Olivia
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Valentina Andrade
@iarandrader
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🚨ESTO NO ES NORMAL|| IMAGÍNATE que a fin de mes e inicios del siguiente, te veas impedido de pagar los servicios básicos como: luz, agua, teléfono, internet; o la pensión de educación de tus hijos; el transporte, el seguro médico, los sueldos de tus empleados, hipoteca de tu casa, medicinas de tu familia, cuotas de préstamos, cuotas de convenio con el mismo SRI, aportaciones al IESS, la alimentación de tu familia y los más elementales gastos personales…porque un buen día, el gobierno decidió sin fundamento alguno, bloquear y retener todas tus cuentas y tarjetas de crédito.
Y todo por haberme atrevido a plantear e impulsar la REVOCATORIA del mandato, prevista en la Constitución.
✍️ Y no, no me quejo, no les pido que sean solidarios, sólo les pido que tomen conciencia de que todos estamos en riesgo de que vulneren nuestros derechos con estos abusos de poder.
✍️ Sólo les pido, que tomen conciencia y reaccionen, para que este sacrificio y resistencia a esta persecución, valgan la pena, como en efecto ya lo vale, cuando mucha gente de forma espontánea y valiente se suma a esta lucha.
✍️ He interpuesto varias acciones legales y constitucionales en contra de estos abusos y de los funcionarios abusivos como el amigo íntimo del presidente Mr. Daniel Noboa, JJ Neira, y espero que los jueces ahora sí tengan la valentía de sentar precedentes de defensa de los derechos de los ciudadanos.
📍Ya tenemos fecha para audiencia pública en la AP, para el 12/Jun/09:30 ante el Juez Constitucional en Carapungo.
✍️ A pesar de toda esta persecución no me amilanan ni mucho menos pienso claudicar…con más fuerza lucharé por mis convicciones.
✍️ Presentaré una denuncia por asociación ilícita, tráfico de influencias y otros delitos, recordándoles que #ElPoderEsEfímero
NOTA: algunos dirán, “para qué te metes a confrontar con el gobierno…” o sandeces parecidas, para tratar de normalizar o justificar la situación que atravieso; pero NO, esto no es normal en un estado de derechos y justicia, esto es propio de una dictadura .
#LaRevocatoriaVa
#RevocaEC🤳🇪🇨
#RevocatoriaNOboaPinto
#LaUnidadHaceLaFuerza
@eluniversocom “Somos uno de los países menos desiguales del continente”
- Daniel Noboa, 2026.
Nancy Jeanneth Uriarte Silva, identificada como media hermana de la asambleísta Diana Jácome, figura como funcionaria directiva del Ministerio de Ambiente y Energía, donde ocupa el cargo de Coordinadora General Administrativa Financiera. La información tomó fuerza este 4 de junio, en medio de la polémica por los audios atribuidos a la exministra Inés Manzano, en los que se menciona una presunta coordinación con Jácome para manejar las comparecencias sobre Progen y ATM dentro de la Comisión de Transparencia.
El señalamiento fue realizado hace tres semanas por el asambleísta Blasco Luna, de Revolución Ciudadana, durante una entrevista en Contacto Directo, donde advirtió que el cargo de Uriarte podía representar un posible conflicto de intereses en la fiscalización de contratos vinculados al sector eléctrico. Según registros citados por Radio Pichincha, Uriarte ingresó al Ministerio de Energía en 2024 como directora de Administración del Talento Humano y desde 2025 consta como Coordinadora General Administrativa Financiera.
La controversia crece porque Jácome preside la comisión que ha tratado el caso Progen, mientras su media hermana ocupa un cargo administrativo financiero en la misma cartera de Estado atravesada por los contratos eléctricos bajo investigación.
El nuevo elemento aparece después de la filtración del audio en el que Manzano habría explicado que Jácome llamó primero a comparecencias para evitar que lo hiciera otra comisión con mayoría de Revolución Ciudadana, y que esas intervenciones debían ser “más escuetas” .
Por: @iarandrader
Defensas de varios procesados en el caso Sinohydro presentaron este 4 de junio, ante la Corte Nacional de Justicia, registros de pagos emitidos desde empresas vinculadas a Conto Patiño hacia religiosos, instituciones de la Iglesia, fundaciones, aseguradoras y personas naturales que no constan entre los acusados por Fiscalía. La información fue expuesta durante la audiencia de juicio por presunto cohecho en el proyecto Coca Codo Sinclair y abrió cuestionamientos sobre la selección de responsabilidades en la causa.
