La participación e involucramiento de Romina Da Re, Directora General de Internacionalización del Viceministerio de MIPYMES en la Semana Global del Emprendimiento nos llena de satisfacción. Su pasión por la innovación e inclusión de mujeres en tecnología es inspiradora. #GEW2024
Maravilloso día para todos
Aquellos que puedan deleitarse de estas hermosas lechugas, mañana en los S6 CON CINTA AZUL o en paquetes de Granja Koeju
Lleva 3 meses de cuidados diarios sin sábados ni domingos, lo hacemos con pasión, nos gusta alimentar a nuestra gente🇵🇾🧑🌾
Gracias
#Remo🚣🏻 Mundial Canadá🇨🇦2024🏆
🇵🇾 ¡Histórico! 🙌🏼 ¡PARAGUAY SUBCAMPEÓN DEL MUNDO!
🙋🏻♂️🙋🏻♂️ Los remeros Gabriel Yser y Matías Ramírez obtuvieron la Primera Medalla del #TeamParaguay en un Mundial (Plata🥈 en -2 LM: 06:42.54)
🙌🏼 ¡FELICITACIONES, CHICOS!
#ParaguayPuede#VamosParaguay
“Cualquiera que no sea como todo el mundo, que no piense como todo el mundo, corre el riesgo de ser eliminado” (Ortega y Gasset. La revolución de las masas).
En definitiva, el proyecto es un intento más de limitar la libertad de las personas, sin mayores razones que la supuesta transparencia, para lo cual -repito- no es necesaria más leyes.
La inflación legislativa es prueba de subdesarrollo.
Someten instituciones privadas a régimen de sumario administrativo e imponen sanciones exorbitantes y desproporcionadas por incumplimientos formales, generando la industria de las multas, que ya funciona en otras instituciones del Estado.
El proyecto exige información que no tiene justificación razonable, creando una suerte de banco de datos de personas, que -de hecho- están registradas en otros organismos (IPS, Dirección del Trabajo, Registro de Profesionales del MIC, etc.), duplicando funciones y obligaciones.
La creación de más registros y exigencia de más recaudos solo aumenta el costo de administración y de gestión y plantea complejos conflictos de competencia y de confusión sobre la derogación implícita de leyes generales vigentes.
Cada una de las instituciones definidas en el proyecto como OSFL tienen su régimen legal, según su objeto social y su naturaleza jurídica, y no necesitan más para actuar dentro de la ley.
El sector privado que administre recursos públicos debe rendir cuentas de la manera que establezca el documento en virtud del cual los recibe, como siempre fue, y no de la manera que establece este proyecto.