Vargas Lleras y el derecho como poder.
Se ha escrito mucho sobre el político, el senador combativo, el ministro ejecutor, el vicepresidente de las casas gratuitas y las 4G y el candidato que sobrevivió a dos atentados. Pero hay otra biografía menos ruidosa: la del abogado que entendió el derecho como una forma de poder estatal.
No fue jurista en sentido académico. Su lugar no fue la cátedra, la magistratura o el tratado, sino el Congreso, el Gobierno y el trámite legislativo. Pertenecía a una estirpe cada vez menos frecuente de políticos que sabían leer un proyecto de ley, negociar un artículo y entender que una frase en una norma puede cambiar la distribución real del poder.
Fue elegido al Senado en 1994 y permaneció allí durante cuatro periodos, hasta 2008. Para varias generaciones de abogados, esos años coinciden con buena parte del andamiaje normativo que luego estudiaríamos en la universidad o interpretaríamos en la práctica: la extinción de dominio, la extradición, la expropiación por vía administrativa, las reformas anticorrupción, el régimen disciplinario, los debates sobre fuero militar y la tipificación de graves violaciones a los derechos humanos. No todas fueron suyas en sentido estricto, pues ninguna ley importante es obra de un solo autor. Pero sí revelan una forma de hacer política: intervenir allí donde el derecho modifica la capacidad real del Estado.
Su paso por el Ministerio del Interior y de Justicia condensó esa dimensión. Allí estuvieron la recuperación del Ministerio de Justicia, el Código General del Proceso (CGP) y la fallida reforma a la justicia.
El CGP fue probablemente su mayor éxito jurídico desde el Gobierno. La autoría académica pertenece al Instituto Colombiano de Derecho Procesal, pero el proyecto fue radicado por su ministerio en marzo de 2011 y el empuje político del Gobierno ayudó a convertir esa agenda en ley. Para los litigantes, el CGP marcó el tránsito del proceso escrito hacia la oralidad y la concentración por audiencias.
La reforma a la justicia, en cambio, fue su gran fracaso institucional. El proyecto que ayudó a impulsar terminó atrapado en micos, intereses particulares y una reacción pública que obligó al Gobierno a hundir su propia criatura. Para entonces Vargas Lleras ya había pasado al Ministerio de Vivienda, pero la reforma quedó asociada a su ciclo. Ese fracaso no lo apartó del tema: más de una década después aceptó integrar la Comisión para la Reforma a la Justicia, a pesar de ser uno de los opositores más duros del Gobierno Petro.
Ese gesto decía algo importante: para Vargas Lleras, la justicia no era un tema sectorial, sino una obsesión institucional. Pocos políticos colombianos se interesaron con tanta persistencia por reformarla. Pocos, además, mantuvieron una relación tan estrecha con abogados y juristas de tantas orillas. Magistrados, exministros, procesalistas, penalistas, administrativistas, constitucionalistas, académicos, litigantes y abogados corporativos hicieron parte de su mundo natural de interlocución. No todos pensaban como él. Muchos lo enfrentaron. Pero lo leían como un contradictor serio, informado, preparado, capaz de discutir sobre instituciones y no solo sobre coyuntura.
Incluso en sus años de vivienda e infraestructura, su método siguió siendo jurídico. Detrás de las casas, las carreteras y las obras había contratos, licencias, APP, vigencias futuras, competencias, interventorías, responsabilidad fiscal y administración del riesgo. Vargas Lleras entendió que en Colombia la gestión pública no ocurre por fuera del derecho, sino a través de él.
Su legado jurídico es complejo: leyes importantes, reformas incompletas, aciertos, excesos y derrotas. Pero deja una lección difícil de negar: en Colombia, quien quiera transformar el Estado tiene que saber derecho, porque allí se entiende dónde está el poder y cómo se ejerce.
Ese fue, quizá, su verdadero legado jurídico.
Hoy los colombianos decidimos, es el momento de ponerle freno a este desgobierno. La violencia paraestatal, la inversión paralizada, salud colapsada, incertidumbre jurídica, corrupción desbordada, déficit disparado y los grupos al margen de la ley cada día más fortalecidos es el regalo de Petro y su gobierno “del cambio”.
Por eso los invito a votar al Senado y a la Cámara por las listas de Cambio Radical: una bancada seria, con carácter y conocimiento, capaz de ejercer control político, frenar los desvaríos y proponer soluciones viables para el país. ¡No es momento de improvisar! Un partido que ha respaldado la democracia y defendido la institucionalidad.
