En este video, el fundador del ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, describe el envío de Abu Mohammad al-Jolani desde Irak para establecer Jabhat al-Nusra como una extensión del ISIS en Siria.
Jolani, a su vez, agradece a Baghdadi su aprobación, apoyo y financiación.
Un traje no borra esa historia que vuelve a evidenciar a Estados Unidos como creador y financiador del terrorismo Yihadista para tomar aquello que se le antoja, en este caso Siria.
🚨🚨"El objetivo es sacar dinero de EEUU y Europa a través de Ucrania y devolverlo a manos de una élite transnacional (Agenda Gløbalista 20 30)"
"La meta no es ganar ninguna guerra, sino mantener conflictos permanentes que alimentan ese circuito de poder"
"El Objetivo es una guerra sin fin, no una guerra exitosa"
____ Julian Assange
Islamic imam with a gun inside a mosque:
“There’s no better way to worship Allah than by killing an infidel.”
I don’t know about you, but I have never seen a religious leader of any other religion act like this!
En Sudán, los islamistas entierr@n vivos a los cristianos para luego ejecut@rlos.
¿Dónde está la Flotilla de Greta?
¿Dónde está Antonio Guterres?
¿Dónde está el Papa León?
¿Dónde están Macron y Starmer?
Se llama Eugenia García Boró y es la abogada defensora de David Sánchez (perdón quise decir la fiscal de Badajoz), que no reclamando el perjuicio para el erario público impide que la audiencia provincial exija la devolución del dinero cobrado delictivamente.
Un hombre afgano compra a una niña de 10 años como su tercera esposa, tras asesinar a sus dos primeras esposas menores de edad por "deshonrar" a su familia musulmana al desobedecer y no complacer a su dueño.
Como su tercera esposa, la niña sufrió años de tortura, violación y abusos inimaginables hasta que finalmente logró escapar.
Esta espeluznante historia se presenta en el documental "Valía por 50 ovejas", que narra la valiente historia de Sabere y su lucha por la supervivencia en Afganistán antes de la llegada de los talibanes al poder.
La vida de las mujeres y las niñas ya era brutal bajo las normas islámicas. Desde la toma del poder por los talibanes y la imposición total de la estricta ley islámica, la situación ha empeorado infinitamente:
• Las niñas tienen prohibido el acceso a escuelas y universidades.
• Las mujeres son obligadas a cubrirse completamente y permanecen encerradas en sus casas.
• Los matrimonios infantiles, las palizas y los crímenes de honor se han disparado.
Esto no son "diferencias culturales".
Esto es opresión islámica sancionada por el Estado.
Sin embargo, el mundo permanece en gran medida en silencio.
Reconocer este horror implicaría admitir la verdad sobre el islam político: trata a las mujeres y niñas como propiedad, no como seres humanos.
Occidente sigue importando esta ideología mientras pretende que todas las culturas son iguales.
No lo son.
Compartan esta verdad.
El abuso sistemático de niñas bajo el islam debe ser denunciado, no ocultado tras la corrección política.
@LizaRosen0000
En 1968, el psicólogo Stanley Milgram quiso investigar una pregunta sorprendente.
¿Qué ocurre cuando una persona decide actuar de forma diferente a todos los demás?
Para responderla reunió a varios grupos de participantes.
La tarea era sencilla.
Debían mirar unas líneas y decir cuál tenía la misma longitud que una línea de referencia.
La respuesta era evidente.
Sin embargo, casi todos los participantes eran actores.
Y, en determinados momentos, respondían deliberadamente de forma incorrecta.
Cuando el verdadero participante estaba solo frente al grupo, ocurría algo llamativo.
Muchos terminaban repitiendo la respuesta equivocada.
No porque dejaran de ver la realidad.
Sino porque resultaba muy difícil enfrentarse a la opinión de todos los demás.
Pero después Milgram introdujo un pequeño cambio.
Añadió una sola persona que respondía correctamente.
Solo una.
El efecto fue enorme.
La conformidad cayó de manera drástica.
No hacía falta convencer a nadie.
Bastaba con demostrar que era posible discrepar.
Aquella persona rompía la ilusión de unanimidad.
Y, con ella, desaparecía gran parte de la presión social.
La lección sigue siendo actual.
