¿Quién financia este desecho de noticia en @levante_emv? ¿El lobby del gas o el de las renovables que quieren cobrar el precio del gas?
Presentar como catástrofe «18 toneladas de uranio gastado altamente radiactivo» es pura intoxicación informativa.
La realidad: ese combustible cabe en solo dos contenedores secos ENUN 52B, de unos 4,3 m de altura y 2,5 m de diámetro. Diseñados y fabricados en España, están autorizados por el CSN para resistir impactos, terremotos e incendios. Tras unos años en piscina, el combustible ya no necesita electricidad ni refrigeración activa: se enfría de forma pasiva y solo requiere el blindaje de acero y hormigón que ya incorpora el contenedor.
Ese combustible se gestiona con protocolos internacionales de máxima seguridad, ocupa escasos metros cuadrados y está bajo control total. No se libera al aire ni al agua, ni causa daños a nadie. Mientras tanto, las centrales de gas emiten cada año millones de toneladas de CO₂ y sustancias contaminantes que respiramos todos… y eso nunca aparece en titulares alarmistas.
La energía nuclear es, además, la única fuente que asume por ley y por adelantado el coste total de sus residuos y su desmantelamiento, a través de la tasa Enresa. Ni el gas ni el carbón han pagado nunca la factura real de sus emisiones, y en renovables la situación es la siguiente:
☀️ Paneles solares: Están incluidos en la normativa RAEE (Real Decreto 110/2015, que transpone la Directiva 2012/19/UE), lo que obliga a los productores a responsabilizarse de su reciclaje. Pero la regulación es genérica y no detalla cómo gestionar todos los componentes, dejando vacíos importantes en la práctica.
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💨 Aerogeneradores: En España no existe todavía una normativa específica que obligue a los promotores de parques eólicos a gestionar sus residuos al final de la vida útil. La propia literatura académica reconoce esta laguna legal y la falta de transposición completa de la directiva europea. Por eso se han lanzado programas como Renocicla, financiado con dinero público de los fondos Next Generation, para cubrir un vacío que debería ser responsabilidad de los promotores.
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Lo que tampoco se menciona es que Cofrentes evita más de 7 millones de toneladas de CO₂ al año, garantizando durante 40 años más de la mitad de la electricidad de la Comunitat Valenciana sin interrupciones, sin depender de sol o viento.
Demonizarla con titulares tendenciosos no es periodismo: es militancia o mercadeo disfrazados de información. Y el resultado ya lo conocemos: cerrar una central eléctrica que proporciona energía estable y baja en emisiones significa sustituirla por gas importado, más caro y contaminante.
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Cada vez que hablo de instalar nuevas centrales nucleares o del almacenamiento de residuos, alguien suelta el argumento fácil: «Muy bien, pero que lo pongan al lado de tu casa». Lo dicen como si fuera un ataque demoledor, como si esperaran que, al imaginar la central cerca, me entrara el pánico.
Quizás no sepan que llevo 27 años trabajando en una central nuclear con dos reactores, y que mi mujer y yo hemos criado a nuestros hijos, sanos y fuertes, muy cerca. No tenemos miedo. Ni al reactor. Ni a los residuos.
Quien dice esa frase, en el fondo, no me está hablando a mí: se está hablando a sí mismo. Está proyectando su miedo. En psicología, eso se llama proyección: atribuir a otros lo que uno no puede asumir en sí mismo. Lo que realmente está diciendo es: «yo no podría vivir tranquilo si estuviera tan cerca». Es un miedo legítimo, pero nace del desconocimiento.
El mayor temor suele ser a los accidentes. Pero la realidad no tiene nada que ver con lo que muestran las películas o los discursos antinucleares. Solo ha habido tres accidentes graves en centrales civiles: Three Mile Island (1979) y Fukushima (2011), sin víctimas por radiación; y Chernóbil (1986), una excepción causada por un diseño deficiente (sin edificio de contención, por ejemplo), graves irresponsabilidades y un régimen totalitario. Aun así, sirvieron para reforzar los estándares de seguridad. Y algo que casi nadie sabe: en más de 60 años de operación nuclear civil, nadie ha muerto por la gestión de los residuos radiactivos.
