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Quienes operan el pacto secreto entre la Casa Rosada y los Moyano Detrás del relato público de confrontación que dominan la escena política, se esconde uno de los pactos más pragmáticos del poder actual: la tregua subterránea entre la Casa Rosada y el clan Moyano, diseñada en las sombras por Santiago Caputo. En la arquitectura de este pacto de conveniencia aparece como garante Gustavo “Turco” Elías, un influyente y multimillonario empresario de la logística portuaria y los medios de comunicación que opera como el verdadero eslabón financiero y nexo oculto entre el sindicalismo y el oficialismo. Lejos de cualquier afinidad ideológica con las ideas libertarias, Elías consolidó su influencia como un interlocutor clave del sector privado que traduce la alta tensión gremial en grandes negocios de infraestructura y privatizaciones periféricas controladas. Su holding, que maneja portales clave como La Brújula 24 y La Nueva en Bahía Blanca, se expandió con fuerza hacia el sur del país logrando la concesión de terminales estratégicas y astilleros a cambio de garantizar la paz social en las rutas y evitar paros de transporte salvajes que asfixien el programa macroeconómico del Gobierno. Sin embargo, este equilibrio es sumamente inestable y funciona bajo una lógica de presión permanente, ya que los tribunales federales investigan penalmente a Elías por un presunto entramado de lavado de activos y facturas falsas a través de una red de ochenta sociedades comerciales sospechadas de ocultar el patrimonio real y operar como la pantalla financiera de Hugo Moyano. Con un reciente revés judicial en el que la Cámara Federal de Bahía Blanca rechazó de forma unánime los intentos de prescripción del empresario y ordenó avanzar con la investigación criminal por delitos económicos, la Casa Rosada retiene una poderosa herramienta de control, utilizando el expediente como una espada de Damocles judicial para disciplinar a Camioneros y asegurar la vigencia del pacto de gobernabilidad. El pacto beneficia a los Moyano en tres frentes vitales para su supervivencia política, económica y judicial. El beneficio más crítico es el paraguas judicial: la Casa Rosada y sus organismos dependientes (como la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, ARCA) mantienen bajo estricto silencio y dilación las auditorías internas y las denuncias por fraude, evasión o desvío de fondos. El segundo gran beneficio es el blindaje de sus cajas comerciales y el negocio del transporte multimodal. Mas allá de los relatos, la práctica el Ejecutivo resguarda el imperio económico de Camioneros y no toca el corazón del monopolio de la logística por camión. Además, se frena cualquier intento de intervención estatal sobre la debilitada obra social del gremio, un punto históricamente crítico para el financiamiento del sindicato .