- ¿Qué tenemos?
- Aquí hay una garrafa de gasolina, una caja de cerillas, varías pisadas y la huella de un vehículo.
- Bien, apunta:
Causa del incendio el Cambio climático.
Palabras calmadas de alguien que sabe. Esto no va de siglas sino de híper regulación y de atentados contra el sentido común (las piñas el más notorio) con consecuencias devastadoras Y evitables
La prueba de que los políticos no se creen su propia narrativa del cambio climático es que no invierten en prevención de incendios. Si se creyeran su narrativa, legislarían en ese sentido, invertirían en prevención, limpiarían los montes, aprovecharían el exceso de masa arbórea y subvencionarían la ganadería extensiva, y lo harían precisamente por el cambio climático y, sin embargo, hacen lo contrario de lo que habría que hacer.
En el cambio climático han encontrado un filón para seguir impulsando una agenda contraria al interés general haciéndonosla tragar por la vía de urgencia mediante relatos para dummies abducidos y crédulos hasta el paroxismo. En lugar de disponer la manera de adaptarse al pretendido cambio climático, nos imponen la necesidad incontrovertible de "combatirlo".
¿Qué pasaría si nos gobernaran los mejores del mundo?
Imaginemos por un momento que España dejara de organizarse según los intereses de cada partido y de los repartos de cargos sin criterio del gobierno de turno.
Imaginemos una comisión formada por los mejores especialistas de Estonia, Singapur, Suiza, Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Finlandia, Corea del Sur, Francia, Japón y Nueva Zelanda. No vendrían a imponer, sino a aplicar en España lo que ya funciona fuera.
Su primera conclusión sería incómoda, que España no carece de dinero, sino de prioridades, continuidad y exigencia.
Los estonios empezarían por la burocracia. La Administración dejaría de pedir al ciudadano documentos que ya posee. Abrir una empresa, tramitar una ayuda o comunicar un cambio familiar no exigiría peregrinar entre Hacienda, Seguridad Social, ayuntamiento y comunidad autónoma.
El Estado compartiría datos, simplificaría procedimientos y mantendría la atención presencial para quien la necesitara.
Los singapurenses entrarían después en la función pública. Preguntarían por qué tantos puestos directivos dependen de la confianza política, por qué cada Gobierno sustituye equipos enteros y por qué existen organismos cuya utilidad nadie sabe explicar.
Los cargos dejarían de ser premios. Los responsables técnicos serían elegidos por mérito, experiencia y resultados.
Los suizos mirarían las cuentas. No permitirían anunciar al mismo tiempo rebajas fiscales, nuevas prestaciones, más empleados públicos y grandes infraestructuras sin explicar quién lo paga.
Cada gasto permanente necesitaría un ingreso permanente. Los fondos extraordinarios no financiarían estructuras eternas. Y una parte de cualquier ahorro se dedicaría a reducir la deuda.
Los daneses y finlandeses exigirían que el dinero se concentrara en lo esencial, en educación temprana, sanidad primaria, dependencia, salud mental y protección familiar.
Pero no aceptarían que aumentar un presupuesto equivaliera automáticamente a mejorar un servicio. Medirían tiempos de espera, resultados escolares, atención real y calidad de vida.
Alemanes y coreanos preguntarían qué produce España, qué puede exportar y por qué forma talento que después aprovechan otros países.
Conectarían Formación Profesional, universidad e industria. Las ayudas públicas dejarían de ser cheques sin retorno. Si una empresa recibe apoyo y triunfa, el Estado recuperaría parte de la inversión.
Los holandeses tratarían el agua como una cuestión nacional, no como una guerra territorial improvisada durante cada sequía.
Los franceses planificarían la energía sin dogmas.
Los japoneses exigirían mantenimiento antes de inaugurar nuevas obras.
Los neozelandeses revisarían cada subvención y cada organismo con una pregunta sencilla, si funciona o no.
La comisión descubriría pronto que el principal problema español no es la falta de planes. Es que casi nunca se elimina lo que fracasa, casi nunca se evalúa lo que cuesta cada cosa y casi nunca se protege lo que necesita décadas de desarrollo.
