Comer es un derecho. Y el pan es un negocio: lo hace un panadero que quiere ganar dinero, con harina de un agricultor que quiere ganar dinero, vendido en un supermercado o una panadería de barrio que quieren ganar dinero. Nadie en esa cadena está ahí por tu derecho a comer, les das igual tu derecho a comer, están por el suyo. Y sin embargo comes pan, barato y cuando quieras, porque hay miles de panaderos y miles de industrias fabricando pan. Mi pueblo es tan pequeño que no tiene panadería, bien, pues todas las mañanas pasa una señora con una furgoneta por la puerta de cada casa, pita, las abuelas salen y compran el pan. Ese es el nivel de implantación. La única vez que en España se intentó garantizar el derecho a comer poniéndole precio estatal al pan fue después de la guerra civil, en los años 40 con la cartilla de racionamiento. El pan desapareció del estante de las panaderías y se vendía como hoy se vende el tabaco Ducal o el American Legend en las tiendas de barrio, destrangis. A aquello se le llamó estraperlo, y lo hizo todo el mundo, no los malvados acaparadores de pan.
El agua de este tuit @Mr___Wolf también es un derecho. Y el agua es un negocio: Solán de Cabras, Lanjarón, Aquaservice con el dispensador de agua en la oficina o en la parcela, el camión cisterna, la desaladora o la embotelladora de aguas subterráneas que construye una empresa. ¿Cómo garantizamos el derecho al agua? ¿Poniéndole un tope al precio de Font Vella? ¿nacionalizando Bezoya? Obviamente no. Lo garantizamos con el Canal de Isabel II. Lo garantizamos con una tubería pública que llega a todas las casas, llega al grifo de la cocina y del baño, y le da a una familia lo que necesita a un precio razonable. ¿Y si no llega la tubería o el agua del grifo es una porquería? como es mi caso. Pues yo le mando un whatsapp a una empresa privada y una vez al mes y me trae 48 botellas de litro y medio de agua, de un manantial salmantino, por 21,80€ y a la puerta de mi casa. Nadie se muere de sed y nadie prohíbe vender agua.
Lo que hay que entender, y que parece que nadie entiende, es que un derecho no se garantiza declarándolo. Si cambiamos la Constitución y escribimos mañana "todo español tiene derecho a un chuletón de Ávila los domingos". Ole. Al día siguiente en las ganaderías hay la misma cantidad de vacas, y en las plazas hay gente exigiendo su derecho a chuletón de Ávila con pancartas (yo iría). Pero nada más. Sin embargo si en vez de hacer eso montamos un sistema en el que criar vacas sea un gran negocio, con pastos y agua para esa raza de vaca, veterinarios asequibles, una licencia que no tarde dos años y un matadero cerca de las ganaderías, una línea de ayudas sin intereses, una normativa asumible, limitamos la competencia desleal de otros países, las restricciones de la UE, reforzamos la marca y la DO de Ávila y a quien quiera montar una ganadería en la España vacía le echas un mano, pues resulta que en cinco años tienes chuletones de Ávila en cada restaurante y en cada supermercado de España sin que lo haya publicado nadie en ningún BOE. Un derecho se garantiza así: provocando que a mucha gente le interese producir lo que sea, y ayudando desde lo público para que ocurra lo que nos interese a todos que ocurra.
En ese escenario, que un señor gane dinero vendiendo chuletón de Ávila no es el centro del sistema ni su objetivo. El objetivo es que haya chuletones en todos los supermercados; que él gane dinero es la condición para que eso ocurra. Hagan ustedes la prueba al revés: denle al ganadero cincuenta vacas, una finca pública y un sueldo fijo por gestionarla. Al año siguiente tendrá cuarenta vacas, un ganadero que sale a las tres de trabajar, que concilia muy bien la vida familiar y laboral, y un chuletón en Ávila que no llega ni a Madrid. No porque sea vago, sino porque su hipoteca ya no depende de la vaca. El beneficio no es el vicio del sistema: es lo que hace que alguien se levante a las cinco a ordeñar sin que nadie se lo pida. Es el motor.
