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8 days ago

#CJurídica #DerTributario ¿Hasta dónde alcanza la facultad de la Administración para asegurar el cobro de sus créditos? ¿Puede disponer un embargo sobre cuentas bancarias sin conocimiento previo del contribuyente? Y, sobre todo, ¿puede el carácter conservatorio de la medida justificar que este permanezca ajeno a su ejecución? 🧐 ¡Vamos con bisturí (y a divertirnos)! Las preguntas plantean una tensión entre dos intereses legítimos: la eficacia de la recaudación tributaria, y las garantías que deben acompañar el ejercicio de las potestades administrativas. La L.11-92 reconoce mecanismos para asegurar y ejecutar el cobro de las obligaciones fiscales. Sin embargo, conviene distinguir ciertas actuaciones que, aunque relacionadas, responden a finalidades diferentes: 🅰️ La adopción de medidas conservatorias; y 🅱️ la ejecución forzosa del crédito tributario. 🅰️ Las primeras, procuran preservar bienes frente al riesgo de frustración del cobro. 🅱️ La segunda persigue satisfacer efectivamente una obligación exigible. Esta distinción no es meramente terminológica: determina los presupuestos, las formalidades y las garantías aplicables. El artículo 85 del Código Tributario contempla medidas conservatorias. Su eficacia puede requerir que sean adoptadas sin advertencia previa, pues anunciar anticipadamente un embargo podría frustrar su finalidad. Pero ¿la ausencia de comunicación previa equivale a una autorización para mantener indefinidamente al contribuyente sin conocimiento de la medida? 😯 La sorpresa puede justificar la oportunidad de una actuación; no necesariamente la opacidad de sus consecuencias. Aquí el Fisco debe ejercer sus facultades dentro de los límites legales y permitir el control de su regularidad, y aquí la jurisprudencia ofrece elementos importantes para el debate. En la sentencia 1, del 2 de septiembre 2009 (BJ. 1186), la Tercera Sala de la SCJ examinó un embargo retentivo practicado por la Administración Tributaria sin observar la intimación exigida por el artículo 91 del CT. La nulidad respondió al incumplimiento de una formalidad sustancial del procedimiento de cobro. Posteriormente, mediante la SCJ-TS-23-0004, del 31 de enero 2023 (BJ. 1346), la Tercera Sala abordó las exigencias del procedimiento de cobro compulsivo, particularmente el mandamiento de pago y las vías de oposición previstas legalmente. Ambos pronunciamientos permiten reflexionar sobre un punto esencial: la existencia de un crédito tributario no convierte automáticamente en legítimo cualquier mecanismo utilizado para cobrarlo. Aquí resulta indispensable otra distinción: una cosa es controvertir la obligación tributaria y otra cuestionar la legalidad de su ejecución. Aunque el artículo 112 delimita las excepciones de oposición al pago, ello no significa que las restantes irregularidades del procedimiento queden sustraídas del control jurisdiccional. El debate, por tanto, no consiste en negar las prerrogativas de la Administración ni en transformar cada embargo en un obstáculo para la recaudación. Radica en determinar si esas prerrogativas se ejercen conforme a los presupuestos y formalidades establecidos por el legislador. 🐝 ¿De qué serviría reconocer al contribuyente mecanismos de defensa si desconoce que sus bienes han sido afectados? ¿Qué eficacia tendría la potestad conservatoria si toda actuación exigiera una advertencia capaz de frustrarla? La respuesta requiere equilibrio, pero también precisión jurídica. La finalidad recaudatoria no dispensa el cumplimiento de la ley, del mismo modo que las garantías del contribuyente no pueden convertirse en instrumentos para impedir legítimamente el cobro. En definitiva, no se discute el derecho del Fisco a cobrar lo debido, sino los límites jurídicos de los medios empleados para hacerlo. Porque la eficacia de la recaudación y el debido proceso no son intereses incompatibles; ambos constituyen exigencias de una Administración sometida al buen deber y al derecho. ¡Hasta la próxima!

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