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El Código de lo Contencioso Administrativo (Ley 20.333) se aprobó en 2024 con amplio consenso (comisión de expertos del TCA, Udelar, universidades privadas y Colegio de Abogados, y votado por unanimidad en el Parlamento). Buscaba agilizar la justicia administrativa creando una primera instancia y evitando que todos los casos llegaran directamente al Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). Ahora, en la primera Rendición de Cuentas del gobierno de Orsi, se introducen estas modificaciones de forma “escondida” dentro del proyecto presupuestal anual. El cambio más criticado y que da título a la noticia es la eliminación del mecanismo llamado “urgimiento” (derogación de los artículos 48 y 59 de la Ley 20.333). ¿Qué era el “urgimiento”?Era un mecanismo que permitía a cualquier persona exigir respuesta del Estado cuando vencían los plazos legales sin que la Administración hubiera contestado. Funcionaba así: si la Administración no respondía en el plazo establecido (generalmente 150 días para peticiones y entre 150-250 días para recursos), el ciudadano podía “urgir” la respuesta. La Administración tenía entonces 30 días para contestar. Si no lo hacía, se consideraba denegatoria ficta y se reabrían los plazos para impugnar judicialmente el acto (solo una vez y con el primer recurso disponible). Este mecanismo protegía el derecho constitucional a obtener respuesta del Estado (artículo 318 de la Constitución uruguaya).¿Qué implica su eliminación?Según la noticia y los expertos citados (como el profesor de Derecho Administrativo Miguel Pezzutti, miembro de la comisión que redactó el Código):Se elimina el derecho de las personas a forzar al Estado a responder después de vencidos los plazos. Afecta trámites cotidianos como: solicitudes de jubilaciones, autorizaciones, denuncias de acoso laboral, impugnaciones de concursos, etc. Se considera un retroceso porque debilita el control ciudadano sobre la Administración Pública y reduce las posibilidades de que las decisiones del Estado sean revisadas judicialmente.