Supongo que pedirle un mínimo de rigor y sensibilidad a un tipo que llegó a decir, por ejemplo, que Mónika Silva se había suicidado es pedir demasiado.
Mejor explica cómo entraron las armas a unas cárceles que ustedes supuestamente controlan.
🔴 Denunciamos que la escolta legislativa no permitía el ingreso del abogado del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, Julio César Cueva, quien fue invitado formalmente por la Comisión de @DerHumanosAN para tratar los aportes y observaciones sobre la independencia judicial, las posibles presiones e interferencias en las actuaciones administrativas y disciplinarias del Consejo de la Judicatura. #DemocraciaSíDictaduraNo
Decían que los delincuentes se disfrazaban de militares para cometer delitos… yo veo a delincuentes aprovechando el uniforme para cometer delitos con absoluta impunidad. ¿Qué hubiera pasado si no existían testigos? ¿Si nadie los hubiese grabado?
Esta guerra no es una guerra contra la delincuencia, es una guerra contra los más pobres.
Hace una década, desde ciertos sectores se instaló la idea de que Ecuador padecía un supuesto “Estado obeso”. Se demonizó el crecimiento del sector público, aunque ese crecimiento estaba compuesto, en gran medida, por médicos, maestros, policías y personal sanitario; sin embargo, los resultados estaban a la vista. Un informe del Center for Economic and Policy Research, publicado en 2017, señala que entre 2007 y 2017 la inversión pública pasó del 4% al 14,8% del PIB, el gasto social se duplicó y la pobreza se redujo en un 38%. Y eso redundó en mejoras en materia de seguridad. Mientras el Estado se fortalecía, la tasa de homicidios cayó de 18 a apenas 5 por cada 100.000 habitantes, el nivel más bajo de la historia reciente. Hoy, después de años de recortes, despidos, privatizaciones encubiertas y debilitamiento institucional, el país bordea las 50 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, enfrenta hospitales desabastecidos, servicios públicos deteriorados y una crisis que atraviesa cada hueso de la estructura nacional. Aun así, Daniel Noboa insiste en celebrar nuevas reducciones del aparato estatal; pero si algo demuestra la experiencia ecuatoriana es que un Estado cada vez más famélico no genera eficiencia ni prosperidad. Y cuando el Estado retrocede, lo que avanza no es el bienestar, sino la precariedad, la desigualdad y la violencia que hoy marcan la vida cotidiana de millones de ecuatorianos. Vean este reportaje y contrasten ⬇️
https://t.co/I7heVYb1Nn
Ayer, en ejercicio de mi derecho constitucional de petición, solicité al CNE que actualice los insumos técnicos con los nuevos informes sobre el fenómeno de El Niño que dicen que el fenómeno se dará este año, incluyendo el emitido ayer por la Organización Metereológica Mundial.
El CNE responderá que solo los informes de El Niño Caprichoso son los que valen.
Este tipo de comunicados no hacen nada. Son inservibles.
La Comunidad Andina en riesgo existencial y se ponen a hacer comunicados inútiles. El Tribunal de Justicia Andino debe tumbarse inmediatamente la “tasa de seguridad” de Noboa. Es una figura que no existe en la norma andina ni en la ley ecuatoriana. La falta de motivación de la norma emitida por Aduana es evidente y la desproporción también.
El hacer un llamado a ambos presidentes es un acto de hipocresía y alineamiento con Trump y Noboa. La medida inicial la tomó Noboa con una figura ilegal e inexistente.
El mencionar fondos de cooperación para la frontera es también hacer el juego a Trump y a Noboa y retoma el discurso del Departamento de Guerra de Hegseth.
Nada ha dicho la Comunidad Andina sobre el tratado comercial entre Ecuador y EEUU que EXPRESAMENTE dispone que Ecuador desacate la norma andina sobre franja de precios para las exportaciones agrícolas estadounidenses.
Los que ponemos atención advertimos desde el momento 0 que luego de destruir Unasur, Noboa tenía la misión de destruir la Comunidad Andina.
Petro, al contrario, ha venido convocando a la integración andina y ha hecho alusión reiterada a la Gran Colombia.
El Secretario General de la Comunidad Andina debe pensar en términos históricos no en estadísticas medidas en dólares. El Secretario General de la Comunidad Andina debería ser el primero para salir de la crisis -no con parches- con una CONSTITUYENTE ANDINA-GRAN COLOMBIANA y con una propuesta de POSICIÓN ANDINA COMÚN FRENTE AL TRÁFICO DE ARMAS DESDE EEUU (IRON RIVER) Y EL PERÚ, causa inmediata de la violencia homicida en nuestra región.
Contrario a lo que pedía Noboa, ahora el tratado pasará por una revisión exhaustiva.
Gracias a los cientos de ecuatorianos patriotas que compartieron su indignación con la Corte Constitucional.
Ahora comienza una fase compleja aunque no debería serlo. El TBI es abiertamente inconstitucional y antidemocrático.
Hoy alzo mi voz por tí, tú que sacrificas tu vida, tú que que te levantas temprano para alimentarnos, tú que cuidas del agua, tú que elevas tú voz en las calles, tú que defiendes la vida, tú que vives con miedo, tú que nunca pierdes la esperanza, tú que nunca te riendes de rodillas, tú que eres la razón por la que yo estoy aquí.
