Hace un momento una persona a quien aprecio mucho, en una conversación dijo algo: “El río no retrocede hacia su nacimiento; honra su origen siguiendo su curso”.
Una lección de vida !!!
𝐂𝐡𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐞𝐱𝐩𝐢𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨𝐬 𝐲 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐮𝐩𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐣𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥: 𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐛𝐥𝐞𝐦𝐚 𝐞𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥 𝐪𝐮𝐞 𝐧𝐚𝐝𝐢𝐞 𝐪𝐮𝐢𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐬𝐮𝐦𝐢𝐫
¿Han notado que las anteriores administraciones del Consejo de la Judicatura presentaban la destitución de jueces como un gran logro institucional? Hay que tener mucho cuidado con esa narrativa.
Existen, al menos, dos formas de abordar el problema de la corrupción judicial. Una individual y espectacularizante; otra institucional y sostenida.
La primera –individual y espectacularizante– entiende la corrupción como un problema estrictamente 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥. El juez corrupto aparece como el único responsable de sus actos y, por lo tanto, como alguien que debe ser expulsado del sistema.
Bajo esta lógica, el juez es presentado como un enemigo aislado de la justicia. Entonces se anuncia, casi como un trofeo que “el Consejo destituyó al juez tal”, esperando de inmediato el aplauso ciudadano. Sin embargo, eso apenas muestra la punta del iceberg.
La segunda perspectiva –institucional y sostenida– entiende la corrupción como un 𝐩𝐫𝐨𝐛𝐥𝐞𝐦𝐚 𝐞𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥. El juez pudo corromperse porque existieron condiciones institucionales que lo permitieron —e incluso, muchas veces, lo incentivaron—.
Desde esta mirada, el juez corrupto no es solo un individuo desviado, sino el síntoma de un sistema judicial deteriorado.
La 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 tiene la oportunidad de decidir qué camino seguir. Limitarse a convertir al juez en un chivo expiatorio o asumir, por fin, que la corrupción judicial exige reformas profundas. Porque lo que ocurre con sus jueces no habla únicamente de ellos; habla, sobre todo, del estado real del propio Consejo de la Judicatura.
Finalmente, no hay que olvidar que, más allá de las conductas individuales de los jueces corruptos, el Consejo de la Judicatura tiene la obligación de fortalecer la legitimidad institucional de la función judicial y 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐨𝐯𝐞𝐫 𝐞𝐥 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐞𝐭𝐨 𝐜𝐢𝐮𝐝𝐚𝐝𝐚𝐧𝐨 𝐡𝐚𝐜𝐢𝐚 𝐥𝐚 𝐟𝐢𝐠𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐣𝐮𝐞𝐳 𝐲 𝐬𝐮𝐬 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬.
Una democracia no puede sostenerse sobre la desconfianza permanente en sus jueces. Lo que necesitamos son instituciones sólidas, estables y confiables; no respuestas esporádicas, coyunturales y mediáticas que solo funcionan como salidas de emergencia frente a las crisis.
Otro merecido reconocimiento para el equipo de estudiantes de @uazuay que se han dejado la piel en concurso #olimpiadasconstitucional
Enormemente orgulloso por el equipo.
Agradecido de poder dirigir como coach a los alumnos participantes @CedecEcuador 👏👏
La crisis judicial se superará cuando se comprenda, de una vez por todas, que la independencia judicial no es un privilegio de los jueces ni una consigna retórica de ocasión, sino una garantía estructural, rígida y reforzada del Estado de Derecho.
En Ecuador, lamentablemente, la independencia judicial suele invocarse de manera selectiva y utilitaria. Si la decisión de un juez coincide con ciertos intereses, entonces se exalta su autonomía y se exige respeto a su investidura. Pero si esa misma decisión resulta incómoda o contraria a determinadas expectativas políticas, mediáticas o personales, entonces esa independencia se relativiza, se cuestiona o, peor aún, se atropella. 𝗡𝗼 𝘀𝗲 𝗱𝗲𝗳𝗶𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗲𝗹 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗶𝗼: 𝘀𝗲 𝗹𝗼 𝘂𝘀𝗮 𝘀𝗲𝗴𝘂́𝗻 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗲𝗻𝗴𝗮.
Mientras esa lógica persista, seguiremos situados en un estadio previo al verdadero Estado de Derecho. Porque allí donde los jueces están sometidos a presiones externas, amenazas veladas, campañas de hostigamiento o mecanismos de control activados sin fundamento serio, no existe justicia independiente, sino apenas una apariencia institucional vulnerable a la arbitrariedad.