Muchas veces creemos que todo el mundo piensa igual.
Que nadie se atreve a cuestionar una idea.
Que estamos completamente solos.
Pero basta una voz diferente para recordar al resto que también existe otra posibilidad.
Quizá el coraje no siempre consista en cambiar el mundo.
A veces consiste simplemente en ser la primera persona que se atreve a decir lo que muchos ya pensaban en silencio.
Un hombre afgano compra a una niña de 10 años como su tercera esposa, tras asesinar a sus dos primeras esposas menores de edad por "deshonrar" a su familia musulmana al desobedecer y no complacer a su dueño.
Como su tercera esposa, la niña sufrió años de tortura, violación y abusos inimaginables hasta que finalmente logró escapar.
Esta espeluznante historia se presenta en el documental "Valía por 50 ovejas", que narra la valiente historia de Sabere y su lucha por la supervivencia en Afganistán antes de la llegada de los talibanes al poder.
La vida de las mujeres y las niñas ya era brutal bajo las normas islámicas. Desde la toma del poder por los talibanes y la imposición total de la estricta ley islámica, la situación ha empeorado infinitamente:
• Las niñas tienen prohibido el acceso a escuelas y universidades.
• Las mujeres son obligadas a cubrirse completamente y permanecen encerradas en sus casas.
• Los matrimonios infantiles, las palizas y los crímenes de honor se han disparado.
Esto no son "diferencias culturales".
Esto es opresión islámica sancionada por el Estado.
Sin embargo, el mundo permanece en gran medida en silencio.
Reconocer este horror implicaría admitir la verdad sobre el islam político: trata a las mujeres y niñas como propiedad, no como seres humanos.
Occidente sigue importando esta ideología mientras pretende que todas las culturas son iguales.
No lo son.
Compartan esta verdad.
El abuso sistemático de niñas bajo el islam debe ser denunciado, no ocultado tras la corrección política.
Arrancamos mañana con el canal de Justicia Poética en WhatsApp: https://t.co/GwF6ryjMJ2
Los Campamentos de Bernedo en el ojo del huracán.
#Justiciapoetica ostenta la defensa de una de las menores.
Mi reflexión de un caso que va más allá de los hechos concretos.
¡Te espero!
A ANA PASTOR @_anapastor_ le acaban de METER un MILLÓN DE EUROS más de SUBVENCIONES y no le gusta NADA que se sepa 🧐
En este POST 👇 vienen todos los detalles de esta nueva AYUDA PÚBLICA que pagamos con nuestros impuestos 😱
DESGARRADOR: Su bebé fue partido por la mitad con un cuchillo delante de ella, su esposo fue asesinado a tiros y presenció cómo le partían el cráneo a su 2do hijo con un machete. También le cortaron una mano.
Así es la vida de los cristianos en Nigeria. Todos guardan silencio.
Sílvia Gasol y su familia pidieron el reconocimiento de la discapacidad de su hijo Leo el 1 de febrero de 2024. La resolución oficial les llegó el 18 de mayo de 2026.
Más de dos años de espera por un trámite administrativo.
Mientras tanto, la vida no se detiene: tocó preinscribir a Leo en el instituto. Sin el certificado de discapacidad en las manos —porque la Administración todavía no lo había emitido—, la familia no pudo acreditar los criterios de prioridad que le correspondían por ley.
El resultado: a Leo le asignaron plaza en el Instituto Arnau Cadell, que le exige coger el tren o depender de la familia para desplazarse hasta allí.
La primera opción de la familia, el IES Angeleta Ferrer, habría estado a pie desde casa —justo lo que le daría autonomía a un adolescente con discapacidad.
La familia lo reclamó por todas las vías: escritos al Departamento de Bienestar Social, a Educación, al síndic de greuges, incluso al Defensor del Pueblo. Presentaron una reclamación formal ante la Comisión de Garantías de Admisión para que se recalculase la puntuación de Leo.
No sacaron nada. Organismos donde todo son protocolos, reuniones, reuniones preparatorias de las reuniones...
El certificado médico que finalmente les llegó tiene fecha de resolución retroactiva al 1 de febrero de 2024. Por ejemplo, ahora podrán rehacer declaraciones de la Renta.
