Yorman Acevedo está detenido desde enero por un comentario que publicó en TikTok. Estuvo 19 días desaparecido, y en cuatro meses ha estado preso en El Rodeo I, Yare II, y ahora en Tocorón.
Liberen a todos los presos políticos.
#QueSeanTodos
“Exceso” es cuando te sirves demasiado café o le pones mucha azúcar. Crimen de Estado es cuando usas la policía, los tribunales y las cárceles para perseguir, torturar y desaparecer gente.
“Exceso” suena a que alguien gritó en una reunión. Crimen de lesa humanidad suena a lo que realmente es: una política sistemática y generalizada de represión organizada desde el poder.
“Perdón por los excesos” parece la disculpa de alguien que le rayó el carro a la familia. Pedir cuentas por ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones implica verdad, justicia y responsables con nombre y apellido.
Un exceso se corrige con una disculpa, claro que sí. Un crimen de Estado no se lava simplemente con relaciones públicas, sino con verdad, tribunales, memoria y reparación para las víctimas.
Llamarle “exceso” a la represión es como llamarle “malentendido” a un secuestro: puedes estar cambiando la palabra, pero no borra la celda, ni la tortura, ni los muertos.
El nuevo informe de @_Provea incluye un ensayo de la historiadora @mlopezmaya sobre el proceso sociopolítico desde 1999 al presente: los gobiernos de Chávez y Maduro, la ruptura del hilo constitucional, los ciclos de protesta, la crisis humanitaria en cifras y los desafíos que enfrenta la sociedad para construir una ruta democrática.
Con este trabajo queremos profundizar el análisis para comprender mejor el momento actual.
¿Cómo llegó Venezuela hasta aquí?
¿Qué transformaciones convirtieron un proyecto de democracia participativa en una de las autocracias más crueles de la región?
¿Qué escenarios se abren para la sociedad venezolana?
Estas son algunas interrogantes que dan pie al ensayo:
https://t.co/jHiG73UiwC
El Ministerio de Servicio Penitenciario publica su versión sobre la muerte bajo custodia del Estado del preso político Víctor Hugo Quero.
Desde hace meses se reclamaba que estaba en desaparición forzada y toda esta tardanza exige que sea un ente independiente quien investigue.
@espaciopublico#Ahora | Espacio público (@espaciopublico) propone la liberación inmediata de todas las personas judicializadas por expresarse, solicita la derogación de la Ley contra el Odio y el fin de los bloqueos arbitrarios contra medios de comunicación. #29Abr
Con esta declaración del Ministerio Público, sus funcionarios se autoincriminan en múltiples violaciones de derechos humanos.
La detención de Juan Pablo Guanipa anoche fue arbitraria, en vehículos comunes sin identificación, ejecutada por hombres armados y sin identificación, que no llevaron ni leyeron ninguna orden.
Hubo violencia, sometimiento y desproporción en el operativo para su segunda captura.
Además, se argumenta que Juan Pablo Guanipa incumplió sus medidas cautelares, algo completamente falso cuando se lee el documento de su excarcelación en el que solo se habla de presentación en tribunales cada 30 días y prohibición de salida del país.
📄🚨🇻🇪 Listado de presos políticos de Nicolás Maduro liberados el día de hoy, 01 de febrero, corte de las 7:00 pm.
Javier Tarazona: Profesor universitario y director de Fundaredes. Detenido el 2 de julio de 2021.
Pedro Fernández: Médico cirujano y profesor de la Universidad de los Andes (ULA).
Detenido el 20 de octubre de 2025; se encontraba en Yare II.
Aida Brady: Abogada y activista de Vente Venezuela. Detenida desde marzo de 2025 en la comisaría de Agua Salada, Ciudad Bolívar.
Ysaira Coromoto Villamizar Aponte: Maestra jubilada de 69 años. Detenida el 30 de agosto de 2025; se encontraba en el INOF.
Luis Guillermo González Istúriz: Secretario de Vente Venezuela en el estado Miranda. Fue detenido el 24 de agosto de 2024. Estaba en El Helicoide
con una condena de 30 años.
Ulises Martínez: Dirigente de Vente Venezuela en Barcelona, Anzoátegui. Detenido el 9 de junio de 2025; estaba en la cárcel de Yare.
