Olivia
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Keycy
@keycymtzr
Estudiante de Lic. En Desarrollo de Software y amante del rock🎸🤍🖤❤️
Joined December 2022
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Ex trabajadora de Pablo Iglesias cuenta el infierno que es trabajar para él.
"Nos obligaba a hacer programas sobre empresarios que no pagan horas extras cuando nos debía mil horas extras"
No, no es normal odiar a los hombres, ni a las mujeres, ni a los animales. Las personas que viven con odio suelen arrastrar traumas y frustraciones. Además, vives con amargura y tienes relaciones inestables.
Pide ayuda.
La civilización es capital acumulado en el tiempo, y cada gobierno que grava el ahorro está consumiendo esa base sin reponerla.
El hombre primitivo no ahorraba, consumía todo de inmediato y vivía del instante.
Las tribus que Durant describe en Nuestra Herencia Oriental no guardaban comida para el día siguiente, porqu no sabían conservarla y confiaban en que la naturaleza volvería a proveer.
Pero las que empezaron a guardar, a diferir el consumo, construyeron civilización.
Es la teoría del capital de Böhm-Bawerk antes de que Böhm-Bawerk naciera.
El ahorro es la condición técnica de toda producción capitalista.
Cuando el hombre guarda grano en lugar de comerlo, libera recursos para fabricar algo que no es consumo directo, una herramienta, un granero, una red de pesca más grande.
Eso que Böhm-Bawerk llama rodeo de producción, roundabout production, es exactamente lo que Durant describe como el salto entre la tribu que caza y la que cultiva.
Tanto el cazador como el agricultor usan bienes de orden superior para producir, el arco y la trampa también son capital.
La diferencia está en la longitud de la cadena y en la estabilidad del entorno que la hace posible.
El agricultor construye una estructura infinitamente más larga, semilla, arado, surco, tiempo, cosecha meses después.
Pero solo puede hacerlo donde el clima, el suelo y las especies disponibles permiten que guardar grano rinda más que consumirlo hoy.
Los bienes de orden superior son los que están más lejos del consumo final en la cadena productiva.
Y son los que multiplican la productividad cuando se acumulan.
Durant escribe que la primera forma de cultura es la agricultura, que es cuando el hombre se asienta y almacena provisiones para el futuro incierto que encuentra tiempo y razón para ser civilizado.
Lo que Durant llama provisión para el futuro incierto, la economía austríaca lo llama baja preferencia temporal.
La preferencia temporal es cuánto valorás el presente por encima del futuro.
Alta preferencia temporal significa consumo ahora, no invierto y no ahorro.
Baja preferencia temporal significa difiero el consumo, acumulo capital y alargo el rodeo productivo.
Pero no es que la preferencia temporal baja causa el desarrollo por arte de magia.
Es que ciertas condiciones materiales, ríos navegables, plantas domesticables de alto rendimiento, animales de tiro, hacen que el ahorro sea rentable.
Y cuando el ahorro es rentable, las sociedades que lo practican desplazan a las que no.
Durant dedica capítulos enteros a esas condiciones, el Nilo, el Tigris, el Éufrates, el trigo y la cebada silvestres del Creciente Fértil.
Lo que él documenta es que dentro de esas geografías favorables, la diferencia entre las tribus que despegaron y las que no fue cultural.
Unas aprendieron a diferir el consumo, las otras no.
El agricultor sacrifica la cena de hoy para tener cosecha en tres meses.
El artesano sacrifica semanas de trabajo para fabricar un arado que multiplica la producción por años.
Cada rodeo de producción más largo requiere más abstinencia, más ahorro previo, más capital acumulado.
Y produce más por unidad de trabajo.
Cuanto más larga la cadena de bienes de orden superior, mayor la productividad final, hasta el punto donde el costo de alargarla supera el beneficio.
Por eso las economías modernas son infinitamente más productivas que las tribales, tienen rodeos de producción de décadas, no de horas.
La computadora que usás hoy es el resultado de décadas de ahorro acumulado en laboratorios de semiconductores, universidades, fábricas de componentes, años de capital invertido en cada etapa.
