Olivia
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Mario Velez
@mariovelezec
Director de la Academia de la Abogacía Ecuatoriana 📚 | Magister en Derecho Penal y Derecho Laboral 🇪🇨 | Análisis de Sentencias Penales y Procesales
Sevilla, España
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Por este medio compartiré contenido jurídico incluyendo:
• Sentencias relevantes de la Sala Penal de la @CorteNacional
• Inteligencia Artificial aplicada al Derecho y derecho comparado.
• Análisis de actualidad jurídica, especialmente en materia penal.
#AnálisisProcesales | ¿Toda prueba digital es válida en un proceso judicial en Ecuador?
Un juez me compartió este material para hacerlo llegar a colegas, porque consideró fundamental abrir esta discusión: en la era digital no podemos seguir tratando una impresión, una captura de pantalla o un documento escaneado como si fueran, por sí mismos, la evidencia digital original.
Una conversación impresa es una representación física de información digital. El verdadero reto probatorio está en demostrar de dónde proviene esa información, quién la generó, que no fue alterada y que el procedimiento utilizado para obtenerla y conservarla resulta confiable.
En Ecuador, la prueba electrónica exige analizar aspectos como su autenticidad, integridad, conservación y forma de incorporación al proceso. Por eso, ante un chat, un abogado debería preguntarse:
🔹 ¿Cuál es el soporte original?
No es lo mismo presentar una impresión que conservar el dispositivo, archivo o sistema del que procede la información.
🔹 ¿Quién generó realmente el contenido?
Una captura puede mostrar un nombre, fotografía o número, pero eso no demuestra automáticamente la identidad real de quien estaba detrás de la cuenta.
🔹 ¿El contenido fue alterado?
Una imagen puede recortarse, editarse, eliminar mensajes o modificar determinados elementos. Por eso resulta relevante preservar la evidencia y utilizar mecanismos técnicos que permitan verificar su integridad.
🔹 ¿Existen metadatos?
Fecha, hora, dispositivo, ubicación, historial, versiones y otros datos técnicos pueden aportar información relevante para reconstruir el origen y contexto de una evidencia.
🔹 ¿Cómo se obtuvo y conservó?
Cuando las circunstancias lo exigen, debe documentarse adecuadamente la obtención, preservación, traslado, análisis y presentación de la evidencia, especialmente cuando existe riesgo de manipulación o pérdida.
🔹 ¿Es necesario un peritaje informático?
En determinados casos, el análisis de un especialista puede ser fundamental para acreditar técnicamente aspectos que una simple impresión no puede demostrar.
Y esto va mucho más allá de WhatsApp.
📧 Correos electrónicos.
📱 WhatsApp, Telegram, Messenger y SMS.
☁️ Información almacenada en la nube.
🌐 Direcciones IP.
📍 Geolocalización.
⛓️ Blockchain y contratos inteligentes.
💻 Registros de sistemas y dispositivos.
🤖 Contenido generado mediante inteligencia artificial.
📂 Archivos digitales y sus metadatos.
Todos estos elementos pueden dejar rastros digitales que deben ser correctamente identificados, preservados y analizados.
⚠️ Tampoco debemos caer en otro error: certificar ante notario una captura o una conversación no significa, automáticamente, que el notario haya certificado la autenticidad de su contenido, la identidad del remitente o la inexistencia de modificaciones anteriores. El alcance de esa actuación debe distinguirse de la acreditación técnica de la evidencia.
La prueba digital debe analizarse, al menos, desde cinco dimensiones:
1️⃣ Legalidad: que la obtención respete la ley y los derechos fundamentales.
2️⃣ Autenticidad: que pueda acreditarse su origen.
3️⃣ Integridad: que no haya sido alterada.
4️⃣ Confiabilidad: que los métodos de obtención, conservación y análisis sean técnicamente adecuados.
5️⃣ Relevancia: que resulte pertinente y útil para demostrar los hechos discutidos.
Y existe un elemento transversal: la cadena de custodia, cuando resulte aplicable, porque permite documentar qué ocurrió con la evidencia desde su obtención hasta su presentación y análisis.
📌 La pregunta para quienes litigamos en la era digital ya no debería ser únicamente: “¿Puedo demostrar técnicamente ante el juez que esta evidencia es auténtica, íntegra, confiable, pertinente y que fue obtenida legalmente?”
Porque la evidencia digital no es simplemente lo que vemos en una pantalla. Es aquello que podemos preservar, verificar y defender jurídicamente ante un tribunal.
#Ecuador #PruebaDigital #EvidenciaDigital #DerechoDigital
#AnálisisPenales | ¿QUÉ DELITOS PUEDEN COMETERSE A TRAVÉS DE REDES SOCIALES EN ECUADOR? ⚖️
Las redes sociales pueden convertirse en el medio para ejecutar conductas penalmente relevantes. Algunos ejemplos:
🔴 Art. 154 — Intimidación
📱 Ejemplo: enviar mensajes por WhatsApp amenazando a una persona con causarle un daño grave si no abandona su trabajo o no realiza determinada acción.
🔴 Art. 186 — Estafa
📱 Ejemplo: crear un perfil falso de una tienda, publicar productos inexistentes, recibir transferencias de los compradores y desaparecer sin entregar la mercancía.