Juntos recuperemos el rumbo de Colombia.
A por todo
La constituyente anunciada por el señor Gustavo Petro a final de año y ahora promovida por el candidato Iván Cepeda y por otros sectores que históricamente han detestado la Constitución de 1991, como el Eln y las Farc, es la réplica del modelo que impuso el régimen chavista para desmontar el Estado de derecho y sustituir la democracia en el país vecino. Paradójicamente, todos, incluidos por supuesto Hugo Chávez y Petro, lograron llegar al poder amparados en constituciones y regímenes democráticos que hoy desprecian y que desde esa posición buscaron y buscan acabar.
Fue tan enfático Petro en su compromiso por respetar la Constitución Nacional que incluso reconozco que hasta se tornó sospechoso para muchos. Ahora vemos que todo fue una farsa, un engaño que tuvo su confirmación con la presentación del proyecto de constituyente por el “superministro” Antonio Sanguino. Quedó al descubierto su verdadero propósito: acabar con una Constitución que les estorba, que detestan por constituir el principal obstáculo para imponer su modelo de Estado y de sociedad.
Lo que pretenden está claro, desmontar uno por uno los pilares de nuestra arquitectura constitucional: la democracia, el Estado de derecho y el modelo de funcionamiento de los poderes públicos.
Quieren, además, reconfigurar la propiedad privada, limitar hasta donde sea posible la iniciativa particular y, como es bien sabido, la estatización de cuanta actividad definan como estratégica. Quieren recentralizar recursos y competencias para subordinar alcaldes y gobernadores. Quieren acabar con la independencia del Banco de la República, porque la disciplina monetaria es incompatible con el populismo fiscal que promueven. Quieren acabar con el sistema de pesos y contrapesos, neutralizar a las cortes y a los órganos de control, porque los límites al poder les resultan insoportables. Quieren un Congreso obediente o irrelevante. Quieren, en suma, un Estado gigante, omnipresente y omnipotente, y un gobierno sin freno ni limitación. Un Estado como el que se instaló hace más de dos décadas en Venezuela.
Lo he advertido en columnas anteriores. Este libreto ya lo vimos en Venezuela, impusieron una constituyente para desmantelar la institucionalidad, perseguir a la oposición y perpetuarse en el poder. Allá también se habló de “poder popular”, de “cabildos populares”, de “refundar la democracia”, y el resultado fue la sustitución del Estado de derecho por la arbitrariedad, los abusos, la violencia paraestatal y el colapso económico.
La constituyente de Chávez fue convocada violando la propia Constitución. El Ejecutivo impuso unas bases electorales hechas a su medida que aseguraron su hegemonía política; estableciendo la “doctrina de poder originario ilimitado” que allanaría el camino para el posterior desastre institucional de la constituyente de Maduro. Se creó un órgano supraconstitucional, sin controles ni límites, que anuló la Constitución preexistente, se arrogó funciones legislativas, desplazó al Parlamento legítimamente elegido y sometió al Poder Judicial para rediseñar todo el aparato del Estado al servicio del régimen.
Y ese es exactamente el modelo que pretenden imponer en Colombia. No en vano, el señor Petro, su gobierno y sus aliados promueven la movilización permanente como mecanismo de presión. Desacatan sistemáticamente las decisiones judiciales, deslegitiman a las cortes cuando no fallan a su favor, estigmatizan a la oposición y gobiernan por decreto. Ni qué decir de la complacencia con las estructuras criminales bajo la farsa de la ‘paz total’.
Estamos en un punto de quiebre y nos enfrentamos a un debate decisivo. De un lado, un sector político encabezado por Petro y el candidato Cepeda que quiere sustituir la Constitución para, entre otros objetivos, perpetuarse en el poder. Y del otro, un país que valora las libertades, la separación de poderes y las reglas de juego que nos dimos en el 91. Esta discusión no admite matices: o se defiende la Constitución o se la entrega.
El país merece claridad y a estas alturas, ‘ad portas’ del proceso electoral, es indispensable saber quiénes están de cada lado. El 8 de marzo, al definir la conformación del Congreso de la República, sabremos si una constituyente al estilo venezolano como la que propone el Pacto Histórico contará con las mayorías para ser convocada. Por ello, esta elección es crucial si queremos mantener nuestra Constitución, preservar el modelo de Estado y, sobre todo, nuestra nunca bien valorada democracia.
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Entrevista de 2019. Duró solo 17 minutos: Maduro se retiró, confiscaron el material y expulsaron al equipo de Univisión. Después se filtró y se publicó.
