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Creo que el ladrón juzga por su condición. Los tiempos en que una fiscalía obedecía la política del gobernante y extorsionaba a sus opositores, pasaron. Los tiempos en que las fiscalías eran cómplices de los peores criminales, pasaron. Los tiempos en que se uso la fiscalía como policía política e ideológica, pasaron. Los tiempos en que se uso la fiscalía para entrampar la paz y generar la actual violencia, haciendo trizas la paz acordada, pasaron. Creo que Pegasus esta relacionado con ese entrampamiento a la paz. Quise una terna de personas que no conocía personalmente, pero dignas en su hoja de vida en la defensa de los derechos humanos, para garantizar una fiscalía independiente de la política. Creo que ese hecho y la actitud, conforme a derecho, de la Corte Suprema de Justicia, a pesar de las presiones de los nostálgicos de la gobernanza paramilitar, logró que tengamos una institución garantista, democrática y correcta. En Colombia no habrá más gestapos en manos de la extrema derecha, no habrá más aparatos ideológicos disfrazados que trituran jóvenes en las cárceles, que expropiaron empresarios acusados de ser de las farc para quedarse privadamente con sus bienes, que traten al que proteste como si fuera un terrorista, que deje robar los bienes ilícitos de la mafia en extinción del dominio. No hay una fiscalía que obedezca ni mis órdenes, ni las de ningún dirigente político, no me calumnie como suele suceder, no juzgue por su condición, la fiscalía solo debe obedecer las normas del derecho. Que se investigue y se haga justicia, esa es la orden de la Constitución.

El articulo 115 de la Constitución nacional designa al presidente de la República elegido por mandato popular como jefe de Estado, jefe de gobierno y máxima autoridad administrativa. No he faltado a mi palabra ni a la Constitución en mi respuesta al fiscal que a su vez me irrespeta como jefe del Estado. Como jefe de Estado soy representante de la Nación ante el mundo y ante el pueblo. Como representante del Estado ante el pueblo de nuevo pregunto: ¿Sabia la fiscalía de la existencia de una lista del clan del golfo con el nombre de 200 personas a las que iban a asesinar y que después, sin ninguna actividad preventiva de la fiscalía asesinaron? El crimen de 200 personas ¿no es un crimen contra la humanidad? El jefe del Estado ¿no puede preguntar como representante del pueblo si una institución pública del Estado y del poder judicial cumplió o no cumplió su deber constitucional? Entre los presuntos asesinos de lesa humanidad no se encontraba un financiador de una campaña presidencial? ¿hay cercanía y amistad íntima entre el jefe de la institución investigadora y el jefe del Estado de ese entonces? Si no hay respuesta, sino irrespeto permanente al jefe del Estado, se puede entender entonces que la justicia, en esta institución, no quiere o no puede investigar un crimen de lesa majestad? Si no obtengo respuesta y la justicia, léase fiscalía, no quiere o no puede investigar un delito de lesa humanidad, no puede activar el jefe del Estado, los mecanismos que la Contitución y el Derecho internacional le confieren para que exista justicia?