Javier Rosales: Detenido el 10 de enero de 2025 en San Cristóbal, estado Táchira.
Guillermo de Jesús López: Abogado y coordinador regional de Somos Trujillo. Detenido el 23 de enero de 2024.
Omaira Salazar: Activista y líder comunitaria de Ciudad Guayana. Detenida el 24 de octubre de 2024.
José Rafael Castellanos: Coordinador de Vente Joven Lara y hermano del periodista Omario Castellanos.
Blanca Guerrero de Loaiza: Madre del periodista Omario Castellanos. Detenida el 17 de octubre de 2025; estaba en La Crisálida.
Mauricio Giampaoli: Ciudadano italo-venezolano. Detenido el 23 de marzo de 2024.
Rodrigo Pérez Mejías: Detenido el 6 de julio de 2025.
Yandir Loggiodice: Secretario general nacional del Partido Centro Democrático. Fue detenido el 14 de julio de 2025.
Williams Díaz Rolong: Detenido el 12 de mayo de 2025.
Víctor Emmanuel Castillo: Coordinador del Comando ConVzla en el estado Portuguesa. Fue detenido el 28 de abril de 2024.
Lorenia Guadalupe Gutiérrez: Activista y coordinadora de Vente Venezuela en la parroquia Universidad del Municipio Caroní, estado Bolívar. Fue detenida el 25 de agosto de 2025.
Orangel Tabares: Coordinador de Activismo Político de Vente Venezuela en Anzoátegui. Fue detenido el 11 de octubre de 2025.
Santiago Andrés Rigual: Miembro de Vente Venezuela en Anzoátegui. Fue detenido el 9 de junio de 2025.
Ismael Ortiz: dirigente parroquial de Vente Venezuela en el Estado Anzoátegui. Fue detenido el el 11 de octubre de 2025.
José Patricio Mena Jiménez: Fue militante de Vente Venezuela en Cojedes, pero aunque ya estaba fuera de la política, lo detuvieron el 2 de septiembre de 2025.
Jorgen Arnaldo Herrera: Miembro de Vente Venezuela en Cojedes. Fue detenido el 3 de septiembre de 2025.
Franklin Rivero: Profesor y dirigente de Vente Venezuela en Lara. Fue detenido el 15 de octubre de 2025.
Wladimir Yépez: Dirigente regional de Vente Venezuela en Lara. Fue detenido el 22 de octubre de 2025.
Edgar José Salas Pinilla: Coordinador de Vente Venezuela en Barquisimeto, estado Lara. Fue detenido el 7 de noviembre de 2025.
Víctor Alfonso González González: Coordinador de Vente Venezuela en el municipio Mara, estado Zulia. Fue detenido el 6 de noviembre de 2025.
José Luis Machín: Exalcalde de Barinas, miembro del partido Primero Justicia. Fue detenido el 30 de agosto de 2025. Es hispano-venezolano.
Miguel Jorge Álvarez: Miembro de Primero Justicia en Barinas. Fue detenido el 30 de agosto de 2025. Es hispano-venezolano.
José Osorio: Ingeniero residente de Barinas. Fue detenido el 30 de agosto de 2025.
Junior Rivas: Detenido el 30 de agosto de 2025.
Guillermo Segnini: Economista residente del estado Mérida. Fue detenido el 18 de julio de 2025.
Jesús Castillo: Dirigente regional de Vente Venezuela en el estado Mérida. Fue detenido el 31 de agosto de 2025.
Pedro Silva: Verificado como excarcelado en el listado publicado por la ONG Justicia, Encuentro y Perdón.
Información en desarrollo
Se exige la liberación de todos los presos políticos, pero también la investigación de todos los funcionarios implicados en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, violencia sexual, juicios amañados y otros crímenes de Estado que sostienen el aparato.
Su impunidad no tiene ningún sentido porque esa maquinaria de extorsión y muerte igual puede seguir siendo aplicada contra opositores en cualquier momento, pero también contra inversionistas y turistas extranjeros (ya ha pasado), gerentes de petroleras (ya ha pasado), funcionarios de embajadas (ya ha pasado) y cuánto perfil puedan imaginarse. Así ha actuado el chavismo y así puede actuar mientras se mantenga en el poder.
