LOS CINCO BRAZOS DE LAS FARC
PRIMERA ENTREGA: EL BRAZO ACADÉMICO
Cuando la revolución descubrió que un doctorado pesa menos que un fusil y da mejores viáticos.
¡Quién lo creyera! Después de tantos años de monte, barro, mosquitos, secuestros y discursos sobre la lucha de clases, la revolución descubrió una actividad muchísimo más confortable: la academia. Porque una cosa es defender el marxismo desde una montaña infestada de zancudos y otra, bastante más agradable, explicarlo desde una universidad, con aire acondicionado, café de origen y un sueldo que jamás habría aprobado el proletariado.
¡Qué belleza! La revolución también aprendió a vivir sabroso.
Y así llegamos al primero de los cinco brazos de esta historia: el académico. Ese universo maravilloso donde algunos intelectuales son capaces de encontrarle una explicación sociológica hasta al secuestro de una abuela, siempre que el secuestrador haya leído a Marx y manifieste profundas preocupaciones por la desigualdad.
Porque el verdadero milagro de ciertos discursos no consiste en negar los crímenes de las FARC. ¡Qué va! Eso sería demasiado ordinario. La genialidad está en reconocerlos, ponerles contexto, agregarles tres citas de Foucault, dos de Gramsci y una conferencia sobre exclusión social, hasta que el secuestrador termina pareciendo víctima de las circunstancias y el secuestrado, un desafortunado obstáculo para la transformación revolucionaria.
Y uno, que estudió Derecho, termina preguntándose en qué momento el Código Penal fue reemplazado por una bibliografía.
Hablemos con rigor. Las FARC fueron una organización armada responsable de secuestros, reclutamiento de menores, desplazamientos, homicidios y otras graves violaciones del derecho internacional humanitario. No es una interpretación ideológica ni una ocurrencia de la derecha. Son conductas documentadas por organismos judiciales y por instituciones encargadas de reconstruir la historia del conflicto colombiano.
Pero una cosa es estudiar las causas de la violencia y otra muy distinta convertir esas causas en una especie de detergente moral.
La pobreza puede ayudar a explicar el origen de una insurgencia. No autoriza a secuestrar. La desigualdad puede ser objeto de investigación económica. No justifica sembrar minas antipersonal. Y la exclusión política, por dramática que haya sido, jamás convirtió a un niño reclutado en voluntario de una revolución.
Aunque sospecho que para algunos semejante conclusión necesita todavía un seminario internacional, cuatro mesas de trabajo y una beca en Europa.
Y aquí conviene hablar de la universidad colombiana.
La academia ha producido investigaciones extraordinarias sobre nuestro conflicto. Pero también existen discursos que merecen una crítica severa cuando presentan a los insurgentes con una indulgencia que jamás concederían a otros responsables de atrocidades.
Porque hay una diferencia entre explicar la historia y maquillarla. Y algunos maquillajes son tan generosos que, cuando terminan, uno ya no reconoce al personaje del expediente.
El problema no es ser de izquierda. En Colombia hay intelectuales de izquierda rigurosos, así como existen conservadores capaces de escribir disparates con una seguridad verdaderamente conmovedora. El problema es la selectividad moral.
Esa extraña gimnasia intelectual que exige investigar hasta el último cartucho disparado por un soldado, pero encuentra suficientes matices históricos para dedicarle veinte páginas a las circunstancias sociales de un comandante guerrillero antes de mencionar a sus víctimas.
¡Qué elasticidad! Si la aplicaran a los Juegos Olímpicos, nos traerían todas las medallas.
Y no confundamos las cosas. Investigar presuntos crímenes cometidos por integrantes de la Fuerza Pública es legítimo y necesario. Lo inadmisible sería aplicar estándares distintos según el uniforme, la ideología o la simpatía que despierte el investigado.
La responsabilidad penal no puede depender de si el acusado llevaba botas militares o botas guerrilleras.
Lo mismo ocurre con la memoria histórica. No puede ser un álbum cuidadosamente editado donde unos aparecen con todos sus crímenes y otros con una fotografía juvenil, una cita revolucionaria y una explicación conmovedora sobre sus ideales.
A propósito de ideales, siempre me ha resultado fascinante la capacidad de algunos discursos para hablar de justicia social sin detenerse demasiado en las víctimas concretas de quienes afirmaban perseguirla.
El campesino extorsionado no necesitaba una revolución agraria. Necesitaba que dejaran de quitarle su dinero.
El niño reclutado no necesitaba una clase sobre lucha de clases. Necesitaba estar en la escuela.
Y la familia del secuestrado no necesitaba que un académico le explicara la economía política de la insurgencia. Necesitaba que su ser querido regresara vivo.