Es decir, el derecho de Leo ya existía legalmente cuando se hizo la preinscripción. La única razón por la que no se pudo acreditar es que la Administración no fue capaz de emitir el papel a tiempo.
Dos años y tres meses de retraso. Un menor con discapacidad pagando las consecuencias.
En mi Newsletter hablo de temas como este para que conozcas tus derechos frente a la Administración. En el primer comentario te dejo el enlace para apuntarte 👇
Bustos: "¿Por qué se les negó a los vascos exiliados por la persecución de ETA, que puedan votar en las elecciones vascas? Pero hay que estar automáticamente de acuerdo en que puedan votar los nietos del exilio. Si te echó Franco hace 75 años, sí, pero si te echó ETA hace 25, no"
El 19 de enero me atendieron en el Servicio de Urgencias del hospital @HUnivValdecilla (HUMV).
Siempre tuve una experiencia excelente en el HUMV: profesionales y medios de primer nivel. Para mí, el hospital es un orgullo colectivo.
Aquella tarde, sin embargo, me atendió una doctora que cometió graves irregularidades.
Yo tenía una brecha sangrante en la cabeza, pero al ver cómo se estaba desarrollando el episodio quise marcharme para que me atendieran en otro sitio.
La doctora, sin embargo, me impidió por la fuerza abandonar el hospital, pues quería que me sometiera a unas pruebas que yo no consentía.
Esta fue una primera irregularidad, pues un paciente tiene derecho al alta voluntaria¹, incluso en contra del criterio del médico. Retenerme contra mi voluntad fue, en mi opinión, una detención ilegal.
Lo peor, sin embargo, estaba por llegar:
La doctora entró al box con varios celadores y enfermeros y me ataron con correas a la camilla. Aquello me resultó absolutamente humillante, y así lo expresé. Me estremezco mientras lo escribo, pero no os imagináis la angustia e indefensión que siento mientras escribo estas líneas.
Tras inmovilizarme de pies y manos yo me negué en redondo a someterme a ninguna prueba y pedí marcharme. La doctora, sin embargo, me amenazó con hacerme las pruebas «por las buenas o por las malas». Yo puse mi teléfono a grabar y respondí que eso era ilegal y que iba a denunciarla.
Un rato después la doctora regresó al box acompañada de una enfermera y dos vigilantes de seguridad. Me dijo que iba a sacarme sangre «sí o sí». Yo repetí que no consentía esa extracción. Entonces se acercó y pude leer su nombre en su uniforme. Lo tengo grabado en el móvil.
Atado de pies y manos no pude evitar, claro, que me extrajeran varios tubos de sangre, mientras yo repetía todo el rato que no consentía aquello y que les iba a denunciar.
Quizá desde fuera no se entienda, pero estoy temblando mientras escribo esto, angustiado y con ganas de llorar. Me tenían inmovilizado y herido y entre cuatro —dos de ellos, vigilantes de seguridad— me forzaron un procedimiento médico. Esto es absolutamente ilegal² y, en mi opinión, un delito de coacciones.
Llevo desde enero teniendo pesadillas con esto, y a veces me despierto de noche gritando, evocando el box, las correas y la doctora. Igual desde fuera no se entiende, pero yo lo viví así y aquello me tiene roto desde entonces.
Yo decía todo el rato —e insisto, está grabado— que me sometería voluntariamente a las pruebas si me soltaba, porque que no accedería estando atado, pues me sentía vejado y humillado. Pero no sirvió de nada, y la doctora me tuvo más de cuatro horas así.
Yo pedía continuamente agua, porque la pérdida de sangre provoca, por lo visto, mucha sed. Me acercaban un vaso de plástico y lo rellenaban muchas veces, porque me moría de sed.
Al cabo de una rato expliqué que necesitaba orinar, pero no me dejaban ir al servicio. Me dijeron, literalmente, «puedes aguantar más».
Un rato después la doctora regresó al box y me entregó una pastilla. Me dijo que me dejaría ir al servicio si me la tomaba. Yo pensé que quería drogarme para que me sometiera a lo que rechazaba y, naturalmente, la tiré a una papelera.
Cuando ya no podía retener la orina más, me trajeron un recipiente para que orinara en él, pero atado de pies y manos a la camilla. Aquello me pareció el colmo de la humillación e indignidad, y así lo expresé. Le dio igual.