El pan que comprás en la esquina requiere trigo, molino, horno, transporte, todos bienes de orden superior encadenados antes de llegar al bien de consumo final.
El cazador paleolítico no podía producir ni el pan ni la computadora, no porque fuera menos inteligente, sino porque no tenía capital acumulado en suficientes etapas intermedias para llegar hasta ninguno de los dos.
Ahora bien, ese capital acumulado es el stock real de la economía.
El capital real, máquinas, fábricas, conocimiento incorporado en estructuras productivas, cadenas logísticas que tardaron décadas en coordinarse.
Cuando el Estado grava el ahorro, no está redistribuyendo riqueza.
Está desviando recursos del rodeo productivo hacia el consumo presente.
Y cuando ese desvío supera la tasa de reposición del capital, no hay redistribución.
Hay consumo de capital.
No importa si el Estado lo hace con un impuesto del 30% o del 90%, el mecanismo es el mismo.
Si la cantidad de capital que se destruye o se deja de acumular es mayor que la que se repone, la estructura productiva se acorta.
Y una estructura productiva más corta es literalmente una economía más primitiva.
Es la misma lógica que separó al agricultor del cazador y que separó a Roma del Imperio tardío.
Durant lo documenta en César y Cristo.
Diocleciano gravó hasta consumir el capital acumulado durante siglos.
Los talleres cerraron, las rutas comerciales colapsaron, los oficios especializados desaparecieron.
No porque la gente olvidara cómo producir.
Porque ya no había capital acumulado suficiente para sostener esos rodeos de producción largos.
Lo que quedó fue una economía más primitiva que la que heredó.
El colapso no fue político primero, fue económico.
La estructura productiva se acortó hasta que el Imperio fue, en palabras de Durant, un fantasma político que sobrevivía a su propia muerte económica.
Entonces cuando alguien diga que gravar el ahorro redistribuye riqueza, preguntale si está gravando el retorno o consumiendo la semilla.
Porque está acortando el rodeo productivo.
Está forzando a la economía a vivir del capital que generaciones previas acumularon sin reponerlo.
Y eventualmente, cuando ese capital se agota, lo que queda no es una sociedad más justa.
Es una sociedad más pobre con una estructura productiva más primitiva que la que heredó.
La civilización es capital acumulado en el tiempo, todo lo que consume ese capital sin reponerlo destruye la base de la civilización que dice proteger.
El argumento más repetido para defender la democracia es que votar equivale a consentir.
Lysander Spooner lo destruyó en 1870.
El argumento dice que si votás, consentís el resultado.
Pero consentimiento tiene un significado preciso.
Consentir significa que podés negarte sin consecuencias.
¿Podés negarte a pagar impuestos porque no votaste?
No.
¿Podés optar por no quedar sujeto a las leyes porque te abstuviste?
Tampoco.
El que vota bajo coacción fiscal no prueba que apoya voluntariamente al gobierno.
Prueba que intentó usar el mecanismo disponible para defenderse de él.
Si alguien vota para que sus propios candidatos usen el poder del Estado antes de que sus rivales lo usen contra él, eso no es consentimiento.
Es defensa propia dentro de un sistema que no eligió.
El consentimiento genuino requiere la posibilidad de cada individuo de negarse, sin ser por eso sometido a impuestos, leyes o coerción de ningún tipo.
Esa posibilidad no existe en ningún Estado moderno.
La Constitución tampoco resuelve el problema.
Quienes la firmaron originalmente no podían obligar a las generaciones siguientes, del mismo modo que nadie puede firmar un contrato matrimonial o comercial que vincule a sus descendientes.
Vos no firmaste nada.
Naciste dentro de una jurisdicción que te asignó obligaciones sin pedirte parecer.
Llamar a eso consentimiento es lo mismo que llamar consentimiento al dinero que entrega alguien con un arma en la cabeza.
La presunción de consentimiento sin consentimiento real no es distinta a la que usaría un asaltante para justificar que su víctima aceptó entregar el dinero.
La democracia no descansa sobre el consentimiento.
Descansa sobre la mayoría, que no es lo mismo.
Una mayoría puede votar para esclavizar a una minoría.
El resultado sigue llamándose democrático.
