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Los Nacional-Libertarios somos muy críticos y cautelosos frente a cualquier decisión política que signifique una amenaza para los derechos constitucionales de los ciudadanos. Un estado de excepción constitucional hace eso. Limita los derechos, no de los criminales, de todos los ciudadanos. Se acepta esta limitación para recuperar el control territorial del estado en una región determinada o para poder acudir en auxilio de la gente en casos de catástrofe, obviando la burocracia y dentro de un plazo acotado. Pero no es, ni debe ser nunca una política de un gobierno, el gobernar a Chile en un estado permanente de excepción constitucional como sucede hoy, por ejemplo, en la macrozona sur. La reforma constitucional incluye la creación de un nuevo estado de excepción que se prolongaría por hasta 8 meses sin necesidad de consentimiento del Congreso, con restricciones extremadamente invasivas a derechos protegidos por la Constitución. En la tramitación de la reforma habrá que ponerle cotos a esto o rechazarlo si no es posible modificarlo y dejarlo aceptable.