Olivia
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Juan Carlos Naula
@jcnaula
Economista, Administrador de Empresas, Investigador Social y de Mercados. Disfruto mucho del deporte.
Ecuador
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Lo mismo ha ocurrido en Ecuador en los últimos meses.
@WOLA_org
#ATENCIÓN
El exministro de Salud, José Ruales, mencionó que solo cinco países han aceptado los procesos de los laboratorios farmacéuticos de la #India, los cuales tienen bajo nivel de calidad.
"El problema ahí es que el control de calidad, de supervisión de toda la industria de la India está en entredicho, desde un punto de vista técnico", indicó.
@EcuavisaInforma
#Ecuador|| La empresa compró cada generador usado por un valor de 425,000 dólares. El valor total pagado por los 21 generadores a Apolo Electric fue de 8,925,000 dólares. Progen revendió cada equipo al Estado por 3,425,000 dólares, los \ generadores inservibles que Progen vendió a Ecuador se evidencian en documentos que reposan en el proceso que se sigue en Estados Unidos. @EcuavisaInforma
Ecuador es un País de Ripley.
Aquí una persona SIN sentencia ejecutoriada, constitucionalmente inocente, termina presa, prácticamente secuestrada por el propio Estado, en una cárcel de máxima seguridad que más parece un campo de concentración moderno, supuestamente “por su seguridad”, debido a amenazas contenidas en un informe tan “reservado” que ni siquiera la potencial víctima puede conocerlo.
Es decir: el amenazado va preso y aislado; los supuestos amenazantes siguen libres.
La prisión preventiva dejó de ser cautelar hace tiempo. En muchos casos se convirtió en pena anticipada, mecanismo de presión psicológica y castigo extrajudicial.
Y lo más grave: todo esto normalizado, burocratizado y hasta defendido por quienes deberían ser los primeros guardianes del debido proceso y de la presunción de inocencia.
@notimundoec @carlosjijon ¿Qué hace un periodista hablando de economía? jeje.
#ConfundiendoYPerdido. Sabrá que el BCE cambió la metodología de medición del PIB. Completamente descontectualizado.
“Carta al País”, firmada por un Presidente de la República, pero redactada como si el Estado fuera una extensión de sus intereses personales, familiares y patrimoniales.
Un Presidente no está para justificar carros de lujo, limpiar cuestionamientos sobre títulos académicos obtenidos bajo sospecha, victimizarse frente a críticas ciudadanas ni normalizar beneficios tributarios hechos a la medida de grupos privilegiados.
Mientras millones sobreviven entre desempleo, miedo, extorsión, hospitales colapsados y servicios públicos destruidos, el mensaje presidencial gira alrededor de su círculo íntimo, de sus bienes, de su apellido y de su narrativa personal. Ese no es el lenguaje de un estadista; es el reflejo de un gobierno desconectado de la realidad nacional.
Y lo más grave: se pretende presentar como “ataque político” lo que en cualquier democracia seria constituye control ciudadano y exigencia de rendición de cuentas.
PROGEN no es una “persecución”; es un escándalo de presunta corrupción pública que involucra recursos del Estado. La remisión tributaria usada por grupos económicos vinculados al poder no es ejemplo de mérito; es exactamente la razón por la que la ciudadanía siente que en Ecuador existen ciudadanos de primera y de segunda categoría. Y hablar de vehículos sin placas, registros claros o matrícula mientras se exige obediencia absoluta a la ley al ciudadano común, solo profundiza la percepción de privilegio e impunidad.
El problema ya no es únicamente político. Es moral.
Porque un gobierno que concentra poder, persigue voces críticas, degrada instituciones y al mismo tiempo exige comprensión para sus privilegios personales, termina destruyendo la legitimidad democrática desde dentro.
El país no necesita cartas emocionales para humanizar al poder. Necesita transparencia, resultados, institucionalidad, humildad y respeto por la inteligencia de la gente.
Gobernar no es administrar una marca familiar. Gobernar es responderle al país entero, especialmente a quienes jamás tendrán acceso a los privilegios que hoy se intentan justificar como si fueran normales.
Muy útiles estas conversaciones en formato largo que @fabriciovelav organiza de tiempo en tiempo con un experto/a en opinión pública para leer e interpretar encuestas más allá de los titulares del momento.
Recomendado el programa de ayer con Gustavo Isch
https://t.co/G4GBfUZsPt
@ElenaDeQuito Un Patán de Primera !
@PRENSAVirtual_ Por esos votaron al Nuevo Rector!