Según el informe citado en audiencia, las transacciones analizadas desde cuentas relacionadas con Comercial Recorsa y otras compañías del entorno de Patiño sumarían más de USD 5,6 millones en 587 movimientos bancarios. Expreso detalló además que, dentro de esos registros, las defensas identificaron más de USD 3,3 millones en pagos a grupos ajenos a la imputación actual, incluidos USD 912.000 destinados a instituciones religiosas.
Las defensas usaron esos registros para cuestionar el criterio de selección de responsabilidades dentro del caso y aunque su argumento no apunta necesariamente a afirmar que cada pago haya sido ilegal, si cuestiona por qué ciertos movimientos económicos fueron tratados como parte de una trama de sobornos mientras otros, provenientes de las mismas cuentas investigadas, quedaron fuera del proceso penal.
Entre los beneficiarios que constan en la lista de 587 transacciones aparecen el exarzobispo de Quito, Fausto Trávez; monseñor Mario Ruiz, arzobispo emérito de Portoviejo, fallecido en 2020; las Madres Siervas de María; la Fundación Colegio Americano de Quito; la Fundación Casa del Sagrado Corazón; la Fundación Irfeyal; la Fundación Zoológica del Ecuador; Aseguradora del Sur; Industria Maderera Ecuatoriana; el Colegio Menor; además de otras personas naturales y jurídicas. Radio Pichincha realizó 10 pedidos de información y obtuvo respuesta de la Arquidiócesis de Quito, las Madres Siervas de María y el Colegio Menor.
La Arquidiócesis de Quito señaló que el actual arzobispo no tuvo participación ni conocimiento directo de las transferencias vinculadas al exarzobispo Fausto Trávez, porque habrían ocurrido antes de su designación. Las Madres Siervas de María reconocieron una donación de USD 20.000 de Conto Patiño en julio de 2013 para el mantenimiento de la casa, mientras el Colegio Menor indicó que no podía pronunciarse por tratarse de un proceso penal en curso.
Por: @iarandrader
Cuando Noboa habla de que encarna una lucha del bien contra el mal, tiene razón.
El bien son estas familias que son capaces de perdonar un crimen de estado que les arrebató a sus hijos.
El mal es este gobierno que vulnera los derechos de familias inocentes todos los días.
Al Presidente de la República le importan tanto las vidas de los niños, niñas y adolescentes del Ecuador, que estuvo ausente en el acto de disculpas públicas del Estado por la desaparición forzada de Josué, Ismael, Steven y Nehemías.
Ni perdón ni olvido.
Juicio y castigo.
¿El caso de PROGEN anticipa la muerte cruzada?
La historia detrás del caso expone a un gobierno intentando controlar la Asamblea, administrar el escándalo y decidir quién cae y quién se salva.
Un audio apareció como una pieza que conecta demasiadas cosas y demasiadas coincidencias empiezan a parecer otra cosa.
Por @chespolitico_
#Análisis #Corrupción #Fiscalia #AsambleaN #SomosElBalance
En Colombia van a votar por el candidato de ultraderecha porque "la Constitución lo va a frenar"
Las familias de los ocho jóvenes desaparecidos de Daule siguen esperando este 4 de junio, en los exteriores del laboratorio de Criminalística de la Policía en Guayaquil, la identificación y entrega de los cuerpos hallados en la vía Babahoyo-Jujan.
Los jóvenes desaparecieron el 31 de mayo, cuando salieron desde Daule hacia Milagro para realizar un trámite personal, y tres días después fueron encontrados ocho cadáveres en el sector Las Cañitas.
Hasta esta mañana, Fiscalía solo ha identificado dos cuerpos porque tenían cédulas entre sus pertenencias, mientras seis permanecen pendientes de confirmación formal. Las familias pidieron poder ver los restos para reconocer tatuajes, cicatrices, ropa u otros rasgos, aunque hasta ahora el proceso se mantiene en manos de Medicina Legal, entre traslados, falta de información clara y una espera que prolonga el dolor de quienes buscan sepultar a sus familiares.
El caso comenzó con la desaparición de ocho jóvenes agricultores, de entre 15 y 31 años, dos de ellos menores de edad y ninguno con antecedentes penales, según la información difundida. Cámaras registraron la última vez que fueron vistos con vida mientras circulaban por una vía de Guayas, después de lo cual sus familias realizaron plantones para exigir celeridad en la búsqueda.