Las mayorías no ofrecen ninguna garantía de justicia, son hombres de la misma naturaleza que las minorías, sin más autoridad moral derivada del número.
Nadie tiene derecho a consentir en nombre de otro.
Eso es lo que hace cada elección.
Votar no es consentir.
Es participar en el reparto del botín que otros van a pagar igual, te guste o no.
Qué huevos tiene Sánchez. Llegó al poder con una moción de censura y sin convocar las elecciones que prometió y ahora dice que al gobierno se llega con votos y no con atajos. Hay que reconocer que no sabe lo que es el pudor ni el decoro y así es imposible. No tiene freno moral.
Nadie tiene derecho a una vivienda. Tiene derecho a adquirirla, construirla o negociarla voluntariamente. Lo que llaman derecho a la vivienda es, en rigor, el reclamo de que otros financien tu vivienda mediante coacción estatal.
Un derecho genuino no requiere que un tercero trabaje para satisfacerlo. Tu derecho a la libertad de expresión no obliga a nadie a comprarte un micrófono. Tu derecho a la propiedad no obliga a nadie a darte una casa.
Cuando se transforma un bien económico escaso en un derecho, lo que realmente se está haciendo es crear una obligación forzosa sobre otros: constructores, contribuyentes, propietarios. Se disfraza de derecho lo que es una transferencia coactiva de recursos.
Y las políticas derivadas de esta ficción producen exactamente lo contrario de lo que prometen. El control de alquileres destruye el incentivo a construir y mantener viviendas, reduce la oferta y genera deterioro del parque habitacional. Los subsidios a la demanda elevan los precios artificialmente sin aumentar la oferta real. Las regulaciones urbanísticas encarecen la construcción y alargan los plazos. Cada intervención estatal en el mercado inmobiliario contrae la oferta, encarece el acceso y concentra el beneficio en quienes ya tienen vivienda a costa de quienes la buscan.
Lo que genuinamente abarata la vivienda es lo mismo que abarata cualquier bien: acumulación de capital, ahorro, inversión productiva, competencia entre oferentes y precios libres que transmitan información real sobre escasez y demanda. Todo lo que la intervención estatal sistemáticamente impide.
Cada ciudad con crisis habitacional crónica es una ciudad hiprerregulada. No es coincidencia, es causalidad. El Estado no soluciona la escasez de vivienda; la produce, y después ofrece como remedio más de lo mismo que la causó.
Un impuesto es la apropiación coactiva de propiedad privada. No hay forma intelectualmente honesta de definirlo de otro modo.
Si tu vecino te exige un porcentaje de tu ingreso bajo amenaza de encerrarte, es extorsión. Si lo hace una organización con suficiente poder territorial para monopolizar la fuerza, se llama «política tributaria». La diferencia no es conceptual sino de escala. La naturaleza del acto es idéntica, se toma sin consentimiento genuino un recurso que otro produjo.
El argumento del contrato social no resiste el menor análisis. Un contrato requiere partes identificables, consentimiento explícito, posibilidad de rechazo y condiciones negociadas. El llamado contrato social no cumple ninguna de estas condiciones. Nadie lo firmó, nadie puede rechazarlo sin abandonar su propia tierra, y las condiciones las fija unilateralmente una de las partes. Llamar contrato a una imposición unilateral e irrevocable es una perversión del lenguaje jurídico.
Pero más allá de la cuestión ética, los impuestos son destructivos en términos económicos puros. Cada tributo introduce una cuña entre el costo real y el precio percibido, distorsionando las decisiones de producción, consumo, ahorro e inversión. Gravar el ingreso penaliza la productividad. Gravar el capital penaliza el ahorro. Gravar el consumo distorsiona la preferencia temporal. No existe impuesto neutral, todo tributo altera la estructura de incentivos y desvía recursos de su asignación más eficiente según la valoración subjetiva de los actores del mercado.
Y el efecto acumulativo es devastador. Cuanto mayor es la carga tributaria, mayor es el desvío de recursos hacia usos políticos en lugar de usos productivos, mayor la destrucción de capital, menor la inversión y menor el crecimiento real. Después se preguntan por qué hay pobreza, como si la respuesta no estuviera en la mitad del ingreso que el Estado confisca antes de que el individuo pueda decidir qué hacer con su propio trabajo.
