FALKLAND - EL PRECIO DE LA CALMA
Ing. Jorge Sepúlveda Haugen
Hay gobiernos que pierden territorio en la guerra y gobiernos que lo pierden en un comunicado. Los primeros al menos pelearon.
El 3 de septiembre, José Antonio Kast firmó en Santiago un texto conjunto con Javier Milei que su propia Cancillería presenta como victoria: Argentina reconoce que el Estrecho de Magallanes es chileno. Conviene leer despacio qué se celebró. Argentina reconoció lo que firmó en 1881 y ratificó en 1984, dos tratados vigentes, definitivos y nunca denunciados. Chile compró, con moneda nueva, una escritura que ya tenía en la caja fuerte. Y la moneda nueva se pagó en el Atlántico Sur.
El párrafo siguiente lo dicta Buenos Aires y lo acepta La Moneda: el Presidente de Chile respalda los «legítimos derechos de soberanía» argentinos sobre Malvinas, Georgias y Sandwich, y Argentina «valorará los esfuerzos del Gobierno chileno a fin de evitar la consolidación de actividades logísticas ilegales unilaterales en la zona disputada». Esa segunda frase es la única del documento con verbo de acción, y el verbo lo ejecuta Chile. Todos saben cuál es la única logística sudamericana que llega a las islas: se llama Punta Arenas. El vuelo a Mount Pleasant, el avituallamiento de pesqueros, los servicios portuarios, la cooperación antártica con el Reino Unido. Kast comprometió a la Región de Magallanes, sin consultarla, a esforzarse contra su propia actividad económica para que el Presidente argentino dejara de hablar de un estrecho que nunca dejó de ser nuestro.
Un hombre que ofreció carácter no tenía por qué firmar eso. Podía guardar el silencio bilateral que Chile mantuvo durante cuarenta años. Podía repetir la fórmula multilateral de siempre, la de Mercosur y la OEA, que no compromete conducta. Eligió elevar el apoyo a rango presidencial y añadirle una cláusula operativa que ningún gobierno anterior aceptó. No fue un descuido de redacción. Fue el precio de la calma.
Y el reflejo no se detiene en Malvinas. El mismo documento «subraya el carácter de la República Argentina como proveedor estable y confiable de gas y petróleo». Chile firma la palabra «confiable» para el país que entre 2004 y 2008 cortó el gas por decreto, dejó plantas paradas en Concepción y obligó al país a construir dos terminales de regasificación para no volver a depender de esa confianza. El mismo documento «valora el compromiso» argentino de extraditar a Galvarino Apablaza, un compromiso que Argentina viene formulando y postergando desde hace quince años. Chile agradece la promesa en lugar de exigir la entrega. Tres veces en dos páginas, el patrón es idéntico: Chile entrega sustancia y recibe adjetivos.
Esto tiene nombre. No es prudencia, porque la prudencia calcula el costo y este gobierno no lo calculó, o lo calculó y lo aceptó, que es peor. No es realismo, porque el realista cobra por cada concesión y aquí no se cobró nada que no fuera ya propio. Es la incapacidad de sostener una tensión abierta. Kast necesitaba que el ruido del Estrecho terminara antes de que la carta de los seis ex comandantes en jefe se convirtiera en pregunta pública sobre quién conduce la política exterior. Y compró el silencio con la única cosa que Argentina realmente quería.
Lo grave no es el texto. Es lo que el texto revela sobre el hombre. Un presidente que dice «jamás» y «no exigiremos» en la misma frase, que responde a una provocación con un comunicado donde la provocación queda premiada, que regala en una tarde lo que tres generaciones de diplomáticos chilenos protegieron con la sola disciplina de no decirlo, no está negociando. Está pidiendo que lo dejen tranquilo. Y un país no puede ser conducido por alguien cuya primera necesidad es que no lo molesten.
Argentina lo entendió antes que nosotros. Por eso Milei vino a Santiago.
Los tratados fijaron el mapa. El comunicado fijó el precio del carácter: cero.
Oye que mal ver el partido de #cobreloa con esa relatora , favor #Tntsport , seamos objetivos .. no relata bien , le quita la dinámica al partido , está a destiempo .. por que fuerzan la inclusión ? #matchdaydomingo
Nicklas Nilsson förklarar skillnaden mellan höger och vänstermänniskor i klockren text på Facebook:
"Om en högerpolitisk person är bög, så är han det, och bryr sig inte om vad andra tycker.
Om en vänster är bög, så kräver han lagändringar, protesterar mot allt och alla, och gör det till en politisk kamp.
Om en höger är vegan, så äter han helt enkelt inte kött.
Om en vänster är vegan, så vill han förbjuda kött, stoppa matproduktionen och protestera utanför bondgårdar och hönsfarmer.
Om en höger inte gillar vapen, så köper han inga.
Om en vänster inte gillar vapen, så försöker han förbjuda dem, hindra alla andra från att äga ett, och hatar dem som har.
Om en höger oroar sig för klimatet, så flyger han mindre, kör elbil om det passar honom och sorterar sitt avfall.
Om en vänster oroar sig för klimatet, så vill han förbjuda fossilbilar, flygresor och kött för alla andra, protestera utanför fabriker och kräva att staten tvingar fram förändringen.
Om en höger vill ge sina barn en bra skolgång, så flyttar han till ett område med bra skolor, eller väljer en privatskola eller engagerar sig själv.
