Un campesino terminó preso y condenado por una deuda millonaria con la Dian. Asegura que su proceso es el resultado de una estafa de César Pachón, exfuncionario del gobierno de Gustavo Petro.
Mañana en @estoescambio la investigación con toda la documentación.
Mi más sincera felicitación y mi más profunda gratitud a mi hermana @JulianaGaonaB, por su defensa inquebrantable del buen nombre de mi padre, el Magistrado Manuel Gaona Cruz, y la preservación de la memoria histórica de la nación. https://t.co/9aCqUVWmuF
Ministra @PaolaHolguin Viceministra @ANIABELLO_R aquí les dejo un hilo para que revisen si entre esas obras estan algunas de las robadas, sabemos que ellos no solo son ladrones, sino que son populistas y brutos.
Nunca se sabe que aparezca alguna
Sigue 🧵
Este caso me tiene partida el alma. Una mujer de 83 años víctima de abuso sexual y dejan libre al presunto responsable. Qué dolor, qué rabia y qué impotencia. La justicia tiene que responder.
Presidente @ABDELAESPRIELLA una cosa es que se burlen, otra muy distinta es que Levy Rincón, lo llame narcotraficante y lavador de dinero, esos son cargos muy serios; no puede este minúsculo ser, continuar llamándolo delincuente.
Ya que en redes tenemos que leer opiniones acerca de la memoria "arrebatada" de Carlos Pizarro en el Museo Nacional, por ser parte de nuestra historia.
Podríamos pedir que se mantenga, pero como lo que fue, por ejemplo con el vídeo del Masacre de Tacueyó.
Jajajajajajajajaja jajajajaja
Dice Paola Ochoa de @BluRadioCo, que no es posible que Verónica Alcocer haya negociado droga en Venezuela, porque 2.5 toneladas de cocaina pura no le caben en las maletas. Chanfleee 👀
Por favor, quítenle el micrófono 🤭😆
Esto es inaudito ¿Qué hicieron los defensores de las culturas, las artes y los saberes con las obras de arte de la Casa de Nariño? Obregones y Boteros, fueron reemplazadas por pinturas de temática indígena y ahora no aparecen. Estamos hablando del patrimonio nacional, señores. Esas obras tienen que aparecer y quienes las tenían bajo su custodia deberán responder.
¿Operación tortuga en la JEP para justificar la ampliación de su periodo y contratar más burocracia?
Contrario a lo manifestado por la JEP, la Procuraduría desde el año pasado alertó en varias ocasiones que el Tribunal no estaría cumpliendo los términos para adelantar las investigaciones, lo cual no permitiría surtir con garantías la fase adversarial (juicios) contra los comparecientes que no aceptaron responsabilidad (Fuerza Pública)
La cuenta es muy sencilla. La JEP tiene 10 años desde su entrada en operación para presentar las acusaciones contra los comparecientes que no aceptan responsabilidad. Esto implica que primero la Sala de Reconocimiento de Verdad debe hacer su investigación y pasar los expedientes a la Unidad de Investigación -UIA- para que formule la acusación.
Para cumplir los tiempos, todos los expedientes de los macrocasos debieron enviarse a más tardar el 15 de septiembre de 2025 para que la UIA pueda investigar con los términos de la Ley (30 meses), pero la propia JEP afirmó que terminaría de remitir los casos entre 2027 y 2028.
Si el tiempo de investigación se extiende, los militares que no aceptaron responsabilidad tendrían que someterse a un juicio express, contra reloj, que terminará de violar todas sus garantías. La única alternativa, y seguramente a lo que están jugando los magistrados, sería ampliar el periodo de la JEP, con lo cual seguirían atornillados a los puestos que tienen de forma vitalicia.
Pero esto no es lo más grave 👇
¡Increíble lo que encontramos en RTVC!
Un contrato de casi $12.000 millones y un oferente que registró como domicilio “Nadie sabe”, correo “No se meta” y documento de identidad 777.
Ese fue el único competidor que tuvo la unión temporal que ganó el contrato para comprar una unidad móvil que hoy no puede operar.
¿Quién estaba detrás de semejante oferta?
Hoy, en @estoescambio, revelamos los documentos y las anomalías de esta contratación.
"No comparto su postura y que No es cierto que “ventilar audiencias reservadas / secretas , que debieron ser Públicas” Nos atormente, lo que Nos atormenta es su risa y camaradería con un criminal de guerra, con violador de derechos humanos" @CarlosSolerPa
#PILAS 🚨 Grupo de delincuentes a bordo de una camioneta Ford EcoSport blanca, de placas JIZ148, quedaron grabados por cámaras de seguridad cuando intentaban robar las llantas de un vehículo Tesla estacionado en una zona azul aledaña al parque Prados de la Sabana, norte de Bogotá
¡Inaceptable! un juez dejó en libertad a Wilber Alonso García Muñoz, señalado de abusar sexualmente de una mujer de 83 años en La Unión.
¡La justicia no puede fallarles a las víctimas! La @FiscaliaCol debe revisar con urgencia lo ocurrido y actuar con todo el rigor para que este crimen no quede impune.
Los vehículos de los esquemas de protección de las FARC nos estarían costando a los colombianos un estimado de $226.000 millones anuales, a lo cual se debe sumar el valor del número de escoltas -incluidos los viáticos- de cada esquema que no se conoce por ser dato reservado.
De acuerdo a la información que entregó la UNP ante la JEP en 2025, hay 1.272 vehículos destinados a 2.512 miembros de las FARC.
Teniendo en cuenta la cotización que le dio la UNP al Senado para suscribir el convenio de protección de 2026, las camionetas con blindaje III y IIIA tienen un costo promedio de $17 millones mensuales. Y los carros convencionales cuestan en promedio $11 millones mensuales. Haciendo la cuenta, el costo podría superar los $226.000 millones anuales.
Está bien que el Estado proteja a los desmovilizados que efectivamente se reincorporaron a la vida civil, pero debe haber claridad frente a las condiciones dadas al Secretariado de las FARC, más aún cuando solo dieron $46.194 millones para reparar a las víctimas y no entregaron el 81.8% de los inmuebles y el 96.5% de los muebles que se comprometieron a dar (Contraloría).
Con una fortuna estimada de las FARC de US$600 millones en 2014 (Forbes), es indignante que los colombianos estemos costeando este gasto tan alto en medio de una alarmante crisis fiscal que nos tiene pagando tasas de endeudamiento superiores al 13% y tiene comprometido el escaso presupuesto de inversión de 2027.
No repararon a las víctimas, no entregaron las rutas del narcotráfico, no devolvieron todos los niños reclutados, no pagaron un día de cárcel, montaron un Tribunal (JEP) hecho a su medida y, tras de todo, los colombianos debemos financiar su protección.
El Acuerdo de La Habana terminó siendo la operación de lavado de activos más grande de la historia. ¿Dónde está la fortuna de las FARC?