🔴 Art. 187 — Abuso de confianza
📱 Ejemplo: recibir dinero o un bien de otra persona bajo determinadas condiciones y posteriormente apropiárselo o disponer de él indebidamente, utilizando conversaciones de redes sociales como medio de contacto.
🔴 Art. 154.1 — Acoso
📱 Ejemplo: contactar reiteradamente a una persona mediante Instagram, WhatsApp o Facebook, pese a su negativa, realizando actos de hostigamiento o persecución que afecten su tranquilidad.
🔴 Art. 178 — Violación a la intimidad
📱 Ejemplo: acceder sin autorización a conversaciones privadas o difundir fotografías, audios o vídeos de carácter privado sin consentimiento, cuando concurran los elementos establecidos en el tipo penal.
⚠️ Importante: que una conducta ocurra en redes sociales no significa automáticamente que exista un delito. Deben analizarse los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal, las circunstancias del caso y la evidencia disponible.
📌 En materia de evidencia digital, capturas de pantalla, conversaciones, perfiles, enlaces, archivos y metadatos pueden resultar relevantes, pero su valor probatorio dependerá de su autenticidad, integridad, incorporación y valoración conforme a las reglas procesales.
⚖️ La tecnología puede ser el medio de ejecución; el COIP determina cuándo la conducta adquiere relevancia penal.
#Ecuador #COIP #DerechoPenal #DerechoDigital #Ciberdelitos
#AnálisisPenales | ¿QUÉ ATENUANTES PUEDEN REDUCIR UNA PENA EN ECUADOR? 🇪🇨
El COIP regula expresamente las circunstancias atenuantes y sus efectos sobre la pena.
📌 Art. 44 COIP — Aplicación de atenuantes
Si existen al menos dos circunstancias atenuantes y no concurren agravantes no constitutivas o modificatorias, se impone el mínimo de la pena prevista en el tipo penal, reducido en un tercio.
📌 Art. 45 COIP — Atenuantes de la infracción
1️⃣ Cometer delitos contra la propiedad sin violencia, bajo circunstancias económicas apremiantes.
2️⃣ Actuar por temor intenso o bajo violencia.
3️⃣ Intentar voluntariamente anular o disminuir las consecuencias de la infracción o brindar auxilio inmediato a la víctima.
4️⃣ Reparar voluntariamente el daño o indemnizar integralmente a la víctima.
5️⃣ Presentarse voluntariamente ante las autoridades de justicia, pudiendo haber eludido su acción mediante fuga u ocultamiento.
6️⃣ Colaborar eficazmente con las autoridades en la investigación de la infracción.
📌 Art. 46 COIP — Atenuante trascendental
Cuando la persona procesada suministra datos o información precisa, verdadera, comprobable y relevante para la investigación, se puede imponer un tercio de la pena que le corresponda, siempre que no existan agravantes no constitutivas o modificatorias.
⚠️ OJO: la “ausencia de antecedentes penales” no figura como una atenuante general del art. 45 COIP. Por tanto, no debería presentarse como tal en una publicación jurídica.
Además, la cooperación eficaz tiene una regulación específica en los arts. 491 y siguientes del COIP, por lo que debe diferenciarse de la colaboración eficaz prevista como atenuante en el art. 45 numeral 6.
⚖️ En materia penal, no basta con conocer que existe una atenuante: hay que identificar su fundamento legal y sus efectos concretos sobre la pena.
#DerechoPenal #Ecuador #COIP #Atenuantes #DerechoProcesalPenal
Felipe Rodríguez (@FRM87) da en el clavo:
“Ningún asesinato ha ocurrido en una audiencia. Tres jueces y doce fiscales asesinados entre 2020 y 2025, según el Observatorio de Derechos y Justicia. A ninguno lo mataron frente a una cámara. Los mataron en la calle, en el carro, en un restaurante. Un avatar no se interpone entre un juez y una moto con sicario a cuestas.”
“¿Cómo se garantiza la seguridad a un juez? Con custodios operativos, vehículos blindados y rutas variables para jueces con causas de crimen organizado, con reserva de los datos personales y domiciliarios de jueces y fiscales en registros públicos, catastros, licencias, matriculación vehicular y bases del propio sistema judicial.”
#CasosDeIA | 🚨 ¿QUIÉN ACTÚA JURÍDICAMENTE CUANDO UNA IA ACTÚA POR NOSOTROS?⚖️
El 4 de agosto de 2026, el Noveno Circuito de EE. UU. resolvió https://t.co/FQk2H3KGqA Services LLC v. Perplexity AI, Inc., No. 26-1444, uno de los primeros casos relevantes sobre IA agéntica y acceso a sistemas informáticos.
Amazon cuestionaba el uso de Comet, el navegador agéntico de Perplexity, alegando un “acceso no autorizado” bajo la Computer Fraud and Abuse Act (CFAA).
🔑 Tres claves del fallo:
1️⃣ La IA es una herramienta, no el sujeto que accede.
El agente opera desde el navegador del usuario; los servidores de Perplexity no accedían directamente a Amazon.
2️⃣ Términos de Servicio ≠ hacking.