Los impuestos no son el precio de vivir en sociedad. Son el precio de vivir bajo un monopolio de la fuerza que se autoasignó el derecho de disponer de tu propiedad.
El Estado no provee servicios. Los financia con recursos que primero tuvo que extraer del sector productivo.
Cuando alguien dice que la educación, la salud o el transporte son gratuitos, está confundiendo ausencia de precio con ausencia de costo. El costo existe, lo pagan los contribuyentes mediante impuestos, es decir, mediante apropiación coactiva de su ingreso. Que no veas la factura no significa que nadie la pague.
Pero el problema no es solo ético sino económico. Un servicio sin precio de mercado carece de mecanismo de cálculo económico. No hay forma racional de asignar recursos cuando no existen señales de escasez ni de valoración subjetiva por parte del consumidor. El resultado inevitable es sobredemanda, infraoferta, deterioro de calidad y asignación arbitraria por criterio político en lugar de criterio económico.
Por eso los hospitales públicos tienen listas de espera interminables, las escuelas estatales producen resultados decrecientes con presupuestos crecientes, y el transporte público opera en déficit crónico. No son fallas de gestión, son consecuencias estructurales de operar fuera del sistema de precios.
Mises lo demostró en 1920 con el problema del cálculo en el socialismo, y cada servicio público es una confirmación de su tesis, sin propiedad privada sobre los medios de producción, no hay precios reales; sin precios reales, no hay cálculo económico; sin cálculo económico, solo hay caos disfrazado de planificación.
Lo que llaman servicio público es un monopolio estatal financiado con expropiación, operado sin competencia y sin rendición de cuentas al consumidor. Que lo llamen derecho no cambia su naturaleza económica.
El salario mínimo no protege al trabajador. Lo excluye.
Un salario es un precio, el precio del trabajo. Como todo precio, transmite información sobre productividad, escasez y condiciones locales del mercado. Cuando el Estado fija un piso salarial por encima del valor que un trabajador marginal produce, no le está garantizando ese ingreso, le está prohibiendo trabajar.
Nadie contrata a pérdida. Si la productividad marginal de un trabajador es menor que el salario mínimo legal, ese contrato simplemente no se celebra. El trabajador no recibe el mínimo, recibe cero. Queda fuera del mercado formal, empujado a la informalidad o directamente al desempleo.
Lo perverso es que esto afecta primero a quienes más dicen querer proteger, personas sin experiencia, trabajadores poco cualificados, personas en regiones de baja productividad. Exactamente quienes necesitan la puerta de entrada al mercado laboral que el salario mínimo les cierra.
El salario real no sube por decreto. Sube cuando aumenta la productividad, y la productividad aumenta con acumulación de capital, que requiere ahorro, que requiere que el Estado deje de consumir recursos y distorsionar precios. Todo lo que la regulación laboral impide.
Quienes defienden el salario mínimo no están defendiendo a los trabajadores. Están defendiendo una ficción legislativa que sacrifica al más vulnerable en nombre de una cifra que nunca va a cobrar.
Antes de que cobres tu sueldo, el Estado ya cobró el suyo.
Es el diseño exacto del sistema.
En 1943, el Tesoro de Estados Unidos necesitaba financiar la guerra sin que la población sintiera el peso real de lo que le estaban sacando.
El gasto federal había pasado de 9.000 millones en 1940 a más de 98.000 millones en 1945, y era imposible extraer esa masa de recursos del ingreso personal si el trabajador veía primero el dinero y luego pagaba.
La solución fue elegante en su crueldad.
Que el empleador retuviera el impuesto antes de que el dinero llegara a las manos del trabajador.
El economista que diseñó el mecanismo fue Milton Friedman.
En una entrevista con Reason en 1995 dijo: «jugué un papel significativo, sin duda, en introducir la retención. Creo que es un grave error para tiempos de paz, pero en 1941-43 todos nos concentrábamos en la guerra. No tengo disculpas que ofrecer, pero realmente desearía que no hubiera sido necesario».
