@AntonioJCorreaJ@generaljmora@YamilHAranaP@DirectorPolicia Así es Senador, el sur de Bolívar necesita mucho más que pronunciamientos: requiere soluciones concretas, presencia institucional y acciones coordinadas que garanticen la seguridad y el bienestar de sus comunidades.
@AntonioJCorreaJ Totalmente de acuerdo, senador. La construcción de una paz verdadera no puede quedarse en discursos ni en compromisos presupuestales que nunca se materializan. Las víctimas del conflicto necesitan respuestas concretas, inversión social y una reparación efectiva
@AntonioJCorreaJ Respaldo este importante pronunciamiento del senador Antonio Correa. La defensa de la seguridad nacional es un deber del Estado, pero el respeto por la Constitución y las garantías fundamentales es una obligación irrenunciable.
La seguridad nacional no puede estar por encima de la Constitución.
El Registro Nacional de Personas y Organizaciones, propuesto en el Estatuto Antiterrorista, plantea riesgos que debemos examinar con rigor: ¿puede una decisión de una autoridad extranjera afectar el buen nombre y los derechos de un ciudadano en Colombia sin una verificación previa?
Desde el Senado defenderemos reglas claras, derecho a la defensa, posibilidad de contradicción y control judicial efectivo. No se trata de defender terroristas, sino de proteger la Constitución y las garantías de todos los colombianos.
La seguridad nacional es fundamental, pero jamás puede convertirse en una excusa para vulnerar derechos fundamentales ni para imponer condenas sin jueces.
¡La lucha contra el terrorismo debe hacerse dentro del marco de la Constitución y el Estado de derecho!
@AntonioJCorreaJ Respaldo el llamado del senador Antonio Correa a que cualquier decisión presupuestal sobre la JEP sea explicada con transparencia y sustentada en criterios jurídicos, técnicos y financieros.
Una cosa es austeridad, otra es afectar la JEP.
He expresado mi oposición al recorte de $170 mil millones a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Estamos hablando de una institución que nació de una reforma constitucional y que tiene unas funciones fundamentales dentro del sistema de justicia transicional.
Cualquier decisión presupuestal debe hacerse de manera razonable y proporcional, con criterios jurídicos, constitucionales, técnicos y financieros, y sin poner en riesgo el funcionamiento de esta jurisdicción.
Además, Colombia tiene compromisos internacionales que son compromisos de Estado, no de un gobierno de turno. Por eso, he solicitado que el Gobierno se siente con la JEP y explique públicamente las razones y los criterios detrás de este recorte.
La austeridad es necesaria, pero no puede convertirse en una afectación a las instituciones ni a los compromisos que Colombia ha adquirido.
@AntonioJCorreaJ Colombia necesita responsabilidad fiscal, pero también responsabilidad social. Es válido preguntarnos cómo se corregirán las finanzas públicas, cuáles serán las condiciones de cualquier eventual acuerdo con el FMI y, sobre todo, cómo podrían afectar esas decisiones a las regiones
Colombia tiene un problema fiscal serio, desde hace más de 30 años. Pero antes de acudir al FMI, el país merece respuestas:
¿cuánto dinero se busca?
¿bajo qué condiciones?
¿qué se comprometerá y quién terminará pagando el ajuste?
Orden fiscal, sí. Pero no a costa de la inversión social, los subsidios y los recursos de las regiones.
Las cuentas del Estado deben cuadrar, pero no a costa de descuadrarle la vida a la gente.
#FMI #Colombia #InversiónSocial
#DeCorazónPorLoSocial #LaEsperanzaVive
¿Sabían esto? El expresidente Iván Duque en 2021 firmó con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional un acuerdo para respaldar el funcionamiento de la justicia transicional, para salvaguardar su funcionamiento, asignar el presupuesto y evitar interferencias en sus funciones.
Hoy su sector político quiere recortar los recursos de la @JEP_Colombia. La firma de Duque también compromete al Gobierno de hoy.
La reducción de $170.000 millones propuesta para 2027 no puede despacharse con discursos contra la paz. ¿Cuál es su sustento jurídico, técnico y financiero? ¿Cómo garantizarán que la JEP cumpla su mandato constitucional y les responda a las víctimas?
Que se investigue cualquier irregularidad y que cada peso tenga control. Pero controlar los recursos es una obligación; quitarle a la JEP la capacidad de hacer justicia sería una decisión política contra las víctimas.
Gobierno y Congreso debemos dar la cara con altura en el debate. Expliquen el recorte antes de votarlo. La firma de Duque, la Constitución y los derechos de las víctimas no desaparecen porque hoy les incomoden.
¿QUÉ ESTÁ CELEBRANDO BOLIVAR? Este gobierno castiga al departamento con $565.836 mill menos de inversión para 2027. El departamento pasaría de recibir $3,40 billones a solo $2,83 billones, una caída del 16,6 %.
Pero detrás de esas cifras hay una realidad que indigna y es más grave:
✅ El programa de acceso a servicios públicos, principalmente agua potable, queda en cero.
✅ Los caminos comunitarios pasan de $10.531 millones a cero. La plata para las grandes vías.
✅ Vivienda cae 94,9 %: prácticamente la borraron del presupuesto.
✅ Agricultura pierde 50,7 %, mientras la Reforma Agraria baja de $31.900 millones a apenas $5.046 millones.
✅ Minas y Energía cae 33,1 %.
✅ Los recursos para infraestructura y capacidad hospitalaria se desploman de $22.672 millones a $11.593 millones.
Mientras nuestros municipios reclaman agua potable, vías para sacar sus cosechas, vivienda digna y hospitales que funcionen, Abelardo responde quitándoles la plata.
Esto no es austeridad: es abandonar a Bolívar y condenar a su gente al atraso.
Daremos la pelea en el Congreso y presentaremos las proposiciones necesarias para recuperar estos recursos. A la bancada de Bolívar le pregunto de frente: ¿quiénes van a defender al departamento y quiénes guardarán silencio ante este atropello? Los leo.
La ministra de Minas viene de dirigir XM, administrador del Mercado de Energía Mayorista, y conoce perfectamente cómo funciona la bolsa de energía.
Por eso preocupa escucharla decir que “las tarifas tienen que subir” si aumenta la generación térmica a gas.
¿La respuesta del Estado será simplemente trasladarle ese mayor costo a los hogares?
Cuando sube la bolsa se benefician quienes venden energía a precios más altos; cuando sube la tarifa, pagan las familias y la industria.
La función de un Ministerio no es normalizar el aumento: es reducir la exposición a la bolsa, garantizar suficiente oferta, vigilar el mercado y proteger al usuario.
Gobernar el sector energético no puede ser mirar el problema únicamente desde la lógica del mercado. También hay que mirarlo desde el bolsillo de los colombianos.
Sur de Bolívar: esto es lo que manda a decir la ministra. Si aumenta la generación térmica a gas, las tarifas tienen que subir y el mayor costo terminará golpeando el bolsillo de la gente.
Y para los gobernadores que este fin de semana hacían antesala en Mompox ante su monarca, ahí les dejaron clarito el mensaje.
Ya saben: piden tarifas de energía más bajas de labios para afuera, pero cuando están frente al poder monárquico, agachan la cabeza.
@petrogustavo
La descertificación de EE. UU. refleja el fracaso de la política antidrogas. El aumento de cultivos ilícitos impacta la cooperación, la inversión extranjera y eleva el riesgo país. Colombia necesita replantear su estrategia
Exigimos al gobierno tener la tranquilidad de superar esta crisis de la manera más eficiente, hay que tomar decisiones para enderezar el camino. Ojalá se pueda @petrogustavo