Que un agente incumpla las reglas de una plataforma no convierte automáticamente esa conducta en un delito bajo la CFAA.
3️⃣ Cuidado con criminalizar el uso de agentes.
El tribunal rechazó una interpretación que pudiera llevar a responsabilizar penalmente a usuarios por acciones realizadas mediante asistentes de IA.
⚠️ El tribunal fue claro: no está creando un régimen general de responsabilidad para la IA agéntica (La IA agéntica es una inteligencia artificial capaz de actuar de forma autónoma para conseguir un objetivo). Resuelve una cuestión concreta sobre acceso informático.
Pero el debate que deja abierto es enorme:
Si un agente puede navegar, comprar, reservar, contratar o enviar comunicaciones en nuestro nombre, ¿quién responde por sus decisiones?
👤 ¿El usuario?
🤖 ¿El agente?
🏢 ¿El desarrollador?
🌐 ¿El proveedor del sistema?
La gran cuestión jurídica de la IA agéntica quizá no sea quién puede actuar, sino quién responde cuando actúa.
#IA #Agéntica #DerechoDigital #NuevasTecnologías
⚖️ #SentenciasPenalesCNJ | ¿Puede una sentencia ser anulada porque contiene errores, omite argumentos de la defensa o fija una reparación integral sin explicar cómo llegó a esa cantidad?
⚖️ La @CorteNacional en el Juicio No. 21332-2022-00753 (Julio, 2026) analiza estos cuestionamientos en el caso de Junior Enrique Valdez Becerra, dentro de un recurso de casación en el que la defensa alegó, entre otros aspectos, vulneración de la garantía de motivación, falta de respuesta a sus argumentos, deficiencias en la determinación de la reparación integral y una decisión insuficientemente fundamentada sobre la suspensión condicional de la pena.
Uno de los puntos centrales del fallo es precisar qué significa realmente que una sentencia esté debidamente motivada.
La Corte señala que la motivación no puede analizarse tomando de manera aislada una frase o un párrafo de la resolución. El examen debe realizarse de forma integral, verificando si el tribunal respondió los argumentos relevantes planteados por las partes y si existe una fundamentación jurídica y fáctica que permita comprender por qué se adoptó determinada decisión.
📌 Esto implica una distinción importante: una sentencia puede estar suficientemente motivada aunque alguna de sus conclusiones sea jurídicamente discutible o incluso incorrecta.
La garantía constitucional de motivación exige que existan razones suficientes que permitan comprender la decisión, pero no garantiza necesariamente que esas razones sean las que la parte esperaba ni que el tribunal haya adoptado la interpretación jurídica que considera correcta.
En el caso analizado, la defensa cuestionó que determinados argumentos no habían recibido una respuesta concreta, especialmente aquellos relacionados con el derecho a la defensa, las notificaciones y la valoración de la prueba. También cuestionó que la reparación integral hubiera sido elevada de USD 1.600 a USD 15.000 sin explicar de manera suficiente los criterios utilizados para determinar ese nuevo monto.
Asimismo, se alegó que la Sala Provincial dejó sin efecto la suspensión condicional de la pena sin explicar por qué correspondía aplicar el artículo 631, numeral 7, del COIP ni cuáles eran los requisitos del artículo 630 que ya no se cumplían.
Otro aspecto llamativo fue la presencia, dentro de la sentencia impugnada, del nombre de otra persona ajena al proceso. La defensa sostuvo que este error demostraba un defecto adicional de motivación.
Sin embargo, la Corte Nacional considera que un error de esta naturaleza no genera automáticamente una vulneración constitucional. La pregunta fundamental es si, eliminado ese fragmento, la sentencia conserva suficientes premisas jurídicas y fácticas para sostener la decisión.
En este caso, la respuesta fue afirmativa: el error no modificó la identidad del condenado, los hechos probados ni la valoración esencial realizada por el tribunal. Por ello, la Corte consideró que no tenía la trascendencia suficiente para convertir la motivación en inexistente o insuficiente.
⚖️ Otro límite importante aparece respecto del recurso de casación.
La defensa pretendía que, a partir de los supuestos defectos de motivación, se casara la sentencia y se ratificara directamente el estado de inocencia del procesado. La Corte aclara que una eventual falta de motivación no permite, por sí sola, modificar los hechos probados, volver a valorar las pruebas y declarar la inocencia.
Si realmente existiera una falta de motivación constitucionalmente relevante, la consecuencia sería la nulidad de la decisión deficiente para que otro tribunal emita una nueva resolución debidamente motivada.
🔎 La enseñanza jurídica del fallo es especialmente relevante:
La motivación no exige que el juez responda cada argumento exactamente como lo plantea la defensa, pero sí requiere que las cuestiones relevantes sean consideradas y que la decisión permita conocer el razonamiento que llevó a la conclusión.
Además, un error formal dentro de una sentencia no necesariamente produce nulidad. Para que exista una vulneración constitucional debe demostrarse que ese error tiene trascendencia real y afecta la suficiencia de la argumentación.
En definitiva, la Corte Nacional diferencia entre una sentencia que simplemente no coincide con la tesis de una de las partes y una sentencia que verdaderamente carece de razones suficientes para justificar su decisión.
