Un motociclista en Duitama (Boyacá) sufrió un accidente de tránsito que le dejó fractura de clavícula y lesiones en la región lumbosacra y pélvica. Su vehículo estaba amparado por una póliza SOAT vigente, expedida por La Previsora S.A., que incluía el amparo de incapacidad permanente hasta por 180 salarios mínimos legales diarios. Todo estaba en regla, salvo un detalle que terminó judicializándose: para reclamar esa indemnización, la ley exige un dictamen de pérdida de capacidad laboral (PCL) expedido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez, trámite que cuesta un salario mínimo mensual completo. El accionante, sin capacidad económica para asumirlo, le pidió a la aseguradora que corriera con ese gasto. La respuesta de La Previsora fue evasiva: no negó, pero tampoco resolvió. Y ahí empezó el verdadero litigio.
Jurídicamente, el caso obliga a revisar algo que muchos operadores del SOAT dan por sentado: quién tiene la carga legal de calificar, en primera oportunidad, la pérdida de capacidad laboral. El artículo 41 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 142 del Decreto Ley 019 de 2012, es contundente al respecto: esa obligación recae sobre las compañías de seguros que asumen el riesgo de invalidez y muerte —exactamente lo que ocurre con el amparo de incapacidad permanente del SOAT—. No se trata de una recomendación ni de una buena práctica comercial; es un deber legal directo en cabeza de la aseguradora, no del asegurado.
El Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, al confirmar la tutela de primera instancia, fue enfático en un punto que debería inquietar a cualquier aseguradora del ramo: exigirle a la víctima que primero pruebe una "insolvencia económica absoluta" mediante prueba sumaria, antes de asumir un costo que la ley ya le atribuye a la compañía, es desproporcionado. Basta con acreditar una condición socioeconómica precaria —en este caso, pertenencia al estrato uno— para activar la protección constitucional. El Tribunal se apoyó en la sentencia T-003 de 2020 de la Corte Constitucional, que ya había resuelto un caso idéntico contra otra aseguradora, y en el artículo 50 del Decreto 2463 de 2001, que expresamente traslada el costo de los honorarios de la junta a la compañía cuando se trata de regímenes obligatorios como el SOAT.
Aquí está el núcleo verdaderamente polémico del asunto: en la práctica, decenas de víctimas de accidentes de tránsito en Colombia —muchas de ellas incapacitadas para trabajar, precisamente por el siniestro que buscan indemnizar— se topan con esta paradoja kafkiana: deben pagar de su propio bolsillo, con ingresos que ya no tienen, el examen que demuestra que merecen ser indemnizadas. La aseguradora, mientras tanto, se ampara en la letra de reglamentos administrativos para no asumir un costo que la ley superior ya le impuso, delegando en el usuario más vulnerable una carga que la norma diseñó para ella. Este fallo no crea una regla nueva; simplemente confirma, una vez más, que esa práctica es inconstitucional.
Queda entonces una pregunta que interpela directamente al sector asegurador: si la jurisprudencia constitucional lleva más de una década siendo uniforme en este punto —T-322 de 2011, T-003 de 2020 y ahora esta confirmación de 2025—, ¿por qué las aseguradoras del SOAT siguen negando o evadiendo estas solicitudes en primera instancia, obligando a las víctimas a litigar por un derecho que ya está pacíficamente reconocido?
¿Ustedes creen que estas negativas responden a desconocimiento normativo de las aseguradoras o a una estrategia deliberada de desgaste frente a víctimas que, en su mayoría, no tienen cómo pelear? Se los leo en comentarios.
@MovistarCo pilas gente, movistar a traves de la app, esta ofreciedo mejora de planes, con licencias de perplexity pro. Activé el plan y ahora aparece que no tengo licencia y no dan respuesta @sicsuper
De 180 peajes en Colombia, 130 son de privados y pertenecen a los grandes conglomerados económicos privados, tales como, Sarmiento Ángulo, GEA, entre otros.
Ya saben quienes están buscando desestabilizar el país a como de lugar?
Deben estar mirando de donde van a sacar el dinero para poner congresistas que sigan defendiendo sus siniestros intereses.
Es triste la muerte de Sandra Reyes, pero también hay q hablar de cómo @CaracolTv y @CanalRCN ganan con repeticiones de telenovelas, pero los actores no reciben ni un peso.
Sandra Reyes (2020):
🔸"A los actores no nos llega nada. A mí no me pagan por las repeticiones".
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Vergonzoso! El canal DW de Alemania le muestra al mundo como Enrique Peñalosa y su títere Carlos Fernando Galan, por extender la Autopista Norte y la Av Boyaca de Bogotá entierran con cemento los ecosistemas con sus humedales en plena crisis por escasez de agua en la capital; defendamos nuestra reserva Thomas van der Hammen:
#HEROE. Momento en el que conductor de una tractomula salvó la vida de 50 personas que iban a bordo de un bus que había quedado sin frenos. El heroico susceso ocurrió hace unos días en Honduras, bajando el sector conocido como El Portillo.
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🇨🇴🇪🇸 La deuda histórica que existe entre España y América Latina, se hace cada vez un tema más delicado.
@Guaitafran y @CamilaLDelgado o nos cuentan sobre esa deuda en el caso de Colombia, que está tratando de recuperar su tesoro Quimbaya.
A quienes se espantan cuando presuntamente se alude al pte de la @CorteSuprema como "negro conservador" pero les gusta cuando insultan a la vicepta como una "negra de esconder", les recomiendo esta columna de una mujer que sabe lo que escribe.
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Después de que la Selección Colombia fue eliminada por Países Bajos, varios comentaristas reclamaron más apoyo para el futbol femenino. Voragine reveló que la Dimayor rechazó 3.300 millones que le ofreció el gobierno para la Liga Femenina. https://t.co/G7cjZVhkio