La independencia judicial exige comprensión y también disciplina institucional. Debe asumirse como una estructura rígida, precisamente porque su función es resistir la injerencia, la intimidación y la manipulación. No admite elasticidades oportunistas ni excepciones dictadas por la coyuntura. Por eso, a los jueces no se los debe presionar, no se los debe llamar para influir en sus decisiones, no se los debe someter a procesos de control sin base objetiva, ni se los debe denunciar simplemente porque sus resoluciones no agradan.
Si de verdad se quiere una mejor administración de justicia, el primer paso es dejar trabajar a los jueces con libertad, sin interferencias indebidas y sin represalias encubiertas. 𝗦𝗼𝗹𝗼 𝗰𝘂𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗹𝗮 𝗶𝗻𝗱𝗲𝗽𝗲𝗻𝗱𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗷𝘂𝗱𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹 𝘀𝗲𝗮 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗲𝘁𝗮𝗱𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗼 𝘂𝗻 𝗹𝗶́𝗺𝗶𝘁𝗲 𝗶𝗻𝗳𝗿𝗮𝗻𝗾𝘂𝗲𝗮𝗯𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗼𝗱𝗲𝗿, 𝘆 𝗻𝗼 𝗰𝗼𝗺𝗼 𝘂𝗻𝗮 𝗯𝗮𝗻𝗱𝗲𝗿𝗮 𝗱𝗲 𝘂𝘀𝗼 𝘀𝗲𝗹𝗲𝗰𝘁𝗶𝘃𝗼, 𝘀𝗲𝗿𝗮́ 𝗽𝗼𝘀𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗮𝘀𝗽𝗶𝗿𝗮𝗿 𝗮 𝘂𝗻𝗮 𝗷𝘂𝘀𝘁𝗶𝗰𝗶𝗮 𝘀𝗲𝗿𝗶𝗮, 𝗶𝗺𝗽𝗮𝗿𝗰𝗶𝗮𝗹 𝘆 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮𝘁𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗰𝗼𝗻 𝗹𝗮𝘀 𝗲𝘅𝗶𝗴𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝘂𝗻 𝗮𝘂𝘁𝗲́𝗻𝘁𝗶𝗰𝗼 𝗘𝘀𝘁𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗗𝗲𝗿𝗲𝗰𝗵𝗼.
El @CJudicaturaEc mediante Resolución 042-2026 ha eliminado la competencia de las dependencias de garantías penales expecializadas para el juzgamiento de delitos reslacionados con corrupción y el crimen organizado, para conocer y sustanciar procesos de garantías jurisdiccionales. A partir de esta resolución, emitida el 12 de marzo del 2026, ya no se sortearan nuevos casos constitucionales a los jueces que forman parte de dicha unidad. En resumen, la carga procesal de garantías jurisdiccionales en la ciudad de Quito, la soportarán todos los jueces, con excepción de los jueces anticorrupción.
La resolución completa aqui:
https://t.co/Edn0slh9r8
Para mí eso de que la prisión preventiva tiene como uno de sus fines asegurar el cumplimiento de la pena es claramente inconstitucional, además de no cumplir con los lineamientos del SistemaIDH.
La arbitrariedad radica en que se le atribuye a la medida cautelar un fin sustancial y no procesal.
La pena se impone al quedar en firme una sentencia de condena con la fijación de hechos probados y la atribución de responsabilidad.
Privar de la libertad de forma preventiva por asegurar el cumplimiento de una pena que no existe, conlleva un adelantamiento de criterios de culpabilidad en una etapa procesal que no corresponde ese análisis.
Lamentablemente este fundamento veo que es muy utilizado para imponer la medida porque soslaya criterios de necesidad, proporcionalidad y racionalidad procesal que los jueces están obligados a desarrollar en su motivación.
Y ahí no termina el problema porque ese mismo lineamiento arbitrario da lugar para que exista prisiones preventivas que responden a la gravedad del tipo penal o de la pena que es un error todavía más grande.
Es algo así como “no es necesaria la prisión preventiva, peeeero, por si acaso te condenen, te dejo preso para que cumplas esa pena”.
Lo ven?
Ven como se adelanta valoraciones de culpabilidad y consecuentemente se vulnera la presunción de inocencia.
Este tema y otros se desarrollan en el “Manual de principios básicos y prácticas prometedoras en
la aplicación de medidas sustitutivas del encarcelamiento” elaborado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Les dejo el link:
https://t.co/CVKRPM8IrJ
En 2017 hice una estancia de investigación en Alemania. Asistí a una clase y el profesor Cornelius Prittwitz contó lo que se necesitaba para alcanzar el cargo de fiscal de primer nivel en ese país.
