@fabriciovelav Mientras el electorado siga regalando su voto (4 años de poder) por una limosna, nada cambiará y la clase política seguirá haciendo lo mismo.
El Oro es abanderado en ello.
#ATENCIÓN | A pesar de que el Código de la Democracia PROHÍBE que los sujetos políticos que participen en una elección entreguen donaciones, dádivas o regalos a las ciudadanos, la Sra. @zaidarovira recorre los barrios de Guayaquil para repartir plátano verde.
Conforme el art. 278 numeral 2 de la Ley Electoral, la entrega de artículos no autorizados por el @cnegobec es una infracción grave, sancionada con multas desde once salarios básicos unificados hasta veinte salarios básicos unificados, destitución y/o suspensión de derechos de participación desde seis meses hasta dos años.
Sr. @jr_cabreraz, del mismo modo en que activa procesos sancionatorios, con sospechosa diligencia, para proscribir partidos de oposición, no se haga de la vista gorda y regule los desequilibrios que favorecen a los candidatos de Noboa.
Ecuador, sin duda, tiene un árbitro electoral parcializado.
@migueltobarf@AndreswCarrera@pabelml jaja, acompañando al chancho pillo, al de la bicicleta mas cara del mundo, nos roban en la jeta y le aplauden los borregos asquerosos
@VickyDesintonio@aquilesalvarez La misma que dijo al pueblo que votara por el NO en la pregunta para cambiar la constitución hiper presidencialista que otorga demasiados poderes al presidente
Ahora quiere engañarse diciendo que vivimos en dictadura, ignorante
No soy simpatizante de Aquiles Álvarez. Nunca he defendido su gestión y tampoco voy a hacerlo ahora. De hecho, escribo precisamente por eso, porque creo que este caso trasciende por completo a la persona de Álvarez y nos obliga a mirar algo mucho más preocupante.
Se le impusieron tres años de cárcel, la pena máxima, por un grillete que, según el propio Tribunal, estaba cargándose junto a su cama, dentro de una casa que ya había sido allanada por la Policía, y por un dispositivo que, de acuerdo con la propia Fiscalía, seguía registrando su ubicación. A eso se suma que la sentencia fue resuelta en una sola noche, un día antes de la fecha que ya estaba fijada para conocer la decisión, mientras el alcalde ni siquiera ha sido juzgado todavía por las causas de fondo que motivaron todo este proceso.
Como si eso no fuera suficiente, los jueces que en su momento se atrevieron a revocar la prisión preventiva terminaron suspendidos. Y ahí es donde, a mi juicio, está el verdadero mensaje de todo esto, porque no está dirigido únicamente a Álvarez, sino a cada juez del país. El mensaje es que fallar contra el adversario del poder tiene recompensa, mientras que fallar conforme a derecho puede tener consecuencias.
El delito se llama incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente, pero la pregunta que inevitablemente surge es qué tan legítima sigue siendo una autoridad cuando utiliza la ley como un instrumento político y convierte los procesos judiciales en mecanismos de escarmiento.
Por eso insisto en que esto no se trata de defender a Aquiles Álvarez. Se trata de defender el debido proceso, porque esa garantía no existe para proteger únicamente a quienes nos caen bien, sino para protegernos a todos cuando, tarde o temprano, nos toque estar del otro lado.
El día en que celebramos una injusticia simplemente porque recayó sobre nuestro adversario político, empezamos también a justificar la injusticia que mañana podría recaer sobre cualquiera de nosotros.