No se entiende, la comunidad universitaria (principalmente profesores) lo votó!
@DecioMachadoF La gente que entiende, interpreta como "gestión"?
HAY UNA GUERRA SOCIAL QUE SE ESTÁ PERDIENDO
Es el profundo desencuentro entre la técnica contable y la evidente realidad social en el Ecuador. Mientras el Fondo Monetario Internacional (FMI) celebra el cumplimiento de metas cuantitativas, la economía de a pie —la de los hogares y el consumo básico— opera bajo una lógica de supervivencia que las estadísticas incompletas, distorsionadas o mal interpretadas suelen maquillar o ignorar.
El cumplimiento de las metas del FMI se ha convertido en un fin en sí mismo, desplazando el mejoramiento de la calidad de vida de la gente, que es el objetivo fundamental de la economía.
Bajo el principio de GIGO (Garbage In, Garbage Out), si las evaluaciones se alimentan únicamente de acumulación de reservas y reducción del déficit primario, el resultado será una economía sana en el papel, pero anémica en la economía real. El ajuste suele recaer en la inversión pública y en los servicios esenciales.
Al reducir la capacidad de gasto del Estado —especialmente en una economía dolarizada— se afecta regresivamente a los sectores de menores ingresos, se contrae la demanda agregada y se asfixia el crecimiento real.
Acumular divisas en el Banco Central puede dar tranquilidad a los tenedores de deuda externa, pero, si esa acumulación no se traduce en financiamiento productivo o inversión en infraestructura, se convierte en capital ocioso frente a una población que no alcanza a cubrir la Canasta Básica Familiar. Los informes internacionales también están señalando el avance de la pobreza en el Ecuador.
Uno de los puntos más críticos es la expansión del crédito como mecanismo de subsistencia. Cuando el ingreso real de las familias se estanca o retrocede, el microcrédito y las tarjetas de crédito dejan de ser herramientas de inversión o consumo suntuario para convertirse en ingreso artificial.
El endeudamiento para cubrir necesidades básicas —comida, salud y servicios— crea un círculo vicioso. La capacidad real de pago se erosiona, y lo que el FMI ve como profundización financiera es, en realidad, una bomba de tiempo de insolvencia familiar. En un mercado laboral donde la mayoría sobrevive en la informalidad o el subempleo, el crédito se vuelve el único salvavidas frente a la ausencia de ingresos estables y capacidad real de compra para un alto porcentaje de la población.
La reflexión es devastadora por su sencillez. Si el “progreso significativo” no se refleja en la reducción de la brecha entre el ingreso promedio y el costo de la canasta básica, entonces el progreso es excluyente. Como bien advertía Galbraith en su análisis sobre la “cultura de la satisfacción” —o del contentamiento—, las élites políticas y los organismos internacionales tienden a validar las políticas que protegen sus propios indicadores de estabilidad, ignorando que el bienestar de una minoría no garantiza la viabilidad a largo plazo de una nación.
Una economía que se jacta de su rigor fiscal mientras sus ciudadanos se endeudan para comer no es una economía funcional; es una ficción estadística.
Siguiendo la lógica de la incertidumbre y la fragilidad, ignorar los indicadores sociales en favor de los financieros aumenta la exposición del país a eventos de ruptura social impredecibles. La presión sobre los hogares ecuatorianos no es infinita; la resiliencia ciudadana tiene un límite que no aparece en los informes técnicos del FMI.
El éxito económico debe medirse por la capacidad de cobertura de la canasta básica y la generación de empleo adecuado. Sin estos pilares, cualquier progreso reportado por el FMI no es más que una victoria contable en una guerra social que se está perdiendo.
Econ. Marco Flores T.
Abril 23 de 2026
La @CorteConstEcu fue clara en años pasados: no se pueden pedir datos personales para acceder a información pública.
Revisa la entrevista completa a nuestro subdirector, @marceloespinel: https://t.co/KAagj8AHRC
UNA RESOLUCIÓN ABSURDA QUE REPITE LOS ERRORES DEL FERIADO BANCARIO Y PERJUDICA LA SEGURIDAD DE LOS DEPOSITANTES
La reciente normativa aprobada por la Junta de Política y Regulación Financiera constituye un atentado técnico y social contra la seguridad económica de los ecuatorianos. Al convertir el seguro de depósitos de la COSEDE en un recurso de última instancia la autoridad monetaria ha dejado desprotegidas a las familias y ha vulnerado la confianza que sostiene al sistema. Esta decisión obliga a que ante la quiebra de una entidad financiera el ciudadano deba esperar un proceso de exclusión de activos y pasivos cuya resolución es incierta y depende de la voluntad de terceros privados para absorber deudas ajenas.