#Ecuador #SentenciasPenales #CorteNacionalDeJusticia #ReparaciónIntegral
⚖️ #SentenciasPenalesCNJ | ¿Puede una persona ser condenada por tráfico de drogas únicamente por superar la cantidad referencial para consumo personal en el Ecuador?
⚖️ La @CorteNacional, en la sentencia dictada dentro del Juicio No. 17283-2022-01625 (Julio, 2026), analiza esta cuestión y establece importantes consideraciones sobre la diferencia entre consumo y tráfico, la carga de acreditar la intención de comercializar y los límites del recurso de casación.
El proceso se originó a partir de la condena de Marco Efraín Quintero Silva, quien fue sentenciado a tres años de privación de libertad y al pago de una multa de 10 salarios básicos unificados por el delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. En su poder se encontraron 70 envoltorios con marihuana, con un peso neto de 56,60 gramos.
La defensa sostuvo que el procesado era consumidor y que no existían elementos suficientes que demostraran una intención de vender o comercializar la sustancia. Alegó, además, que debía aplicarse el artículo 364 de la Constitución y el criterio establecido por la Corte Constitucional en la sentencia No. 7-17-CN/19, según el cual el consumo no debe ser criminalizado.
🔎 ¿Qué analiza la Corte Nacional?
El punto central está en determinar si existió una indebida aplicación del artículo 220 del COIP. La Corte recuerda que el delito de tráfico ilícito no se configura simplemente por tener o poseer una determinada cantidad de sustancia. La norma exige que esa tenencia o posesión esté vinculada con el propósito de comercializar o colocar la sustancia en el mercado.
Esto es especialmente relevante porque la propia sentencia recoge el criterio constitucional según el cual superar las cantidades máximas referenciales para consumo personal no constituye, por sí solo, un indicio o presunción de responsabilidad penal. En estos casos, los operadores de justicia deben establecer si realmente existió intención de traficar en lugar de consumir.
📌 Pero la Corte no concede la casación en este caso. ¿Por qué?
Porque considera que el Tribunal de Apelación no fundamentó la condena únicamente en la cantidad de marihuana encontrada. También tomó en cuenta otros elementos que fueron establecidos como hechos probados, entre ellos que la sustancia estaba distribuida en 70 envoltorios individuales, además de las conclusiones derivadas de la prueba pericial y las circunstancias en las que fue encontrada la sustancia.
Por ello, la Corte Nacional concluye que el Tribunal de Apelación sí realizó el análisis exigido por la jurisprudencia constitucional y que existían elementos probatorios que sustentaban la conclusión de que la sustancia estaba destinada a ser comercializada o colocada en el mercado.
⚖️ Un punto clave del fallo: la cantidad no puede convertirse automáticamente en sinónimo de tráfico. Los umbrales son referenciales y, para una condena por tráfico, debe existir una fundamentación que permita establecer el propósito de comercializar.
Finalmente, la Corte Nacional consideró que no existió una indebida aplicación del artículo 220 del COIP, rechazó el cargo planteado por la defensa y declaró improcedente el recurso de casación, manteniéndose la decisión condenatoria. La resolución fue adoptada por unanimidad.
👉 En síntesis: el fallo reafirma que consumo y tráfico son jurídicamente distintos. Superar una cantidad referencial no basta, por sí mismo, para acreditar tráfico; pero cuando existen otros elementos probatorios que permiten establecer un propósito de comercialización, estos pueden sustentar la responsabilidad penal.
#Ecuador #Delitos #CorteConstitucional #CorteNacional
#AnálisisPenales | La notitia criminis es la vía mediante la cual la @FiscaliaEcuador toma conocimiento de un hecho que aparenta ser penalmente relevante y que puede dar lugar a la realización de actos investigativos.
📌 Puede llegar a conocimiento de la Fiscalía, entre otras formas, mediante:
🔹 Denuncia
🔹 Parte policial
🔹 Informe de institución pública
🔹 Resolución judicial
🔹 De oficio
🔹 Fase preprocesal derivada del conocimiento de hechos relevantes
📚 ¿Y qué es la investigación previa?
Es una fase preprocesal destinada a realizar las diligencias necesarias para determinar si los hechos denunciados constituyen o no delito y recopilar elementos de convicción que permitan establecer lo ocurrido.
Durante esta fase pueden practicarse diligencias como:
🔎 Inspecciones y pericias
🧬 Búsqueda de rastros y evidencias
⚕️ Exámenes médico-legales
🗣️ Versiones
📑 Obtención y análisis de información
👥 Testimonios anticipados, cuando corresponda
⚠️ Punto clave: la investigación previa no es una etapa del proceso penal, sino una fase anterior orientada a esclarecer los hechos y determinar si existe mérito para continuar con la persecución penal.
👉 En materia penal, conocer cómo se origina una investigación y cuáles son los límites y finalidades de la actuación fiscal resulta esencial para una adecuada estrategia de defensa.
#DerechoPenal #DerechoProcesalPenal #NotitiaCriminis #InvestigaciónPrevia #COIP
#AnálisisPenales | ¿Qué ocurre cuando una norma penal necesita acudir a disposiciones de menor jerarquía para completar la conducta que pretende sancionar en el Ecuador 🇪🇨 ?
