“Por eso no me explico para qué agregar, a semejante panorama tan complejo, errores innecesarios de parte del presidente y de su equipo de gobierno”.
Versión en papel de mi columna
“Errores grandes e innecesarios”
en @elespectador y @EEopinion
Sobre subir el salario mínimo 23% con una inflación del 5%. Siempre he defendido mejores salarios, pero sin quebrar a las empresas. Ese aumento beneficiará a uno de cada diez trabajadores, mientras aumentará el desempleo y la informalidad porque muchas pequeñas y medianas empresas no podrán asumir ese costo y terminarán cerrando o despidiendo trabajadores. Y es muy típico de las argucias de Petro que solo hiciera este aumento del mínimo en su último año gobierno, de forma que sus impactos negativos no lo golpeen a él sino al próximo Presidente.
Difícil encontrar algún gremio que apoye o esté de acuerdo con el 23% de incremento. Paises desarrollados lo han hecho con efectos colaterales distintos. Vecinos populistas lo han intentado, con resultados diversos. Colombia lo viene haciendo estos 4 años y suma ya un incremento de 60%. Hasta ahora inflación y desempleo sostenidos, pero los expertos advierten que esta vez habrá un efecto boomerang inminente.
La @UExternado lo explica con claridad técnica: el aumento del salario mínimo decretado por @petrogustavo no es responsable ni sensato. Es una locura económica que terminarán pagando los trabajadores y las pequeñas empresas.
A pesar de que el inesperado y elevado aumento del salario mínimo tendrá efectos positivos para una décima parte de los trabajadores colombianos y aumentará la demanda agregada, sus efectos negativos serán complejos de manejar.
En primer término, se agrega a los costos laborales que genera la reforma laboral, lo cual tendrá efectos sobre el empleo formal, en un contexto en el cual casi la mitad de los trabajadores urbanos colombianos y más del 80% de los rurales son informales. A través de los aumentos de costos laborales se verán afectadas todas las empresas, pero especialmente las micro y pequeñas. La inflación aumentará, directamente por el amplio grupo de bienes y servicios que están indexados al salario mínimo, y por los aumentos en costos de producción, incluyendo en ambos casos componentes de la canasta familiar. Esto podría obligar al Banco de la República a aumentar las tasas de interés para controlar la inflación. Y habrá aumentos adicionales sobre los ya elevados gastos públicos, incluyendo el costo de las pensiones.
El gobierno debe explicar públicamente cómo va a manejar estos efectos negativos y además por qué, si tenía la convicción de la conveniencia de un salario vital, adoptó esta decisión al final de su mandato, dejando que sus efectos tuvieran que manejarlos el próximo gobierno.
El aumento desmedido del salario mínimo de @petrogustavo no ayuda a los trabajadores: ahoga a las pequeñas y medianas empresas, destruye empleo formal y termina beneficiando solo a los grandes ricos que sí pueden absorber el costo. Populismo que empobrece.
¿A qué juega Petro?
El presidente unos días parece tomar decisiones impulsivas, algunos lo llaman loco o drogadicto, pero la verdad es que todo es estrategia. Petro podría estar eligiendo a su rival sin que muchos se den cuenta
DOLOR. Toda violencia es inaceptable y aberrante, pero como padre, creo que es peor cuando la víctima es parte de la población más vulnerable como Valeria Afanador.
Su muerte no puede pasar inadvertida. Tenemos que exigir de las autoridades esclarecimiento pronto y contundente.
Serena, ponderada y reconciliadora la declaración del Cardenal Rueda en @NoticiasCaracol . Una voz sensata que une porque no ha polarizado y porque le asiste el liderazgo espiritual capaz de sanar heridas. Enhorabuena habló este pastor
El modelo Bukele en otra perspectiva. El presidente de El Salvador nos da por fin imágenes inspiradoras sobre su sistema de prisiones. En lugar de reos subyugados vemos a personas trabajando con máquinas de coser. Este es uno de los masivos programas de entrenamiento en las modernas e implacables cárceles salvadoreñas. El 40% de los presos podrán aplicar a estas labores a cambio de una reducción de penas. Estos beneficios no son para los asesinos y violadores. "Nos ayudarán a construir carreteras, hospitales y escuelas. Fabricarán nuestros uniformes y muebles; cultivarán y cosecharán nuestros cultivos; y ayudarán a limpiar nuestros ríos", escribió @nayibbukele.
Al presidente @petrogustado le falta coherencia. Ya sabemos que lo guía el discurso ideológico selectivo. Se queja de los vuelos de deportados ahora, pero no lo hizo antes. La indignación que lo llevó a hacer un escándalo diplomático no le alcanzó para reclamar al régimen criminal en Venezuela por darle amparo a la gente del ELN. Esos que tienen de rodillas a cientos de colombianos en el Catatumbo.
