Un drama humano y animal se desarrolla ante la notificación de una sentencia que obliga a desalojar un santuario con más de 125 perros, 50 gatos, dos caballos y otras especies en riesgo, fijando como fecha límite el próximo 11 de julio. El refugio es sostenido a pulso por apenas dos personas que, desde el paso del huracán Fiona, han buscado terrenos y apoyo internacional sin éxito, costeando la alimentación, vacunación y esterilización de los rescatados principalmente con una pensión. El alcalde de Las Terrenas, Eduardo Esteban, tiene conocimiento formal de la situación desde el 22 de febrero de 2023, mientras que el Concejo Municipal conoció los detalles sobre las condiciones inhumanas e insalubres del lugar durante una sesión oficial celebrada el pasado 5 de marzo de 2025.
Ante el litigio judicial, el ayuntamiento correspondiente había solicitado formalmente al tribunal un plazo de seis meses con el objetivo de organizar un traslado digno para los animales desamparados. Sin embargo, dicho periodo de gracia venció el pasado 30 de abril y, hasta la fecha actual, las autoridades municipales no han ejecutado ninguna acción concreta. Esta inacción estatal está dejando a los encargados en una carrera contra el tiempo para evitar que decenas de especies terminen desamparadas en la vía pública al vencerse el límite legal establecido.
Los afectados manifestaron su profunda preocupación debido a que, tras el alcalde haberse comprometido públicamente en video a resolver la problemática, ahora no da la cara ante la comunidad. La denuncia toma mayor urgencia tras confirmarse que los encargados ya recibieron de manera oficial la notificación legal del desalojo. Con el reloj en contra, los protectores reiteran de manera contundente que no tienen la capacidad de abandonar a los animales en la calle y exigen una respuesta inmediata de las autoridades responsables.
@EuricSanti@diogeneshd_ Si vives en el polígono central, no vale el esfuerzo debatir si 150k dan o no, por que simplemente para esa gente no existen problemas de 150k. El tema debe tratarse donde vive la mayoría y en ese entorno, 150k es un mundo.
Una joven emprendedora denunció entre lágrimas el calvario que padece desde hace dos meses tras haber sido víctima de un asalto físico donde le despojaron de sus tarjetas de crédito y débito, acumulando consumos fraudulentos por una suma que supuestamente supera los 308,000 pesos.
La afectada explicó que, debido a que el robo se ejecutó con los plásticos en físico, las entidades bancarias supuestamente asumieron el caso a su manera y no como un asalto, lo que ha colocado su negocio —el cual levantó desde cero— en un inminente riesgo de embargo. Manifestó además que, a pesar de haber entregado a las autoridades correspondientes videos, fotos, nombres, direcciones e incluso una orden de arresto contra los sospechosos, no ha recibido ninguna respuesta.
Ante la desesperante situación y la supuesta inacción judicial que atenta contra su sustento, la denunciante hizo un vehemente llamado a la ciudadanía y a los medios de comunicación para que compartan su caso y etiqueten a las autoridades competentes, exigiendo que se haga justicia y se proceda con la detención inmediata de las personas que arruinaron su estabilidad financiera.
@EuricSanti Pero fue victoria aún haya sido por un voto, fueron más los que no querían lo que Petro representaba. Si el presidente resulta ser entreguista, ya los mismos colombianos decidirán si están mejor así o no. Son menos pendejos que nosotros creeme.
La madre de la menor de edad Luna realizó un llamado público a la solidaridad nacional e internacional con el objetivo de recaudar los fondos económicos restantes que permitan costear una intervención quirúrgica compleja y de alta urgencia en el extranjero para preservar la vida de la infante.
La progenitora informó que ya completaron de manera satisfactoria los trámites burocráticos correspondientes, contando en la actualidad con los pasaportes oficiales listos y las visas humanitarias aprobadas para realizar el traslado internacional. Explicó que el único obstáculo remanente para acceder al procedimiento médico es alcanzar la meta financiera establecida para cubrir la totalidad de los costos hospitalarios.
@rosa.mariabonilla
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La madre de un adolescente de 13 años de edad solicitó el apoyo solidario de la ciudadanía para poder costear los gastos correspondientes al tratamiento médico del menor, quien fue diagnosticado recientemente con una condición de salud de alta complejidad.