Después de diez años, España probablemente tendría menos trámites, menos cargos políticos, más industria, mejor vivienda, justicia más rápida, infraestructuras mejor mantenidas y servicios públicos más fiables.
No porque esos expertos fueran infalibles, sino porque aplicarían cuatro principios que aquí olvidamos demasiado:
- El dinero público no pertenece al Gobierno.
- Los cargos no son premios.
- La burocracia debe servir, no estorbar.
- Y una política no es buena por sus intenciones, sino por sus resultados.
La paradoja es que España no necesita realmente que la gobiernen extranjeros. Necesita que quienes la gobiernan acepten esas reglas.
Los ciudadanos deben decidir los fines. Los políticos, responder ante ellos y los profesionales, ejecutar las políticas con continuidad y rigor.
No hace falta importar un país nuevo. Hace falta dejar de confundir el Estado con el partido, el presupuesto con una caja electoral y la propaganda con la gestión.
A Pedro Sánchez le ha dado por repetir, como un mantra, que "la emergencia climática mata". El presidente de Andalucía asiente con devoción. Perfecto. Entonces ya sabemos quiénes son los responsables intelectuales de los 13 muertos del incendio de Los Gallardos, en Almería.
Porque si el clima mata, los que llevan décadas exprimiéndonos en nombre de la lucha contra el clima son los culpables directos.
¿Quién, si no?
Llevamos décadas pagando un dineral en impuestos verdes, impuestos especiales, peajes, costes regulados y derechos de emisión de CO₂ que actúan como un brutal IVA encubierto, duplicando o triplicando el coste real de la energía. Llevamos décadas soportando normativas que priorizan un ecologismo de despacho sobre la ecología real de los montes y cauces.
¿Resultado? Montes convertidos en yesqueros porque no se puede tocar ni una rama, ni siquiera mediante el pastoreo extensivo que durante milenios mantuvo estos ecosistemas limpios de forma natural.
¿Qué más quiere Pedro Sánchez que hagamos? ¿Pagar otro impuestazo para que él y los suyos sigan dando lecciones de sostenibilidad desde el Falcon o el Airbus 310, mientras nosotros elegimos entre calentar la casa en invierno, poner el aire acondicionado en verano o llegar a fin de mes? ¿O tal vez lo que pretende es que nos quememos vivos en la plaza del pueblo como ofrenda expiatoria a la Pachamama?
¿Dónde está el maldito retorno de la inversión? ¿Cuánto ha bajado la temperatura del planeta —o siquiera la de España— después de los billones de euros extraídos por la fuerza a los contribuyentes? Cero. Ni una sola centésima de grado.
Solo tenemos facturas astronómicas, industria huyendo a China —que se ríe de nuestro Green Deal desde su economía de carbón—, y cadáveres calcinados mientras ellos posan junto a sus paneles solares.
Las víctimas y los montes de Los Gallardos no murieron por el cambio climático. Murieron por la incompetencia criminal de una ideología que prefiere la fantasía de los “sueños sandía” de los políticos antes que proteger a la vida de la biosfera y de la gente real.
Me asombra nuestra incapacidad para reconocer, apoyar y compartir las ideas originales y dotadas de ese atributo preciocísimo que es el racionalismo crítico, el cual permite:
• Eliminar errores de forma más efectiva.
• Acercarse progresivamente a la verdad (aunque nunca con certeza).
• Generar nuevo conocimiento y problemas más profundos.
Y que siempre puede ser sometida a prueba (empírica, lógica o crítica intersubjetiva) (en vez de presentarse como irrefutable).
La pregunta no es qué pensadores tuvo España, sino qué potencias e instituciones han tenido capacidad para determinar quién merece ser llamado filósofo como pensador universal.
El "canon" universal de filósofos fue construido por las potencias culturales, universitarias y editoriales que lograron presentar su propia tradición nacional como si fuera la historia general del pensamiento.
Francia convirtió a Descartes, Rousseau o Voltaire en patrimonio universal.
Alemania hizo lo mismo con Kant, Hegel, Marx o Nietzsche.
Inglaterra con Hobbes, Locke y Hume.
No solo porque fueran grandes autores, sino porque detrás había Estados, universidades, imperios, lenguas internacionales y sistemas educativos capaces de difundirlos durante siglos.
