maria :)

[Jorge Agüero Lafora @j_aguerolafora]

8/ En síntesis: tres instituciones que a menudo se solapan en el debate público responden a lógicas jurídicas independientes. Una eventual suspensión del convenio de extradición incide en la cooperación judicial penal, pero no altera la aplicación del art. 89 CP ni los procedimientos de protección de menores. Más detalle 👉https://t.co/VsHhfPZbfv

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7/ Existe además una tercera figura que suele mencionarse en el mismo contexto, la repatriación de menores extranjeros no acompañados. Se trata de un procedimiento administrativo de protección de menores, regido por normativa y principios propios, ajeno tanto a la extradición como a la expulsión penal.

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6/ La diferencia es de fondo, esta expulsión la acuerda un tribunal español, unilateralmente, respecto de quien ya ha sido enjuiciado en España. No requiere convenio alguno con el país de origen ni la cooperación de ese Estado. Es una institución autónoma del Derecho penal español.

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5/ El art. 89 CP prevé la sustitución de la pena de prisión por la expulsión del territorio nacional, aplicable a extranjeros en situación irregular condenados por los tribunales españoles.

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4/ Hasta aquí, nos movemos en el ámbito de delitos perseguidos por la jurisdicción marroquí. Conviene no confundir esta figura con otra de naturaleza distinta, la expulsión regulada en el art. 89 del Código Penal.

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3/ Su rasgo esencial: la extradición exige la voluntad concurrente de ambos Estados. No es una obligación unilateral, sino un instrumento convencional. Por ello, su suspensión por una de las partes deja inoperativo el cauce, en ambos sentidos.

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2/ La extradición es un mecanismo de cooperación judicial internacional, un Estado entrega a una persona reclamada por otro Estado para ser enjuiciada o cumplir condena en su territorio. En España se regula por la Ley 4/1985, de Extradición Pasiva, y por el convenio bilateral con Marruecos.

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1/ Marruecos estudia suspender la extradición con España. Y no, eso no significa que los tribunales españoles dejen de poder expulsar a un condenado extranjero. Son instituciones jurídicas distintas, y la diferencia es relevante. Hilo 🧵👇

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Un tribunal puede condenarte por prevaricación (art. 404 CP) y absolverte por tráfico de influencias (art. 429 CP), por los mismos hechos.
No es contradicción: la primera se prueba con el expediente administrativo; la segunda exige demostrar quién presionó a quién y cómo. La sospecha no basta.

Te contamos por qué 👇 https://t.co/kze44QPLrk

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12/ Os dejo el completo con citas expresas a lo que dice el Tribunal sobre todas estas cuestones👇
https://t.co/lO9A7UXyjY

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11/ Es importante destacar que esta sentencia NO es firme y podrá ser revisada por el tribunal competente si se interpone recurso.

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9/ ¿Por qué no hay condena a devolver los salarios? No porque no haya perjuicio. Es una cuestión procesal, la acusación popular "carece de legitimación" para reclamar responsabilidad civil (art. 110 LECrim). Quien debería haberlo pedido era la Diputación o el Ministerio Fiscal. Ninguno lo hizo.

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8/ En el caso concreto, la sentencia identifica los actos de cooperación: presentarse al concurso creado para él, aportar documentación al proceso selectivo "maquillado" y desviar sus funciones para justificar el "cambio de nomenclatura" de la plaza. Eso es cooperación necesaria.

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7/ Pero hay un requisito: el extraneus debe actuar con "doble dolo". Primero, saber que el funcionario está dictando una resolución injusta. Segundo, querer contribuir activamente a ello. No basta con beneficiarse de la irregularidad sin haber participado en ella.

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6/ ¿Cómo se condena por prevaricación a quien no era funcionario? El CP (art. 28) permite condenar al extraneus, el particular ajeno a la Administración, como inductor o cooperador necesario, con el mismo tipo penal que el funcionario. Es la "unidad del título de imputación".

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5/ ¿Por qué se absuelve por tráfico de influencias? El Tribunal lo dice con honestidad: "podemos conjeturar que hubo presión, pero esa hipótesis carece de soporte fáctico y de acervo acreditativo". No saben quién presionó, a quién, ni cómo. La conjetura no basta para condenar.

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4/ ¿Por qué hay condena por prevaricación? Los expedientes, correos internos y, crucialmente, dos versiones contradictorias del acta de la comisión selectiva probaban que el procedimiento fue diseñado a medida del beneficiario, vulnerando los principios de mérito y capacidad.

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3/ El tráfico de influencias exige más: "influir con prevalimiento". El TS lo concreta: "no basta la mera sugerencia", el influjo debe venir de quien ocupa una posición de ascendencia y tener "entidad suficiente para asegurar su eficiencia". Es una conducta activa y acreditada.

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2/ La prevaricación castiga la resolución "objetivamente injusta, en abierta contradicción con la ley y de manifiesta irracionalidad". No hace falta demostrar presiones externas. Basta con que la arbitrariedad resulte acreditada por los propios documentos administrativos.

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1/ Prevaricación (art. 404 CP) y tráfico de influencias (art. 429 CP) protegen lo mismo: el correcto funcionamiento de la Administración. Pero su estructura típica es muy distinta, y eso cambia todo a la hora de probar cada uno.