De acuerdo con las declaraciones de la progenitora, la situación económica de la familia es limitada, lo que les impide asumir de forma independiente los costos de los procedimientos. Explicó que cada uno de los estudios especializados a los que ha sido sometido su hijo conlleva un gasto aproximado de 28 mil pesos.
Ante la falta de recursos para enfrentar los compromisos médicos pendientes, la madre apeló a la sensibilidad de la población y de las instituciones benéficas. Las personas o fundaciones interesadas en canalizar algún tipo de ayuda económica o colaboración para esta causa pueden comunicarse de forma directa al teléfono 829-489-2063.
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Juli Cuello, una madre soltera residente en Najayo Arriba, provincia San Cristóbal, solicitó el apoyo de la ciudadanía para costear una cirugía tras ser diagnosticada con un tumor en la columna vertebral. La afectada explicó de manera pública que su seguro médico rechazó la cobertura del procedimiento quirúrgico bajo el argumento de que este tipo de operación no se encuentra contemplado dentro de su catálogo de servicios. El costo total de la intervención médica asciende a una suma de 340,000 pesos, una cantidad económica que resulta completamente inalcanzable para ella debido a su condición de ama de casa encargada del sustento directo de sus dos hijos menores de edad.
La denunciante narró el doloroso proceso físico que padece diariamente debido a la enfermedad, el cual le genera fuertes crisis que se extienden por semanas y le impiden sentarse, acostarse o permanecer de pie con normalidad. Cuello relató con desesperación las dificultades que enfrenta al regresar de sus labores hacia San Cristóbal, trayecto en el que se ve obligada a llorar de dolor dentro del transporte público ante la mirada de los pasajeros. Quienes deseen colaborar económicamente con su causa médica pueden realizar sus aportes directos a la cuenta de ahorros del Banco de Reservas número 9606571010, a nombre de Yuli Puello Castillo, o comunicarse directamente al teléfono 809-843-8214.
@RDSomosPueblo Si esta en zona protegida o de amortiguamiento, bien hecho por medio ambiente, pero también llama a sospecha que hay poderosos presionando negocios locales para sacarlos del nuevo esquema turístico de la zona.
SALE A LA LUZ ESTAFA INMOBILIARIA MÁS GRANDE QUE INDISARQ - PUNTA CANA MACAO
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Un polémico incidente que genera un amplio debate en las plataformas digitales se registró en la ciudad de Santiago de los Caballeros, donde un ciudadano presuntamente resultó agredido de manera física y posteriormente retenido por las autoridades tras documentar con su teléfono celular la actuación de varios empleados públicos en la vía pública.
De acuerdo con las versiones que circulan en diferentes medios digitales, el suceso quedó registrado en un material audiovisual que comenzó a viralizarse de forma acelerada, provocando múltiples reacciones entre los usuarios, quienes cuestionan el procedimiento y el nivel de fuerza utilizado por el personal actuante durante el altercado.
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La ciudadana Lissette Gil denunció públicamente que fue víctima de una supuesta estafa en el Banco BHD, entidad de donde presuntamente le extrajeron la suma de 52,000 pesos de tres de sus cuentas bancarias el pasado 2 de febrero. Tras interponer una querella, la Fiscalía identificó al nombrado Noelvis Payano de la Cruz, de 21 años y residente en Bonao, como el supuesto responsable de transferir el dinero a su cuenta personal de la misma entidad para luego retirarlo en un cajero automático. La afectada calificó como inaceptable e irresponsable que, a pesar de estas evidencias legales, el banco le notificara mediante un correo electrónico que sus reclamaciones resultan improcedentes.
Gil hizo un enérgico llamado a la Superintendencia de Bancos y a Pro Consumidor para que intervengan formalmente en su caso y no permitan que la institución financiera se lave las manos ante la vulnerabilidad de su sistema de seguridad. La denunciante vinculó su situación con el reciente escándalo de una supuesta estafa millonaria que superaría los 300 millones de pesos dentro del mismo banco, presuntamente perpetrada por personal interno. Aseguró que mantendrá sus cuentas abiertas de manera temporal hasta que se dilucide el proceso judicial, advirtiendo que llegará hasta las últimas consecuencias para defender sus ahorros y exigir el respeto que merecen los consumidores.