Tras varias horas así, la doctora regresó, me pusieron un aparato eléctrico a los pies de la camilla y ordenó que me llevaran a otra estancia. Yo sentí pánico mientras me llevaban y pregunté qué era aquello. Me dijo, literalmente, que no era asunto mío, y que yo hacía demasiadas preguntas.
Ya en la otra estancia la doctora se marchó y me dejó con otro médico. Eso me tranquilizó mucho, porque yo tenía miedo a la doctora que me había atado y amenazado. El nuevo médico era muy amable, me soltó y entonces me sometí voluntariamente a un TAC en la cabeza. Tenía la camisa, el cuello y las manos llenas de sangre (la foto de abajo es después de que me limpiaran la mano).
Ya liberado, me devolvieron al box y vino otro doctor diferente, igualmente muy amable, que me explicó que no había signos de lesión interna y que me suturarían la herida. Accedí.
Al marchar me entregó el informe de alta. Comencé a leerlo y yo no daba crédito a lo que leía: ponía que yo había bebido «una botella de vodka» (¡falso!) y que acudí al hospital por «violencia y agresividad» (¡absolutamente falso!).
Yo creo, aunque no puedo probarlo, que la doctora introdujo esas falsedades tras decirle que la iba a denunciar. Quizá borró su nombre del informe clínico por la misma razón, pues el nombre de los otros médicos sí aparece en él.
Leer las falsedades del informe me dolió tanto como lo vivido en el box. Destruí el papel allí mismo y me fui. Cuando llegué a casa, estaba roto.
Tardé días en procesar todo. Pensé que una forma de repararlo sería explicar al hospital lo sucedido y poner una denuncia formal contra la doctora. Registré un escrito y lo envié al HUMV.
El hospital me contestó dos meses y medio después³. Decían que yo había consentido la extracción de sangre, y no me facilitaron ni la documentación que solicitaba ni la identidad de la doctora. Esto es otra irregularidad⁴.
Me sentí insultado. Estaba convencido de que el HUMV lo investigaría y me ampararía, pero no hicieron nada.
Entonces aprendí que puedo acceder a mi historia clínica digital. La ley dice que el nombre de la doctora y la enfermera tienen que aparecer en ella. ¡Pero ni rastro de ambas! Otra irregularidad⁴.
Revisando mi historia clínica, sin embargo, encontré algo que me hizo literalmente llorar: ¡la doctora había ordenado un test de drogas sobre una muestra de orina que tomó del recipiente que me entregó!
Yo no tenía ni idea de eso. Nunca me sometí voluntariamente a ningún test de nada. Pero ella tomó subrepticiamente una muestra de mi orina y ordenó analizarla sin mi consentimiento y sin informarme. ¡Esto es completamente ilegal!²
Además, ocultó del informe clínico el resultado del test. ¡Si no llego a consultar mi historia clínica, nunca me hubiera enterado! Cuando pienso en todo esto, se me saltan las lágrimas.
El test, naturalmente, dio negativo para todas las sustancias ilegales (yo nunca he consumido ninguna droga).
Una noche, en otra de las pesadillas que recurrentemente tengo, me acordé de que tenía todo registrado en el teléfono y salté de un bote de la cama. ¡Estaba tan traumatizado que me había olvidado!
En las grabaciones tengo el nombre de la doctora, pues lo leí de su uniforme. Entonces lo busqué en el directorio del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, así como en varios colegios territoriales, pero nada. ¡No hay en España ningún médico colegiado con ese nombre, ni otros parecidos que he probado!
Registré entonces (abril) un segundo escrito ante el HUMV. Pero nadie respondió. Envié varios correos electrónicos pidiendo conocer la identidad de la doctora y acceder a la documentación del episodio.
A día de hoy nadie me ha contestado.
Se me ocurrió pedir amparo a la instancia superior, el Servicio Cántabro de Salud. El 28 de abril registré un detallado escrito de ejercicio de derechos en materia de protección de datos personales ante el @SCSalud. Las muestras biológicas —sangre, orina—, son datos personales.
El RGPD dice que el SCS tiene un mes para contestar. Sin embargo, han transcurrido más de dos y no han contestado. Esto es otra irregularidad.⁵
Ante este nuevo incumplimiento del SCS, escribí a su Delegado de Protección de Datos, pero este me remitió de nuevo al SCS.
