@PreguntonChapin@eP_investiga@JmEncOs@semilla Jajaja. La comisión contra la corrupción fue el espejismo mas grande que existe. Yo presenté una denuncia y me mandaron a decir que ellos solo estaban para investigar la corrupción de sus miembros. Para cagarse de la risa o de la cólera. Como mejor le guste a cualquiera.
La corrupción no es solo un problema político o económico: es una injusticia que hiere a los más vulnerables. En Guatemala, sus efectos se ven cuando la justicia no llega, cuando el trámite sustituye al derecho y cuando el poder pesa más que la ley.
#ÉticaPública#Corrupción #Justicia #BienComún #Guatemala #DerechosHumanos #IntegridadInstitucional
"Lo más revelador fue cómo las redes sociales sustituyen pensamiento por sentimiento. Las emociones relevan a la razón y pocos leen de verdad; lo que hacen es buscar pretextos para aplaudir u ofenderse. La indignación exige menos esfuerzo que pensar".
https://t.co/GrInAJ8T18
El análisis económico es correcto, pero deja fuera el elemento más importante: las personas.
Un sistema eléctrico no puede medirse únicamente por los megavatios instalados, las inversiones adjudicadas o el precio de la energía. También debe evaluarse por la continuidad del servicio, la seguridad con la que operan las redes y la capacidad institucional para responder cuando ocurren accidentes.
En Guatemala todavía existen comunidades y ciudades donde las interrupciones del servicio se prolongan durante horas o incluso días. Entre 2020 y 2022, más de 41 mil usuarios en zonas atendidas por Energuate sufrieron cortes superiores a 48 horas, con casos extremos como los 125 días sin servicio en San José El Rodeo, San Marcos, o los 61 días en Barillas, Huehuetenango, según datos que la propia Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) entregó al Congreso de la República. En ese mismo período, casi un millón de usuarios (926,415) se vieron afectados por interrupciones adicionales de menor duración. El informe estadístico oficial de la CNEE confirma además que DEOCSA y DEORSA exceden de forma consistente, entre dos y tres veces, la tolerancia regulatoria de duración de interrupciones, con usuarios en zonas rurales que llegan a estar sin energía entre 80 y 115 horas por semestre. Actualmente ya los servicios de eegsa empiezan a tener constantes cortes que generan problemas, mientras nadie dice nada. Solo hay que agradecer que no estamos como hace 30 años.
Más grave aún, siguen registrándose personas que resultan gravemente lesionadas o fallecen por accidentes relacionados con instalaciones eléctricas. Cuando eso ocurre, las víctimas no solo enfrentan el daño físico y económico, sino, con frecuencia, enormes dificultades para obtener una investigación técnica independiente, una respuesta judicial o una reparación efectiva.
La electricidad es, desde luego, una actividad económica que requiere inversión y rentabilidad. Pero también es un servicio esencial cuya operación implica una responsabilidad social extraordinaria. Si el sistema solo mide eficiencia financiera y deja en segundo plano la seguridad de las personas, la calidad del servicio y la reparación de los daños cuando estos ocurren, terminará perdiendo la confianza de la sociedad.
El verdadero éxito del sector eléctrico no consiste únicamente en atraer inversiones o construir nuevas líneas de transmisión. Consiste en que la energía llegue de forma continua, segura y confiable, y en que cuando una persona resulte afectada por la operación del sistema, por daños materiales o personales, encuentre instituciones capaces de investigar con independencia, exigir responsabilidades cuando correspondan y garantizar una reparación justa. La infraestructura genera desarrollo; la confianza ciudadana es la que lo hace sostenible.
El sector eléctrico no puede evaluarse únicamente por indicadores económicos o regulatorios. También debe medirse por cómo protege la vida, la integridad y los derechos de las personas que dependen de él.
Fuentes:
Prensa Comunitaria, “De 2020 a 2022 más de 41 mil usuarios resultaron afectados por cortes de energía en áreas donde opera Energuate” (https://t.co/AolbMzPkje)
Comisión Nacional de Energía Eléctrica, Informe Estadístico (https://t.co/epnn45UsPI)
¿Podría El Naranjo convertirse en municipio?
La pregunta parece provocadora. Pero quizá sea el momento de formularla con seriedad.
En los últimos días, el debate sobre la eliminación del Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI) ha girado alrededor de la autonomía municipal. Se afirma que, sin ese impuesto, las municipalidades dependerán cada vez más del Gobierno Central y perderán capacidad para prestar servicios.
Es un argumento válido. Pero incompleto.
