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Lamento decir que la Ley Orgánica del TSJ reformada en 2022, estableció un Comité de Postulaciones Judiciales de 21 integrantes: 11 diputados y 10 representantes de otros sectores de la sociedad. Además, la Sala Constitucional mediante sentencia Nº 83 del 21 de marzo de 2022, consideró constitucional esta composición, al interpretar que el artículo 270 de la Constitución exige la participación de distintos sectores, pero no prohíbe expresamente la incorporación de diputados. Ahora bien, que la Constitución no establezca una prohibición expresa no significa que esta composición sea incuestionable constitucionalmente. El artículo 270 concibe al Comité como órgano asesor del Poder Judicial, integrado por representantes de los diferentes sectores de la sociedad; entonces que la mayoría de sus miembros sean diputados, en su condición de representantes del Poder Legislativo, desnaturaliza esa finalidad y concentra en el Legislativo una influencia decisiva tanto en la preselección como en la elección de los magistrados, comprometiendo así la separación de poderes y la independencia judicial. A esto se suma que, aunque cuente con el respaldo de Estados Unidos, no podemos obviar que estamos hablando de una Asamblea Nacional que carece de legitimidad, por razones ampliamente conocidas. En otras palabras, nada ha cambiado, desde hace años el chavismo dejó servida la mesa legal para que la Asamblea Nacional participe tanto en la preselección como en la elección de los magistrados, apoyándose en leyes acomodaticias creadas bajo su control y avaladas por una Sala Constitucional abiertamente servil a ellos; para mantener su influencia sobre el Tribunal Supremo de Justicia y en consecuencia, sobre el poder judicial; y está vez no es la excepción.