La entrega de los cuerpos también se retrasó por problemas en las diligencias forenses. Un primer equipo acudió al Centro Forense de Guayaquil para realizar las autopsias, pero los procedimientos no se concretaron, por lo que Fiscalía pidió la intervención de otro grupo especializado para practicar autopsias, pruebas de ADN, análisis antropológicos, odontológicos, toxicológicos y demás pericias necesarias para establecer causa, mecanismo y manera de muerte.
El ministro del Interior, John Reimberg, dijo que junto a los cuerpos se encontró una nota que apuntaría a un presunto “atentado” de Los Lobos contra Los Choneros, una hipótesis que todavía debe ser investigada y no puede usarse para cerrar el caso ni instalar sospechas sobre las víctimas. La versión oficial recuerda el intento de criminalización que ocurrió con los cuatro niños de Las Malvinas y evita responder preguntas básicas: quiénes los secuestraron, por qué no fueron localizados a tiempo y por qué sus familias enfrentan tantas demoras para recuperar los cuerpos.
Por: @iarandrader
Daniel Noboa anunció este 3 de junio, durante una entrevista con Radio Marejada en Manabí, que su Gobierno reducirá de 14 a 10 el número de ministerios, en lo que sería el segundo recorte de gabinete en menos de un año. El Presidente presentó la medida como parte de un plan de eficiencia estatal y dijo que buscará concentrar más responsabilidad en menos carteras para mejorar la gestión del Ejecutivo.
La reducción llega después del ajuste aplicado en julio de 2025, cuando el Gobierno pasó de 20 a 14 ministerios y redujo también el número de secretarías, con fusiones como la absorción de Cultura, Deporte y Senescyt en Educación, la integración de Ambiente con Energía y Minas, y la desaparición de otras estructuras bajo el argumento de simplificar el aparato público. Ese primer recorte estuvo acompañado por la desvinculación de cerca de 5.000 servidores del Ejecutivo y por evaluaciones de desempeño que abrieron un frente de incertidumbre laboral dentro del Estado.
Noboa evitó confirmar si la nueva reducción implicará más despidos y habló de “recambio” y “depuración”, dejando abierta la posibilidad de nuevas salidas en el sector público, con un ajuste que volvería a caer sobre los trabajadores estatales y aumentaría la presión sobre las carteras que aún sobreviven. Además, al referirse a los funcionarios que podrían salir, Noboa dijo que, si alguien “no quiere trabajar”, contratará a “un joven manabita” para ocupar ese puesto, una frase que aparte de ser clasista y demagógica, convierte el recorte estatal en amenaza laboral.
El Gobierno todavía no ha detallado qué ministerios desaparecerán, cuándo empezará el nuevo ajuste ni cuántos funcionarios podrían verse afectados, pero el anuncio se vincula a compromisos fiscales con el FMI y a la presión por mostrar orden administrativo.
Por: @iarandrader
El Tribunal Contencioso Electoral anuló este 3 de junio las resoluciones del Consejo Nacional Electoral que cancelaban la inscripción de Unidad Popular, Lista 2, y devolvió de forma inmediata su estatus dentro del Registro Nacional Permanente de Organizaciones Políticas.
La sentencia respondió al recurso presentado por Geovanni Atarihuana, director nacional de la organización, y determinó que el CNE actuó fuera de los plazos legales y sin respaldo documental suficiente para justificar la supuesta reducción de afiliados.
La jueza Ivonne Coloma Peralta fundamentó la nulidad en dos puntos centrales: la incompetencia temporal del CNE y la falta de trazabilidad sobre los datos usados para intentar sacar al partido del registro electoral. Según el fallo, la cancelación debía resolverse hasta 120 días antes de la convocatoria a elecciones, plazo que vencía el 3 de abril, pero la resolución principal fue emitida el 26 de abril, cuando el organismo ya no tenía margen legal para hacerlo.
El TCE también cuestionó que el CNE no haya incorporado la documentación necesaria para sostener la causal aplicada sobre una presunta reducción del número de afiliados por debajo del mínimo legal. La sentencia señaló que no se entregó una base consolidada completa ni reportes suficientes sobre depuraciones, bajas o registros posteriores a la fusión de Unidad Popular con el antiguo MPD, lo que dejaba incertidumbre sobre la cifra real de militantes.