#NoLeyMinera
#ArchivaLeyMinera
Fiscalía no puede seguir siendo el botín político de turno. No puede ser la cuota que se negocia ni la pieza que se mueve para proteger intereses.
El país necesita una institución que no tiemble frente al narcotráfico, ni frente a la corrupción estructural, ni frente a las presiones del poder.
Por eso, más que dispersarnos en múltiples candidaturas, creo que debemos concentrar respaldo en un perfil que ha demostrado valentía, rigor y autonomía; alguien que desde su espacio desenmascaró las grietas de una justicia infiltrada por el narco, sin cálculo político y sin ambiciones personales.
Hago un llamado público a abogados, jueces y fiscales que aún creen en la decencia judicial: respalden y exijan un proceso que tenga como pilar la idoneidad y la independencia.
Exhortemos públicamente y respaldemos al PhD Dr. Carlos Serrano, juez anticorrupción, como una opción que representa solvencia académica, trayectoria profesional y carácter frente al poder. Alguien que no podrá ser difamado ni atacado. Alguien que aspiró no será funcional a nadie.
La Fiscalía debe volver a ser una institución al servicio de la ley, no de intereses. Donde se persiga delitos independiente de la bandera política de la persona, sus convicciones y su ideología.
El otro proyecto de Ley económico urgente de Fortalecimiento de la Energía y Minería que envió @DanielNoboaOk a la @AsambleaEcuador, en varios de los artículos 👇se propone facilitar y garantizar el suministro de minerales críticos y tierras raras a Estados Unidos en sus faces de exploración, extracción, procesamiento y refinación, con lo cual se busca reposicionar a las empresas estadounidenses y al dólar americano, en una franca y abierta disputa geopolítica con China.
El pasado 4 de febrero el gob. del “Nuevo Ecuador” suscribió el acuerdo "Marco para el Aseguramiento del Suministro en la Minería y el Procesamiento de Minerales Críticos y Tierras Raras" con Estados Unidos, que según información publicada por la Secretaría de Estado de Estados Unidos, debería entrar a operar en los próximos meses. Previamente, el 28 de enero de 2026, @DanielNoboaOk presentó el proyecto de "Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía" que se encuentra en proceso de aprobación en la @AsambleaEcuador.
Probablemente después se proponga suscribir un acuerdo de inversión con arbitraje internacional o un tratado de libre comercio con capítulo de inversión (Canadá solicitó tratado de comercio). Los inversionistas (entre ellos ecuatorianos) quieren impunidad corporativa frente a potenciales daños ambientales irreversibles que se vienen con los grandes proyectos mineros, por eso hay mucho interés en lo que la @CorteConstEcu resuelva respecto al TBI Emiratos Árabes Unidos-Ecuador.
De pasar este último, claramente inconstitucional, servirá como antecedente para que @DanielNoboaOk firme con estos otros países y haga tabla rasa la Constitución con la potencial complicidad de la @CorteConstEcu. La administración del “Nuevo Ecuador” durará lo que tenga que durar pero los millonarios pasivos deberá asumir el Estado ecuatoriano.
Recordemos los 90, acuerdos de inversión para blindar a la empresas petroleras estadounidenses. Texaco-Chevron es un vivo ejemplo que dejó pasivos ambientales, interpuso arbitraje internacional y ahora el Estado (no quienes suscribieron estos acuerdos y leyes nacionales lesivas) es quien debe pagar USD 215 millones, en medio de una delicada y preocupante situación fiscal. Extraen recursos estratégicos, hacen acuerdos para blindar la repatriación de grandes capitales producto de la rentabilización de la inversión, incluyen arbitraje internacional para atar de manos al Estado frente a cualquier acción en favor del interés nacional y terminan interponiendo demandas millonarias en centros de arbitraje internacional fuertemente criticados por su sesgo pro inversor.
Cabe recordar lo expresado recientemente por el Subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales de EEUU, Caleb Orr: “Ecuador es relevante porque concentra cobre, oro y potenciales tierras raras en una región políticamente cercana a EEUU… Garantizar insumos para baterías, semiconductores y defensa, durante las próximas décadas”.
Considerando estos antecedentes, hay que mirar el contenido del último proyecto de ley minero, al que se puede acceder en la web de la Asamblea y lo que publicó el Departamento de Estado de los Estados Unidos en su página web y su iniciativa “Pax Silica”, toda vez que no se ha hecho público el acuerdo "Marco para el Aseguramiento del Suministro en la Minería y el Procesamiento de Minerales Críticos y Tierras Raras" con Estados Unidos. Según algunos medios de prensa, el texto garantizaría exclusividad a Estados Unidos, lo cual es MUY GRAVE.
En el marco del juicio político a Godoy, Viviana Veloz (RC) en su calidad de ponente, pide que se certifique si el CPCCS notificó sobre la renuncia a la Asamblea.
El Secretario Gral indicó que no ha recibido ninguna notificación, por ende Veloz pide que se lo destituya y censure.
Bueno y llegó la confirmación:
Las sanciones fueron impuestas [no para afectar a un gobierno o a un gobernante sino] para destruir la economía del país y crear una crisis humanitaria.
En el derecho de guerra, la coerción económica es considerada castigo colectivo, un delito de lesa humanidad