El error técnico es absoluto porque rompe la garantía de devolución inmediata del dinero protegido. Ahora el bienestar de los hogares y su capacidad para cubrir el costo de la canasta básica familiar quedan supeditados a una ingeniería contable que prioriza la liquidez del fondo de seguros sobre el derecho legítimo del ahorrista. Es una medida que carece de sensibilidad humana y que traslada todo el peso del riesgo financiero a los hombros de la población más vulnerable.
A este escenario se suma el gravísimo peligro de contaminación sistémica. La resolución pretende salvar instituciones insolventes transfiriendo sus pasivos a entidades sanas y solventes. Esta es exactamente la misma receta errática que se aplicó durante el feriado bancario de 1999 cuando la unión forzada de bancos en crisis con instituciones sólidas terminó por quiebras simultáneas que destruyeron el sistema financiero nacional. La historia demuestra que la toxicidad de una cartera incobrable no se diluye al integrarla a un banco sano sino que expande el contagio y acelera el colapso generalizado de la liquidez.
Es imperativo señalar que los miembros de la Junta de Política y Regulación Financiera no están exentos de responsabilidad por las consecuencias de este despropósito. La emisión de una resolución que induce deliberadamente un riesgo sistémico y desmantela la red de seguridad de los depositantes conlleva responsabilidades legales civiles y administrativas que no pueden ser ignoradas. Actuar con negligencia técnica ante la posibilidad de un colapso financiero compromete directamente la integridad de quienes firman estas medidas. La protección de los intereses públicos y el ahorro ciudadano es una obligación irrenunciable que al ser vulnerada mediante normativas absurdas genera una exposición directa frente a la justicia y la fiscalización del Estado.
Econ. Marco Flores T.
22 de abril de 2026
CRÍTICA AL ENFOQUE DE AUGUSTO DE LA TORRE SOBRE LA SEGURIDAD SOCIAL
Resulta inadmisible la recurrencia con la que los responsables directos de descalabros financieros y sociales previos, retornan a la escena pública para dictar cátedra sobre una supuesta infalibilidad técnica. Estos tecnócratas, anclados en dogmas ortodoxos ya agotados por la realidad, insisten en aplicar fórmulas que sistemáticamente han profundizado la desigualdad y erosionado los derechos sociales. Su ceguera ideológica les impide reconocer que sus promesas de “orden fiscal” y “prosperidad por goteo” han culminado, invariablemente, en la ruina de trabajadores y de familias pobres y vulnerables, lo que evidencia que su persistencia no es un ejercicio de rigor científico, sino una defensa obstinada de intereses que desprecian la dignidad humana y el bienestar común.
Augusto de la Torre ha vuelto a angustiar a empleados y jubilados al asegurar que el sistema de pensiones del IESS va rumbo al precipicio financiero y que para evitarlo se requieren ajustes paramétricos. Propone más años para calcular la pensión, más sueldos considerados en la base de aportación y más tiempo de contribución para jubilarse. En lo esencial, vuelve a colocar el peso del ajuste sobre los trabajadores, como si la crisis del sistema pudiera resolverse aumentando exigencias a los afiliados, sin corregir al mismo tiempo las fallas estructurales de la economía y del propio Estado.
1. EL ERROR DE UN ENFOQUE REDUCCIONISTA
Ese enfoque parte de una reducción inaceptable del problema. El IESS no enfrenta únicamente un desbalance actuarial. Enfrenta las consecuencias de una economía con alta informalidad, bajo crecimiento, débil productividad y empleo insuficiente. La evidencia disponible muestra con claridad que el problema de la seguridad social no puede separarse de la estructura real de ingresos de la población.
El Banco Mundial revela con propiedad la distribución del ingreso en Ecuador, mostrando una brecha de desigualdad que hace inviable cualquier ajuste basado únicamente en el esfuerzo del trabajador. En esta estructura de distribución, el Quintil 1 (el 20% más pobre) recibe apenas el 4,3% del ingreso total; el Quintil 2 recibe el 9,1%; el Quintil 3 recibe el 14,4%; el Quintil 4 recibe el 22,2%; mientras que el Quintil 5 (el 20% más rico) recibe el 50,0% del ingreso captado en las encuestas de hogares.