España sí ha producido pensadores de primer orden. Séneca, Isidoro de Sevilla, Averroes, Maimónides, Ramon Llull, Francisco de Vitoria, Francisco Suárez, Gracián, Feijoo, Jovellanos, Donoso Cortés, Unamuno, Ortega y Gasset y, ya en nuestro tiempo, Gustavo Bueno o Antonio Escohotado.
El problema es que muchos no encajan en la imagen moderna, francesa, alemana o anglosajona de lo que debe ser un filósofo, es decir, un autor individual, constructor de un sistema reconocible y fácilmente exportable en forma de manual universitario.
La Escuela de Salamanca, por ejemplo, pensó cuestiones decisivas sobre el derecho internacional, la soberanía, la guerra justa, la legitimidad de la conquista, el precio, el dinero y la condición humana de los pueblos americanos.
No fue una filosofía menor, era el pensamiento producido en el interior de un Imperio enfrentado a problemas políticos reales de escala mundial que sirvió como base para los derechos humanos.
España fue una sociedad capaz de discutir filosófica y jurídicamente los límites de su propio poder.
Ese relato resulta incómodo para determinadas historiografías extranjeras, pero también para una gran parte de la intelectualidad española, educada durante generaciones en la admiración a lo francés, lo alemán o lo anglosajón.
Incluso la separación posterior entre filósofos, teólogos y ensayistas perjudica retrospectivamente a la tradición española.
A Francisco Suárez se le etiqueta como escolástico, a Francisco de Vitoria, como teólogo, a Gracián, como escritor, a Jovellanos, como político y a Ortega y Gasset, como ensayista.
Y el mecanismo continúa. Gustavo Bueno construyó uno de los sistemas filosóficos más ambiciosos de la filosofía contemporánea, el materialismo filosófico, con una ontología, una teoría de la ciencia, una filosofía política, una teoría de la religión y una crítica sistemática de las ideas de cultura, democracia o izquierda.
Antonio Escohotado desarrolló una obra monumental sobre las drogas, la libertad, el comercio y la historia de los movimientos contrarios a la propiedad privada.
Se pueden discutir, criticarlos y negar muchas de sus conclusiones porque eso es precisamente hacer filosofía.
Lo curioso es que un pensador alemán o francés con obras de semejante ambición probablemente habría generado cátedras, escuelas internacionales y bibliotecas enteras de estudios en varios idiomas.
En España todavía discutimos si Gustavo Bueno era un señor mayor que salía en televisión o Escohotado el filósofo de las drogas.
Por eso la cuestión no es simplemente si España careció de pensamiento, sino quién elaboró el canon, desde qué instituciones y al servicio de qué mapa histórico.
Las filosofías no flotan en el vacío, dependen de Estados, lenguas, universidades, traducciones, editoriales y hegemonías políticas.
España no fue necesariamente un país de segunda en pensamiento. Fue un país que perdió la capacidad de imponer el relato sobre su propia filosofía y terminó contemplando su historia intelectual desde las categorías construidas por otras potencias.
En 1776, el malagueño Luis de Unzaga, gobernador de la Luisiana española, escribió una carta dirigida al “General de los Estados Unidos de América". Aquella carta, leída por George Washington, fue la primera vez en que una autoridad europea reconocía a la nueva nación. 🇺🇸🤝🇪🇸
Siglos después, los historiadores Frank Cazorla y Rosa García Baena, de la Universidad de Málaga, redescubrieron este episodio tras sus investigaciones en su obra El gobernador Luis de Unzaga. Precursor en el nacimiento de los Estados Unidos y en el liberalismo, destacando su visión conciliadora, su defensa de la educación bilingüe y su apoyo a la independencia estadounidense.
En el marco del 250º aniversario de los Estados Unidos, celebramos a quienes tendieron los primeros puentes entre España y EE.UU.
#Freedom250 #LuisDeUnzaga #GeorgeWashington
@RafadelaGuerra X y muchos de sus lectores perdemos cuando alguien como tú decide salir. Mis mejores deseos para ti y tu labor de compartir opiniones y sabiduría por donde quiera que vayas. Un fuerte abrazo.
