Adrian @gommez_adrian - Twitter Profile

about 7 hours ago

El Poder Ejecutivo pretende modificar la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), en consonancia con su pensamiento económico y en línea con el modelo de país que viene implementando. Es responsabilidad histórica de nuestros legisladores y legisladoras analizar este proyecto despojados de una posición política coyuntural. Es necesario entender que las reglas monetarias y el diseño institucional (como sin duda lo es la Carta Orgánica del BCRA) no deben ser materia de simpatía o antipatía hacia el presidente de turno. Se trata de un estatuto que faculta diversas acciones e instrumentos para tiempos normales y otros que pueden ser más complejos, como lo fue la pandemia del Covid, una crisis externa derivada de un conflicto internacional o un crack financiero global. A 32 meses de gobierno, el modelo acumula 329% de inflación (INDEC), provocó el cierre de más de 30.600 empresas y destruyó más de 337.000 empleos —entre asalariados privados, sector público y casas particulares—. Al mismo tiempo, cayó el salario real y se contrajeron el consumo y la inversión. La combinación de inflación, pérdida de empleos, caída del salario real y fuertes aumentos en servicios públicos y transporte deterioró los ingresos de los hogares empujando a las familias a un endeudamiento récord. Un asunto que tiene impacto sobre la economía toda y que genera mucha angustia en las personas. En este contexto el gobierno propone esta reforma de la Carta Orgánica. Supuestamente su objetivo es traer estabilidad monetaria, pero la realidad es otra: con este proyecto aumenta el riesgo macrofinanciero de la economía, se debilita la capacidad de control del sistema bancario y se desalienta la coordinación de las autoridades económicas. Limita la acción del BCRA estrictamente a la preservación del valor de la moneda, desconociendo el funcionamiento de bancos centrales de referencia (como la Fed de EE.UU., el Banco Central de Suiza, Japón, el Banco Central Europeo o el Banco de Israel), cuyas normas y estatutos incluyen, de forma directa o subordinada, referencias a otros objetivos como el empleo, la producción y la estabilidad financiera. Además, pretenden “blindar” a las actuales autoridades del BCRA (designadas en comisión). Introducen un mecanismo de remoción que exige 2/3 de los miembros de ambas cámaras del Congreso, ignorando que las mayorías las determina la Constitución Nacional y la regla básica según la cual una ley de mayoría simple se modifica con otra de mayoría simple. Y lo más grave: faculta al BCRA a utilizar sus reservas como garantía (colateral) de créditos internacionales (artículo 12 del proyecto, modificando el artículo 33 de la Carta). Lo hacen sin límites de monto ni control del Congreso, un resguardo especialmente necesario porque una parte de esas reservas corresponde al encaje de los ahorros privados. En simultáneo, a través del DNU 736/2026, se autoriza a los bancos a otorgar créditos en dólares a agentes económicos sin ingresos en divisas. Así, se flexibiliza una regla clave para evitar el descalce de monedas, introducida luego de la crisis de 2001 y efectiva desde entonces para proteger al sistema financiero y a los ahorristas. Las consecuencias macrofinancieras de los cambios que impulsa el gobierno exceden su mandato y comprometen la estabilidad y el desarrollo futuro.

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