Al relacionar la distribución por ingresos con la realidad laboral y el costo de la vida, el resultado es que el 60% de los hogares recibe ingresos por debajo del costo de la canasta básica familiar. Esa insuficiencia no es marginal ni transitoria; expresa una restricción estructural de la economía ecuatoriana. El resultado analítico más consistente indica que los quintiles 1, 2 y 3 no alcanzan a cubrir el costo de la CBF mensual y solo los quintiles 4 y 5 logran cubrirla. En consecuencia, para una mayoría social, el problema no es aportar poco por decisión propia, sino desenvolverse en condiciones económicas que no permiten sostener de manera regular ingresos suficientes.
Adicionalmente, una parte importante del consumo básico no se financia con ingresos laborales suficientemente sólidos, sino mediante endeudamiento, remesas y liquidez de corto plazo. El consumo de los hogares creció, pero apoyado en el crédito de consumo y en las remesas del exterior. Esto significa que una parte relevante del gasto de los hogares no descansa sobre una mejora sólida del ingreso, sino sobre mecanismos compensatorios que revelan una economía familiar bajo presión.
En esas condiciones, exigir más años de aporte o mayores esfuerzos contributivos no constituye una solución estructural; constituye una carga adicional sobre trabajadores y hogares que ya operan con márgenes económicos extremadamente estrechos.
2. EL DESAFÍO DEMOGRÁFICO FRENTE A LA REALIDAD ECONÓMICA
La presión demográfica sobre el sistema es real y no debe negarse. El envejecimiento gradual de la población y la relación entre cotizantes y jubilados plantean desafíos de sostenibilidad que deben ser atendidos. Pero reconocer ese hecho no obliga a aceptar que la única respuesta válida sea endurecer las condiciones para jubilarse.
El problema demográfico existe, pero su tratamiento aislado, en una economía precarizada y con baja capacidad de generar empleo formal, conduce a soluciones puramente aritméticas que lucen ordenadas en el papel y fracasan en la práctica. No se puede discutir sostenibilidad previsional como si la base contributiva fuese sólida, estable y creciente, cuando una parte mayoritaria de la población no logra siquiera cubrir el costo de una canasta básica familiar y, además, sostiene parte de su consumo mediante endeudamiento.
3. LA DENSIDAD DE COTIZACIÓN ES UN CONCEPTO TÉCNICO DECISIVO
El problema no es únicamente cuánto aporta una persona cuando tiene empleo formal, sino durante cuántos meses o años efectivos logra cotizar a lo largo de su vida laboral. En economías con alta rotación, informalidad y trayectorias laborales interrumpidas, la baja densidad de cotización limita estructuralmente la sostenibilidad del sistema. Aumentar requisitos legales sin transformar primero la estructura del mercado laboral equivale a elevar la barrera de acceso en un contexto en el que millones de trabajadores ni siquiera logran trayectorias contributivas continuas. Por eso, el desbalance no puede ser interpretado solo como un problema de parámetros previsionales; es, ante todo, la consecuencia de una economía incapaz de generar empleo suficiente, adecuado y con remuneraciones de razonable poder adquisitivo.
La evidencia adicional sobre consumo y endeudamiento refuerza este punto. Si una porción considerable de los hogares sostiene su consumo básico con crédito no productivo, remesas y liquidez de corto plazo, entonces la capacidad contributiva real hacia la seguridad social queda todavía más limitada. No se trata simplemente de afiliados que aportan poco, sino de trayectorias laborales y familiares materialmente debilitadas.
4. COHERENCIA FISCAL Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS
La seguridad social no puede sostenerse únicamente con contabilidad actuarial; depende de una base económica real: empleo formal, salarios suficientes y confianza institucional.
No es consistente exigir mayores aportes mientras el propio Estado arrastra obligaciones acumuladas con el sistema. Tampoco es consistente trasladar a los afiliados el costo del ajuste mientras persisten debilidades fiscales no resueltas y mientras la fragilidad financiera del sector público termina presionando también al IESS.
A esto se suma la crisis de los servicios. La disposición a aportar depende de la percepción de retorno. El desabastecimiento de medicinas, las cirugías diferidas, la atención deteriorada y la incertidumbre sobre las prestaciones erosionan la legitimidad contributiva del sistema. Cuando el afiliado percibe que aporta más, pero recibe menos y peor, la confianza institucional se debilita todavía más. Esa precariedad no es accidental; es el resultado de años de políticas centradas en la austeridad y en la subordinación de la inversión social al ajuste fiscal.