Primero debo decir que para acceder a una carrera de Derecho desde la escuela y el colegio debes tener calificaciones muy altas, de no ser así no puedes aplicar para carreras universitarias y debes conformarte con títulos de tecnólogos o de plano nada.
Una vez graduado, debes hacer una maestría en una universidad alemana para obtener un Doctorado. Pero estas son maestrías y doctorados de verdad, no de esos que te regalan por asistir a clases con la cámara apagada. Hablamos de una maestría que fácil puede durar dos años y un doctorado que puede durar fácil 5 años.
Terminado esto entras a la carrera judicial como un amanuense y después de 4 años en la que se evalúa tu desempeño como funcionario, es decir, probidad, eficiencia en el cargo y aportes en lo académico con cursos respetables y artículos publicados, solo así puedes entrar a una fase de méritos para subir tu rango como servidor público y ubicarte en la especialidad del derecho que quieras.
Solo los mejores calificados entran a esta fase de oposición que consiste en dar un examen oral en 5 materias del derecho frente a expertos, generalmente profesores universitarios o jueces. Los exámenes radican en la resolución de un caso complejo de cada materia en el que te bombardean a preguntas.
Si tienes una buena nota, hablamos de un mínimo de 8/10 te dan un puesto de menor jerarquía en tu especialidad, por ejemplo, ser ayudante de un secretario de fiscal.
En este cargo debes pasar mínimo 5 años, respetando la existencia de vacantes y el orden de llegada, puedes ascender de a poco en la carrera pública y solo después de estos 5 años, puedes aplicar para una vacante de Fiscal de primer nivel en el que te exigen una tesis, no doctoral pero sí un trabajo que proponga algo novedoso en tu especialidad que es calificada por pares desconocidos.
Si tienes una buena calificación, aplicas para un proceso de méritos y oposición que es tan feroz que la diferencia puede hacer décimas o centésimas en las calificaciones de tu desempeño laboral, probidad y en el desempeño académico desde tu etapa universitaria.
Los mejores aplican finalmente a un examen en el que 4 profesores de derecho penal te dan un caso, lo resuelves y te sometes a preguntas.
Según comentó, este examen puede durar horas; y solo después de pasar el examen y obtener las mejores calificaciones esperas una vacante para que seas Fiscal de primer nivel, sí señores, de primer nivel.
¿Ya vieron cuáles son los requisitos para ser Fiscal General en Ecuador?.
Después de la respuesta que ha dado la máxima autoridad del CJ, por visibilizar un acto de corrupción, ¿ustedes creen que algún juez del país se va arriesgar a denunciar presiones y a jugarse el pellejo?
El nivel de escrutinio hacia mí ha sido tal que, al no encontrar nada relevante, hasta el tiempo de despacho se mencionó.
Una función judicial libre e independiente acoge a la víctima y le da respaldo, no la convierte en su enemigo.
Renuncié a mi tranquilidad para dar algo de paz a este país que tanto amo y como respuesta fui abandonado por el CJ cuando me opuse a quebrantar mi juramento como juez y grabé a quien me quiso presionar desde el poder.
Me voy con la frente en alto y el corazón desecho.
Un país no fracasa únicamente por la pobreza o la inseguridad; fracasa cuando la desconfianza en la justicia se vuelve costumbre.
Sin autoridades probas, sin una sola tacha, no hay futuro posible.
Donde la justicia falta, el país no avanza: retrocede.
Agradezco profundamente a todas las personas que se han acercado a expresar su solidaridad.
Es importante precisar que, si bien se realizó un allanamiento con el cual discrepo —pues considero que no era necesario—, no existe actualmente ninguna investigación en mi contra.
Me encuentro en mi ciudad, Cuenca, cumpliendo con mis actividades, impartiendo clases y compartiendo tiempo con mis hijos.
No puedo dejar de expresar mi incomodidad con el hecho de ingresar a una oficina jurídica y levantar dispositivos para la investigación a un cliente. Un conflicto formal entre el sigilo profesional, el deber estatal y el derecho a la defensa que debe motivar debate académico.
Es alucinante ver cómo algunos sectores cuestionan q la Constitución 2008 era el pacto d una clase política. Paradójicamente, están dispuestos a recrear otro, de una nueva clase.
Una constituyente debería ser un espacio d reflexión/conversación d todos. Tenemos esas condiciones?
🔴Unos 1.500 efectivos militares ejecutaron este lunes una ofensiva de gran escala contra la minería ilegal en #Azuay. De acuerdo con el Ministerio de Defensa, durante la operación “Tormenta de Fuego” fueron destruidas 12 hectáreas con el uso de artillería pesada.
https://t.co/rTWS81V58t