El derecho a la vida y a la dignidad hay que defenderlo, empezando por las víctimas de la violencia y no por los perpetradores. Es repugnante que tantos gobernantes lo ignoren. https://t.co/3UBJ6nw7P4
@JesusFerna7026@grok Considerando los programas de partido, y no solo las declaraciones circunstanciales, cómo se diferencian esas posiciones de Feijóo (PP) con las de Vox?
⚡️Ackman is right on the mechanism.
A rent freeze in a rising-cost environment is balance-sheet expropriation through price control.
The city is taking an inflation problem it failed to solve and forcing private buildings to absorb it. Taxes rise. Insurance rises. labor rises. utilities rise. repairs rise. debt service rises. Then revenue is frozen by politics. That is not housing policy. That is cash-flow confiscation with tenant-relief branding.
The most important line is operating leverage. Real estate looks stable until the spread breaks. A building can appear fine from the street while the owner’s economics are collapsing inside the walls. When rent cannot move and expenses keep moving, the owner has only a few choices:
Defer maintenance.
Cut service.
Stop investing.
Sell at a distressed price.
Default.
Convert if legally possible.
Fight politically.
Exit the market.
That is how housing quality dies. Not all at once. Slowly. Boiler replacement delayed. Roof work delayed. Hallways decay. Super gets cut. Response times worsen. Repairs become triage. Then tenants live inside the result of the “protection” they voted for.
The rent freeze gives existing stabilized tenants immediate relief. That is the political seduction. The cost shows up later as building decay, lower investment, fewer rental conversions, higher market-rate pressure, owner distress, and reduced supply appetite. The policy spends future housing quality to buy present political loyalty.
The South Bronx reference is not random drama. It points to the decay mechanism. When revenue cannot support the operating cost of the asset, owners eventually stop maintaining the asset. If the legal system prevents economic adjustment, the physical system adjusts instead. Pipes, roofs, elevators, boilers, facades, and hallways do not care about campaign promises.
The ugliest part: this crushes small owners before it crushes the truly powerful. Small landlords with debt and old buildings cannot absorb years of political theater. Large capital has lawyers, reserves, optionality, tax structuring, distressed-buying capacity, and patience. A hostile regime often claims to punish landlords and ends by killing the small owner layer, then making the remaining market more institutional, more scarce, and more expensive.
That is the contradiction.
The policy claims to protect tenants from capital.
It weakens the fragile owner class and leaves the field to entities with deeper capital.
Market-rate renters get hit hardest over time. If stabilized rents are frozen and new supply is discouraged, pressure moves into the unregulated stock. The city then gets two markets: protected incumbents and everyone else paying the clearing price for scarcity.
NYC is trying to preserve affordability while attacking the economics required to supply and maintain housing. That cannot work indefinitely.
Housing is physical. It has costs. Those costs must be paid by someone. If tenants do not pay, owners pay. If owners cannot pay, buildings pay. If buildings pay, the city decays.
A rent freeze is not free.
It is a transfer.
From owners to tenants now.
From maintenance to decay later.
From market-rate renters to stabilized incumbents.
From future supply to present politics.
From the physical city to the electoral machine.
No es solo el CGPJ.
Es la despartidización completa de todas las instituciones del Estado mediante una reforma constitucional.
Iustitia Europa propone superar el régimen del 78 y devolver el poder a los españoles:
1) Elección directa del Presidente del Gobierno.
2) Limitación de mandatos y supresión de aforamientos e inmunidades políticas.
3) CGPJ elegido por jueces y fiscales, no por las cúpulas de los partidos políticos.
4) Fiscalía General del Estado independiente del Gobierno e integrada en el CGPJ.
5) Creación de una administración electoral propia.
6) Eliminación de la financiación pública de los partidos políticos.
7) Elección directa de diputados.
8) Referéndum vinculante para las grandes decisiones.
9) Reforzar la acción popular.
10) Reforma del Tribunal Constitucional.
