Por Joan Sebastian Guerrero, su hijita y su esposa un minuto de silencio en el corazón una protesta adolorida, un reclamo de justicia, un lamento: asesinos sueltos en calles de EU matan inmigrantes inocentes como nuestro joven colombiano acribillado ¡qué pesar! ¡Qué rabia! Duelo!
No, señor senador. Las Entidades Territoriales Indígenas (ETI) fueron reconocidas en la Constitución del 91, no son un capricho del gobierno saliente. Llevan 34 años buscando formalizar su estatus. ¿Por qué no quieren reconocer la Constitución del 91? https://t.co/KSy4OJdumE
Querían el gobierno dizque para “defender la Constitución”, pero cuando ganan lo que hacen es desmontar lo poco que se ha rectificado para cumplir un mandato ignorado por 35 años de la misma Constitución. Las Entidades Territoriales Indígenas no son de Petro, ni un experimento político, ni mucho menos “territorios federales”: son una figura creada por la Constitución de 1991 y su implementación constituye una obligación del Estado colombiano, independientemente del gobierno de turno.
Su desarrollo tampoco comenzó en este gobierno. Los avances reglamentarios vienen desde hace años, incluyendo el Decreto 632 de 2018 expedido durante el gobierno Santos, y han seguido un proceso gradual y progresivo ante la negativa del Congreso de expedir la ley orgánica correspondiente. Frente a esa omisión legislativa, la Corte Constitucional ha sido clara: el Ejecutivo no solo puede sino que DEBE adoptar medidas reglamentarias para materializar la Constitución y garantizar derechos fundamentales.
Por eso resultan especialmente graves las afirmaciones que presentan estos procesos como ilegales o inconstitucionales. La jurisprudencia constitucional —entre otras, las sentencias C-617, C-054, T-106 y C-477— ha reconocido la validez de estas actuaciones y ha diferenciado claramente entre reglamentar el funcionamiento de las ETI y crear nuevas entidades territoriales. No se está sustituyendo al Congreso; se está evitando que la inacción del Legislativo termine derogando de facto la Constitución.
También es falso equiparar las ETI con municipios o presentarlas como un modelo federal. La propia Constitución establece que las Entidades Territoriales Indígenas son una categoría territorial distinta dentro de la República unitaria colombiana. Y, como cualquier entidad territorial del país, estarán sujetas al control de la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía y los demás organismos de control.
La discusión de fondo ya no es jurídica sino política: si estamos dispuestos a cumplir integralmente la Constitución de 1991 o si aceptaremos que algunos de sus mandatos se apliquen selectivamente dependiendo de quiénes sean sus beneficiarios. Difundir desinformación sobre las ETI no es un debate técnico; es poner en cuestión el cumplimiento del pacto constitucional colombiano.
Conozca la constitución, Senador. Y respete a los pueblos indígenas.
El tribunal del vencedor
Antes de posesionarse, el gobierno entrante de Abelardo De La Espriella ya anunció cuál será el primer acto de su mandato: juzgar al que se va. No lo dijo un fiscal ni un juez. Lo dijo Carlos Alonso Lucio, el coordinador del empalme a la revista Cambio (enlace al final), con una frase directa: Petro debe ser juzgado. Y para eso montaron un aparato con nombre de campaña —"empalme anticorrupción"— que promete trasladar a la justicia todo lo que encuentre.
Frente a esa decisión que parece inamovible cabe una pregunta que muchos nos hacemos: ¿esto es la justicia que por fin llega, o una revancha disfrazada de justicia?
Empecemos por concederle a Lucio lo que tiene de razón. La impunidad de los poderosos es una vergüenza absoluta en Colombia, y "echar tierrita" en nombre de la reconciliación no es madurez sino complicidad. Un ministro que se sienta en el escritorio, encuentra un robo y decide callarlo no está siendo prudente; está delinquiendo. En eso Lucio tiene toda la razón. Si Gustavo Petro, sus ministros, funcionarios y congresistas cometieron delitos, tienen que responder. Punto. Que haya sido presidente no lo blinda; al contrario, lo obliga más. Sobre eso no se regatea ni una coma. Sus funcionarios y congresistas, otro tanto de lo mismo. Delinquieron, pues a juicio.