⚖️ La Sentencia No. 26-13-IN/20, de 4 de marzo de 2020, de la @CorteConstEcu constituye un precedente relevante para comprender el concepto de ley penal en blanco y su relación con el principio de legalidad.
En esta causa, la Corte analizó una acción pública de inconstitucionalidad presentada contra el inciso final del artículo 315 del Código Tributario, norma que clasificaba las infracciones tributarias en delitos de defraudación, contravenciones y faltas reglamentarias.
📌 ¿Qué dijo la Corte sobre la ley penal en blanco?
La Corte explicó que existe una ley penal en blanco cuando parte de la configuración del delito —ya sea el supuesto de hecho o la sanción— no se encuentra establecida en la propia ley y debe ser completada mediante otras disposiciones jurídicas de rango inferior.
En materia penal, esta situación puede resultar contraria al principio de legalidad, reconocido en el artículo 76 numeral 3 de la Constitución, porque una persona debe poder conocer previamente qué conducta constituye una infracción y cuál es la consecuencia jurídica aplicable.
🔎 Pero aquí está lo importante: la Corte no consideró que el artículo 315 del Código Tributario constituyera una ley penal en blanco.
¿Por qué?
Porque, según la Corte, dicha disposición no configuraba un tipo penal. La norma se limitaba a realizar una clasificación de las infracciones tributarias y a distinguir entre aquellas previstas en la ley y las relacionadas con el incumplimiento de normas expedidas por la Administración en ejercicio de su potestad normativa.
La Corte señaló que el artículo 315 no describía los elementos constitutivos de un tipo penal ni dejaba que una norma de menor jerarquía estableciera la sanción de una conducta prohibida por la ley. Por ello, concluyó que no existía vulneración del principio de legalidad ni de la reserva de ley.
📚 Clave jurídica del precedente:
No toda remisión normativa convierte automáticamente a una disposición en una ley penal en blanco.
Para que exista un problema constitucional relevante debe analizarse si la remisión permite que una norma de inferior jerarquía termine definiendo elementos esenciales de la conducta penalmente sancionada o su sanción.
⚠️ Por tanto, el precedente 26-13-IN/20 resulta especialmente importante para diferenciar entre una simple remisión o clasificación normativa y una verdadera ley penal en blanco incompatible con el principio de legalidad.
Juez ponente de aquel tiempo: @ravila67
#DerechoPenal #LeyPenalEnBlanco #PrincipioDeLegalidad #CorteConstitucional #Ecuador
#AnálisisProcesales | ¿Puede un colegio sancionar a una adolescente por una conducta grave sin garantizarle el debido proceso en el Ecuador?
⚖️ La Sentencia 456-20-JP/21 de la Corte Constitucional del Ecuador deja una importante lección sobre cómo deben abordarse los conflictos escolares que involucran a adolescentes.
📌 El caso: una estudiante fue sancionada con 15 días de suspensión y se le retiró su teléfono celular después de reenviar fotografías íntimas de una compañera durante una pijamada.
La madre cuestionó la actuación de la institución y alegó que no se respetaron las garantías del debido proceso.
🔎 La Corte puso el foco en algo fundamental: la gravedad de una conducta no elimina los derechos de quien está siendo sancionado.
La estudiante debía tener la posibilidad real de:
▪️ Conocer el procedimiento iniciado en su contra.
▪️ Ser escuchada.
▪️ Presentar sus argumentos.
▪️ Contar con la participación de su representante.
▪️ Conocer las razones de la decisión.
▪️ Saber qué mecanismos tenía para impugnarla.
🚨 La sanción no puede convertirse en un proceso sin garantías.
La Corte reconoció vulneraciones relacionadas con el debido proceso, el derecho a la defensa y a ser escuchada, el derecho a la educación y el derecho a la propiedad, en relación con la retención del teléfono celular.
Pero el fallo plantea además una reflexión más profunda:
🏫 ¿Qué debe hacer una institución educativa frente a un conflicto?
La respuesta no puede reducirse automáticamente a castigar.
La Corte destaca la importancia de la justicia restaurativa, un enfoque que busca que los conflictos escolares sean espacios para el diálogo, la escucha, la participación y la reparación.
Esto implica involucrar a quienes forman parte de la comunidad educativa: estudiantes, familias y docentes.
📚 Los colegios son comunidades de aprendizaje, no únicamente espacios destinados a imponer disciplina.
Por eso, los códigos de convivencia y las medidas disciplinarias deben aplicarse desde un enfoque de derechos, especialmente cuando están involucrados niños, niñas y adolescentes.
⚠️ Esto tampoco significa que una institución deba ignorar conductas que pueden causar daño. Significa que su respuesta debe ser proporcional, educativa, restaurativa y respetuosa del debido proceso.
Porque existe una diferencia fundamental entre sancionar por sancionar y adoptar una medida que permita comprender el daño, asumir responsabilidades, reparar y prevenir que vuelva a ocurrir.
⚖️ La disciplina escolar no está por encima de los derechos.
Y cuando se trata de adolescentes, educar también significa enseñar que las reglas deben cumplirse, pero que la justicia exige escuchar antes de decidir.