Tremenda intervención de Vicky Dávila en Asobancaria!! Una defensa a la democracia, la libertad y el Estado Social de Derecho!!!!!!! Imperdible, acá se los dejo ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
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#InjusticiaAgraria Los proyectos de Jurisdicción Agraria en trámite ponen en riesgo el derecho a la propiedad privada de los colombianos, pues se desconocen los derechos ya adquiridos y se promueve la invasión de tierras
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Injusticia agraria
Dos iniciativas para reglamentar el Acto Legislativo 03 de 2023 se tramitan de manera simultánea y subrepticia en Cámara y Senado. En razón del cúmulo de proyectos, el tema viene pasando de agache, pero su aprobación en los términos planteados por el Gobierno puede traer consecuencias muy graves en materia de protección de la propiedad, seguridad jurídica y desarrollo rural.
Esta reglamentación es necesaria, pues con ella se avanza en el cumplimiento del acuerdo de La Habana, que estableció el compromiso de crear la Jurisdicción Agraria para la protección y regularización de la propiedad privada y la resolución de los conflictos de propiedad, uso, posesión y tenencia de la tierra en las áreas rurales. Y su aprobación cobra mayor relevancia en la medida en que el propio Petro pretende autodenunciarse en el escenario de las Naciones Unidas por la incapacidad del Estado colombiano de dar cumplimiento a los acuerdos de paz.
Pero la necesidad y, si se quiere, la urgencia no deben impedir que estos proyectos se tramiten con la mayor ponderación para evitar cualquier vulneración de derechos esenciales de los ciudadanos, que terminen por convertir estas leyes en mecanismos abusivos de expropiación y desconocimiento de derechos sustanciales y procedimentales.
Sea lo primero decir que la Jurisdicción Agraria debe aportar seguridad jurídica en las relaciones sobre la tierra, pues ello es fundamental para el desarrollo y la productividad del sector rural en términos de garantizar la convivencia pacífica, la seguridad física, la inversión, la creación de empleo y el desarrollo integral del campo. Por ello es necesario que las disposiciones de la ley de funcionamiento de la Jurisdicción Agraria sean claras y que definan con precisión las materias o asuntos que conocerán los jueces y magistrados agrarios y rurales y cómo serán tramitados esos procesos.
Las preocupaciones que genera el proyecto comienzan por el desbalance que de entrada se plantea entre los diferentes actores, en donde claramente se beneficia a solo una de las partes en materias tan delicadas como las medidas cautelares, la carga de la prueba, el contenido de las sentencias y el acceso al recurso de casación.
El proyecto otorga poderes excesivos a los jueces agrarios, que les permitirán, entre otras, alterar el contenido de la demanda y sus pretensiones, pudiendo ir más allá de lo solicitado por el demandante e involucrar a terceros, cuya defensa será difícil de ejercer en cuanto no han sido demandados. Además, los jueces mantendrán su competencia incluso después de los fallos, lo que podría dar lugar a que alteren sus propias órdenes y con ello vulneren el principio de la cosa juzgada. Y, lo más grave, podrán fallar sin practicar pruebas, pues se prevé que el juez puede decidir fallar solo con la presentación de la demanda. Además, se tendrán como válidas todas las pruebas originadas en la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
Estos jueces agrarios podrán despojar a otros el trámite de sus procesos solo aduciendo que existe alguna relación de causalidad con temas agrarios o rurales, y podrán suspender actuaciones administrativas, policivas, incluso contractuales, antes de iniciar el proceso judicial.
En síntesis, los proyectos en trámite ponen en riesgo el derecho a la propiedad privada de los colombianos, pues se desconocen los derechos ya adquiridos y se promueve la invasión de tierras al dejar sin herramientas eficaces de protección a los propietarios. El conjunto de las nuevas reglas está diseñado para afectar la seguridad jurídica de la propiedad privada rural y también urbana porque crea un desbalance que afecta la defensa, el debido proceso, e incluso el acceso a la justicia. En opinión de expertos en la materia, más de la mitad de los artículos deberían ser reformados o suprimidos y las observaciones enviadas por la Corte Suprema, tanto a la ley estatutaria como a la ordinaria deberían incorporarse.
Y como del afán no queda sino el cansancio, lo más conveniente sería tramitar la ley estatutaria, permitir que esta surta su control constitucional en la Corte y luego sí avanzar con la ley ordinaria. Ese sería el derecho, pero tengo la sospecha de que, como ya es usual, este gobierno prefiera hundir sus propios proyectos con tal de reforzar su discurso del golpe blando.
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Mis propuestas para la política de reactivación que Colombia necesita urgentemente: menores tasas de interes, mejor ejecución del gasto público y programas especiales de gasto con efectos significativos sobre el empleo, ejecutar el programa de financiamiento a la economía popular lanzado hace mas de un año, un impulso a las exportaciones no tradicionales y dar señales de confianza al sector privado. https://t.co/mINGbevHT0
#JuntosCelebramosNavidad
Hoy entregamos regalos y compartimos un momento de alegría con los hijos e hijas de pospenados y personas privadas de la libertad.
Gracias a quienes se sumaron a esta iniciativa y nos ayudaron a llevarle amor y felicidad a muchos niños y niñas.