Pero ahora es importante evaluar dos conceptos que son muy distintos, pero que se pueden confundir muy fácil y ahí empieza el problema. La justicia y la venganza, vistas desde afuera, se parecen: las dos sientan al adversario en el banquillo. La diferencia no está en el acusado. Está en cuatro cosas, y conviene tenerlas a la mano para no dejarse engañar por ninguna de las dos orillas.
La primera es quién la mueve. La justicia la conducen fiscales y jueces autónomos; la revancha la conduce el ejecutivo. Y el orden de los factores lo delata todo: la justicia concluye que alguien es culpable, después de un proceso. La venganza empieza por ahí. Cuando el veredicto —"debe ser juzgado"— se anuncia antes de que un solo juez haya fallado, no estamos ante el final de una investigación, sino ante el comienzo de una consigna.
La segunda es la universalidad. La justicia aplica el mismo rasero sin mirar el color del acusado; la venganza es selectiva: persigue al enemigo y perdona al amigo. Y aquí está la prueba de fuego de ese "empalme anticorrupción": ¿va a escarbar con la misma lupa los contratos, las dinastías y los negocios de su propia coalición? Porque una justicia que solo fluye hacia el derrotado no es justicia: es el marcador del vencedor.
La tercera es el procedimiento y la proporción. La justicia es aburrida: transita por el Código de Procedimiento Penal, la Comisión de Acusaciones, la presunción de inocencia, los tiempos tediosos del debido proceso. La venganza, en cambio, quiere espectáculo y velocidad. Cuando la extradición de un expresidente se promete como aplauso de campaña —"la firmaría corriendo"— y no se sopesa como el acto gravísimo que es, ya no estamos hablando de derecho: estamos hablando de trofeo.
La cuarta es el propósito. La justicia busca reparar el imperio de la ley y disuadir el delito futuro. La revancha busca aniquilar al adversario como fuerza política, asegurarse de que el que perdió no vuelva jamás. Frente a cada medida hay que preguntarse lo mismo: ¿esto fortalece las instituciones, o solo elimina a un rival? Y en pleno siglo XXI, la eliminación del rival es cada vez más difícil.
Y aquí conecto con lo que escribí hace unos días. En "Elogio de la obediencia" le dije al que perdió que en democracia, el que pierde reconoce. Hoy me toca decirle al que ganó la otra mitad de esa verdad, la que casi nunca se dice: reconocer tu legitimidad no te da derecho a destruir al que perdió. El contrato democrático tiene dos cláusulas. El que pierde reconoce, y el que gana se contiene. Un país que solo exige la primera y se olvida de la segunda no es una democracia: es una rotación de venganzas con distintos apellidos.
Colombia ya vivió esta película. Se llamó la Violencia, y empezó siempre igual: el que llegaba se vengaba del que se iba, y el que se iba juraba volver a cobrar. Romper ese círculo no significa impunidad —ojo con la trampa—: significa dejar que la justicia autónoma haga su trabajo mientras el ejecutivo se aguanta las ganas de hacerlo por ella. La diferencia entre un estadista y un vengador es esa mano que no se mete donde no debe.
Que el presidente que delinca sea juzgado: sí, mil veces sí. Pero por jueces, no por el que le ganó las elecciones. Con expedientes, no con ruedas de prensa. Universal, no selectivo. Lo demás —el aparato del vencedor decidiendo a quién sienta en el banquillo— tiene otro nombre, y no es justicia. Y lo más grave es que quien empieza montando el tribunal del vencedor, tarde o temprano se lo entrega, ya calientico, al que venga a vengarse de él.
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