Pero claro, esas verdades son demasiado sencillas. No tienen suficiente densidad conceptual para una revista indexada.
También sería injusto desconocer que muchos profesores, investigadores y estudiantes de izquierda fueron víctimas de amenazas, asesinatos y persecuciones. Precisamente por eso, la crítica debe dirigirse contra las justificaciones de la violencia, no contra el pensamiento universitario en su conjunto.
Porque si algo debería caracterizar a un intelectual es su capacidad para condenar una atrocidad incluso cuando la comete alguien que comparte sus ideas.
Eso se llama coherencia. No da tantos aplausos en determinados auditorios, pero tiene la ventaja de no necesitar contorsiones morales.
La pregunta de fondo es quién está escribiendo la historia del conflicto colombiano y con qué criterios.
¿Estamos formando generaciones capaces de estudiar críticamente a las FARC, sus crímenes, sus motivaciones y sus responsabilidades? ¿O estamos permitiendo que determinadas narrativas conviertan la explicación histórica en una disculpa permanente?
Son preguntas legítimas. Y la respuesta no se obtiene contando cuántos profesores son de izquierda, sino examinando sus argumentos, sus fuentes y la manera como presentan los hechos.
Porque un título universitario acredita estudios, no santidad intelectual. Y tener treinta publicaciones tampoco convierte treinta opiniones en treinta verdades.
A veces una mentira con bibliografía sigue siendo una mentira. Solo que ahora tiene ISBN.
Así comienza esta serie: con el brazo académico, donde examinaremos cómo se ha disputado el relato sobre la violencia insurgente y por qué la historia de las FARC no puede quedar sometida a la simpatía ideológica de quienes la cuentan.
Las guerrillas pueden entregar sus armas. Sus antiguos integrantes pueden participar en política. Los investigadores pueden estudiar sus motivaciones y los historiadores pueden discutir sus causas.
Lo que nadie debería hacer es convertir a las víctimas en notas al pie de página para que la revolución salga mejor presentada en la bibliografía.
Porque el secuestro no deja de ser secuestro cuando lo explica un doctor en Ciencias Sociales. El reclutamiento de menores no se vuelve pedagogía revolucionaria por aparecer en una tesis. Y un crimen de guerra no se convierte en justicia social por llevar treinta referencias bibliográficas.
Al final, la revolución podrá tener profesores, conferencias, congresos, publicaciones y hasta doctorados honoris causa.
Pero hay algo que ningún diploma consigue borrar: los crímenes cometidos en su nombre.
Y si para entender que secuestrar está mal necesitamos un doctorado, el problema ya no es la falta de educación.
Es que algunos estudiaron tanto para justificar lo injustificable que terminaron olvidando lo que cualquier niño aprende antes de entrar a primaria: no se roba, no se secuestra y no se mata.
Próxima entrega: el brazo escolar. Porque después de examinar las teorías universitarias, nos corresponde averiguar qué ocurre cuando la política pretende sentarse en los pupitres de nuestros hijos.
Continuará…
🚨 "Si no hubiéramos decidido demoler con nuestras propias manos, estas casas seguirían al punto del colapso": En el barrio Rocío Alto de Pereira, la educadora Dayana Calvo denuncia el abandono estatal tras el sismo:
▪ Sin subsidios de arriendo ni auxilio de la alcaldía.
▪ Censos que registraban viviendas colapsadas como "habitables".
▪ Familias reconstruyendo con rifas y material liviano.
▪ Más de 160 infraestructuras escolares afectadas en la ciudad.
#EspecialPereira #Damnificados #Ayuda #Pereira #Risaralda
@DiegoASantos no se conformó con que le contarán la tragedia de Pereira; vino a verla con sus propios ojos. Además, montó en su carro sus cámaras, sus trípodes, sus luces y dos sillas de su abuelita y entrevistó a todo el que pudiera darle cuenta de lo que pasó y está pasando en la ciudad. Aquí, la entrevista que gentilmente me hizo. Gracias, Diego.
Pereira y el poder de las redes sociales
Acabo de regresar de Pereira y la sensación que traigo atragantada en el pecho es de una indignación absoluta. Fue un viaje que me demostró, con la crudeza que solo se palpa al ir al territorio, que la magnitud de la tragedia es infinitamente más profunda, dolorosa y desgarradora de lo que alcanzamos a dimensionar el resto de los colombianos. Allá estuve, caminando los barrios desagarrados, instalando mis dos cámaras, y mis dos sillas, frente a los escombros y utilizando mis propios canales digitales para transmitirle a mi audiencia la radiografía de un desamparo que raya abiertamente en lo criminal. Porque lo que se está cometiendo hoy contra la capital de Risaralda no es una demora burocrática ni un tropiezo administrativo, sino una condena al olvido dictaminada por el desinterés deliberado de quienes tienen la obligación de actuar.