La seguridad no es una ilusión: es un sistema muy sólido. Según el @IAEAorg, la energía nuclear se apoya en múltiples capas: marcos legales estrictos, supervisión nacional e internacional, cultura organizativa exigente, seguridad de las instalaciones, protección radiológica, gestión rigurosa de residuos, transporte controlado y preparación ante emergencias. Cada una de esas capas aporta una barrera al error, lo que convierte a la nuclear en una de las formas más seguras de producir electricidad.
Según un informe de @UNECE, que analiza el impacto ambiental y sanitario de todas las fuentes de electricidad a lo largo de su ciclo de vida, la energía nuclear tiene las emisiones de CO₂ más bajas y uno de los menores impactos en uso de suelo, recursos minerales y salud humana. Es, simplemente, una de las opciones más sostenibles que existen.
Así que no, no me ofende que me digan que pongan una central nuclear al lado de mi casa. Solo me causa vergüenza ajena.
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La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha afirmado que «los consumidores no pagarán el encarecimiento de la gestión de residuos». Algo tendencioso, porque nadie ha planteado que lo paguen los consumidores. El problema es por qué se ha encarecido.
La causa es clara: el Gobierno ha roto el pacto firmado en 2019 con las eléctricas para cerrar gradualmente las centrales nucleares. Aquel acuerdo incluía un compromiso fundamental: construir un Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas, como solución técnica y económica para la gestión de residuos radiactivos. Pero el Ejecutivo ha cancelado unilateralmente ese proyecto por razones puramente políticas, tras haberlo paralizado durante años sin ninguna justificación técnica.
En su lugar, el Gobierno ha impuesto un nuevo modelo de almacenamiento descentralizado (ATD), que obliga a construir un almacén individual en cada central nuclear. Eso multiplica los costes, complica la logística y dificulta la supervisión. Según el borrador del nuevo Plan General de Residuos Radiactivos, esta decisión añade más de 2.200 millones de euros al coste total de gestión, que el Gobierno obliga ahora a pagar a las empresas eléctricas mediante un incremento del 30% de la tasa Enresa.
En otras palabras: es el propio Gobierno el que ha generado ese sobrecoste innecesario. Y al negarse a revisarlo, está penalizando a las eléctricas por cumplir su parte del acuerdo.
El colmo es que este encarecimiento se utiliza para ayudar a forzar el cierre patronal de las nucleares por no ser rentables. Pero si no se cerraran, el coste anual por residuo sería mucho menor, porque se repartiría entre una producción mucho mayor de electricidad. Y si se retomara el ATC, la gestión sería más barata, más eficiente y más segura.
El Gobierno no solo incumple el pacto que firmó. También impone una solución más cara y menos razonable, y luego presume de que el consumidor no lo pagará. Pero el coste lo pagará alguien: la industria, la competitividad y, en última instancia, el país.
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Entre 2022 y 2024, 10 000 cristianos fueron asesinados en Nigeria. Detrás de sus muertes se encuentran grupos islámicos como Boko Haram, que impone la sharía y tortura a sus prisioneros.
Es un genocidio silenciado, igual que el cometido contra los armenios o los blancos en Sudáfrica.
🔴 #EXCLUSIVA || Open Arms recorre más de 1.800 kilómetros para recoger a decenas de inmigrantes ilegales frente a las costas tunecinas.
⚠️ Llegó a situarse a escasas 30 millas náuticas del litoral de #Túnez.
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España tiene las segundas mayores reservas de uranio de la Unión Europea continental, como documenta el Libro Rojo del Uranio de la Agencia Internacional de la Energía. https://t.co/JfnYcHLj06
Sin embargo, la extracción de minerales radiactivos como el uranio está prohibida por el artículo 10 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética. Esta prohibición fue impulsada por el propio Gobierno, lo que le permite afirmar, de forma deshonesta, que «no tenemos uranio». https://t.co/2Fe4fItlfJ
Algunas publicaciones envejecen muy mal, y demasiado rápido.
Ha bastado un único suceso iniciador —todavía por esclarecer— para desestabilizar la red eléctrica, desconectar buena parte de la generación solar y eólica (que en ese momento aportaban el 78% de la producción) y precipitar con ello la caída de todo el sistema.
La falta de generación síncrona —con la mitad de la potencia nuclear parada por precios bajos e impuestos abusivos, sin apenas ciclos e hidroeléctricas— ha dificultado estabilizar la red y evitar el apagón.
