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Eduardo Rivera Pérez enfrenta por segunda ocasión una inhabilitación para ocupar cargos públicos derivada de observaciones a sus cuentas como presidente municipal de Puebla. La primera ocurrió en abril de 2017, durante el gobierno de Rafael Moreno Valle, cuando el Congreso estatal le impuso 12 años de inhabilitación y una multa de 25.5 millones de pesos. Ahora, bajo el gobierno de Morena encabezado por Alejandro Armenta, el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) habría determinado una nueva sanción de 15 años de inhabilitación y 15 millones de pesos de multa. Ambos procedimientos coinciden con la proximidad de elecciones locales y con acusaciones de persecución política formuladas por el propio panista. ▪️ La primera inhabilitación durante el morenovallismo La sanción de 2017 derivó de presuntas irregularidades en la cuenta pública de 2013, correspondiente a la administración municipal de Rivera entre 2011 y 2014. El Congreso aprobó una responsabilidad administrativa relacionada con observaciones por aproximadamente 411.6 millones de pesos. El daño patrimonial señalado fue de 12.8 millones. Rivera acusó a Moreno Valle de utilizar las instituciones para impedirle competir electoralmente en 2018. Entonces buscaba mantenerse como aspirante a la gubernatura. El 30 de junio de 2017, un juez federal ordenó suspender su inscripción en los registros de servidores públicos sancionados, mediante el amparo 943/2017. El 5 de marzo de 2018 obtuvo una sentencia favorable que dejó insubsistente la resolución legislativa y anuló los actos del procedimiento administrativo. La decisión llegó durante el periodo de registro de candidaturas. Esto le permitió competir nuevamente por la presidencia municipal, aunque perdió frente a Claudia Rivera Vivanco. ¿Qué pasó con sus cuentas públicas? Los registros muestran que la cuenta pública de 2011 fue aprobada y la correspondiente a 2012 también recibió aprobación legislativa en diciembre de 2015. El procedimiento que originó la inhabilitación se concentró en el ejercicio 2013. La administración municipal también aprobó su cuenta correspondiente a enero y febrero de 2014, antes de concluir el periodo de Rivera. La Auditoría Superior del Estado (ASE) cuestionó el procedimiento relacionado con 2013. La Auditoría Superior de la Federación, por su parte, reportó observaciones por 2.9 millones de pesos en recursos federales de 2014, que fueron recuperados o justificados. ▪️ Una segunda disputa rumbo a 2027 La nueva resolución del TJA está relacionada con las cuentas públicas 2022 y 2023. Las observaciones de la ASE superan los 300 millones de pesos en posibles irregularidades. Rivera sostiene que no se acreditó el supuesto abuso de funciones ni se le atribuye directamente mal manejo de recursos públicos. Anunció que impugnará la resolución. También denunció un ataque sistemático y cuestionó que la determinación llegue al inicio del proceso electoral 2026-2027. La relación entre Rivera y Armenta ha transitado de una amistad de aproximadamente dos décadas a la confrontación electoral de 2024 y un posterior acercamiento. En julio de ese año ambos se reunieron y publicaron mensajes de diálogo y unidad. Si la nueva inhabilitación queda firme, Rivera podría quedar fuera de cargos públicos municipales durante 15 años. La disputa judicial volverá a ser determinante para su futuro político. #Política #Puebla

El exalcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, enfrenta una sanción del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) estatal por presunto abuso de funciones durante su administración municipal. El panista informó que recibió una resolución que calificó como no definitiva y anunció que recurrirá a las instancias correspondientes para combatirla. En un posicionamiento publicado en X el 4 de noviembre, Rivera sostuvo que la autoridad no acreditó el supuesto abuso de funciones. También afirmó que no se le acusa de mal manejo de recursos públicos, aunque la resolución busca imponerle una multa y una inhabilitación. El exedil consideró que la determinación tiene un trasfondo político, debido a su coincidencia con el inicio del proceso electoral 2026-2027. «Resulta preocupante la coincidencia de que esta determinación llegue precisamente al inicio del proceso electoral de 2027», expresó. ▪️ Observaciones de la ASE superan los 300 millones de pesos El procedimiento tiene como antecedente las observaciones de la Auditoría Superior del Estado (ASE) a las cuentas públicas 2022 y 2023 del Ayuntamiento de Puebla. La fiscalización de 2022 incluyó nueve pliegos de observaciones por aproximadamente 45.6 millones de pesos. Entre los señalamientos figuraron la venta de vehículos chatarra y contratos sin documentación completa. Para 2023, la ASE reportó 15 pliegos por probable daño patrimonial de aproximadamente 261.2 millones de pesos. Entre las observaciones destacaron 67 contratos de servicios profesionales, difusión en radio y televisión y contenidos digitales, por alrededor de 101.7 millones de pesos. También se señalaron deficiencias en obras públicas, incluida la rehabilitación de la avenida Juárez, donde se reportaron inundaciones y levantamiento de adoquines. En conjunto, los pliegos de ambos ejercicios superan los 300 millones de pesos en posibles daños patrimoniales. Estas cantidades corresponden a observaciones de fiscalización y no representan, por sí mismas, daños definitivamente acreditados. La resolución también alcanzó a Bernardo Arrubarrena García, exsecretario de Administración municipal, a quien se le impuso una multa de 10.5 millones de pesos e inhabilitación por 10 años. Rivera sostuvo que el procedimiento se suma a las actuaciones de la Contraloría Municipal de mayo pasado y denunció un ataque sistemático en su contra. Si la sanción queda firme, la inhabilitación podría impedirle ocupar cargos públicos durante el periodo establecido, con consecuencias para sus aspiraciones políticas rumbo a 2027. #Política #Puebla #PAN