Rothbard fue más preciso sobre las consecuencias.
Lo describió como el mecanismo que le permitió al Estado usar a cada empleador como recaudador de impuestos no remunerado, extrayendo el tributo de manera silenciosa en cada cheque de pago.
Sin la retención en la fuente, el sistema impositivo moderno habría colapsado bajo su propio peso.
La arquitectura psicológica del sistema es lo que importa entender.
Cuando pagás un impuesto en un solo monto una vez al año, lo sentís.
Duele.
Generás resistencia.
Un senador de la época lo resumió de esta manera: era la mejor manera de «obtener la mayor cantidad de dinero con la menor cantidad de quejas».
La retención convirtió la expropiación en algo invisible.
El trabajador nunca posee ese dinero, entonces nunca lo lamenta.
Lo que nació como medida de guerra nunca se fue.
Como la mayoría de las expansiones estatales instituidas en tiempos de guerra, se volvió permanente.
El Estado de bienestar moderno, con sus dimensiones actuales, es en gran medida consecuencia directa de haber anestesiado al contribuyente.
Tu sueldo bruto no es tuyo.
Nunca lo fue desde 1943.
Es el número que el Estado te permite ver antes de quedarse con su parte.
Que lo llamen salario bruto en vez de lo que producís antes de que te roben es solo una cuestión de relaciones públicas.
Hay un antropólogo checo que destruyó, con datos de campo, dos de las mentiras más repetidas sobre la naturaleza humana.
Su nombre es Leopold Pošpíšil.
Pocos lo conocen fuera de círculos académicos.
Y vale la pena leerlo.
Nació en Checoslovaquia, estudió derecho en la Universidad Carlos de Praga, emigró a Estados Unidos en 1948 y terminó como profesor de antropología en Yale, donde trabajó desde 1956 hasta bien entrados los años noventa (si algo de esto está mal, háganmelo saber).
Hizo trabajo de campo entre los Kapauku de Nueva Guinea, los Hopi de Arizona, los Nunamiut de Alaska y los campesinos del Tirol austriaco.
La primera mentira que destruyó es la del hombre primitivo socialista.
Existía, y sigue existiendo, una narrativa académica que sostiene que las sociedades premodernas eran colectivistas por naturaleza, que la propiedad privada es una invención tardía del capitalismo occidental, que el mercado y el intercambio son fenómenos históricamente recientes.
Marx la sostuvo.
Muchos antropólogos del siglo XX la repitieron.
Lo que Pošpíšil encontró entre los Kapauku fue exactamente lo contrario, una economía que él mismo calificó de capitalismo primitivo, caracterizada por la búsqueda activa de riqueza en forma de dinero de conchas, distinciones de estatus basadas en esa riqueza, y una ética del individualismo.
Los Kapauku no vivían en una comuna.
Tenían lo que Pošpíšil denominó una economía monetaria compleja y sofisticada, con conchas de distintos valores como unidad de cambio.
Tenían mercados.
Tenían crédito.
Tenían contratos de arrendamiento.
Tenían herencia individual de la propiedad.
Su economía incluía un proceso de formación de precios, distintos tipos de distribución como la venta, el trueque, los préstamos y el crédito, y derechos de propiedad sobre la tierra, los bienes manufacturados y los animales.
Todo esto en una sociedad sin Estado, sin banco central, sin ministro de economía y sin un solo burócrata que les explicara cómo asignar recursos.
La propiedad privada y el intercambio voluntario no son inventos del capitalismo occidental.
Son instituciones que emergen espontáneamente donde hay seres humanos que interactúan y tienen preferencias.
La segunda mentira que destruyó es la del monopolio legal del Estado.
La teoría jurídica convencional asume que solo puede existir un sistema legal dentro de un territorio dado.
El Estado tiene el monopolio de la producción de normas y de su aplicación.
Cualquier otra forma de resolución de conflictos es, desde esta perspectiva, un defecto, una anomalía, algo que el Estado eventualmente debe absorber o eliminar.
Pošpíšil demostró, sobre los datos de campo de los Kapauku, la existencia de múltiples sistemas legales dentro de una confederación relativamente pequeña de linajes.