Tras la captura de Nicolás Maduro, la Misión de Determinación de los Hechos sobre #Venezuela subraya la necesidad de garantizar la rendición de cuentas por las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad cometidos por su gobierno.
@UN_HRC
Voy a decirlo sin rodeos: esto no va de Maduro. Va de quién ha gestionado su final y para qué. Cuando un presidente es apresado y no hay caos interno ni fractura visible en la cúpula, cuando no hay histeria militar ni sangre en las calles, estamos ante una operación controlada. Las revoluciones reales son ruidosas. Las transiciones pactadas son silenciosas.
Aquí no hay heroicidades ni épica. Hay negociación fría. Y la negociación no se hace con el pueblo, se hace con la élite que garantiza orden. Quien crea que Estados Unidos —o la estructura que marca la pauta— busca justicia, democracia o reparación histórica, no ha entendido cómo funciona el poder. Lo que se busca es estabilidad, acceso a recursos y cierre de un ciclo incómodo. Todo lo demás es decorado.
Por eso insisto: el elemento clave es la traición funcional del entorno de Maduro. No ideológica, no moral: funcional. La traición que se produce cuando se comprende que el régimen ya ha caído y que es mejor recolocarse que resistir. Ahí es donde entran nombres concretos, no por conspiración, sino por lógica de poder: Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López. No como salvadores ni como demonios, sino como gestores del aterrizaje.
El detalle verdaderamente inquietante, para mí, no es un vídeo ni una filtración. Es la calma reveladora. La calma de quien ya sabe que no va a caer al vacío. La calma de quien ha recibido garantías. Nadie está tranquilo en mitad de una tormenta si no tiene un refugio pactado. Esa serenidad no es inocente; es estratégica.
Y aquí viene lo más incómodo: las transiciones tuteladas no liberan países, los reordenan. Cambian el relato, redistribuyen poder, blanquean a unos y sacrifican a otros. El ciudadano no entra en la ecuación más que como coartada. Se le promete futuro mientras se decide el reparto en despachos cerrados.
Esto no va acerca de izquierdas o de derechas. Va de quién controla las riquezas, el dinero, las armas y la narrativa cuando se baja el telón. Y si el proceso avanza sin sobresaltos no es porque el sistema se haya humanizado, sino porque ya se ha pactado quién paga y quién se salva.
Lo demás es ruido. Y el ruido, casi siempre, es para que no mires dónde de verdad se está decidiendo todo. Seguiremos informando. Sin anestesia.
Muñecos les presento el Helicoide centro de torturas, desde 2015, edificio es utilizado por el SEBIN como centro de torturas.
Por sus celdas han pasado miles de venezolanos torturados y asesinados. ¿Derecho Internacional?
¿Leyeron el informe Bachelet?
Sigo con gran dolor las trágicas noticias que llegan de #Sudán. La violencia indiscriminada contra mujeres y niños, los ataques contra civiles indefensos y los graves obstáculos a la acción humanitaria están causando un sufrimiento inaceptable. #OremosJuntos para que el Señor acoja a los difuntos, sostenga a los que sufren y toque los corazones de los responsables. Reitero mi llamamiento a las partes implicadas para que decreten un alto el fuego y abran con urgencia corredores humanitarios. Invito a la comunidad internacional a que intervenga con decisión y generosidad.
A la firma de un pacto se invita a los participantes y los mediadores. Quién suspende toda comunicación con una de las partes y hace llamados a conformar un ejército para combatirla, no está vetado, simplemente no es invitado; no es parte de la solución.
Me encanta el "Venezuelasplainning". Ese fenómeno en el que gente que no es de Venezuela quiere explicarle a 9 millones de venezolanos exiliados y millones más sin los medios para poder irse que en realidad no pasa nada y sólo dejaron todo atrás por caer en un complot gringo
Felicitaciones al Presidente @realDonaldTrump por haber alcanzado un acuerdo histórico de paz entre Israel y Hamás, quienes hoy, a un día de que se cumplan dos años del trágico atentado del 7 de octubre, firmaron la Fase Uno del plan de retirada de Gaza y la liberación de los rehenes aún en cautiverio.
Quiero aprovechar para contar que firmaré la candidatura de Donald J. Trump para el Nobel de la Paz, en reconocimiento a su extraordinaria contribución a la paz internacional.
Cualquier otro dirigente con semejantes logros ya lo hubiera recibido hace mucho tiempo.
VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!