Que no los distraigan ahora con el show zurdo por la megarreforma, la administración Boric-PC se robó todo:
US$479 Mill con fundaciones FA.
US$2.400 Mill fondos FEES.
$3.200 millones con Procultura.
$3,4 billones fondos CORFO.
$1,4 billones desorden fiscal contratos y sueldos.
Lamento profundamente el fallecimiento del cabo primero Marco Cosme Barquero, asesinado en el cumplimiento de su deber y juramento a la patria. El año antepasado presenté un proyecto de ley que sanciona con la pena de muerte a quien asesine a un uniformado mientras está en funciones. Comparte si piensas que debiese empezar a tramitarse.
MADRIGUERAS COMUNISTAS EN CHILE:
PC
FRENTE AMPLIO
CUT
COLEGIO PROFESORES
CONFECH
INDH
FPMR
COLMED
ANEF
CONFUSAM
CAM
CNN CHILE
JESUITAS CHILE
MOVILH
FEMCHILE
CONES
ACES
U. DE CHILE
USACH
UTEM
SINDICATO METRO
COORDINADORA FEMINISTA 8M
UKAMAU
COORDINADORA NACIONAL DE INMIGRANTES.
Manouchehri ya nos anuncia muertos, heridos, ahogados, aluviones, lluvias torrenciales, salidas de río, todo varios días antes que ocurra (para hacer su punto político). Es evidente, que Manouchehri con su bola de cristal ya habla de “improvisación del Gobierno”, años que no veía tanta miseria en un político.
Respuesta de Pablo Millar, nuestro encargado del equipo de infraestructura, al ministro de transporte, por su defensa al abuso en la renovación de contratos de autopistas.
El espejismo del arriendo perpetuo: por qué la "tarifa social" de las autopistas es un impuesto encubierto
En una reciente columna, el biministro Louis de Grange defendió la polémica tesis de que las tarifas de las autopistas ya financiadas no deben bajar a su costo de operación y mantenimiento, apelando a una supuesta "rentabilidad socialmente óptima". Para ilustrar su punto, recurrió a una analogía inmobiliaria: sostuvo que si una familia termina de pagar un departamento comprado con crédito hipotecario, no por eso reduce el arriendo al costo de los gastos comunes. Esta comparación no solo es profundamente falaz, sino que devela la peligrosa lógica tecnocrática que busca legitimar el despojo de los ciudadanos en favor del aparato estatal.
El absurdo de cobrarse arriendo a uno mismo
El error metodológico y moral del biministro radica en ignorar deliberadamente de quién es el activo. Un departamento privado pertenece a un particular que invierte su capital y se lo arrienda a un tercero en un acto de libre asociación. Las autopistas en Chile, en cambio, son Bienes Nacionales de Uso Público; por definición legal y filosófica, pertenecen en co-propiedad a todos los chilenos.
Siguiendo la propia lógica de la autoridad: si usted termina de pagar el crédito hipotecario de su casa y decide habitarla, ¿se cobraría un arriendo a sí mismo para entregárselo a la junta de vecinos? Evidentemente no. Usted solo pagaría los "gastos comunes" correspondientes a la mantención y administración del inmueble. Pretender que los ciudadanos paguen una "renta de mercado" por sobre el costo operativo de una infraestructura que ya financiaron por completo equivale a obligar al propietario a pagar un arriendo perpetuo por vivir en su propia casa. El peaje (TAG) nació para pagar la construcción de la obra; una vez amortizada, continuar con cobros excesivos es un abuso patrimonial.
La arrogancia de la planificación central
El concepto de "tarifa socialmente óptima" introducido por la autoridad no es más que un sofisticado eufemismo para esconder la vieja arrogancia de la planificación centralizada. Supone que un burócrata en una oficina pública es capaz de calcular el "precio eficiente" para millones de usuarios, ignorando que el Estado es incapaz de conocer las preferencias individuales ni las dinámicas reales de la oferta y la demanda.