5. RESPONSABILIDAD DEL CONSEJERO EN EL DETERIORO FISCAL Y SOCIAL DEL PAÍS
Augusto de la Torre integró el Consejo Asesor Económico del gobierno de Lenín Moreno y fue consejero presidencial durante el gobierno de Guillermo Lasso. Participó, por tanto, en las políticas de disciplina fiscal que prometían “poner en orden la casa” y dejar la economía en “ON”. Pero el resultado fue el contrario, una economía más endeudada, estancada, empobrecida y con servicios públicos deteriorados.
En noviembre de 2023, al término del gobierno de Lasso, el resultado global acumulado del Presupuesto General del Estado registró un déficit de USD 4.834 millones, equivalente al 4,0% del PIB. A esa misma fecha, las obligaciones pendientes de pago ascendían a USD 2.542,6 millones y los pasivos derivados de convenios de liquidez debitados a instituciones públicas, a USD 3.099,6 millones. La deuda pública más otros pasivos fue USD 82.051,5 millones, equivalente al 67,9% del PIB anual.
Durante los gobiernos de Moreno y Lasso se duplicaron los pasivos de la deuda pública, pero no los activos del Estado, en un contexto de bajo crecimiento, estancamiento del empleo y precarización de los servicios públicos esenciales.
Por eso, resulta inadmisible que responsables directos de esos resultados ahora se presenten como consejeros del IESS. Son tecnócratas aferrados a dogmas ortodoxos que, lejos de corregir los problemas, profundizaron la desigualdad y debilitaron los derechos sociales. Sus promesas de “orden fiscal” y “prosperidad por goteo” terminaron deteriorando las condiciones de vida de las mayorías, lo que no revela rigor científico, sino la defensa de intereses ajenos al bienestar común.
6. LA SALIDA ESTRUCTURAL
La salida para el IESS requiere una estrategia distinta, que no castigue al afiliado ni traslade automáticamente el costo del desequilibrio a quienes ya soportan ingresos insuficientes.
El Estado debe cumplir plenamente con sus obligaciones financieras frente a la seguridad social. La política económica debe orientarse a expandir el empleo formal, elevar la productividad y mejorar los ingresos laborales. La gobernanza del IESS debe blindarse frente a la captura política y al uso discrecional de sus recursos. Y la protección en la vejez debe fortalecerse mediante un pilar solidario sostenido con ingresos fiscales progresivos, no mediante un ajuste regresivo descargado sobre trabajadores con trayectorias laborales tan limitadas.
En términos más concretos, una reforma seria de la seguridad social exige primero ampliar la base material que la sostiene. Mientras la mayoría de los hogares no cubra la canasta básica y una parte sustancial del consumo se mantenga con endeudamiento, cualquier reforma centrada en endurecer requisitos previsionales será económicamente débil, socialmente regresiva e inviable.
CONCLUSIÓN
El enfoque de Augusto de la Torre no ofrece una solución estructural; reproduce la vieja lógica de pedirle siempre más al trabajador para no corregir las causas de fondo. En un país donde se estima que el 60% de los hogares no cubre la Canasta Básica Familiar, y donde una parte relevante del consumo básico se sostiene con endeudamiento, remesas y liquidez de corto plazo, insistir en elevar exigencias contributivas resulta socialmente regresivo y técnicamente insuficiente. La restricción principal no está en una supuesta generosidad excesiva del sistema, sino en la debilidad estructural del mercado laboral, en la insuficiencia de ingresos reales y en la inconsistencia fiscal del propio Estado.
Blindar al IESS frente al ajuste regresivo y frente a cualquier deriva privatizadora es una condición indispensable para defender la seguridad social como derecho, preservar la dignidad de la vejez y reconstruir la confianza pública sobre bases económicas y sociales reales.
Econ. Marco Flores T.
Abril 16 de 2026
FUENTES DE CONSULTA
. Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC. ENEMDU de febrero de 2026; Boletín Técnico de Empleo, Desempleo y Subempleo, febrero de 2026; e Informe Ejecutivo de Canastas Analíticas, febrero de 2026.
. Banco Mundial. World Development Indicators y Poverty and Inequality Platform, Ecuador, distribución del ingreso por quintiles, dato correspondiente a 2024, con actualización y validación publicada en marzo de 2026.
. Ministerio de Economía y Finanzas. Panorama General de las Estadísticas de Finanzas Públicas del Presupuesto General del Estado a noviembre de 2023; y Boletín de Deuda Pública a noviembre de 2023.
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