La autonomía municipal no consiste únicamente en recaudar impuestos. También exige administrar los recursos con eficiencia, transparencia y responsabilidad. Un gobierno local no fortalece su autonomía por el simple hecho de cobrar más; la fortalece cuando demuestra que convierte esos recursos en mejores servicios para sus vecinos.
Y es aquí donde surge una pregunta incómoda.
¿Qué ocurre cuando una comunidad financia por sí misma buena parte de los servicios que utiliza, mientras observa que la municipalidad destina cantidades importantes de recursos a publicidad, espectáculos, eventos y a la promoción permanente de la imagen de sus autoridades?
Ese es, precisamente, el caso de buena parte de El Naranjo.
Miles de familias pagan cuotas de mantenimiento para sufragar seguridad, áreas verdes, limpieza, mantenimiento de calles internas, iluminación y otros servicios que, en muchos municipios, forman parte de las responsabilidades de la administración local. Además de esas cuotas, pagan impuestos municipales y observan cómo una parte importante del presupuesto parece responder más a objetivos políticos que a prioridades urbanas.
Entonces la discusión deja de ser tributaria.
Se convierte en una discusión sobre representación.
Porque la pregunta ya no es cuánto recauda la Municipalidad de Mixco. La pregunta es si quienes viven en El Naranjo sienten que ese gobierno municipal representa adecuadamente sus intereses y administra responsablemente los recursos que recauda.
La Constitución reconoce la autonomía municipal precisamente para acercar el gobierno a los ciudadanos. Si una comunidad posee población suficiente, actividad económica propia, identidad territorial y capacidad para sostener una administración local, resulta legítimo preguntarse si debe continuar formando parte de un municipio cuya gestión considera distante o ajena a sus prioridades.
No propongo hoy la creación de un nuevo municipio.
Propongo abrir el debate.
Porque quizá el problema no sea únicamente el IUSI. Quizá el verdadero problema sea un modelo de administración municipal que ha confundido autonomía con ausencia de rendición de cuentas.
Los vecinos no se resisten a contribuir cuando perciben que sus impuestos regresan convertidos en infraestructura, seguridad, movilidad, parques o servicios públicos de calidad.
Lo que difícilmente aceptan es financiar campañas permanentes de promoción política con recursos que deberían destinarse al bienestar colectivo.
Por eso, antes de preguntarnos si debe mantenerse o eliminarse un impuesto, convendría responder otra cuestión:
¿Quién sirve hoy a quién? ¿Los ciudadanos sostienen a la municipalidad o la municipalidad existe para servir a los ciudadanos?
Y si una comunidad como El Naranjo concluye que puede gobernarse mejor a sí misma, con mayor cercanía, responsabilidad y eficiencia, entonces la pregunta deja de ser una provocación jurídica y se convierte en una reflexión democrática:
¿Ha llegado el momento de discutir si El Naranjo debe convertirse en un municipio propio?
#municipioNaranjo
¿Podría El Naranjo convertirse en municipio?
La pregunta parece provocadora. Pero quizá sea el momento de formularla con seriedad.
En los últimos días, el debate sobre la eliminación del Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI) ha girado alrededor de la autonomía municipal. Se afirma que, sin ese impuesto, las municipalidades dependerán cada vez más del Gobierno Central y perderán capacidad para prestar servicios.
Es un argumento válido. Pero incompleto.
La autonomía municipal no consiste únicamente en recaudar impuestos. También exige administrar los recursos con eficiencia, transparencia y responsabilidad. Un gobierno local no fortalece su autonomía por el simple hecho de cobrar más; la fortalece cuando demuestra que convierte esos recursos en mejores servicios para sus vecinos.
Y es aquí donde surge una pregunta incómoda.
¿Qué ocurre cuando una comunidad financia por sí misma buena parte de los servicios que utiliza, mientras observa que la municipalidad destina cantidades importantes de recursos a publicidad, espectáculos, eventos y a la promoción permanente de la imagen de sus autoridades?
Ese es, precisamente, el caso de buena parte de El Naranjo.
Miles de familias pagan cuotas de mantenimiento para sufragar seguridad, áreas verdes, limpieza, mantenimiento de calles internas, iluminación y otros servicios que, en muchos municipios, forman parte de las responsabilidades de la administración local. Además de esas cuotas, pagan impuestos municipales y observan cómo una parte importante del presupuesto parece responder más a objetivos políticos que a prioridades urbanas.
Entonces la discusión deja de ser tributaria.
Se convierte en una discusión sobre representación.
Porque la pregunta ya no es cuánto recauda la Municipalidad de Mixco. La pregunta es si quienes viven en El Naranjo sienten que ese gobierno municipal representa adecuadamente sus intereses y administra responsablemente los recursos que recauda.