La generación síncrona aporta inercia y capacidad de respuesta instantánea frente a perturbaciones. Con más generación síncrona en servicio, la red habría tenido más resistencia frente al fallo inicial y habría sido mucho más probable contener el desequilibrio sin que se produjera el colapso.
Como ha quedado patente y se ha advertido muchas veces, cerrar las centrales nucleares es un suicido energético.
Ha comenzado la Semana Santa en España y, como siempre, no hemos visto celebraciones por parte de casi ningún partido cuando sí las vemos para festividades islámicas.
No soy creyente, pero sí apuesto por defender y preservar las costumbres y tradiciones españolas frente a aquellos que quieren destruir nuestra identidad.
«Para ser un consejero o consejera del Consejo de Seguridad Nuclear, independiente y neutral, no es imprescindible tener conocimientos técnicos extraordinarios en esta materia, aunque evidentemente ayuda. Pero cuidado, que a lo mejor tener demasiados conocimientos, también es contraproducente», dice Pilar Lucio, licenciada en Ciencias Políticas y Sociología, y consejera del CSN desde hace seis años, a propuesta del PSOE.
El artículo 5 de la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, establece:
«El Presidente y Consejeros del Consejo de Seguridad Nuclear serán designados entre personas de conocida solvencia en las materias encomendadas al Consejo como las especialidades de seguridad nuclear, tecnología, protección radiológica y del medio ambiente, medicina, legislación o cualquier otra conexa con las anteriores, así como en energía en general o seguridad industrial, valorándose especialmente su independencia y objetividad de criterio.»
Pilar Lucio realizaba estas declaraciones en defensa de la candidatura de su compañera de partido Silvia Calzón, médica epidemióloga, ex secretaria de Estado de Sanidad con Salvador Illa, ex directora de la Comisión Antidopaje y, actualmente, directora del Departamento de Atención y Respuesta a la Ciudadanía del Gabinete de Pedro Sánchez en Moncloa.
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🔴 #EXCLUSIVA || ¡Más de 60 aviones con más de 10.000 inmigrantes ilegales a bordo!
✈️ Es la movilización área registrada sólo en lo que va de año desde #Canarias a la Península.
💶 A razón de más de 2.9 millones de euros pagados por trimestre a las #ONG encargadas de gestionar estos traslados.
⚠️ Entre las más activas: #ACCEM y Cruz Roja Española. Las aerolíneas más utilizadas: #AirEuropa e #Iberojet.
ℹ️ Todo este contenido forma parte de una investigación. Para lograr estas imágenes he contado con la implicación de voluntarios y cámaras profesionales.
ℹ️ Parte de este material irá destinado a la toma de acciones judiciales contra el Gobierno por favorecimiento de la inmigración ilegal y otros posibles delitos.
🔴 Vuestra colaboración es esencial para seguir con todo esto. Podéis contribuir a través de los medios que encontraréis aquí: https://t.co/maM3BBLKSj.
¡También me ayudáis con vuestra difusión! ¡Un millón de gracias!
🔴 #ÚLTIMAHORA || Marruecos indulta a más de 1.500 condenados a prisión y eleva la cifra de amnistiados a casi 12.000 en poco más de un año.
⚠️ Entre los beneficiados hay 31 procesados por «extremismo y terrorismo».
https://t.co/2wYkgREgEQ
Hoy es un día a celebrar. Las autoridades suizas han puesto la primera multa a una mujer musulmana luego de entrar en vigor la ley que prohíbe portar el burka o el nicab en cualquier espacio público. La mujer se negó a quitárselo y, como consecuencia, las autoridades de Zúrich le impusieron una sanción.
El Gobierno suizo defiende que el burka representa no solo una prenda religiosa, sino un símbolo de opresión y una expresión del islam político. Bravo.
🔴 #ÚLTIMAHORA || Marruecos prepara el indulto de más de 1.000 condenados a prisión para el mes de abril tras amnistiar a 1.304 en enero.
⚠️ El año pasado concedió el indulto a más de 9.000 condenados.
https://t.co/73SO4RZ1w5
Cataluña perderá el 58% de su producción eléctrica, 10.500 empleos (entre directos e indirectos) y 900 millones de euros anuales en su PIB si cierran Ascó y Vandellós. Así lo advierten @FomentTreball y @ForoNuclear en un informe presentado hoy, justo un día después de que el Parlament pidiera al Gobierno que consumara el despropósito.
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