Hay que desmontar este sistema de represión y brindar garantías reales de que no se repetirá. Para eso hay que mostrar todo lo que ha ocurrido e identificar responsabilidades en la cadena de mando.
Así se transita a la reconciliación y la paz.
Mucho cuidado con los políticos que proponen que a la paz se llega por la ruta del olvido, la renuncia a la justicia, el silenciamiento de las víctimas y la complicidad con los responsables de crímenes atroces. A la paz se llega develando la verdad, no con simulaciones ni disimulos. Venezuela puede evitar los errores de otros procesos de transición.
"Gratitud a Dios y a tanta gente que le dio fuerza a mi madre, a mis hermanos, mis hijos, mi familia. 4 años y 7 meses (...) Una prueba dolorosa, una prueba compleja", declaró el defensor de DDHH, Javier Tarazona, tras ser excarcelado https://t.co/fy7OdIIdCm
#QueSeanTodos
Los efectivos de la extinta Policía Metropolitana, Héctor Rovaín, Erasmo Bolívar y Luis Molina ya tienen 23 años en prisión. Son los presos políticos más antiguos de Venezuela https://t.co/vLecW2UEnB
#QueSeanTodos
#ÚLTIMAHORA El cardenal Baltazar Porras abogó por los presos políticos y advirtió que "el mal" también está dentro de la Iglesia católica, en medio del escándalo por la extorsión en el Arzobispado de Caracas https://t.co/mj5yYpdwta
23 años presos por cumplir con su deber. 23 años pagando una venganza política. 23 años resistiendo el olvido.
Erasmo, Luis y Héctor no pueden seguir excluidos. Si hablamos de diálogo y reconciliación, su libertad es obligatoria. #LibertadParaLosPM#Venezuela
No sé si conoces a Kennedy Tejeda, pero es un abogado de Foro Penal que fue a las cárceles a buscar presos políticos en la oleada represiva post-electoral de 2024... y lo dejaron preso. Es un defensor de derechos humanos que hacía su trabajo en el momento más oscuro. LibresTodos
#AlertaSNTP | 5 periodistas siguen detenidos. Para ellos y para todos los presos políticos, eximos libertad plena.
No es posible avanzar hacia una transición democrática mientras persistan la persecución, la censura, la prisión arbitraria y la vulneración de derechos #15Ene ⬇️
Lo que podemos hacer con nuestros familiares y amigos excarcelados
Cuando una persona es excarcelada tras haber estado detenida en Venezuela, lo primero no es interrogarla ni exigirle un testimonio inmediato. En muchos casos hay shock, miedo, desorientación, culpa o silencio defensivo. La tarea inicial de familiares y personas cercanas es garantizar seguridad, descanso y contención, asegurarse de que la persona esté a salvo, que tenga un lugar estable para dormir, acceso a comida, agua, medicinas y atención médica u odontológica básica. Sin estas condiciones mínimas, cualquier intento de documentación puede ser revictimizante.
Por lo tanto también hay que evitar aproximaciones no respetuosas de vecinos, allegados a la familia o periodistas que no mantengan protocolos claros de protección y derechos humanos, porque también puede haber daño en una acción hecha con buena voluntad, pero sin criterios.
En una segunda fase, cuando la persona empieza a estabilizarse, familiares, amigos y defensores de confianza pueden ayudar a documentar sin presionar. Esto incluye anotar fechas aproximadas, lugares de detención conocidos, traslados, nombres que la persona recuerde espontáneamente, y cualquier detalle que surja en conversaciones cotidianas, sin forzar recuerdos. Es útil llevar un registro privado, cronológico y seguro, incluso si está incompleto. Los silencios, lagunas o contradicciones no son errores: son parte del trauma. Muchas familias desearán poner al día a la persona recién liberada, pero puede ser abrumador así que es mejor dosificar las conversaciones en distintos momentos.
Cuando la persona no puede hablar o se bloquea, el entorno puede documentar las cosas que son observables: Cambios físicos visibles, pérdida de peso, heridas, problemas para dormir, sobresaltos, miedo a ruidos en el exterior, rechazo a uniformes o autoridades, aislamiento, llanto frecuente o conductas de hipervigilancia... todas estas cosas serán datos relevantes. No requieren interpretación psicológica, solo descripción. Estos registros pueden ser tan importantes como un relato verbal de los liberados.