"Hace mucho tiempo que pienso que si llega el día en que la creciente eficiencia de la técnica de la destrucción hace que nuestra especie acabe desapareciendo de la tierra, no será la crueldad la responsable de nuestra extinción, ni mucho menos, ni por supuesto, la indignación que despierta la crueldad, ni las represalias y venganzas que trae consigo, sino la docilidad, la falta de responsabilidad del hombre moderno, su servil aceptación básica de los códigos vigentes. Los horrores de los que hemos sido testigos y los horrores aún peores que veremos no indican que en el mundo esté aumentando el número de los rebeldes, los insubordinados e indomables, sino que lo que aumenta de manera constante es el número de hombres obedientes y dóciles." Georges Bernanos, La libertad, ¿para qué? (1947)
La economía política del caso Leire va mucho más allá del epifenómeno de los pagos ilegales a la “fontanera” del PSOE.
La evidencia apunta a que se montó una estructura, casi con seguridad desde Moncloa, para subvertir los pilares del Estado de derecho y preservar el poder de Pedro Sánchez. Es, desde el caso GAL, el escándalo más grave de nuestra democracia.
Este socavamiento, sin embargo, forma parte de un patrón más amplio: el desmantelamiento del Estado en el que el PSOE se embarcó el 13 de noviembre de 2003, cuando Zapatero prometió en el Palau Sant Jordi que “Apoyaré la reforma del Estatuto que apruebe el Parlamento de Cataluña”.
La realidad electoral española, cada vez más clara, es que el PSOE solo puede gobernar con los votos del nacionalismo (o cuasinacionalismo) de Cataluña, País Vasco y Navarra. Sin los escaños de estas tres comunidades, la derecha nacional habría tenido mayoría absoluta en todas las elecciones desde 1996 hasta 2023, salvo en 2004.
Pero para lograr esos votos, el PSOE tiene que comprometerse con el desmantelamiento del Estado, ya sea de forma directa (la reforma de la financiación autonómica) o indirecta (el control partidista de las instituciones). De ahí a intentar destruir la UCO solo hay un paso, y se da a la primera tentación.
Por tanto, el PSOE solo elegirá como secretario general a alguien como Zapatero o Sánchez, a quienes el Estado trae al fresco. No son accidentes: son la respuesta estructural del sistema. No hay “PSOE bueno”, porque un “PSOE bueno” no puede gobernar y la mayoría de sus militantes no tienen vocación de suicidio político. Para suicidarse, es mucho más rápido apuntarse a Podemos.
Enfrente solo hay un PP sin la menor visión de futuro (la reciente visita de Feijóo a Cataluña demuestra, por enésima vez, que el PP no tiene plan para nada) y un Vox con un Santiago Abascal que no da más de sí (que Vox ronde el 18%-20% en las encuestas, dada la situación actual, debería leerse como un fracaso).
El problema es que no veo salida en el marco actual. Tras la crisis del euro surgieron dos proyectos de reforma: C’s y Podemos. Los votantes rechazaron ambos. Sí, los dos partidos cometieron errores tácticos y de liderazgo, pero, a fin de cuentas, el votante mediano prefirió lo malo conocido (PSOE y PP) a lo malo por conocer (C’s y Podemos). El votante mediano no quiere que nada cambie porque vive del Estado, de forma directa (pensiones, empleo público) o indirecta (transferencias varias, regulaciones).
Creo que todo esto saltará por los aires en algún momento hacia 2030, año arriba o año abajo. Pero no descarto que sigamos, en su lugar, un camino de declive irreversible. Con una fecundidad de 1,1 hijos por mujer y la inmigración que tenemos, quizá en 2080 la España que conocemos desde 1492 ya no exista.
Y si usted, lector, me pregunta qué se puede hacer: no solo no lo sé, sino que dudo que pudiera arreglar nada aunque yo fuera el que tomara las decisiones.
🚨🚨Comunicado de todas las asociaciones de jueces y fiscales profesionales e independientes , ante los gravísimos hechos de acoso, denigración y hostigamiento a la magistrada Beatriz Biedma, que se están publicando en los medios de comunicación, que contrastan con la vergonzosa y tibia nota del CGPJ y con el
impresionante silencio de algunos.
Creo que este duro comunicado debe ir acompañado de otras actuaciones que se intuyen en su párrafo final, y que deberían pasar por la inmediata comunicación a las instituciones europeas de lo que aquí está ocurriendo e incluso, cuando la investigación avance y se concreten las imputaciones, por el ejercicio de las oportunas acciones legales.
A ti que lees esto y te indignas, te pido que retuitees y difundas 👇👇