España. Más de 6 millones de jóvenes no pueden ni salir de casa de sus padres porque se los comen los gastos del alquiler.
Y resulta que el problema de la vivienda ha estallado por una anciana que llevaba décadas pagando 200 euros de renta.
España es de risa.
País de payasos.
Lo de Maricarmen me produce una contradicción bastante incómoda. Tiene 87 años, una discapacidad reconocida y hoy ha salido de la casa de Retiro en la que llevaba viviendo desde los 17. Ver a una anciana abandonar en una camilla el lugar donde ha pasado prácticamente toda su vida es desolador. Una sociedad decente debería ser capaz de ofrecerle una solución digna. Hasta ahí, creo que podemos estar casi todos de acuerdo.
El problema empieza cuando el drama humano se convierte en argumento jurídico y político y parece que setenta años viviendo en una casa otorgan algún tipo de derecho perpetuo sobre ella. Porque hay una parte de esta historia que se está contando bastante menos. El contrato era de renta antigua. Tras morir el padre de Maricarmen pasó a su madre y, cuando esta falleció en 2005, se produjo la subrogación a favor de la hija. La legislación que terminó siendo decisiva para limitar esas subrogaciones fue la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, aprobada bajo el Gobierno de Felipe González. El decreto Boyer de 1985 ya había eliminado la prórroga forzosa para los nuevos contratos; la LAU de 1994 estableció después el régimen de extinción progresiva de los antiguos.
Y aquí aparece una pregunta que nadie parece querer hacerse. Cuando se aprobó aquella ley Maricarmen rondaba los 55 años, trabajaba como auxiliar administrativa y todavía tardaría cuatro años en jubilarse. Cuando murió su madre en 2005 tenía unos 66. Desde entonces, desde 1994, el marco legal aplicable a aquel contrato planteaba un horizonte de extinción que finalmente han avalado los tribunales. Durante años siguieron cobrándole la renta y eso abrió una discusión jurídica legítima —de hecho, inicialmente ganó el pleito—, pero el Supremo terminó dando la razón a la propiedad.
La pregunta incómoda es: ¿En qué momento debía empezar a buscarse una alternativa?
Comprar, alquilar otra vivienda, ahorrar aprovechando una renta extraordinariamente baja, buscar una solución residencial distinta. No sabemos qué posibilidades reales tuvo en cada momento y sería absurdo inventarlas. Pero tampoco podemos actuar como si la situación hubiese aparecido ayer por la mañana.
Porque mientras tanto hay una generación entera que jamás tendrá una oportunidad remotamente parecida. ¿Cuántos jóvenes de hoy podrán vivir durante setenta años en un piso de más de 90 metros en Retiro pagando alrededor de 500 euros? ¿Cuántos licenciados, sanitarios, profesores, periodistas, ingenieros o administrativos con trabajos perfectamente normales pueden siquiera plantearse vivir solos en Sainz de Baranda?
Maricarmen trabajó 49 años y merece todo el respeto por ello. Precisamente por eso resulta extraño infantilizarla ahora como si hubiera sido durante toda su vida una persona sin capacidad para tomar decisiones sobre su futuro. A familias con niños pequeños se les termina un alquiler, pierden una vivienda o tienen que abandonar un barrio y reorganizan su vida como pueden. Jóvenes con empleos en activo comparten piso hasta bien entrada la treintena, se marchan a las afueras, regresan a casa de sus padres o aceptan habitaciones minúsculas porque vivir solos en el centro de las grandes ciudades es sencillamente inaccesible para ellos. Y hemos llegado incluso a revestir esa precariedad con nombres estupendos, casi románticos, desde los altavoces mediáticos del gobierno de progreso: coliving, espacios compartidos, nuevas formas de habitar.
Pero una mujer que ha disfrutado durante décadas de una renta excepcionalmente protegida debe convertirse ahora en símbolo de exactamente ¿qué? Ese es el debate que echo de menos.
La protección de Maricarmen debería haber llegado desde los servicios sociales y las administraciones. La protección social debe asumirla la sociedad mediante vivienda pública, que para algo nos sablean a impuestos que son para este tipo de cosas, y para sanidad, para educación, para transporte, etc. Todo se degrada y funciona cada vez peor. En estos casos tampoco aparece el so called Estado del bienestar. ¿Dónde cojones van los impuestos?
Lo que no se puede pretender es que la asuma un propietario concreto manteniendo durante medio siglo una renta ajena a la realidad económica. Y decir que "sobran cuatro millones de casas" tampoco resuelve el problema. Una vivienda vacía donde nadie quiere vivir no satisface la demanda allí donde faltan cientos de miles. A sus 87 años y con su situación física, resulta difícil entender que el sistema haya sido incapaz de cerrar antes una alternativa adecuada. Aunque se le ha ofrecido un piso en Alcalá de Henares y ha dicho que no. Pero eso es distinto de concluir que el propietario de Sainz de Baranda 46 tiene que proporcionarle de por vida una vivienda muy por debajo de su precio porque su padre firmó allí un contrato en 1956. Objetivamente, Maricarmen ha vivido del franquismo durante 70 años.