En relación con los responsables, con los perpetradores, no corresponde que los familiares investiguen ni confronten. Su tarea es preservar la información de todo lo que la víctima recuerde, incluso fragmentos: apodos, rangos, acentos, lugares, rutinas, horarios, frases repetidas por los custodios o interrogadores. También es importante anotar si hubo fiscales, jueces o defensores públicos presentes, si se firmaron documentos bajo coacción o si hubo amenazas explícitas. Todo relato debe guardarse con cuidado y sin difusión innecesaria. Son apenas las piezas de un rompecabezas y su protección es más importante que su exposición pública.
Respecto a las condiciones de detención, los familiares, defensores y personas cercanas pueden ayudar reconstruyendo recorridos: por cuáles centros de reclusión pasó la persona, cuánto tiempo permaneció en cada uno, si estuvo incomunicada, si compartió celda con alguien más, si vio o escuchó torturas, muertes o castigos. Es importante distinguir claramente entre lo vivido directamente y lo escuchado de otros detenidos, sin descartar nada. Incluso los rumores forman parte del clima de terror y pueden orientar investigaciones futuras.
En cuanto al impacto físico, los familiares pueden acompañar a la persona a evaluaciones médicas u odontológicas y ayudar a conservar informes, recetas, diagnósticos, fotografías de lesiones o secuelas visibles. Si la persona se niega a ir al médico, puede anotarse esa negativa y sus razones, ya que el miedo a represalias o la desconfianza en las instituciones también son consecuencias de la detención. En ocasiones toma tiempo lograr que los vea un médico y no siempre una sesión es suficiente. El cuerpo también habla y se manifestará de distintas formas que deben ser cuidadas.
El impacto psicológico requiere especial cuidado. No corresponde que los familiares “hagan terapia” ni exijan fortaleza al liberado. La tarea principal es validar, no minimizar y no apurar los procesos. Frases como “ya pasó”, "debes pasar la página", "hay que tragar algunos sapos" o “tienes que olvidar”, deben evitarse por completo. La mayoría de las familias no cuentan con recursos psicológicos para atender a sus liberados, así que toca tener cuidado de no causar más daño o trauma con malas recomendaciones que estén basadas en el cariño. Si es posible, se debe facilitar acceso a apoyo psicológico seguro y de confianza. Si no lo es, basta con registrar síntomas persistentes y su duración, sin forzar interpretaciones clínicas.
En el plano económico, los familiares suelen ser quienes mejor pueden documentar las pérdidas de los presos y su gente cercana: trabajos abandonados, ingresos interrumpidos, ventas forzadas de bienes, pagos para sobrevivir, allanamientos, extorsiones, gastos legales y médicos. Llevar un registro simple de estos daños ayuda a dimensionar el impacto real de la persecución sobre el núcleo familiar.
Toda esta información, incluso cuando está incompleta, no debe circular de forma pública ni improvisada. Su valor depende de la seguridad, la verificación progresiva y la custodia adecuada. Puede servir para procesos judiciales nacionales o internacionales, para la Corte Penal Internacional, para sustanciar sanciones individuales, para levantar informes de mecanismos de la ONU y para futuros procesos de justicia en Venezuela que terminen en reparación a las víctimas. Por eso es un trabajo fundamental.
La recomendación final es sencilla: familiares y personas cercanas no son investigadores ni fiscales, pero sí pueden ser guardianes de la memoria y las evidencias, actuando con cuidado, respeto y paciencia.
Incorporar estas tareas en un protocolo sencillo, humano y seguro permite proteger a las víctimas hoy y sostener la búsqueda de justicia mañana, sin exponerlas ni revictimizarlas.
🇻🇪🇳🇴‼️ | ÚLTIMA HORA — El Instituto Nobel de Noruega aclaró que el Premio Nobel de la Paz no puede ser transferido, compartido ni revocado, tras las declaraciones de María Corina Machado sugiriendo que podría entregar su galardón 2025 a Donald Trump como reconocimiento a su rol en la caída de Maduro y la transición democrática en Venezuela.