Yo sé que a estas alturas, usted que me está leyendo, ya piensa que esto es un panfleto liberal. No se me confunda. El liberalismo, como ideología, sostiene que todo debe ser relación privada y que el Estado se debe dedicar a garantizar la seguridad y poco más. El socialismo, que todo medio de producción debe ser público y que las plusvalías deben revertir en el Estado. Dicho mal y pronto, más o menos es así. Yo no estoy hablando ni de lo uno ni de lo otro: estoy hablando de los sistemas que ambos, y todas sus variantes, albergan: Los mercados, los intercambios, que existen bajo cualquier modelo político y que, cuando los amputas matas a la gente de hambre, literalmente. AENA es pública, cotiza en bolsa, gestiona más pasajeros que ninguna otra operadora del mundo y gana más de mil millones al año; Correos es pública y pierde cientos de millones al año mientras SEUR, MRW y Amazon le quitan el paquete y te lo llevan a tu casa en 24 horas. No es una cuestión de propiedad, la finca del ganadero puede ser pública, privada o incluso ser del Rey en un estado feudal como Marruecos, no importa, puede estar en concesión y funcionar igual, la panadería puede tener un acuerdo con el Ayuntamiento para llevar el pan todos los días al colegio a cierto precio, y aún así ganar dinero, y por tanto, funcionar también. La propiedad no es el centro del debate cuando hablamos de mercado, son los incentivos. Con los incentivos en su sitio, lo público funciona; sin incentivos, ni lo privado funciona. ¿Lo entendemos?
Vamos con la vivienda. La promotora levanta pisos, a eso se dedica, gana dinero con eso. Pero tiene que esperar dos años una licencia, no sabe qué ley tendrá cuando lo termine, si le intervendrán el precio y por tanto el cálculo que ha hecho con su margen, y paga el suelo a precio de oro porque la legislación sólo le deja hacer cuatro alturas por solar. Así que hace lo que más le interesa, pisos de lujo, pocos, que vende caros. Es el Estado diciéndole al panadero: te doy el horno eléctrico dentro de dos años, no te digo a cuánto vas a poder vender el pan, pagas la harina a precio de oro y solo puedes hacer diez piezas al día. ¿Qué hace el panadero? Diez hogazas de masa madre de 1 kilo, de harina de trigo de variedad antigua, molida en piedra y hecha en horno de leña de baobab de Madagascar, yo qué sé. No lo hace por pijo, lo hace porque con las reglas que hay, es lo que le permite ganar más margen. Es la consecuencia lógica de las reglas, va a ocurrir te guste o no, y se puede prever. Y luego el Gobierno viene y te dice que el panadero es un especulador, que vende el pan muy caro, y que hay que expropiarle el horno de leña.
En vivienda, el grifo, el canal de Isabel II, lo público, se llama VPO. Vivienda de Protección Oficial. Y en España el grifo está cerrado: tenemos un 2% de vivienda pública, Holanda, esa peligrosa república comunista del noroeste europeo, tiene un 23%. En España se construían 80.000 VPO al año en 2008 y hoy no llega a 10.000. Es decir, que usando el ejemplo de @Mr___Wolf y el agua, en tu casa no hay agua del grifo, te la ha cortado el gobierno, tenemos que usar agua embotellada para ducharnos y tirar de la cisterna, y nos estamos quejando del precio del agua embotellada en lugar de quejarnos de que no hay agua del grifo. ¿Se entiende así? ¿o todavía no?
Además, en este intercambio de bienes ocurre algo singular: cuanta más agua del grifo hay, más barata es el agua de botella, porque el suelo no es un consumible, es un sitio físico. Cada familia que entra en una VPO deja de comprar el piso, y ese piso, baja para encontrar compradores, sin que nadie le haya obligado a bajar el precio. Por eso en Viena el alquiler privado es de los más baratos de Europa, porque hay un puto 40% de la ciudad vive en vivienda pública (perdón por lo de puto) y el otro 60% tiene que competir con eso. El grifo no solo da agua pública, además le baja el precio al litro de agua pivado.
En España no hay que establecer más derechos sagrados en pancartas: hay que construir sistemas que los produzcan. La vivienda es necesaria, todo el mundo debería tener un techo, las familias nuevas deberían poder comprar una casa, el que se mueve para estudiar o trabajar debería poder alquilar a un precio razonable y en un sitio digno. Es un bien básico y tenemos la obligación de garantizarlo. Así lo hemos decidido entre todos. Y se garantiza como garantizamos el pan y como garantizamos el agua: con un sistema en el que a la promotora le interese hacer pisos normales y no de lujo, al casero le interese alquilar sin miedo, y con un grifo público constante, para el que aun así no llegue, pueda tener casa, y para que baje el precio de todos los demás.
Nosotros hemos hecho lo contrario. Hemos destrozado el sistema que había, que ya era regulinchi, y hemos cerrado el grifo. Le hemos puesto precio a la botella, hemos multado al que la vende y hemos tardado dos años en darle permiso al que quería abrir un manantial. Y ahora, con el estante vacío, el grifo seco y la gente pagando el agua con una parte en negro, acampamos en la Puerta del Sol con una pancarta que dice que el agua es un derecho y que prohíban las embotelladoras. Y el Gobierno, encantado, porque mientras miremos al de la botella nadie le pregunta por qué el grifo está cerrado.