La noción de "bienestar colectivo" se utiliza aquí como una abstracción para encubrir una realidad monopólica. En Chile no existe un mercado libre de carreteras; estamos ante monopolios geográficos otorgados y regulados por el Estado. Esta situación se agrava por la total ausencia de caleteras alternativas transitables o bypass en gran parte del territorio nacional, lo que priva al ciudadano de cualquier posibilidad de elección libre. Al no haber competencia, la tarifa pierde su naturaleza de precio y se convierte en una exacción obligatoria.
La gran estafa del impuesto encubierto
Gracias a la fiscalización legislativa —reflejada en la Comisión Investigadora ampliamente respaldada e impulsada por el diputado Johannes Kaiser— y a las revelaciones periodísticas de Bío Bío Chile, hoy conocemos el verdadero trasfondo de este debate: la captura fiscal. Al expirar los contratos vigentes, el diseño estatal no apunta a beneficiar al usuario, sino a que el Estado se apropie de entre el 50% y el 75% de la recaudación de los peajes.
Cuando el Estado captura las tarifas de un activo ya pagado para financiar el gasto corriente, la concesión se desnaturaliza por completo y se transforma en un impuesto encubierto altamente regresivo. Se perpetúan así los llamados "subsidios cruzados", donde el dinero de los automovilistas y transportistas se desvía para financiar agendas políticas ajenas a la infraestructura vial.
Esta política redistributiva es una de las más ineficientes del mundo: es un hecho documentado que el índice Gini en Chile antes y después de impuestos prácticamente no se mueve en comparación con las naciones de la OCDE. El dinero no mejora la calidad de vida de las personas; simplemente se fuga y se disuelve en el gigantismo de la burocracia estatal. Los ciudadanos no pueden seguir pagando a ciegas para que el político de turno decida discrecionalmente qué hacer con esos recursos.
Nuestra propuesta: Concesiones para mantener, no para expoliar
Desde una perspectiva liberal y de respeto irrestricto al bolsillo de los trabajadores, la solución al vencimiento de los contratos viales exige un cambio radical de condiciones:
•Rebaja sustancial e inmediata de tarifas: Es técnica y económicamente factible reducir los peajes entre un 30% y un 50% al finalizar los contratos actuales. Esto garantiza una rentabilidad atractiva para el operador privado, permitiendo la reinversión y la mejora tecnológica, pero elimina la tajada expropiatoria que el Estado pretende recaudar.
•Concesión estrictamente acotada a la mantención: Las nuevas licitaciones deben basarse exclusivamente en los costos objetivos de operación, reparación, conservación y seguros. Bajo ningún caso el activo debe volver al control directo del Estado, cuyos nulos incentivos de eficiencia e infraestructura están a la vista de todos al observar el deterioro de empresas estatales como EFE.
•Responsabilidad y disciplina fiscal: Exigimos transparencia total sobre el destino de cada peso recaudado. Conforme se desmonte este impuesto encubierto en las autopistas, el Ejecutivo debe comprometerse a reducir el gasto público ineficiente en la misma proporción.
Las concesiones viales fueron exitosas porque recurrieron a la eficiencia privada para modernizar el país, no porque pretendieran convertir al Estado en un rentista perpetuo. Las carreteras ya fueron pagadas por los chilenos, las carreteras son nuestras; es hora de que las tarifas dejen de ser un traje a la medida del fisco y comiencen a respetar la propiedad y la libertad de quienes las transitan.
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@cherrAL62 Los políticos de izquierda extrema tienen santos en la corte, tienen lleno de jueces y fiscales del lado suyo y por eso gozan de impunidad aún teniendo todas las pruebas.
@donmota2@Alicia60448635@cherrAL62 Zurdo, prácticamente se robaron todo el dinero de la gente más pobre con las fundaciones, no tienes moral zurdo retardado.