IB

Entendiendo, cuestionado e indagando sobre la vida

[Ángela María Robledo @angelamrobledo]

Tan católico pero tan mentiroso .Se lo va a llevar el diablo señor José Manuel Restrepo.
@petrogustavo .

[CandelaPura🔥𝕏 @CandelaPura666]

Ya no baila, ya no saluda, ya no come en la calle la celebridad!

[literland @literlandweb1]

Correcto.

[Ismael Sanz @sanz_ismael]

Una simple palabra puede iluminar el día o herirlo, darte alas o hundirte. Algunas frases despectivas se clavan en el tejido de la memoria y el daño arde a pesar de los años. @irenevalmore

[Lizett Hincapié Ome @LizettHincapie]

Por fin, estoy de acuerdo en algo con este Señor.

[mont @tedeciruelas]

Mary Oliver

[Libertario 🟨⬛ @QuotesforGoal]

"Si los imbéciles no te encuentran arrogante, estás haciendo algo mal"

Nassim Nicholas Taleb

[mont @tedeciruelas]

Natalia Ginzburg:

“¿cómo podría amar una cosa que no sé recordar?”

[mont @tedeciruelas]

Sylvia Plath en sus diarios

[IB @ividaaaa]

@SandovalLina Ve patea tu y callate esa boca.

[Wilber Preciado @wilberpreciado]

Hay que leer esa columna mañana de @DCoronell

Los primeros indicios del nuevo gobierno no pintan bien.

[Ariel Ávila @ArielAnaliza]

Viviane Morales en el Ministerio de Educación no solo es seguir con los de siempre sino retroceder 150 años.

[Luis Carlos Reyes @luiscrh]

¿Qué tan cierto es que el gobierno de @petrogustavo endeudó a Colombia como ningún otro? Esta es la deuda del gobierno nacional central como porcentaje del PIB y en pesos reales de 2024. En Santos II, la deuda aumentó alrededor de 10 puntos porcentuales del PIB, con Duque 11,3 y con Petro 1,3. En pesos reales de 2024, aumentó alrededor de 178 billones con Santos II, 317 con Duque, y 63 con Petro.

Fuentes:

Deuda: https://t.co/QF7pXEzmH2

PIB: https://t.co/UVKjAxQzA1

IPC:
https://t.co/DbiW5KKGpH

[eva @almodovarrrr]

un poquito así se siente haber llegado a julio

[Ministerios Ligonier @LigonierESP]

«No basta con cantar Sublime gracia; necesitamos ser asombrados, una y otra vez, por la gracia». —@RCSproul

[Chaotic @chaoticprank]

Salió con la cámara sin imaginar que estaba a punto de grabar el momento más increíble de toda su vida.

[Jurisprudencia Colombiana @JurisprudenCol]

Un motociclista en Duitama (Boyacá) sufrió un accidente de tránsito que le dejó fractura de clavícula y lesiones en la región lumbosacra y pélvica. Su vehículo estaba amparado por una póliza SOAT vigente, expedida por La Previsora S.A., que incluía el amparo de incapacidad permanente hasta por 180 salarios mínimos legales diarios. Todo estaba en regla, salvo un detalle que terminó judicializándose: para reclamar esa indemnización, la ley exige un dictamen de pérdida de capacidad laboral (PCL) expedido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez, trámite que cuesta un salario mínimo mensual completo. El accionante, sin capacidad económica para asumirlo, le pidió a la aseguradora que corriera con ese gasto. La respuesta de La Previsora fue evasiva: no negó, pero tampoco resolvió. Y ahí empezó el verdadero litigio.

Jurídicamente, el caso obliga a revisar algo que muchos operadores del SOAT dan por sentado: quién tiene la carga legal de calificar, en primera oportunidad, la pérdida de capacidad laboral. El artículo 41 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 142 del Decreto Ley 019 de 2012, es contundente al respecto: esa obligación recae sobre las compañías de seguros que asumen el riesgo de invalidez y muerte —exactamente lo que ocurre con el amparo de incapacidad permanente del SOAT—. No se trata de una recomendación ni de una buena práctica comercial; es un deber legal directo en cabeza de la aseguradora, no del asegurado.

El Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, al confirmar la tutela de primera instancia, fue enfático en un punto que debería inquietar a cualquier aseguradora del ramo: exigirle a la víctima que primero pruebe una "insolvencia económica absoluta" mediante prueba sumaria, antes de asumir un costo que la ley ya le atribuye a la compañía, es desproporcionado. Basta con acreditar una condición socioeconómica precaria —en este caso, pertenencia al estrato uno— para activar la protección constitucional. El Tribunal se apoyó en la sentencia T-003 de 2020 de la Corte Constitucional, que ya había resuelto un caso idéntico contra otra aseguradora, y en el artículo 50 del Decreto 2463 de 2001, que expresamente traslada el costo de los honorarios de la junta a la compañía cuando se trata de regímenes obligatorios como el SOAT.

Aquí está el núcleo verdaderamente polémico del asunto: en la práctica, decenas de víctimas de accidentes de tránsito en Colombia —muchas de ellas incapacitadas para trabajar, precisamente por el siniestro que buscan indemnizar— se topan con esta paradoja kafkiana: deben pagar de su propio bolsillo, con ingresos que ya no tienen, el examen que demuestra que merecen ser indemnizadas. La aseguradora, mientras tanto, se ampara en la letra de reglamentos administrativos para no asumir un costo que la ley superior ya le impuso, delegando en el usuario más vulnerable una carga que la norma diseñó para ella. Este fallo no crea una regla nueva; simplemente confirma, una vez más, que esa práctica es inconstitucional.

Queda entonces una pregunta que interpela directamente al sector asegurador: si la jurisprudencia constitucional lleva más de una década siendo uniforme en este punto —T-322 de 2011, T-003 de 2020 y ahora esta confirmación de 2025—, ¿por qué las aseguradoras del SOAT siguen negando o evadiendo estas solicitudes en primera instancia, obligando a las víctimas a litigar por un derecho que ya está pacíficamente reconocido?

¿Ustedes creen que estas negativas responden a desconocimiento normativo de las aseguradoras o a una estrategia deliberada de desgaste frente a víctimas que, en su mayoría, no tienen cómo pelear? Se los leo en comentarios.

[PROMO ⛸️❤💙 @Ipromoo]

Learn different between using a toilet paper and water after pooping …