Igual va siendo hora de dejar de bailarle el agua al Gobierno y empezar a pedirle que abra el grifo. Digo yo.
Veo apuesta y subo.
Tener hijos es otro level. Si, cansado, cuesta dinero, el embarazo es peor que el tren de la bruja, conciliarlo con el trabajo se puede hacer muy difícil muchas veces…LO QUE SEA.
Tener hijos es lo máximo de la vida. Es reconciliarte con todo lo que estaba mal, es rodearte de amor puro, es compartir el tiempo de mayor calidad que vas a tener en tu vida. Es llenarte la mochila de recuerdos y sensaciones que no tienen sustituto ni parecido. Es que todo lo que hace te haga gracia, que no te pese tanto un mal día en el curro o hacer ese esfuerzo cuando ya no puedes más.
Y acompañar a alguien que entra progresivamente en un mundo de locos, haciéndolo lo mejor posible. Os lo dice una que no quiso nunca tener hijos.
Los hijos son la verdadera recompensa en la vida. Lo que pasa es que no lo sabes hasta que no te atreves, por eso es lo más valioso del mundo.
Lo de Maricarmen me produce una contradicción bastante incómoda. Tiene 87 años, una discapacidad reconocida y hoy ha salido de la casa de Retiro en la que llevaba viviendo desde los 17. Ver a una anciana abandonar en una camilla el lugar donde ha pasado prácticamente toda su vida es desolador. Una sociedad decente debería ser capaz de ofrecerle una solución digna. Hasta ahí, creo que podemos estar casi todos de acuerdo.
El problema empieza cuando el drama humano se convierte en argumento jurídico y político y parece que setenta años viviendo en una casa otorgan algún tipo de derecho perpetuo sobre ella. Porque hay una parte de esta historia que se está contando bastante menos. El contrato era de renta antigua. Tras morir el padre de Maricarmen pasó a su madre y, cuando esta falleció en 2005, se produjo la subrogación a favor de la hija. La legislación que terminó siendo decisiva para limitar esas subrogaciones fue la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, aprobada bajo el Gobierno de Felipe González. El decreto Boyer de 1985 ya había eliminado la prórroga forzosa para los nuevos contratos; la LAU de 1994 estableció después el régimen de extinción progresiva de los antiguos.
Y aquí aparece una pregunta que nadie parece querer hacerse. Cuando se aprobó aquella ley Maricarmen rondaba los 55 años, trabajaba como auxiliar administrativa y todavía tardaría cuatro años en jubilarse. Cuando murió su madre en 2005 tenía unos 66. Desde entonces, desde 1994, el marco legal aplicable a aquel contrato planteaba un horizonte de extinción que finalmente han avalado los tribunales. Durante años siguieron cobrándole la renta y eso abrió una discusión jurídica legítima —de hecho, inicialmente ganó el pleito—, pero el Supremo terminó dando la razón a la propiedad.
La pregunta incómoda es: ¿En qué momento debía empezar a buscarse una alternativa?
Comprar, alquilar otra vivienda, ahorrar aprovechando una renta extraordinariamente baja, buscar una solución residencial distinta. No sabemos qué posibilidades reales tuvo en cada momento y sería absurdo inventarlas. Pero tampoco podemos actuar como si la situación hubiese aparecido ayer por la mañana.
Porque mientras tanto hay una generación entera que jamás tendrá una oportunidad remotamente parecida. ¿Cuántos jóvenes de hoy podrán vivir durante setenta años en un piso de más de 90 metros en Retiro pagando alrededor de 500 euros? ¿Cuántos licenciados, sanitarios, profesores, periodistas, ingenieros o administrativos con trabajos perfectamente normales pueden siquiera plantearse vivir solos en Sainz de Baranda?
Maricarmen trabajó 49 años y merece todo el respeto por ello. Precisamente por eso resulta extraño infantilizarla ahora como si hubiera sido durante toda su vida una persona sin capacidad para tomar decisiones sobre su futuro. A familias con niños pequeños se les termina un alquiler, pierden una vivienda o tienen que abandonar un barrio y reorganizan su vida como pueden. Jóvenes con empleos en activo comparten piso hasta bien entrada la treintena, se marchan a las afueras, regresan a casa de sus padres o aceptan habitaciones minúsculas porque vivir solos en el centro de las grandes ciudades es sencillamente inaccesible para ellos. Y hemos llegado incluso a revestir esa precariedad con nombres estupendos, casi románticos, desde los altavoces mediáticos del gobierno de progreso: coliving, espacios compartidos, nuevas formas de habitar.