#Ecuador #CorteConstitucional #Educación #Colegios
#AnálisisProcesales | ¿Puede un juez citar por la prensa a una persona sin agotar antes las gestiones para encontrarla en Ecuador?
⚖️ La @CorteConstEcu dijo que no.
En la Sentencia 190-22-EP/25, la Corte determinó que se vulneró el derecho a la defensa de un ciudadano porque fue citado por la prensa sin que el juez verificara previamente si realmente se habían realizado todas las gestiones razonables para ubicar su domicilio.
📌 El caso: se demandó la disolución de una sociedad conyugal. La actora afirmó desconocer el domicilio de su esposo y pidió su citación por la prensa.
Pero el expediente no demostraba que hubiera realizado gestiones para localizarlo.
Más aún: se sabía que el demandado estaba en Estados Unidos, pero el juez ordenó publicar la citación en un medio local de Sígsig.
➡️ Para la Corte, esa citación fue ineficaz.
El resultado fue grave: el demandado no pudo conocer oportunamente la demanda, comparecer al proceso, presentar sus argumentos ni ejercer los recursos correspondientes.
🔎 La Corte recordó que no basta con afirmar bajo juramento que se desconoce el domicilio. Antes de acudir a la prensa deben agotarse y demostrarse las gestiones razonables para ubicar a la persona demandada.
⚠️ La citación por prensa es una medida excepcional. No puede convertirse en un atajo procesal.
Por eso, la Corte aceptó la acción extraordinaria de protección, dejó sin efecto la sentencia de disolución de la sociedad conyugal y ordenó retrotraer el proceso para que se sustancie nuevamente garantizando el derecho a la defensa.
⚖️ Una citación que no permite conocer el proceso no garantiza una defensa real.
#Citaciones #Ecuador #CorteConstitucional #DerechoProcesal
#AnálisisPenales | ⚖️ ¿Estamos aplicando correctamente el procedimiento abreviado?
El art. 220.1.b del COIP establece una pena de 5 a 7 años. Sin embargo, al aplicar el procedimiento especial abreviado, la discusión no puede reducirse a una simple operación matemática: debe respetarse lo dispuesto por el propio COIP y el criterio vinculante de la @CorteNacional.
El art. 636 señala que, tratándose de pena privativa de libertad, la rebaja será de hasta un tercio de la pena mínima prevista para el tipo penal.
Además, mediante Oficio No. 207-2023-P-CP-JP-YG, la CNJ ratificó el criterio de la Resolución No. 09-2018 respecto de la aplicación de la pena en procedimiento abreviado.
Entonces, ¿por qué se pretende imponer interpretaciones más gravosas al procesado cuando la propia normativa contempla una reducción de pena?
Si la finalidad del procedimiento abreviado es garantizar una justicia rápida, eficiente y racional, su aplicación no puede convertirse en una negociación punitiva que desnaturalice el beneficio legal.
Una interpretación correcta permitiría resolver miles de procesos, reducir la carga de jueces y tribunales y, especialmente, combatir el hacinamiento carcelario.
La prisión no puede ser la respuesta automática. La ley debe aplicarse, no reinterpretarse para castigar más.
#COIP #ProcedimientoAbreviado #Justicia #Ecuador
#AnálisisPenales | ¿TODA DEUDA TRIBUTARIA ES DELITO EN EL ECUADOR? 🧐
La Sentencia 41-19-IN/25 de la @CorteConstEcu realiza una precisión relevante sobre la defraudación tributaria:
El delito no consiste simplemente en tener una deuda tributaria o dejar de pagar un tributo.
La defraudación tributaria exige una conducta dolosa orientada a generar una apariencia falsa frente a la Administración Tributaria mediante comportamientos como simular, omitir, ocultar, falsear o engañar, con la finalidad de evadir obligaciones tributarias.
📌 En otras palabras:
No pagar una obligación tributaria ≠ necesariamente cometer un delito.
Lo que puede constituir defraudación es utilizar mecanismos fraudulentos y dolosos para engañar al Fisco y evitar el cumplimiento de la obligación tributaria.
👉 La diferencia entre una deuda tributaria y una conducta penalmente relevante está, entre otros elementos, en la existencia del engaño doloso previsto por la norma penal.
#DerechoPenal #DerechoTributario #DefraudaciónTributaria #Ecuado
#AnálisisPenales | IA Y DERECHO PENAL: ¿PUEDE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL SER PARTE DE UN TIPO PENAL?
Un caso especialmente interesante de Derecho comparado es la Sentencia C-212/26 de la @CConstitucional (Colombia), relacionada con el artículo 296 del Código Penal colombiano y la utilización de inteligencia artificial como circunstancia agravante en el delito de falsedad personal.
El cuestionamiento planteado ante la Corte giraba alrededor de una cuestión fundamental: ¿es compatible con el principio de legalidad penal utilizar un concepto tecnológico como “inteligencia artificial” cuando no existe una definición legal exhaustiva de sus características, límites técnicos y alcance?
El debate involucra principios esenciales:
🔹 Legalidad penal
🔹 Reserva de ley
🔹 Prohibición de analogía in malam partem
🔹 Tipicidad y seguridad jurídica
🔹 Conceptos jurídicos indeterminados
🔹 Normas penales en blanco y tipos penales abiertos
La discusión también permite diferenciar entre normas penales en blanco y tipos penales abiertos, así como analizar cuándo la utilización de conceptos indeterminados resulta constitucionalmente admisible.