La decisión, sin embargo, no cierra de forma definitiva la discusión sobre los requisitos de permanencia del partido, porque el TCE dispuso que el CNE realice un nuevo examen técnico y jurídico con información verificable y respeto al debido proceso. Sin embargo, el fallo sí golpea una decisión que había sido denunciada como parte de un intento de proscripción política antes de las elecciones seccionales.
Por: @iarandrader
Insistiré siempre en que cuestionar posibles actos de corrupción cometidos por funcionarias públicas no es violencia política de género, sino un ejercicio legítimo de libertad de expresión.
Ser mujer y funcionaria no puede seguirse invocando para evadir la rendición de cuentas a la ciudadanía.
El abogado Washington Andrade anunció este 3 de junio, mediante un video grabado en Washington D.C., que presentó un amicus curiae ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para coadyuvar a la defensa internacional del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, recluido en la cárcel de máxima seguridad El Encuentro sin sentencia ejecutoriada. Andrade sostuvo que el caso debe ser atendido con urgencia por la CIDH, al considerar que la vida y el derecho a la defensa del alcalde están en riesgo por una persecución política impulsada desde el Gobierno de Daniel Noboa.
En su pronunciamiento, Andrade afirmó que Álvarez permanece ‘’secuestrado’’ como resultado del uso del aparato judicial contra un opositor político, en un proceso que, según señaló, afecta no solo sus derechos, sino también los de su familia. El abogado insistió en que el alcalde debe poder defenderse en libertad y que su permanencia en El Encuentro agrava una situación de condiciones penitenciarias incompatibles con estándares mínimos de dignidad.
Andrade enmarcó su presentación como una contribución ciudadana y jurídica frente a la violación de derechos humanos en Ecuador. En el texto que acompañó el video, sostuvo que la justicia no puede funcionar como tortura para unos y como herramienta de persecución e impunidad para los poderosos, al pedir que el caso de Álvarez sea leído más allá de cualquier ideología o conveniencia política.
Por: @iarandrader
Diana Jácome, presidenta de la Comisión de Transparencia, suspendió este 3 de junio una sesión tras un cruce con Lenin Barreto, asambleísta de Revolución Ciudadana e impulsor del juicio político contra la exministra Inés Manzano por el caso Progen. El conflicto empezó cuando Jácome intentó impedir que Barreto permaneciera en la mesa de la comisión y le pidió ubicarse entre el público o retirarse de la sesión, pese a que el legislador reclamaba su participación en el tratamiento del caso.
Cuando Barreto aceptó la disposición, Jácome dijo que no se aceptaban “delincuentes” en la sesión, lo que provocó la reacción de los presentes. Ante la falta de silencio en la sala, y después de elevar el tono varias veces, la presidenta de la Comisión de Transparencia suspendió la sesión y se retiró.
El incidente ocurrió después de la filtración de audios difundidos por Ecuavisa, en los que Inés Manzano menciona una coordinación con Jácome para manejar comparecencias sobre Progen dentro de esa comisión.
En el audio, la exministra habría señalado que Jácome le explicó la necesidad de “hacer esta movida” para llamar primero a los funcionarios eléctricos, antes de que lo hiciera otra comisión con mayoría de Revolución Ciudadana, y que las comparecencias debían ser “más escuetas”. La grabación apunta a una coordinación para limitar la profundidad de las comparecencias de funcionarios de Celec y Termopichincha sobre Progen y ATM, en un caso que investiga un perjuicio al Estado de más de USD 110 millones y cuyo juicio político contra Manzano ya fue calificado para avanzar en la Asamblea.
Jácome ha sostenido que la Comisión de Transparencia lleva cuatro meses fiscalizando el caso, aunque los audios filtrados y las reiteradas veces en que se ha diferido el tratamiento de Progen en la Asamblea contradicen esa versión.
Por: @iarandrader
LA JUSTICIA NO debe ser para unos una tortura…y para otros, los poderosos, su herramienta de persecución, humillación e impunidad.
Sin importar ideologías o conveniencias políticas, hay que defender el derecho a la vida del ser humano AQUILES ÁLVAREZ, ya que él, en poco tiempo puedes ser tú, tus hijos, tus padres, hermanos o vecinos.
✍️ Aquiles debe defenderse en libertad.
#LibertadParaAquiles
#Lawfare #CasoTripleA #CasoGoleada
#CárcelDelEncuentro
#Tuberculosis #NoAlaPenaDeMuerteVelada
🚨🇪🇨 Reports of sexual torture, mass starvation, physical abuse, and tuberculosis are emerging from Ecuador’s military-controlled prisons while the government expands security cooperation with U.S. Southern Command.
