Un billete de 24.000 dólares para asistir a una final de un Mundial.
Si un cargo público acude a un evento con entradas de ese valor, la pregunta no es si era legal.
La pregunta es mucho más sencilla:
¿Quién lo pagó señor Llorca?
La transparencia no debería empezar cuando la oposición pide explicaciones.
Debería existir desde el minuto uno.
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