Una joven en Manta le reclamó a los candidatos de ADN: Hernán Salcedo y Marcos Zambrano que quieren la prefectura de Manabí, que todos ellos fueron convocados a una capacitación de trabajo, pero les mintieron porque se trataba de un mitin político, y como era obvio todos los jóvenes aplaudieron a la valiente chica.
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La Policía Nacional reprime a las organizaciones de trabajadores que se preparan para salir a conmemorar 104 años de la Masacre del 15 de noviembre. Un adulto mayor se encuentra herido después de los injustificados actos de represión. @quematucabeza
Diez mil dólares
El país acaba de recibir una lección de aritmética constitucional. La Corte Constitucional ha decidido que la desaparición y muerte de niños merece una reparación económica de diez mil dólares por cada uno y cinco mil para sus familias. Así, no más. Diez mil dólares. Ni once mil, ni cincuenta mil, ni cien mil. Diez mil. Una cifra tan redonda que uno sospecha que nació menos en la reflexión jurídica que en la comodidad administrativa. Porque la sentencia no explica cómo llegó allí. No hay cálculo del daño, no hay metodología indemnizatoria, no hay parámetro comparado. Hay, como suele ocurrir cuando el derecho se queda sin números, una palabra salvadora que lo resuelve todo con un gesto elegante y vacío. Equidad.
Equidad. Esa palabra noble que, usada con rigor, puede corregir injusticias; usada con ligereza, puede convertirse en una calculadora de bolsillo. Y así aparece la cifra en el texto judicial, como si alguien hubiera abierto la gaveta institucional de las tragedias nacionales, hubiera contado lo que había disponible y hubiera dicho con un suspiro administrativo que aquello bastaba para cerrar el expediente moral de una desaparición forzada.
El contraste con el derecho internacional es casi cómico. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos suele fijar reparaciones superiores a cien mil dólares por víctima en casos de desaparición o muerte causada por agentes del Estado. No porque alguien crea que la vida humana tenga precio, sino porque el Estado debe reconocer, sin mezquindad aritmética, la magnitud del daño que ha producido o permitido. Pero aquí parece haberse inaugurado otra escuela económica del constitucionalismo: la escuela del vuelto exacto. Diez mil dólares por niño. Una suma que en el mercado inmobiliario ecuatoriano alcanza, con suerte, para pintar la fachada.
Y todavía queda el toque final de esta pequeña pieza de humor institucional. La Corte ordena que el dinero se pague en seis meses. Seis meses. El plazo tiene algo de literatura fantástica si se recuerda cómo funcionan las obligaciones económicas del Estado ecuatoriano. Primero llega el plazo judicial, luego llega el memorando administrativo, después aparece la frase que en el país funciona como un conjuro burocrático capaz de detener cualquier obligación financiera: no hay presupuesto. Y entonces los meses se estiran, los expedientes empiezan su peregrinación por oficinas, certificaciones y observaciones contables, hasta que el tiempo termina haciendo lo que mejor sabe hacer la administración pública cuando se trata de pagar reparaciones incómodas: diluirlas.
El problema, por supuesto, no es el dinero en sí. Nadie sensato cree que una suma de dinero pueda compensar la pérdida de un hijo. Pero la reparación económica tiene otra función, una función política y moral. Es la forma en que el Estado reconoce que el daño causado es enorme y que su responsabilidad no puede resolverse con monedas. Cuando el reconocimiento de un crimen de Estado termina acompañado de una cifra modesta y un plazo que probablemente sobrevivirá a varios ejercicios fiscales, la reparación deja de parecer justicia y empieza a parecer una escena de contabilidad pública.
Así ocurre que la sentencia habla con palabras enormes —vida, dignidad, reparación integral— y luego, casi con timidez presupuestaria, deposita sobre la mesa la cifra final. Diez mil dólares. Una cantidad tan pequeña frente al tamaño del horror que el país termina preguntándose si lo que acaba de presenciar es justicia constitucional o una forma particularmente sofisticada de sarcasmo institucional.
Familiares de Navila Dieb explican ante Fiscalía el origen de los recursos
La madre de Navila Dieb manifestó ante Fiscalía que realizó la venta de una finca y que parte del dinero obtenido de esa operación fue administrado y depositado a través de las cuentas de sus hijos.
Su padrastro también se refirió a este tema. Al ser consultado por Fiscalía sobre los depósitos efectuados en la cuenta de Navila, señaló que “todos los depósitos realizados son exclusivamente por el inmueble vendido”.
De esta manera, en el propio expediente constan declaraciones de familiares que ofrecen una explicación sobre la procedencia de esos recursos.
En un proceso en el que se han planteado cuestionamientos y acusaciones relacionadas con movimientos de dinero, este antecedente resulta relevante y debería ser tomado en cuenta.
Pero lo que busca el Gobierno, José Julio Neira, los lacayos de la Fiscalía y las cuentas afines al régimen es imponer una narrativa para mantener vigente un caso que hace tiempo ya está caído.