La cuestión adquiere especial relevancia porque la tecnología evoluciona mucho más rápido que las normas. Lo que hoy entendemos por IA puede transformarse radicalmente en pocos años.
📌 La gran pregunta para el Derecho penal contemporáneo es:
¿cómo regular fenómenos tecnológicos emergentes sin sacrificar las garantías que limitan el poder punitivo del Estado?
La IA no solo está creando nuevas formas de criminalidad y nuevas herramientas para cometer delitos. También está obligando al legislador, a los tribunales y a la academia a replantearse conceptos tradicionales como tipicidad, legalidad, culpabilidad y seguridad jurídica.
Un debate que, aunque surge en Colombia, resulta relevante para todo el Derecho penal latinoamericano. 🇨🇴⚖️🤖
#DerechoPenal #InteligenciaArtificial #DerechoComparado #LegalidadPenal
Interesante.
Un caso donde se acusó en apelación a una sentencia de primera instancia por haber sido redactada con IA. El cargo concreto fue "falta de motivación".
Lean la historia y miren cómo falló el tribunal de apelación.
*El caso es en Morona Santiago (Ecuador).
#AnálisisProcesales | 📱 ¿Una captura de WhatsApp es suficiente para probar un hecho en juicio en Ecuador?
En la práctica, las capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp aparecen cada vez con mayor frecuencia en procesos judiciales. Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre presentar una captura como elemento probatorio y demostrar que esa captura es auténtica, íntegra y atribuible a una persona determinada.
❌ Un “pantallazo” no debería ser considerado, por sí solo, una prueba irrefutable.
La captura puede ser incorporada al proceso, pero su admisión no significa necesariamente que el juez deba otorgarle valor probatorio pleno.
🔎 ¿Qué debería analizarse?
✔️ Autenticidad: ¿la conversación realmente existió y proviene de ese dispositivo?
✔️ Integridad: ¿el contenido fue alterado, recortado, eliminado o manipulado?
✔️ Autoría: ¿puede acreditarse que el número o cuenta corresponde efectivamente a la persona a quien se atribuye la conversación?
✔️ Contexto: ¿la captura muestra la conversación completa o solamente determinados fragmentos?
✔️ Trazabilidad: ¿puede reconstruirse técnicamente el origen y recorrido de la información?
📌 Desde una perspectiva procesal, la parte que pretenda utilizar este tipo de evidencia debe estar preparada para acreditar algo más que la simple existencia de una imagen en su teléfono.
En Ecuador, el art. 151 del COGEP adquiere especial relevancia al momento de pronunciarse sobre la autenticidad de la prueba documental acompañada, indicando qué se admite y qué se niega.
💡 Por ello, cuando la autenticidad de una conversación sea relevante para resolver el litigio, pueden resultar especialmente importantes mecanismos como:
🔹 exhibición del dispositivo original;
🔹 cotejo con el dispositivo de la contraparte;
🔹 constatación notarial;
🔹 certificación relacionada con la titularidad de la línea;
🔹 y, cuando sea necesario, pericia informática para verificar autenticidad, integridad y trazabilidad.
⚠️ Admitir una captura no equivale a tener por probado su contenido.
El verdadero debate no debería ser únicamente: “¿puedo presentar este pantallazo?”, sino:
“¿Puedo demostrar jurídicamente que este pantallazo representa una comunicación auténtica, íntegra y atribuible a quien se le imputa?”
📚 En materia de prueba digital, el estándar no debería construirse sobre la simple apariencia de la evidencia, sino sobre su posibilidad de verificación.
#Ecuador #PruebaDigital #WhatsApp #DerechoProcesal #COGEP
⚖️ #SentenciasConstitucionales | Caso 125-23-IS
Acción de incumplimiento de sentencia constitucional
La @CorteConstEcu resolvió la acción de incumplimiento relacionada con la sentencia que aceptó una acción de protección presentada por Lorenzo Lenin Peralta Delgado contra la Comandancia General de la Policía Nacional y el Ministerio de Gobierno.
¿Qué estaba en discusión?
El 13 de junio de 2022, la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Santo Domingo aceptó la acción de protección y declaró vulnerados los derechos a la seguridad jurídica, trabajo, igualdad formal y no discriminación y dignidad humana.
Entre las medidas ordenadas estuvo dejar sin efecto la cesación del accionante de la Policía Nacional, disponer su ascenso al grado de coronel, presentar disculpas públicas y pagar las remuneraciones y beneficios dejados de percibir.
Durante la ejecución, el accionante fue reincorporado a su cargo de teniente coronel, pero señaló que no había sido ascendido a coronel ni se habían cumplido inicialmente las disculpas públicas. Posteriormente, el 16 de octubre de 2023, el Ministerio del Interior resolvió su ascenso.
El aspecto económico permaneció pendiente. El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo cuantificó la reparación económica en USD 10.834,64, valor cuyo pago continuaba pendiente al momento del análisis de la Corte Constitucional.
🔎 ¿Qué se analizó?