Los medios, que hacen presencia en los desastres durante las primeras 48 horas, ya empacaron sus trípodes, apagaron sus reflectores y le quitaron el foco a la ciudad. El sismo en Pereira ya engrosa la larga lista de tragedias archivadas que acumula este país. A ese vacío informativo se le suma hoy la inoperancia imperdonable de los gobiernos local y nacional. Es una ciudad a la que literalmente dejaron sola a su suerte, atrapada en un fuego cruzado de burocracia y negligencias institucionales donde nadie asume el costo político de liderar.
Es una verdad incuestionable que los recursos públicos escasean, que las arcas fiscales están asfixiadas y que el dinero no brota por arte de magia ni cae del cielo de la noche a la mañana. Pero la estrechez presupuestal jamás podrá utilizarse como coartada para justificar la indolencia moral. Lo que más indigna y desespera a las familias en la calle no es la falta de ladrillos o la tardanza inevitable de los subsidios; es la ausencia total de información, la falta de empatía de los funcionarios y la inexistencia de una hoja de ruta transparente que trace con claridad hacia dónde van.
La administración municipal insiste una y otra vez en que tiene un plan milimétricamente estructurado, pero los ciudadanos de a pie juran no conocerlo, no haber sido consultados y no ver una sola obra en marcha. Ante esa clásica disyuntiva entre el triunfalismo del libreto oficial y la angustia real de la comunidad, es fácil deducir quién dice la verdad. En este tipo de dilemas siempre hay que creerle al que duerme en la intemperie.
Es precisamente en este escenario de abandono donde las redes sociales adquieren un valor democrático y fiscalizador incalculable. Actividades independientes como la que acabo de hacer en terreno —un ejercicio que deberíamos estar asumiendo muchos más comunicadores, creadores de opinión y ciudadanos con sentido cívico— permiten arrebatarle el monopolio del relato a la propaganda institucional. Gracias a las plataformas digitales hoy es posible volver a clavar la lupa pública donde el poder pretende imponer silencio. Ojalá este esfuerzo colectivo sirva para imprimirle celeridad a las soluciones que con urgencia reclama la gente y para obligar a que los recursos prometidos salgan de los escritorios.
Y sobre todo, ojalá este reflector digital sirva para frenar en seco la mezquindad autoritaria con la que la alcaldía pretende tramitar el descontento social. Durante las grabaciones conocí de primera mano el caso de un ciudadano al que le prohibieron la entrada y lo vetaron expresamente de asistir a una reunión oficial con el mandatario local, única y exclusivamente por haber tenido la osadía y la dignidad de criticar su gestión en un video.
Castigar la crítica ciudadana, vetar al que disiente y cerrarle la puerta en la cara a un damnificado por no plegarse al aplauso cortesano es una bajeza que retrata de cuerpo entero a un mal gobernante. El poder público no es una hacienda privada ni una corte de aduladores: en medio de la desgracia, gobernar exige dar la cara, escuchar la rabia popular y entender que la reconstrucción de una ciudad no se logra censurando a sus víctimas.
DIEGO SANTOS
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La impaciencia de los pereiranos comienza a sentirse en las calles, y muchos de ellos se preguntan dónde está el alcalde. El economista y damnificado Jhonier Cardona es uno de ellos. #EspecialPereira#LaMolienda.
En este recorrido por la capital de Risaralda, sorprende la desidia institucional para con su ciudad. Los símbolos, tan importantes para levantar la moral, pisoteados y acabados.
🚨 "No necesitamos que nos regalen nada, necesitamos que la alcaldía de Pereira nos deje reconstruir con nuestra propia plata".
El economista Jhonier Cardona, que perdió su vivienda en el terremoto del 10 de agosto, revela cómo las trabas administrativas impiden usar $73.000 millones en pólizas y predios para recuperar 232 hogares tras el sismo en Pereira. Aclara, sin embargo, que a las clases menos desfavorecidas, no les está llegando la ayuda que sí necesitan. 🇨🇴👇
#Pereira #SismoPereira #LaMolienda #EspecialPereira
El centro de Pereira jamás volverá a ser el mismo. El terremoto de le robó muchos recuerdos a sus habitantes. Algunos de ellos no se han atrevido a volver a pisar el centro desde el 10 de agosto. "Era el lugar de mis papás y mío cuando era chiquito", dice uno. #EspecialPereira
@FabianGFforero@AyalaCarlOzarco Siempre, siempre hay que salir. Pero en Bogotá puedes quedarte acostado, no se caerá nada. Aquí en Pereira eso no es opción o sales o te entierras.