Su teoría enfatiza la existencia de múltiples niveles legales influenciados por los subgrupos dentro de una sociedad, y critica el enfoque legalista por simplificar en exceso el ordenamiento social.
Esto tiene una implicación directa que mucha gente se niega aceptar y es que el orden legal no requiere un Estado.
El orden legal puede emerger, y de hecho emerge históricamente, de la interacción entre grupos privados con sus propias normas, sus propios árbitros y sus propios mecanismos de sanción.
Lo que el Estado hace no es crear el derecho.
Lo que el Estado hace es monopolizarlo, desplazar los sistemas espontáneos y sustituirlos por normas que responden a criterios políticos en lugar de criterios de utilidad para quienes los usan.
Rothbard lo argumentó desde la teoría del derecho natural.
Kinsella lo argumentó desde la teoría de la propiedad y el consentimiento.
Pošpíšil lo demostró mirando cómo vive la gente cuando nadie les impone un monopolio legal desde arriba.
Los tres llegaron al mismo lugar por caminos distintos.
Hay una razón por la que este trabajo no aparece en los planes de estudio de las facultades de derecho ni de economía.
No porque sea irrelevante.
Sino porque sus implicaciones son inconvenientes para quienes administran el monopolio.
Un antropólogo que demuestra que el mercado y el pluralismo legal son espontáneos e históricamente anteriores al Estado es un problema para toda la narrativa que justifica la existencia del Estado como precondición de la civilización.
Pošpíšil murió en 2021, a los 98 años, en New Haven.
Pasó siete décadas documentando lo que el pensamiento dominante no quería ver.
La propiedad privada precede al Estado.
El orden legal precede al monopolio estatal.
El mercado no necesita permiso para existir.
A medida que voy leyendo más, voy descubriendo autores muy valiosos. Este es uno de ellos, aún no estando de acuerdo en todo.
La ciencia política tiene un dogma fundacional que nunca somete a prueba.
El Estado no es una institución histórica contingente que surgió bajo condiciones específicas.
Es el destino natural de toda sociedad humana.
Las sociedades sin Estado son «primitivas», «prepolíticas», «en desarrollo».
Les falta algo.
Ese algo es el Estado.
Pierre Clastres pasó años en el Chaco paraguayo y en la Amazonía brasileña estudiando a los Guayakí, los Tupi-Guaraní y otros pueblos.
Lo que encontró destruye ese dogma desde adentro.
Estas sociedades no carecen de organización política.
Tienen jefes, tienen normas, tienen mecanismos de resolución de conflictos, tienen sistemas de intercambio, tienen rituales que estructuran la vida colectiva.
Lo que no tienen es poder coercitivo separado de la sociedad misma.
Y Clastres argumenta, con evidencia etnográfica en la mano, que eso no es un accidente ni una limitación.
Es una elección activa y sistemática.
La distinción es crucial.
«Sin Estado» no significa lo mismo que «contra el Estado».
La primera formulación implica déficit, ausencia, carencia.
La segunda implica una arquitectura institucional cuya función específica es impedir que el poder coercitivo emerja y se autonomice del grupo.
El jefe en estas sociedades no manda.
Tiene obligaciones, no atribuciones.
Debe ser generoso hasta el punto de no acumular nada.
Debe hablar bien y hablar mucho, porque su discurso es la moneda con que paga su posición.
Debe mediar en conflictos.
Pero no puede dar órdenes y nadie está obligado a obedecerle.
Si intenta acumular poder real, si intenta convertir el prestigio en autoridad coercitiva, la tribu lo abandona.
No hay rebelión, tampoco hay revolución.
Simplemente se va y lo deja solo.
La sociedad misma es el mecanismo de control.
Clastres escribe que el jefe es el endeudado, no el acreedor.
Es la sociedad la que le debe nada, y es él quien les debe todo.
Esa inversión de la lógica del poder estatal es precisamente lo que lo hace políticamente subversivo.
Todo el edificio contractualista, desde Hobbes hasta Rousseau, asume que sin un soberano con poder coercitivo el orden social es imposible.