La Corte no entró directamente a determinar si existía o no un incumplimiento de la sentencia.
Primero debía verificar si la Unidad Judicial podía remitir de oficio la acción de incumplimiento a la Corte Constitucional.
El Tribunal recordó que, excepcionalmente, los jueces ejecutores pueden promover de oficio una acción de incumplimiento cuando existen impedimentos para ejecutar oportunamente una decisión. Para ello deben explicar las diligencias realizadas y las razones que hicieron imposible su ejecución.
⚖️ ¿Qué determinó la Corte?
La Corte constató que la Unidad Judicial había realizado varias actuaciones de seguimiento: requirió información a las entidades obligadas, dispuso diligencias para la ejecución, inició el trámite de cuantificación de la reparación económica y delegó a la Defensoría del Pueblo la supervisión.
Sin embargo, antes de remitir el expediente a la Corte, no había ejercido todas sus facultades coercitivas y sancionatorias.
De hecho, la Unidad Judicial impuso posteriormente una multa compulsiva diaria de USD 300, lo que evidenció que todavía contaba con mecanismos para impulsar el cumplimiento de la sentencia.
Por ello, la Corte concluyó que no se había demostrado que el cumplimiento de la sentencia fuera imposible y que la judicatura ejecutora no había cumplido el requisito necesario para remitir de oficio la acción.
📌 Decisión
El Pleno de la Corte Constitucional resolvió:
➡️ Desestimar la acción de incumplimiento 125-23-IS.
➡️ Devolver el expediente al juzgado de origen para que continúe con las diligencias necesarias y garantice el cumplimiento integral de la sentencia.
➡️ Recordar que las sentencias constitucionales son de inmediato cumplimiento.
En síntesis: la Corte Constitucional no declaró que la sentencia original estuviera cumplida. La acción fue desestimada porque la remisión de oficio realizada por la judicatura ejecutora no cumplió los requisitos establecidos. La Corte consideró que el juez de ejecución todavía tenía facultades para impulsar el cumplimiento y devolvió el expediente para que continúe con esa labor.
⚖️ #SentenciasPenalesCNJ | Juicio No. 23281-2024-06218
Recurso de casación por el delito de usurpación (7 de agosto de 2026)
La Sala Penal de la @CorteNacional resolvió el recurso extraordinario de casación presentado por Lucía Soraya Farinango Benavides contra la sentencia de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas, que aceptó el recurso de apelación presentado por José Luis Lima Calvachi, revocó la sentencia condenatoria y ratificó su estado de inocencia.
¿Qué estaba en discusión?
En primera instancia, José Luis Lima Calvachi fue declarado culpable del delito de usurpación, previsto en el artículo 200, inciso primero, del COIP.
El juez de primera instancia le impuso seis meses de privación de libertad, una multa de tres salarios básicos unificados y las medidas de reparación correspondientes.
Sin embargo, al resolver el recurso de apelación, la Corte Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas revocó la sentencia y ratificó el estado de inocencia del procesado.
🔎 ¿Qué alegó la recurrente?
La recurrente cuestionó la decisión provincial y sostuvo que se había aplicado e interpretado incorrectamente el artículo 200 del COIP, relacionado con el delito de usurpación.
Su pretensión fue que se dejara sin efecto la sentencia de segunda instancia, se ratificara la decisión de primera instancia y se impusiera nuevamente la pena de seis meses de privación de libertad, junto con la restitución del inmueble.
⚖️ ¿Qué analizó la Corte?
La Corte Nacional examinó, principalmente, si la recurrente había fundamentado correctamente los cargos de indebida aplicación y errónea interpretación del artículo 200 del COIP.
El Tribunal observó que la recurrente planteó simultáneamente ambas causales sin desarrollar técnicamente cómo se habría producido cada una. La Corte recordó que estas causales tienen presupuestos distintos y que la fundamentación debe permitir identificar con precisión el supuesto error jurídico.
Además, el Tribunal analizó el elemento central del delito de usurpación: el despojo ilegítimo de la posesión, tenencia o dominio de un bien inmueble.
A partir de los hechos establecidos por la Corte Provincial, la Corte Nacional consideró que José Luis Lima Calvachi ya se encontraba en posesión del inmueble, mientras que la recurrente había adquirido el bien posteriormente.
Por ello, no se configuraba el elemento de despojo ilegítimo exigido por el artículo 200 del COIP.
La Corte también recordó que la casación no constituye una tercera instancia y que no permite modificar los hechos establecidos por los tribunales de instancia.
📌 Decisión
Por unanimidad, la Corte Nacional resolvió:
➡️ Declarar improcedente el recurso de casación presentado por la recurrente.
➡️ Determinar que no existía un error de derecho que justificara la casación de oficio.
➡️ Mantener la decisión de la Corte Provincial que ratificó el estado de inocencia de José Luis Lima Calvachi.
➡️ Disponer que, una vez ejecutoriada la sentencia, el proceso sea devuelto al órgano jurisdiccional de origen.
En síntesis: la Corte Nacional concluyó que el recurso no cumplió con la fundamentación técnica exigida para la casación y que, al revisar la aplicación del artículo 200 del COIP, no se acreditó el elemento de despojo ilegítimo necesario para configurar el delito de usurpación.
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