Pero una mujer que ha disfrutado durante décadas de una renta excepcionalmente protegida debe convertirse ahora en símbolo de exactamente ¿qué? Ese es el debate que echo de menos.
La protección de Maricarmen debería haber llegado desde los servicios sociales y las administraciones. La protección social debe asumirla la sociedad mediante vivienda pública, que para algo nos sablean a impuestos que son para este tipo de cosas, y para sanidad, para educación, para transporte, etc. Todo se degrada y funciona cada vez peor. En estos casos tampoco aparece el so called Estado del bienestar. ¿Dónde cojones van los impuestos?
Lo que no se puede pretender es que la asuma un propietario concreto manteniendo durante medio siglo una renta ajena a la realidad económica. Y decir que "sobran cuatro millones de casas" tampoco resuelve el problema. Una vivienda vacía donde nadie quiere vivir no satisface la demanda allí donde faltan cientos de miles. A sus 87 años y con su situación física, resulta difícil entender que el sistema haya sido incapaz de cerrar antes una alternativa adecuada. Aunque se le ha ofrecido un piso en Alcalá de Henares y ha dicho que no. Pero eso es distinto de concluir que el propietario de Sainz de Baranda 46 tiene que proporcionarle de por vida una vivienda muy por debajo de su precio porque su padre firmó allí un contrato en 1956. Objetivamente, Maricarmen ha vivido del franquismo durante 70 años.
Y conviene contar también toda la genealogía legislativa cuando se buscan responsabilidades políticas, pues el régimen que acabó siendo determinante en este caso procede de la LAU de 1994, aprobada durante el Gobierno de Felipe González, y lleva más de tres décadas formando parte del ordenamiento.
El caso de Maricarmen es triste. Muchísimo. Pero la tristeza no resuelve la pregunta de fondo: ¿Por qué el arraigo de una persona debe darle sobre una vivienda ajena un privilegio que generaciones enteras de jóvenes ni siquiera podrán soñar con tener?
Y quizás ese sea el verdadero fracaso, que hayamos construido un país donde una renta de 500 euros en Retiro parece un derecho adquirido para quien llegó en 1956, mientras para quien nació cincuenta años después vivir allí trabajando se ha convertido casi en ciencia ficción. Ojo, con los sueldos de España, el alquiler debería rondar esos 500 euros y no lo que se paga actualmente, por supuesto, pero ese es otro debate.
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Su victoria marca la primera vez que un maratón se ha completado en menos de dos horas.
CARTA ABIERTA A GABRIEL RUFIÁN:
No, señoría, no.
Usted no paga el paseo de una cabra. Ni la corneta, ni el paso marcial, ni la bandera que ondea.
No.
Usted, y discúlpeme que se lo recuerde, paga a todos esos hombres y mujeres que en la DANA se metieron hasta las rodillas en el barro para sacar heridos, ancianos y muertos de entre el lodo.
Paga a los que, cuando los montes de España ardían, se dejaron las uñas entre las cenizas, respirando humo, sin cámaras ni discursos.
Usted paga a los que rescatan vidas en el mar mientras usted se hace fotos con los que dicen defender la “paz”.
A esos soldados, marinos, sanitarios, guardias civiles y bomberos que no distinguen colores ni ideologías cuando alguien pide auxilio.
Usted paga también, no lo olvide, a los que durante la pandemia recorrían hospitales y residencias recogiendo muertos, consolando a los que morían solos, y ayudando a quienes ustedes, los políticos, abandonaron entre decretos y ruedas de prensa.
Y usted paga, señor Rufián —aunque le duela admitirlo—, a los que un día, si la vida decide darle un revés, podrían ser quienes le saquen a usted o a su familia de entre los escombros, del fuego o del agua.
Porque la vida es caprichosa, señoría, y suele poner a cada cual frente al espejo que más teme.
Así que, este 12 de octubre, cuando vea pasar a esa cabra, a esos hombres de uniforme, a esa bandera que tanto le incomoda,
—cuádrese, señor Rufián—no por servilismo, sino por respeto.
Respeto a los que se lo han ganado con sangre, sudor y silencio.
Porque esa cabra, señoría, representa mucho más de lo que usted puede comprender:
representa el sacrificio, la entrega, la lealtad y el amor por una tierra que, aunque usted reniegue, también es la suya.
Así que, si aún le queda un poco de dignidad,
míreles pasar y guarde silencio!.
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@Raggiomoral Hola Nacho! En relación a este twit, me gustaría compartir contigo una idea que quiero llevar a cabo, inspirada como no, en el Mediterráneo Moral. Quiero que la conozcas y me des tu opinión para poder darle caña… nos contactamos?
(Foto de Salva López en representación)
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