La evidencia etnográfica de Clastres dice que esa premisa es falsa.
El orden existe.
El conflicto se resuelve.
Los recursos se asignan.
Y el poder coercitivo centralizado brilla por su ausencia.
Ahora bien, Clastres no era libertario ni austríaco.
Era antropólogo de izquierda que murió en 1977 en un accidente de auto, dejando su proyecto intelectual incompleto.
Su crítica al Estado no derivaba de una teoría de la propiedad ni del cálculo económico.
Derivaba de la observación directa de sociedades que habían construido durante siglos mecanismos activos para evitar exactamente lo que Hobbes llamaba la solución al problema del orden.
Pero su evidencia encaja con una tesis que la teoría austrolibertaria sostiene desde los primeros principios: el Estado no es el producto espontáneo de necesidades humanas.
Es una ruptura, una captura, una imposición que requiere violencia sostenida para mantenerse.
Rothbard argumentó que el Estado es, en esencia, una banda de ladrones a escala territorial, una organización que monopoliza la coacción por conquista y la legitima después con ideología.
Clastres llega a una conclusión funcionalmente similar por un camino completamente distinto, si el Estado fuera realmente el destino natural de la sociedad humana, ¿por qué tantas sociedades construyeron durante milenios mecanismos activos y sofisticados para evitarlo?
La respuesta que el dogma estatista no puede dar es obvia.
Esas sociedades sabían algo que nosotros hemos olvidado convenientemente.
Clastres lo cita directamente «La sociedad primitiva sabe por naturaleza que la violencia es la esencia del poder».
No lo dedujeron de teoría política.
Lo vieron.
Y construyeron sus instituciones para que el poder nunca pudiera separarse del grupo y convertirse en algo que el grupo no controlara.
El Estado moderno invirtió exactamente ese mecanismo.
No separó el poder de la sociedad para protegerla.
Lo separó para extraerle recursos, imponerle obligaciones y reproducirse a sí mismo como fin último.
Lo que la ciencia política llama contrato social es, en la evidencia histórica, casi siempre una narrativa posterior construida para legitimar una conquista anterior.
No hubo acuerdo, sino que hubo una derrota.
La contribución de Clastres a este debate no es ideológica.
Demostró que el orden social sin coacción centralizada no es una utopía teórica.
Existió.
Funcionó.
Y las sociedades que lo construyeron no lo abandonaron por voluntad propia.
Lo perdieron cuando entraron en contacto con sociedades que ya tenían Estado y que usaron esa capacidad coercitiva exactamente como Rothbard describió, para conquistar, extraer y dominar.
La lección no es que debemos volver a vivir en la selva.
La lección es que la premisa de que el Estado es inevitable y necesario para el orden humano no tiene sustento ni teórico ni empírico.
Es un dogma que beneficia a quienes administran el Estado y que se reproduce porque controlan las instituciones que enseñan historia y política.
Clastres lo sabía.
Pues al final han conseguido lo que querían: que Jon González se fuese de Twitter. No les gusta el debate porque no tienen argumentos.
No supieron rebatir ni un solo dato sobre pensiones, vivienda o fiscalidad. No corrigieron una serie, no impugnaron una metodología, no presentaron un cálculo alternativo. Se limitaron a hurgar en la biografía hasta encontrar la palabra mágica con la que ahorrarse el trabajo intelectual de pensar. Y cuando la encontraron, en lugar de discutir las cifras, organizaron el linchamiento del autor.
Lo grave no es que se hayan llevado a Jon por delante. Lo grave es lo que el episodio deja claro. Cada profesional que trae números al espacio público sabe ahora cuál es el peaje: si lo que dices incomoda, se rastreará tu vida laboral, se reconstruirá tu trayectoria, se publicará lo que haga falta para que tus datos queden manchados por asociación. El argumento de fondo seguirá intacto, pero ya no importará. La tribu correspondiente habrá decidido que puede ignorarlo en paz.
El resultado es un debate público progresivamente vaciado de quienes manejan datos y rebosante de quienes manejan eslóganes. Quien tenga algo serio que aportar se lo guardará para una sala de seminarios donde nadie le hurgue en el contrato. Y los problemas reales (pensiones, vivienda, productividad, demografía) seguirán donde estaban, esperando a que vuelva a haber alguien dispuesto a pagar el peaje.