Entonces se me ocurrió presentar un segundo escrito pidiendo la identidad de los médicos que accedieron a mi historia clínica aquel día, pues en el registro de accesos tiene que estar la identidad de la doctora.
Pero me respondieron que «por protección de datos» no me lo pueden dar. Una ley estatal y otra autonómica me otorgan derecho explícito a conocer la identidad de la doctora que me atendió aquel día⁴. Pero se amparan en la vaga excusa de la protección de datos para vulnerar mi derecho.
Me queda poner una reclamación ante la AEPD. Pero si la estimaran no habría ninguna sanción, pues las Administraciones públicas solo pueden ser apercibidas. No pasa nada.
Tras esta penosa penitencia os podéis imaginar qué confianza me queda ya en el sistema público de salud: ninguna.
Sintiéndome totalmente desamparado, y tras meses de escritos y esperas, llamé por teléfono al HUMV y pedí hablar con el director médico del hospital. Pero me dijeron que no me podían pasar con él. Pedí entonces hablar con el director gerente, y me pasaron con un contestador automático.
Con las tripas revueltas por todo esto, hace más de un mes hice de ellas corazón y acudí al HUMV y me puse frente a la puerta del despacho de la responsable del Servicio de Atención al Usuario hasta que conseguí hablar con ella.
La responsable fue muy amable y me escuchó con atención. Luego me dijo que se interesaría por mi caso y me contestaría «en unos días». Le di aliviado las gracias y volví a casa. Estuve dos días destrozado.
Pero ha transcurrido más de un mes de aquel último cartucho y nadie en el HUMV ni el SCS me ha contestado. Estamos en julio y nadie me dice la identidad o el número de colegiación de la doctora que me atendió en enero. Pronto se irán de vacaciones. Agosto es inhábil en muchos sitios.
A estas alturas, comienzo a sospechar que la doctora que me atendió no está colegiada, lo que sería gravísimo.
Yo reclamo saber la identidad de la doctora para interponer una denuncia contra ella, pero tras cinco meses y pico de gestiones, ni el HUMV ni el SCS contestan mis escritos.
Cada vez que paso por delante del hospital me entran ganas de llorar. Siento miedo y angustia cuando veo a un médico, porque vuelven a mi cabeza aquellas largas horas inmovilizado, herido, amenazado y forzado.
Y cuando he pedido amparo por los cauces formales, siento que se despliega contra mí otra violencia, que es la institucional.
La semana pasada ya no pude más y me empadroné en Bilbao. Yo vivo en Santander, pero a raíz de todo esto empecé a pensar en marcharme de Cantabria, porque cada vez que veo el HUMV o la sanidad cántabra, me rompo por dentro. Cambiando de domicilio puedo usar el sistema vasco de salud, que es diferente.
Hoy, sin embargo, he comprobado que no puedo pedir cita médica ni en la sanidad cántabra ni en la vasca: ninguno de ambos sistemas me reconoce como usuario. Estoy en un limbo.
Escribo esto para pedir auxilio. Y porque ya no me quedan más recursos. He dirigido escritos, realizado llamadas y hablado con todas las personas a mi alcance. Pero el sistema público incumple sus propias normas y conculca mis derechos.
Solo me queda publicar esto y preguntar si tengo algún amigo en el HUMV que, desde dentro, me pueda facilitar la información a que legalmente tengo derecho.
Si es así, en privado le facilitaré el nombre que la doctora portaba en su uniforme.
___
¹ Art. 21 de la Ley 41/2002.
² Art. 8 de la misma ley.
³ La instrucción 1/2008 de la Dirección General
de Ordenación, Inspección y Atención Sanitaria de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria establece un plazo de un mes.
⁴ Art. 5.1 de la Ley 44/2003, art. 36.1 de la Ley 7/2002 de Cantabria y art. 14.1 de la Ley 41/2002.
⁵ Art 12 del RGPD.
🚨 ¿Qué ocurre cuando una empresa privada gestiona intereses estratégicos con una participación pública relevante?
👉 @HayDerecho ha participado en la última Junta General de Accionistas de Indra para exigir más transparencia, independencia y rendición de cuentas.
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