Drop Site contributor Camila Galarza-Zavala reports from Quito that one inmate died every seven hours over the past year, pushing prison deaths to their highest level in recent history and surpassing the era when drug cartels controlled the prison system. Among the detainees are former left-wing Vice President Jorge Glas, who lost 30 pounds and was found unconscious after allegedly being denied food and medical care; Omar Campoverde, a member of the Marxist Movimiento Guevarista, who says he was sexually assaulted by prison guards; and Aquiles Alvarez, the elected mayor of Ecuador’s largest city, who has been held by the state for the past three months.
The crackdown on political prisoners comes as Washington deepens its support for the Ecuadorian government, supplying Pentagon bombs and deploying military personnel.
The photographs accompanying this report were taken inside Ecuadorian prisons by inmates between 2024 and 2025 and shared with their families to expose conditions behind bars. They were first published by journalist Karol Noroña for CONNECTAS.
@sovietwithsazon for Drop Site News
Que raro que el mismo funcionario que persigue al actual alcalde de Guayaquil quiera ser el próximo alcalde de Guayaquil
🤨
¿CÓMO AFECTA LA FUGA DE FERNANDO VITERI AL CASO TRIPLE A?
En la entrevista con @iarandrader, el abogado David Norero (@DavidNoreroC) sostuvo que el proceso continuará su curso. Sin embargo, cuestionó que en el caso Goleada se le haya dictado prisión preventiva pese a haber cumplido durante más de un año con sus presentaciones periódicas y afirmó que, en la audiencia, se justificó la medida por ser familiar del alcalde Aquiles Álvarez, algo que —según dijo— no tiene razón jurídica ni lógica.
LA AUDIENCIA DEL DOMINGO MOSTRÓ QUE NO HAY INFORMES CONTRA AQUILES
En la entrevista con @iarandrader, el abogado David Norero (@DavidNoreroC), defensa de Aquiles Álvarez, aseguró que la audiencia de vinculación del domingo 31 de mayo fue favorable para el alcalde, ya que no se presentó ningún informe que establezca tráfico de combustibles ni contra él ni contra sus compañías.
El exjuez anticorrupción Christian Luvin Quito Carpio recuperó su libertad el 18 de mayo, luego de pagar USD 50.000 en cauciones dentro de los dos procesos penales que enfrenta por asociación ilícita e incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. La decisión se tomó en juzgados de Quito y Tulcán, pese a que el exmagistrado había sido detenido en abril en el puente de Rumichaca, cuando intentó cruzar hacia Colombia a pesar de tener prohibición de salida del país.
En la causa por asociación ilícita, un juez de Iñaquito aceptó una caución de USD 10.000, mientras en Tulcán se fijó otra de USD 40.000 por el proceso abierto tras incumplir la medida cautelar que le impedía abandonar Ecuador. Con ambos pagos, Quito Carpio dejó la prisión preventiva y continuará los procesos en libertad, aunque Fiscalía sostuvo que su conducta evidenciaba riesgo de fuga.
Quito Carpio fue parte de la Unidad Judicial Anticorrupción y su nombre ya había sido cuestionado por decisiones como el archivo del caso León de Troya, investigación vinculada a presuntos nexos entre la mafia albanesa y el entorno político del expresidente Guillermo Lasso. También aparece en el caso Fachada, que indaga una presunta red de jueces que habrían recibido beneficios económicos a cambio de decisiones favorables para la organización Comandos de la Frontera.
Durante los allanamientos de dicho caso, la Policía encontró USD 10.000 en efectivo ocultos en un mueble de baño del departamento del exjuez, dinero cuya procedencia intentó ser justificada mediante un contrato civil que luego fue señalado como falso dentro de la investigación. Fiscalía sostiene que esa estructura habría operado para justificar el origen del efectivo y encubrir posibles actos de corrupción judicial.
La liberación de Quito Carpio es un ejemplo más del doble estándar del sistema judicial: un exjuez investigado por asociación ilícita, con dinero hallado en su vivienda y un intento de salida del país pese a una prohibición vigente, sale tras pagar caución, mientras Aquiles Álvarez sigue en una cárcel de máxima seguridad sin sentencia y con una audiencia de caución que se difiere una y otra vez.
Por: @iarandrader
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