Suerte, Jon. Y gracias por todo el trabajo. Ojalá vuelvas pronto.
Acabo de enterarme de que Jon González @jongonzlz ha cerrado su cuenta. El detonante fueron sus datos del IRPF, que eran correctos. Es tristísimo que:
1. Aportar datos ciertos al debate público sea una actividad de riesgo.
2. Que se ridiculicen datos ciertos.
3. Que cuando eso no baste, se descalifique al que aporta los datos (y al que los expone en televisión como @Jon_Echeverria_ )
4. Y cuando tampoco funciona, y es lo que más me preocupa, se recurre al puro matonismo. Se le señala públicamente, a él y a su empresa, para que si quiere seguir trabajando tenga que cerrar la cuenta e irse del debate.
Esto último, deja el monopolio del debate en manos de los más indocumentados y con menos escrúpulos.
Yo avalé esos datos públicamente, por ejemplo en mi columna del 26 de abril. https://t.co/bm5BnkR1w7
Sé que hacer esas cosas sólo me puede traer perjuicios, pero volvería a hacerlo.
Toda mi solidaridad y apoyo a Jon González, que espero que pueda volver pronto. Un fuerte abrazo.
“Denunciar que trabajaba en BBVA”.
Para comunistas como @edugaresp no mamar de lo público y trabajar en una empresa privada es como militar en Al Qaeda.
Esto fue el detonante:
‘Todos los salarios pagan más impuestos en 2026 que en 2019. Y los más bajos llegan a pagar hasta 4 veces más.’
Demostrar con números que el socialismo se ceba precisamente con aquellos a quienes más presume proteger le costó al pobre Jon una campaña de acoso y desprestigio que no pudo superar.
Pongámosle nombre y apellidos a la infamia: acuso a @EconoCabreado de instigar el acoso personal y laboral contra Jon González porque no le gustaba lo que decía.
Como no podían refutar sus argumentos sobre fiscalidad, vivienda y pensiones, han ido a por la persona.
Y yendo a donde más duele: poniendo en peligro su forma de ganarse la vida.
Como ellos son unos paniaguados que viven de ser adeptos al régimen, usan esa ventaja para tumbar a quienes son incómodos.
¿Hasta cuándo hemos de soportar tanta ignominia?
Conviene no olvidar que toda la campaña montada contra @jongonzlz empezó por decir exactamente esto: con el mismo poder adquisitivo, todos los salarios pagan más en 2026 que en 2019.
Y que las rentas bajas son las más castigadas: un sueldo de 18.000€ paga casi cuatro veces más que su equivalente real de hace siete años.
🔴🚨 ¿Quién le paga la nómina a @EconoCabreado?
Recientemente, este señor inició una campaña de acoso laboral y personal contra el divulgador económico Jon González, que acabó con el cierre de la cuenta de este último.
Así que vamos a darle un poco de su medicina y a exigirle la transparencia que tanto él demanda:
👉 Su casa profesional es El Salto, donde figura como coordinador de Economía / El Salmón Contracorriente.
⚠️Y aquí viene lo curioso: El Salto reconoce en sus propias cuentas que en 2024 ingresó 103.582 € en “proyectos y subvenciones”. En 2023, esa misma partida rondó los 113.000 €.
‼️ Además, aunque no han publicado sus cuentas de 2025, he localizado al menos 28.014 € recibidos en financiación pública: 19.900 € del Ministerio de Trabajo para “El Salto Automático” y más de 8.000 € de la Diputación de A Coruña –gobernada por el PSOE– en monográficos y publicidad.
Es decir, tenemos a un señor que trabaja para un medio de nicho que en tres ejercicios ha recibido al menos 230.000 € entre proyectos, subvenciones y financiación pública localizada.
🚫 Por eso expone la actividad profesional privada de aquellos que no son de su cuerda: le pagan por ello.
Qué vergüenza de gente.
El gráfico de Jon González que le costó la cancelación. Seguro que quienes le cancelaron no desean que corra por todo Internet.
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