foco pasa a la posible administración desleal dentro del Barça.”
La propia Agencia Tributaria reconoce una “duda razonable” sobre si la facturación de SOCCERCAM SL (hijo) está en realidad vinculada a la emitida por DASNIL 95 SL (padre), lo que cuestiona la autonomía material de los informes arbitrales atribuidos a Javier Enríquez y, por extensión, debilita la tesis de una “estructura paralela” de asesoramiento destinada a corromper la competición.
Esa duda opera in dubio pro reo a favor del FC Barcelona, porque erosiona el nexo causal entre los pagos canalizados y un eventual amaño de designaciones o resultados, reduciendo el horizonte típico a un conflicto de lealtades y de gestión interna, pero no a corrupción deportiva en sentido penal estricto.
Además, el propio informe de la AEAT recoge que padre e hijo tenían un pacto verbal para elaborar conjuntamente informes y asesoría arbitral para el FC Barcelona, lo que refuerza aún más la duda razonable sobre quién prestaba realmente el servicio y debilita la tesis de corrupción deportiva.
El propio sumario cuantifica que el exdirectivo Contreras facturó al club 450.120 euros a través de TRESEP 2014 SL, periódicamente mediante facturas de 29.040 euros por “servicios educativo‑deportivos” y otras aisladas, como una de 25.410 euros por “obras realizadas” en accesos al Camp Nou, importes que, en gran parte, terminan reencauzados hacia SOCCERCAM SL por supuestos servicios de asesoría arbitral, reservándose 153.034,75 euros como comisión por su intermediación.
Ese esquema describe mejor un circuito opaco de intermediación y posible administración desleal —desvío de recursos del club a terceros sin contraprestación acreditada y con sobreprecio sistemático— que una verdadera compra de voluntades arbitrales.
En este contexto, la posición procesal del Barça se desplaza desde el centro de una imputación por corrupción deportiva hacia un plano más próximo al de eventual perjudicado o, en el extremo, corresponsable contable por tolerar una intermediación innecesaria y enriquecedora para Contreras.
La ausencia de prueba de pagos a árbitros o de influencia efectiva en resultados, unida a la “duda razonable” sobre la autoría real y el valor añadido de esos informes, refuerza la calificación como administración desleal/estafa al propio club y desdibujan la narrativa de un plan criminal orientado a alterar la pureza de la competición.
En suma: hay demasiados indicios de que se inflaron facturas y muy pocos de que se compraran árbitros.
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