Om en vänster vill ge sina barn en bra skolgång, så kräver han mer skattepengar från alla, lika resultat för alla, förbud mot friskolor och protesterar mot varje skillnad.
Om en höger klagar på sitt jobb eller arbetsplats.. det gör han det inte. Han byter jobb eller startar ett eget företag.
Om en vänster klagar på sitt jobb – så är det chefen, företaget eller kollegorna det är fel på. Han kräver kollektivavtal, strejk, förändringar för hela orten och protesterar mot företaget så att det ska passa honom.
Om en höger är missnöjd med sin bostad eller hyra, så flyttar han, renoverar eller köper något annat.
Om en vänster är missnöjd med sin bostad eller hyra, så kräver han hyresstopp, mer bidrag, regleringar för alla och protesterar mot hyresvärdar och politiker.
Om en höger misslyckas med en affär eller en investering som går snett, så reser han sig upp, dammar av sig och försöker igen imorgon.
Om en vänster har slut på pengar den 24:e, så skyller han på att de rika har för mycket och måste bidra mer, skyller på att lotterivinsten inte gick hem förra veckan och muttrar att han har så himla otur.
Om en höger ser det här – så skickar han det till några kompisar för ett gott skratt.
Om en vänster ser det här – så försöker han argumentera emot, få det bortplockat och radera mig från Facebook."
EL DÍA QUE EL ESTADO LLORÓ CON UNA MANO Y OFENDIO CON LA OTRA.
ing. Jorge Sepúlveda Haugen
El sábado 18 de julio, Chile hizo tres cosas al mismo tiempo. Confirmó la muerte del cabo primero Marcos Cosme, baleado en el rostro mientras cumplía una orden judicial.
Decretó tres días de duelo nacional. Y envió a una jefatura del Instituto Nacional de Derechos Humanos al Hospital Base de Valdivia a verificar el estado de salud del hombre imputado por dispararle.
Las tres cosas las hizo el mismo Estado. Con la misma bandera. Con los mismos impuestos.
Que nadie se apure a la trampa fácil: la visita era legal. El INDH visitó también al carabinero herido. Cumplió su padrón, su protocolo, su mandato. Y ahí, exactamente ahí, está el problema. Porque lo que quedó demostrado ese sábado no es que el instituto viole la ley.
Es algo peor: que puede cumplirla íntegramente y aun así ser incapaz de percibir que estaba certificando el bienestar del presunto homicida en la hora exacta en que su víctima entraba al panteón de los mártires.
Un organismo cuya única moneda es el juicio, decidir cuándo actuar, contra quién, con qué énfasis, exhibió que no tiene juicio. Tiene procedimiento. Y el procedimiento no distingue un trámite de una profanación.
Miremos la serie completa, porque un hecho aislado no condena y una serie sí. El detenido está imputado por el crimen del cabo Eugenio Naín, asesinado en 2020. El mismo Naín cuyo nombre lleva la ley que protege a los carabineros cuando usan su arma de servicio.
Esa ley, el Consejo del INDH la objetó públicamente. Los carabineros que fueron a capturar al prófugo de ese crimen cayeron baleados; uno de ellos murió. Y el instituto que se opuso a la ley que los protegía acudió a tomarle el pulso al que disparó.
Cada eslabón es defendible por separado. Encadenados, dibujan una dirección. Y la dirección tiene testigos internos: fue el propio director Sergio Micco, no un adversario, su director, quien admitió en 2020 que dentro del instituto "evidentemente hay un sesgo".
La planta funcionaria respondió movilizándose contra él hasta empujarlo a la salida.
Cuando los funcionarios pueden expulsar a la autoridad que modera, la institución dejó de tener dueño. Tiene línea.
En dieciséis años, el INDH presentó miles de querellas contra agentes del Estado. Ni una por el cabo Cosme, ni por Naín, ni por los tres carabineros quemados en Cañete.
No puede: su ley se lo impide. Se dirá que ese es el estándar internacional, que los derechos humanos son obligaciones del Estado. Correcto en 2010.
Pero el Chile de 2026 no es el de 2010: hoy la principal máquina de triturar derechos no viste uniforme, viste crimen organizado, y el instituto quedó calibrado para un país que ya no existe.
Un termómetro que solo mide fiebre en un cuerpo que se está desangrando no es neutral.
Es ciego por diseño. Y la ceguera de diseño no se reforma con gobernanza: se reemplaza.
Que la Fiscalía persiga de oficio la violencia estatal, como es su deber.
Que la víctima de abuso policial tenga abogado gratuito, de verdad, en la Defensoría de Víctimas que llevan quince años prometiendo.
Que el monitoreo de cárceles lo asuma un órgano sin línea política. Ninguna función queda huérfana. Solo queda huérfano el aparato.
El sábado, mientras una familia recibía un ataúd, un organismo del Estado informaba a la prensa que el imputado no podía hablar por una inflamación en la laringe.
El cabo Cosme tampoco podia hablar. La diferencia es que él ya no esta.
Un país que financia con el sueldo de sus muertos la certificación médica de sus verdugos no tiene un problema de protocolos. Tiene un problema de vergüenza. Y la vergüenza no se reforma. Se clausura.
Repita conmigo: La fuerza legítima debe ser superior a la ilegítima....la proporcionalidad sólo hace que se promueva la violencia como acción politica que después se victimiza y queda impune
2% de rentabilidad anual por un préstamo a 40 años y con inflación de 4%. Lindo negocio en que nos meten los legisladores a quienes nosotros les pagamos. Genios!