La Constitución reconoce la autonomía municipal precisamente para acercar el gobierno a los ciudadanos. Si una comunidad posee población suficiente, actividad económica propia, identidad territorial y capacidad para sostener una administración local, resulta legítimo preguntarse si debe continuar formando parte de un municipio cuya gestión considera distante o ajena a sus prioridades.
No propongo hoy la creación de un nuevo municipio.
Propongo abrir el debate.
Porque quizá el problema no sea únicamente el IUSI. Quizá el verdadero problema sea un modelo de administración municipal que ha confundido autonomía con ausencia de rendición de cuentas.
Los vecinos no se resisten a contribuir cuando perciben que sus impuestos regresan convertidos en infraestructura, seguridad, movilidad, parques o servicios públicos de calidad.
Lo que difícilmente aceptan es financiar campañas permanentes de promoción política con recursos que deberían destinarse al bienestar colectivo.
Por eso, antes de preguntarnos si debe mantenerse o eliminarse un impuesto, convendría responder otra cuestión:
¿Quién sirve hoy a quién? ¿Los ciudadanos sostienen a la municipalidad o la municipalidad existe para servir a los ciudadanos?
Y si una comunidad como El Naranjo concluye que puede gobernarse mejor a sí misma, con mayor cercanía, responsabilidad y eficiencia, entonces la pregunta deja de ser una provocación jurídica y se convierte en una reflexión democrática:
¿Ha llegado el momento de discutir si El Naranjo debe convertirse en un municipio propio?
#noaliusienmixco #municipionaranjo
@lahoragt No. Seguro que los hermanos Rosario son primos de @netobran . Precisamente ese tipo de abusos es lo que motiva a los contribuyentes a NO PAGAR el injusto IUSI. Solo ese alcalde ha hecho una mojiganga de su gestión. OJalá pronto salga de la vida publica por inepto y aprovechado.
Una orden de desalojo es, por definición, una orden coactiva. Si quien debe desalojar se niega voluntariamente, el Estado solo puede hacerla cumplir mediante el uso legítimo de la fuerza. De lo contrario, las resoluciones judiciales quedarían sujetas a la voluntad del obligado y la jurisdicción perdería eficacia.
Ese es el resultado de que los alcaldes como @netobran despilfarren el dinero de los contribuyentes en chicharrones, fiestas y ridiculeces de redes sociales. Sean serios y dejen de malgastar los recursos de los contribuyentes. Vayan a solventar el problema del agua potable en las colonias de Mixco y déjense de estar actuando como payasos de circo.
Es una contradicción pretender que un político deje de hacer política hasta que el calendario lo autorice. La democracia se alimenta del debate permanente de ideas, no del silencio impuesto por la autoridad electoral. Lo que corresponde controlar son los abusos, no las opiniones ni las aspiraciones legítimas de quienes buscan el respaldo ciudadano.
Lo más irónico, como hizo notar el gran historiador inglés Robert Conquest, es que todo el mundo es conservador cuando habla de lo que de veras entiende, aunque luego adopte posturas revolucionarias en los grandes temas que sólo conoce de oídas.
Un nuevo parque para la diversión. Una carretera de peaje para llegar. Así es Guatemala: un país donde siempre hay recursos para el entretenimiento, mientras los problemas verdaderamente serios siguen esperando. La justicia no funciona, la infraestructura básica es deficiente, la salud pública agoniza y la educación se rezaga. Pareciera que de lo importante nadie se ocupa.
Ese no es solo el caso de José Rubén Zamora. Es el caso de todos los guatemaltecos que alguna vez hemos acudido a los tribunales en busca de justicia. El verdadero problema es que la justicia dejó de ofrecer respuestas oportunas y efectivas. Cada vez inspira menos confianza y sirve a menos personas. Lo preocupante no es únicamente la situación de Zamora; lo verdaderamente alarmante es que el sistema de justicia parece haber dejado de responder a los intereses de cualquier ciudadano.
@Noti7Guatemala@mingobguate@CongresoGuate Guatemala es el país donde, cuando una ley no funciona, la solución es hacer otra ley. Diez años después, como tampoco funciona, viene una reforma. No nos falta legislación; nos sobra incapacidad para cumplirla.
Apple promises that switching to a new iPhone and updating iOS is seamless. My experience has been the opposite: hours spent reconfiguring features that were already working—Wallet, digital car keys, app permissions, Google Maps in my car, and more. Innovation should save users time, not waste it. Has anyone else experienced this after an iOS update? @Apple@tim_cook
@pchicola Al final, la apuesta real no debería ser qué muni se queda sin fondos, sino cuál se atreve a administrar lo que tiene con seriedad, transparencia y sin chicharrones electorales. Esa sí sería una quiniela interesante.