Y conviene contar también toda la genealogía legislativa cuando se buscan responsabilidades políticas, pues el régimen que acabó siendo determinante en este caso procede de la LAU de 1994, aprobada durante el Gobierno de Felipe González, y lleva más de tres décadas formando parte del ordenamiento.
El caso de Maricarmen es triste. Muchísimo. Pero la tristeza no resuelve la pregunta de fondo: ¿Por qué el arraigo de una persona debe darle sobre una vivienda ajena un privilegio que generaciones enteras de jóvenes ni siquiera podrán soñar con tener?
Y quizás ese sea el verdadero fracaso, que hayamos construido un país donde una renta de 500 euros en Retiro parece un derecho adquirido para quien llegó en 1956, mientras para quien nació cincuenta años después vivir allí trabajando se ha convertido casi en ciencia ficción. Ojo, con los sueldos de España, el alquiler debería rondar esos 500 euros y no lo que se paga actualmente, por supuesto, pero ese es otro debate.
DESMONTANDO EL RELATO IZQUIERDISTA SOBRE EL CASO DE MARICARMEN
Maricarmen, una anciana de 87 años, vivía en un piso de la calle Sainz de Baranda, en el barrio del Retiro, una de las mejores zonas de Madrid.
Se mudó allí en 1956, con 17 años, junto a su familia, gracias a que su padre consiguió un contrato de arrendamiento franquista de los denominados hoy como de renta antigua.
Tras la muerte de su padre, hacia 1960, siguió viviendo con su madre. Desde 2005, al fallecer esta, residía sola y era responsable de pagar un alquiler de renta antigua, muy por debajo del precio de mercado.
La ley solo permite permanecer de forma indefinida al titular original y a quien se subroga en primer lugar. Esa primera subrogación correspondió a su madre tras el fallecimiento del padre. La de Maricarmen fue la segunda y esta solo daba derecho a dos años, salvo que existiera una discapacidad superior al 65 %, circunstancia que ella no cumple.
Es decir, Maricarmen, que trabajó durante cuarenta y nueve años como auxiliar administrativa hasta 1998 y cuya pensión actualmente ronda los 1450 euros, ha tenido más de veinte años para buscar un nuevo lugar donde vivir, pero simplemente no ha querido.
Ella quería quedarse pagando 440 euros por un piso en el barrio del Retiro de 92 metros cuadrados, que disponía de tres habitaciones, salón, cocina, baño y un cuarto de servicio.
Para hacerse una idea, por un piso de tres habitaciones y unos 94 metros cuadrados en la misma calle se piden 2950 euros al mes.
Un primo de Maricarmen le ha ofrecido su casa para que se quede, pero se ha negado. También ha rechazado la plaza de emergencia gratuita en una residencia que le ofrecía el Ayuntamiento de Madrid.
El caso de Maricarmen es un caso de caradurismo apoyado en las políticas de la dictadura franquista para vivir en una de las mejores zonas de Madrid sin pagar lo que corresponde por ello, en lugar de trasladarse simplemente a una zona más barata.
🚀 No solo manda en Asturias, no solo manda en España…
🥇 DON BENJAMIN NOVAL GONZÁLEZ
💙💛 Campeón del mundo de contrarreloj junior tras firmar una nueva exhibición en Montreal
🍾 ¡¡Presente y futuro del ciclismo internacional!!
“Si conseguís el de tu papá o el de uno más, el pasaporte, la foto, yo con eso me arreglo.
Y si no, bueno, que vayan y voten en urna en la embajada, o de tu tía la que se murió, bueno, si no conseguís documento ya fue, porque lo van a impugnar, ¿viste?
Pero bueno, vos avísame, porque estoy armando un circuito de compañeros que vayan a buscar votos y así te meto en ese circuito para que te lo vayan a buscar, después yo te aviso”
Quién se iba a imaginar que un tío que manipuló el censo de sus propias primarias iba a manipular las generales metiendo votos de muertos. Pero tranquilos, el pucherazo que están preparando para 2027 con la ley de nietos es un bulo de la extrema derecha.
Yo recuerdo que mi abuelo me daba un euro para chuches y podías coger un montón, las bolsas incluso a 0.25 o 0.30 y cada chuche pequeñita cinco céntimos, os lo prometo
🚨 Gracias a estas imágenes de @rubnpulido he podido localizar en Ceuta a Salvador González, vicepresidente y pareja de Delia García, presidenta de Quorum Social 77, ONG que opera en Canarias con MENAs.
Como ya había publicado, la ONG está buscando voluntarios para instalarse en Ceuta.
💸 El negocio de la inmigración no se detiene, cambia de territorio...
Moncloa impide eliminar el copago para los enfermos de ELA porque costaría 33M.
Eso es inasumible.
Pero 25M para los menas de Ceuta más los cientos de miles de euros diarios que nos cuestan los invasores, sin problemas.
Basura de Gobierno "progresista".
https://t.co/aGdzqIysQL